Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 28 de mayo de 2013

Astillero- El dilema de la productividad- Avances y no tanto- La industria y los derechos humanos

Astillero
Caminos de corrupción
Caja chica y negocios
Deslave avisado
Compadre Neme
Julio Hernández López
Foto
EN EL PANTÉON FRANCÉS. Lilia Rossbach, viuda de José María Pérez Gay; Miguel Ángel Mancera; Andrés Manuel López Obrador con su esposa Beatriz Gutiérrez, y Rosa Icela Rodríguez en el funeral del escritor fallecido el domingoFoto Carlos Ramos Mamahua
 
Caminos y Puentes Federales ha sido históricamente un ejemplo de opacidad y un hervidero de corrupción. El intencional descontrol administrativo ha permitido la disponibilidad de sus imprecisos ingresos para fines diversos a los del buen mantenimiento y la mejoría de las redes carreteras, convirtiendo así sus jugosas casetas de cobro en virtuales cajas chicas utilizables a discreción por los operadores directos y por toda la escala de políticos implicados en el tema. Además de esa disponibilidad del flujo en efectivo (con todo y los candados que colocan los mismos que tienen las llaves), Capufe ha sido una fuente constante de negocios amañados, en la mejor tradición del contubernio rentable entre políticos y empresarios.
 
El reciente deslave de un tramo de la carretera federal que va de Querétaro a la ciudad de México, con siete muertos y una larga afectación del tráfico vehicular, ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de revisar los procedimientos de Capufe, transparentar sus ingresos, contratos y convenios e invertir eficazmente en su destino natural los fondos recaudados. Ha agravado la percepción de que en Capufe sólo se simulan atención y modernidad el saber que, casi seis horas antes de que se produjera el deslave mencionado, un usuario de Twitter, Ricardo Miranda (@rickros_1), envió desde su cuenta el siguiente mensaje: “@CAPUFE" entre el kilómetro 75 y 74 de la carretera Querétaro México esta a punto de desgajar tramó del cerro hacia el carril de baja”.
 
Nadie le hizo caso. Ni siquiera tuvo respuesta a su comunicado, como sí sucede con otros tuiteros que preguntan asuntos de más fácil atención. Horas después, entre los kilómetros 74 y 70, en un tramo correspondiente al municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, se produjo el desgajamiento o desmoronamiento anunciado. Casi un día después de que su alerta no fue atendida, el propio Miranda volvió a tuitear: “@CAPUFE" Lamento que se haya ignorado el mensaje y mas la pérdida de tantas vidas. Luz a todos sus familiares”.
 
Durante el primer priísmo, las historias de corrupción en Capufe eran versión corriente pero con la llegada de la alternancia de blanco y azul la voracidad de los nuevos empoderados pareció peor. En 2007, por ejemplo, Manuel Zubiría Maqueo, quien fue el director de Capufe durante la administración del esposo de la señora Marta, fue inhabilitado por 11 años para ocupar cargos públicos y se le impuso una sanción de 42.2 millones de pesos por haber autorizado el pago de una indemnización improcedente a una empresa constructora. Otros cinco ex funcionarios del ramo fueron castigados en diversas proporciones por el mismo asunto. Calderón, por su parte, nombró a Humberto Treviño Landois, un panista norteño al que en 2008 convirtió en subsecretario de comunicaciones y transportes, entregando el asunto de los caminos y puentes a Tarcisio Rodríguez, un panista jalisciense, perteneciente al grupo de Francisco Ramírez Acuña, quien cerró este tramo de intimidad política supliendo en 2011 a Roberto Gil en la secretaría particular de Los Pinos.
En la misma línea de amiguismo por encima de conocimientos técnicos y especialidad en el ramo, Peña Nieto ha nombrado como director de Capufe a Benito Neme Sastré, su compadre y amigo, quien es hijo del difunto ex gobernador tabasqueño Salvador Neme y hermano del actual secretario de seguridad ciudadana del estado de México, también llamado Salvador. En el diario tabasqueño La Verdad del Sureste puede leerse lo siguiente: El romance del ex gobernador mexiquense con la actriz Angélica Rivera trascendió a la opinión pública en el 2008, cuando ambos asistieron tomados del brazo a la ceremonia religiosa del bautizo del niño Salvador Neme Giordano, hijo de Benito Neme y de Alejandra Giordano, en el estado de México. Peña Nieto fue el padrino del bautizado y Rivera su nueva novia. Esto sucedió el 6 de septiembre de 2008 (http://bit.ly/14Zu28Q ).
 
El director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos es abogado por la UNAM, con maestría en la Universidad de Houston y, en la oleada electoral peñista, ingresó a los consejos políticos priístas de Tabasco y el nacional. Pero su encargo sustancial fue de coordinador jurídico de la campaña presidencial. Es decir, el responsable de coordinar la defensa y el ataque, en términos legales, de lo que Peña Nieto hizo como candidato (un dato extra, en el confuso panorama tabasqueño actual: los Neme impulsaron a Jesús Alí para que fuera candidato priísta a gobernador y lograron que desde la ciudad de México fuera cerrado el paso a esa postulación a Humberto Mayans y a Luis Felipe Graham. Es decir, Peña Nieto y sus amigos tomaron el control de una candidatura, la de Alí, que habría de perder sin estruendo frente a Arturo Núñez).
 
A fin de cuentas, Capufe forma parte del esquema generalizado de control de los rubros sustanciales de la administración pública por parte de mexiquenses por nacimiento, adopción o vinculación política, pues es un organismo público descentralizado correspondiente al ámbito de la secretaría de comunicaciones y transportes que ocupa Gerardo Ruiz Esparza, quien ejerció esas mismas funciones durante el sexenio peñista en el estado de México. Por lo pronto, los caminos y puentes federales de México siguen en las mismas, como en el primer priísmo, en la alternancia panista y en esta segunda etapa nada corregida y muy aumentada.
En tanto, las expectativas de reforma electoral arrancan entre confusión dado que las directivas partidistas, arregladas en el Pacto por México, han iniciado trabajos para definir sus propuestas (ayer, en un acto con la presencia del secretario de gobernación), mientras los coordinadores de los senadores del PAN y el PRD, Ernesto Cordero y Miguel Barbosa, respectivamente, anunciaron que el mes en puerta harán lo propio. En ese contexto, el calderonista Cordero fue destapado como candidato a la presidencia nacional del PAN, para competir con Gustavo Madero y los que se acumulen... Y, mientras ayer era despedido José María Pérez Gay, un abrazo solidario a Lilia Rossbach, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
FUENTE: LA JORNADA OPINION
El dilema de la productividad
El presidente Enrique Peña Nieto exhortó ayer a lograr un acuerdo nacional para impulsar la productividad, como parte de una política económica que busca, dijo, incrementar los ingresos, el poder adquisitivo de éstos y la prosperidad en general. En esta lógica, el titular del Ejecutivo federal abordó la necesidad de innovar tecnologías, mejorar los espacios y las condiciones laborales, así como dar a pequeños y medianos empresarios acceso a créditos, a las nuevas tecnologías y a recursos de capacitación. De esta manera, con el transcurso del tiempo será posible, afirmó, lograr incrementos salariales. Asimismo, el político mexiquense dijo que si en el último medio siglo México hubiese tenido índices de productividad comparables a los de Corea del Sur, nuestra capacidad de generar riqueza sería cuatro veces mayor a la que hoy tenemos y el número de mexicanos en pobreza sería 86 por ciento menor.
 
Ciertamente, la productividad, que en forma sucinta puede entenderse como la relación entre los recursos y el tiempo invertidos en la producción y los resultados obtenidos, es un factor ineludible de desarrollo y bienestar en cualquier país, y en el caso del nuestro el índice correspondiente es lamentablemente bajo si se le compara con el resto de los países de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) –específicamente, el último de la lista–; es pertinente y necesario, por ello, aplicar estrategias oficiales orientadas a impulsarlo.

Para ello son necesarios, pero no suficientes, la tecnología, los métodos de gestión y organización, la capacitación laboral y el crédito. Se requiere, además, de un esfuerzo en otros ámbitos, a fin de contar con una fuerza de trabajo con mejor educación, derechos laborales, salud, transporte y vivienda. En otros términos, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población debe ser punto de partida, y no de llegada, si se pretende elevar los índices nacionales de productividad.
 
Sin embargo, lo hecho en los últimos meses por el poder público marcha, en varios sentidos, en sentido contrario a esta perspectiva: poco antes del arranque de la nueva administración se aprobaron una serie de modificaciones legales que recortan y acotan los derechos laborales y preservan las tradicionales opacidad y antidemocracia en el ámbito sindical; la llamada reforma educativa fue, en realidad, un segundo apartado de la laboral, aplicada a los maestros, y caracterizada por disposiciones que no sólo perjudican a un gremio de por sí devastado por el charrismo sindical y por la falta de recursos, sino que alientan la privatización de la enseñanza, en perjuicio de las grandes mayorías y del nivel educativo de la población en general.
 
En suma, difícilmente podrá resultar exitosa una estrategia de impulso a la productividad que no aliente en primer lugar las condiciones y la calidad de vida de la fuerza laboral nacional, condenada durante décadas a una depauperación sostenida e implacable. En esta perspectiva, la idea de esperar a que la productividad mejore para entonces elevar el nivel de vida de los trabajadores conlleva una aceptación implícita de una pobreza permanente e invariable y, lo más grave, de la perpetuación de una desigualdad social ofensiva y peligrosa de cara a la estabilidad institucional.
 
Si, por el contrario, se empieza por el impulso a políticas de redistribución del ingreso, bienestar, seguridad laboral y social, educación de calidad gratuita y para todos y fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios, el incremento de la productividad será una consecuencia tan factible como virtuosa.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Avances y no tanto
Pedro Miguel
Hace poco más de 30 años, en la elección presidencial de 1982 Ar­noldo Martínez Ver­dugo fue candidato presidencial por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). En esa ocasión el Partido Revolucionario de los Trabajadores postuló para el cargo a Rosario Ibarra de Piedra. Fue la primera vez que partidos de izquierda independientes (digo independientes, porque el PPS y el PARM se sumaron a la candidatura de Miguel de la Madrid Hurtado) concurrían, con registro, a unos comicios presidenciales, y la segunda que se presentaban a las urnas (la primera fue la elección legislativa de 1979). Fue el arranque de algo nuevo y la culminación de un largo (y a veces, áspero) debate sobre los caminos a seguir para enfrentar los intereses empresariales y corporativos y lograr una transformación del país en favor de la sociedad. También fue la culminación parcial de un esfuerzo unitario que llevó a la disolución del Partido Comunista Mexicano para conformar, con otras cuatro organizaciones, el efímero PSUM. Martínez Verdugo fue uno de los motores principales de ese proceso y un resuelto impulsor de la participación en procesos electorales y de la unificación de las izquierdas.
 
Para aquella época los resultados no fueron malos: la candidatura de Martínez Verdugo (PSUM) recibió 3.48 por ciento de los sufragios, y la de Rosario Ibarra de Piedra (PRT), 1.76 por ciento. Sumados esos porcentajes a los obtenidos por fuerzas que se decían progresistas, a las izquierdas le reconocieron 6.9 por ciento del sufragio (un millón 580 mil votos). Sólo seis años después, las fuerzas de izquierda, agrupadas esa vez en el Frente Democrático Nacional, y con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, ganaron la Presidencia y el candidato oficial, Carlos Salinas, hubo de ser impuesto en ella mediante un escandaloso fraude electoral. La cifra oficial de la entonces Comisión Federal Electoral dio a la izquierda poco más de 30 por ciento de los votos (casi 6 millones de sufragios). O sea que, con todo y fraude, el avance electoral de las fuerzas progresistas había sido espectacular.

Tampoco hay razón para confiar en la precisión de los resultados en los comicios presidenciales siguientes: tras el de 1994 el propio Ernesto Zedillo reconoció que las campañas se habían realizado con reglas inequitativas; en 2000 los sufragios por el PRI fueron ilícitamente inflados mediante inyecciones de dinero público (el Pemexgate, la más célebre); en cuanto al de 2006, el fraude en favor de Calderón fue tan descarado como el de 1988 a favor de Salinas, o más, y está mejor documentado. Aun así, la izquierda electoral, agrupada en la coalición Por el Bien de Todos, obtuvo el mejor resultado electoral de su historia, tanto en votos totales como en porcentaje.
 
Parte importante de ese esfuerzo fue José María Pérez Gay, fallecido el domingo pasado, quien actuó como articulador entre las organizaciones políticas que apoyaban a AMLO y sectores académicos, intelectuales y artísticos. Vaya aquí un humilde reconocimiento a esos dos personajes desaparecidos, Arnoldo y José María, por su participación y su entrega en la lucha por transformar a México.
 
El año pasado se repitió la historia. La campaña priísta, caracterizada por la manipulación y la mentira mediáticas, culminó con una inversión de miles de millones de pesos para inducir votos e inflar el caudal de sufragios en favor de Peña Nieto hasta fabricarle un margen de 8 por ciento sobre López Obrador... Y en las cifras oficiales la izquierda volvió a batir su propio récord: casi 16 millones de votos.
 
En resumen: en tres décadas (y según las muy distorsionadas cifras oficiales) la izquierda electoral ha pasado de 6.9 a 31.59 por ciento en las preferencias electorales y de un millón 580 mil votos a 15 millones 897 mil. Si se descuenta el crecimiento del padrón electoral, eso representa un crecimiento de 500 por ciento. Si en México existiera una democracia real, habría razones para el optimismo y para seguir apostando todo a la vía electoral, en la confianza de que más temprano que tarde la izquierda habría de lograr una victoria sobre el PRIAN. Pero no: en tres elecciones presidenciales, una de cada dos, el régimen oligárquico le ha arrebatado el triunfo a la mala. Así la verdadera oposición llegara a obtener la mayoría absoluta de los votos reales, el aparato político del régimen seguiría haciendo trampa.
 
Descontadas las vías violentas, que hoy tienen menos margen que nunca por la paramilitarización creciente en muchas regiones del país, no parece quedar más alternativa que impulsar la organización social desde abajo, mantener la independencia ante el régimen (por ejemplo, absteniéndose de firmar pactos por México) y seguir participando en procesos electorales para ganarlos y defender los triunfos mediante movilizaciones pacíficas, sí, pero realmente masivas, organizadas y generalizadas.
 
FUENTE: LA JORNADA OPINION
 Comodino y tropical-Magú
La industria y los derechos humanos
Navi Pillay *
La semana pasada miles de dolientes se reunieron en lo que resta del complejo de fábricas denominado Rana Plaza para orar por las mil 127 personas que murieron cuando colapsó, el 24 de abril.
 
El conmovedor recuerdo de las víctimas de esta tragedia atroz ocurrió en medio de una sucesión de acciones y reformas anunciadas por el gobierno de Bangladesh, los dueños de compañías locales y algunas cadenas internacionales de ropa cuyos productos eran manufacturados, en gran medida por mujeres que trabajaban hacinadas en cinco fábricas dentro del edificio Rana Plaza.

Las reformas anunciadas, hasta el momento, incluyen el cierre voluntario inmediato de otras fábricas que se consideran inseguras, la eliminación de restricciones a la creación de sindicatos en la mayoría de las industrias, el establecimiento de un nuevo mecanismo que garantice un salario mínimo razonable para los trabajadores de la industria del vestido. Así como la decisión tomada por gran número de compañías claves dentro de la industria internacional de la moda y del vestido, de firmar el 15 de mayo un acuerdo vinculante para mejorar las condiciones de seguridad en las contrucciones y las medidas contra incendios en los lugares de trabajo de sus maquiladores en Bangladesh.

Estas reformas son bienvenidas, sin embargo, nos hacen percatarnos demasiado tarde, tanto a nivel local como internacional, que esta catástrofe era completamente prevenible. Las normas de construcción y las reglas de seguridad en los lugares de trabajo y todo el entramado de medidas de protección han sido violados por el sector del vestido en Bangladesh, ello a pesar del conocimiento y del debate público sobre el tema.

Ha habido gran número de alertas anticipadas sobre la seguridad de los trabajadores de la industria del vestido en Bangladesh. Se han perdido más de 120 vidas tan sólo en los últimos seis meses, en distintos incendios de fábricas.

Todos los seres humanos, sin importar dónde vivan, cuentan con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que son reconocidos y protegidos por los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen, el derecho a la vida y a condiciones que propicien una vida digna.

También cuentan con una serie de derechos laborales que incluyen salarios justos, condiciones seguras y saludables, así como los derechos de asociarse para formar sindicatos y para estallar una huelga. Las medidas que se han tomado hasta el momento son alentadoras y pueden marcar un cambio decisivo para los trabajadores en la industria del vestido en Bangladesh. Sin embargo, deben ser observadas como el principio y no como el resultado final.

Es de vital importancia que se tomen medidas ágiles para empoderar a los sindicatos y reformar al sector del vestido con mejorías en las fábricas y una supervisión más estricta a prueba de corrupción. Si las medidas fueran sólo cambios cosméticos realizados únicamente para calmar la ira pública, o una estrategia para hacer tiempo hasta que el impacto del desastre se desvanezca y se retome el enfoque de producir de la manera más barata posible, entonces serán inevitables más desastres de esta magnitud.
 
Hacia la fecha límite, la media noche del 15 de mayo, 37 compañías internacionales, la mayoría de origen europeo, que emplean más de mil fábricas dedicadas a la industria del vestido, habían firmado el acuerdo de seguridad en los edificios y contra incendios en Bangladesh. Este es un acuerdo importante y sin precedente en muchos aspectos, que incluyen elementos como una gobernanza sólida y rendición de cuentas que permiten que éste pueda ser puesto en práctica en los países de origen de las compañías internacionales.
 
También provee mecanismos de supervisiones y medidas correctivas reglamentadas para que las fábricas cumplan con normas de construcción, de protección contra incendios y de seguridad eléctrica; se contemplan capacitaciones preventivas contra incendios, la formación de comités de salud y seguridad con representantes sindicales y la emisión de informes públicos.
 
Algunas tiendas claves, especialmente en Estados Unidos, han elegido no firmar el acuerdo, pero se han comprometido a realizar sus propias inspecciones. Los reflectores estarán puestos sobre ellos para verificar que cumplan sus promesas de forma creíble.
 
Estos problemas no solamente están relacionados con Bangladesh. Así lo puso de manifiesto el incidente en una fábrica de zapatos en Camboya en la que el techo colapsó ocasionando la muerte de tres empleados esta semana. Tampoco son exclusivos de la industria del vestido. Hace dos años Naciones Unidas acordó una serie de principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que brindaba un marco claro de lo que las empresas y gobiernos en todas partes necesitan hacer. Los gobiernos tienen que seguir los pasos apropiados para prevenir, investigar, castigar y remediar las violaciones de los derechos de los trabajadores, mediante políticas efectivas, leyes, reglas y sentencias. Los corporativos, tienen la obligación de realizar las debidas diligencias para prevenir y abordar las violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de abusos tienen que tener acceso a soluciones efectivas y los responsables deben ser sancionados. Los procesos de supervisión y control tienen que estar exentos de las prácticas poco saludables derivadas de los vínculos peligrosos con intereses especiales.
 
Lo que ocurrió en Bangladesh ha horrorizado al mundo hasta decir basta. La mejor manera de honrar a las víctimas del Rana Plaza es asegurar que una tragedia como esa jamás vuelva a ocurrir en ninguna industria del planeta.
 
*Alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
FUENTE: LA JORNADA OPINION

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