Dinero
Los años en prisión no fueron suficientes
Tampoco se justifica devolverle sus bienes
Duro juicio ciudadano a Raúl Salinas
Raúl Salinas de Gortari pasó 10 años en la cárcel por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y fue absuelto. Ahora también es absuelto por enriquecimiento ilícito y le devolverán sus bienes. ¿No fueron suficientes 10 años en prisión? La respuesta de 71 por ciento de nuestros encuestados es:
No. Debería estar todavía en la cárcel. Veintinueve por ciento cree que la
cárcel fue suficiente pero no debieron devolverle los bienes.
Metodología
Cada semana enviamos un sondeo a los miembros de El Foro México utilizando sus direcciones electrónicas. En esta encuesta tuvimos la participación de 1,537 personas. En los siguientes párrafos reproducimos fragmentos de algunos de sus comentarios.
Opiniones
En México así sucede, la ley se hizo para que la cumplan y respeten los débiles y los pelmazos y la violen los poderosos y los audaces.
José Román Serrano/ Playa del Carmen
Lo que deben hacer es meter a la cárcel a corruptos viejos y nuevos del PRI, y panistas, foxistas y calderonistas que se enriquecieron ilícitamente y defraudaron y robaron a las instituciones federales y de justicia. El señor Salinas ya cumplió una condena y la pérdida de un hermano asesinado.
Gabriel Machargo/ Ciudad de México
Es el México priísta, panista y demás partidos. No es nuevo, se estaban tardando en demostrar lo falsos, corruptos e impunes que son.
Gabriel Alvarado/ Ciudad de México
Lo único que se me ocurre, porque no quiero llorar, es ¡viva México, cabrones!
Margarita Carbajal/Ciudad de México
No sé si fue suficiente prisión por la muerte de Ruiz Massieu. Pero, ¿recuerdan la leche en polvo contaminada por la radiación de Chernobyl?
Vicente Osorio Cervantes/ Querétaro
Raúl Salinas debería estar refundido en la cárcel, sin sus propiedades, durante toda la vida, junto con su hermano.
Luisa Straulino/ Chetumal
Una prueba más de la selectividad con que se aplica la ley en México: el hermano incómodo en plena libertad e impune, seguro un favor de Peña a su titiritero. ¡Pobre país, en manos de pillos! ¡Qué nos espera con la privatización de la industria petrolera! No lo permitamos...
Ramón Alvar/ Querétaro
El caso de este señor Salinas se suma al de Montiel, Femat, Granier, Marta, Fox, Calderón –¿donación de mansión en Virreyes, por ejemplo?–, Bribiescas, Deschamps, hijas de Gordillo, Ulises, góber precioso, saqueo de Pemex, ex de Coahuila, Congreso y ministros con ingresos exorbitantes. A ver hasta cuándo.
Carlos Aldama/ Acapulco
Además de seguir en la cárcel, debería hacerle compañía mucha gente: su hermano, el tío Montiel, Romero Deschamps, el góber precioso... y un larguísimo etcétera. Pero es más probable que se autorice la relección presidencial.
Tato Cervantes/ Ciudad de México
El sistema judicial ha actuado como un lacayo de los políticos del PRIAN y parece que así será en este sexenio, producto de Monex, Soriana y Televisa.
Juan Bris/ Ciudad de México
Raúl debe seguir en la cárcel junto con Carlos Salinas, por ladrones, asesinos, cínicos y mentirosos. México es la burla y vergüenza en todos los países civilizados por culpa de estos PRI-ratas ambiciosos sin moral y sin límites.
Sara Barbosa/ Ciudad de México
Debería compartir celda, de por vida, con Elba Esther Gordillo.
Rómulo García/ Ciudad de México
O sea que robar y matar ya no son delitos condenables. ¡Gran avance en las leyes de nuestro país!
Luis Muñoz/ Ciudad de México
El cinismo y la desvergüenza de la clase política mexicana no tienen límite. Pero nada es eterno.
José Gutiérrez/ Ciudad de México
Nunca serán suficientes 10 años. Salinas es uno de cientos de políticos o parientes que deberían estar tras las rejas, por corruptos y ladrones.
Armando Rocha/ Ciudad de México
Lo que sigue es un homenaje a ese hombre para
desagraviarloy proponer su beatificación, por los 10 años que
estuvoen prisión. Los Salinas ya mostraron quiénes mandan en el país.
Eduardo Sainoz Carrillo/ Tlaxcala
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Comisión Federal de Electricidad-Ahumada 
Narcotráfico: la prensa y el poder
Amplias zonas del país están sacudidas por violencia endémica. En diversas regiones la vigencia del estado de derecho es parcial o nula, los grupos criminales se mantienen en auge y proliferan las disputas entre bandas de la delincuencia organizada por el control de la producción de estupefacientes, las rutas para su comercialización y los mercados de consumo.
Esta circunstancia se ha visto agravada aún más por la decisión gubernamental de tratar de minimizar u omitir la información oficial sobre enfrentamientos, capturas, homicidios y otros asuntos relacionados con la delincuencia organizada. Con ello pretenden achicar la percepción social sobre la violencia en el país, con la creencia –a todas luces errónea– de que de esa forma pueden restaurar la gobernabilidad, la seguridad y el estado de derecho en extensas regiones del territorio nacional.
Emitida como recomendación a las administraciones estatales y municipales, la política de modificar la narrativa sobre la violencia del narcotráfico, sin que ésta haya cambiado en la realidad, ha dado lugar a presiones desproporcionadas hacia la prensa en diversas entidades.
La difusión de noticias que registran la desmedida violencia criminal genera animadversión gubernamental hacia los periodistas que la registran, y en lugar de responder con apertura y comprensión a este trabajo, las autoridades reaccionan obstaculizando el ejercicio periodístico. Tratan de evitar que se difundan adecuadamente los hechos de sangre que ensombrecen el acontecer regional.
Esta situación es particularmente delicada en diversos estados. En varios de ellos los corresponsales han sufrido presiones indebidas. Por eso nos preocupa, entre otros casos, el de Alfredo Valadez Rodríguez, nuestro corresponsal en Zacatecas, quien ha sido objeto, desde hace dos años, de presiones, amenazas no muy veladas y hasta una maniobra de difamación en Twitter, agravadas durante la última semana. Esta casa editorial avala su labor y su profesionalismo.
Quienes están al frente de las instituciones no debieran percibir el desempeño de la tarea periodística como un ataque personal, y mucho menos como un afán por minar la gobernabilidad, la credibilidad o la economía de un municipio, de una entidad federativa o del país en su conjunto; no debieran, por así decirlo, confundir el mensaje con el mensajero. Por el contrario, los funcionarios públicos en general tendrían que cobrar conciencia de que la información puntual y oportuna no sólo es indispensable para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática sino también para la operación de las propias instituciones.
A pesar de los escollos y peligros que surgen en su labor cotidiana, los medios de comunicación deben de dar cuenta de lo que sucede. Con responsabilidad, están obligados a comunicar lo acontecido en forma veraz, contrastada y verificada. Si se equivocan, deben rectificar. Pero la información que proporcionan es una servicio que ofrecen a la sociedad y en ello les va su credibilidad frente al público.
La relación entre los informadores y el poder –siempre difícil y accidentada– debe estar normada por un grado razonable de civilidad y mesura. La prensa no puede renunciar a informar responsablemente sobre lo que sucede, por más incómoda que esa verdad le resulte a quienes gobiernan. La salud pública de nuestro país así lo demanda.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Guerrero bajo el cerco de las armas
Abel Barreda*
La crítica situación de violencia que vive Guerrero no puede entenderse sin una inmersión profunda en la historia de sus regiones.
En la Costa Grande, durante los años 90, mientras el Ejército perseguía y torturaba a los líderes de la organización de campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, el poder caciquil de Rogaciano Alba, al amparo del priísmo y del propio poder castrense, expandía los dominios de la droga.
En la Zona Centro y sobre todo en la parte más intrincada de la sierra, donde las compañías madereras arrasaron de manera indiscriminada con los bosques, florecieron los cultivos de mariguana y amapola. Desde el inicio se trató de una práctica agrícola tolerada por el Ejército a cambio de componendas y regalías que obtenían de los caciques. Ahora es un territorio desolado por la narcoviolencia. Acapulco condensa la tragedia nacional: miseria en las periferias y los boyantes negocios del crimen organizado en los centros de poder.
En la Montaña, el abandono secular de los gobiernos ha calado hondo en la vida de los pueblos, ha levantado movimientos sociales que marcaron cambios políticos en la vida nacional. La montaña roja comunista devino en la montaña del maíz bola, la de los primeros lugares nacionales en cuanto a pobreza, militarización y miseria.
En las siete regiones de Guerrero, la violencia delincuencial se gestó en el seno de las instituciones policiales y militares, la cuales urdieron negocios ilícitos con el patrocinio de los caciques. Los cuerpos policiales son parte del entramado de la corrupción y en el caso de la policía ministerial fue la punta de lanza para la infiltración del narco en las estructuras del Estado.
Conocer la entraña de estos territorios ariscos es entender las raíces profundas de un pueblo guerrero, decidido siempre a enfrentar las fuerzas que atentan contra la vida y la seguridad. Los gobiernos, con su inacción, dejaron crecer el poder de las bandas criminales y permitieron que las fauces del crimen organizado se extendieran hasta las poblaciones rurales, trastocando de manera abrupta el tejido comunitario. Esta violencia criminal desencadenó una respuesta sin precedente.
En la Costa Montaña, la creación del sistema de justicia y seguridad comunitaria robusteció los sistemas normativos indígenas y su capacidad organizativa al margen del Estado. Su ejemplo señero ha sido emulado. En diciembre de 2012 se constituyó la policía ciudadana y popular en Temalacatzingo. En enero de 2013, campesinos de varios municipios de la Costa Chica agrupados en torno a la Upoeg (policía comunitaria) tomaron la cabecera municipal de Ayutla y desarticularon en una semana a las bandas del crimen organizado que controlaban la región. Actualmente más de 2 mil policías pertenecientes al sistema de seguridad ciudadana se encuentran operando en 12 municipios de la Costa Chica.
Estas policías, respaldadas por el cuerpo de normas nacionales e internacionales que tutelan a los sistemas normativos indígenas, han mostrado ser más efectivas que el oneroso Operativo Guerrero Seguro. Ignorando esta efectividad, el Ejército y la Marina se han obstinado en hostigar y desarmar a las policías del pueblo como si éstas fueran la principal amenaza en el estado. En lugar de que la confrontación castrense se dé con las organizaciones criminales, el conflicto lo focalizan contra las poblaciones que enfrentan al crimen. Por eso en Xaltianguis, municipio de Acapulco, y el Pericón, municipio de Tecoanapa, los pobladores tomaron la decisión de detener a decenas de efectivos militares porque amenazaron con desarmar a sus policías.
La coyuntura actual es compleja y su desenlace difícil de anticipar. Las respuestas de las comunidades campesinas e indígenas a la negligencia estatal en materia de seguridad son diversas. La riqueza de su pluralidad enfrenta el reto de articularse para no caer en provocaciones estériles y para trascender hacia las reivindicaciones del cambio profundo que el Estado exige. Sin embargo, tras lo ocurrido esta semana, no puede descartarse una salida represiva impulsada por los sectores duros del Estado. Así lo hacen patente los posicionamientos explícitos e implícitos del Ejército y los boletines oficiales al apelar al derecho penal para contener las expresiones de descontento.
El Estado mexicano erraría de nuevo si su ceguera colonialista le impide ver la legitimidad y la fuerza de las comunidades que se organizan para exigir seguridad y derechos. Si el Ejército se obstina en desarmar y detener a las policías comunitarias, y sigue realizando operativos dentro de los territorios comunitarios, el riesgo de una confrontación es inminente. Las policías comunitarias y ciudadanas poseen una fuerza inconmensurable, han sido capaces de romper el cerco armado del Ejército y del crimen organizado para emprender una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. El rumbo que tomará este despertar del Guerrero profundo está aún por definirse.
* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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