Pemex: corrupción y opacidad compartidas
Arturo Alcalde Justiniani
Si usted pretende conocer la situación sobre el sindicato petrolero y sus relaciones con Pemex, confirmará la extrema dificultad para lograrlo, pues opera un cerco informativo altamente sofisticado difícil de romper. Nos referimos no sólo a la condición financiera del gremio, que es la parte más criticada, sino también a los convenios y acuerdos que dicho sindicato ha celebrado con la empresa y a sus nexos con el gobierno. También con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La complicidad gubernamental no ha sido privativa del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) cuando estuvo en el poder asumió una actitud similar; basta recordar cómo Vicente Fox, siendo presidente, dejó colgado a Francisco Barrio, entonces contralor federal, cuando éste anunció que caerían
peces gordosal tener en sus manos acreditada la entrega de 500 millones de pesos del líder petrolero al candidato presidencial priísta, Francisco Labastida. Simplemente se le paró en seco, en un acto que definió la política a seguir por el gobierno foxista de plena connivencia con las prácticas corruptas que había prometido erradicar. Ahora, de nuevo en la oposición, el PAN propone suprimir los cargos que tiene el sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, como si con esta medida pudiera favorecer el saneamiento al que renunció cuando tuvo posibilidad de hacerlo.
Si observamos las constantes negativas del sindicato para someterse a la ley de transparencia vigente, en relación a los múltiples recursos que recibe de la empresa, presentados de distintas maneras: subsidios, apoyos para eventos, incluso préstamos sin intereses, confirmamos que la negativa inicial a brindar la información proviene de la propia empresa petrolera que otorga los recursos y no del sindicato, aunque sea éste el que haga el trabajo sucio de enredar los procedimientos para sustraerse de una obligación elemental: informar sobre el destino de los recursos públicos entregados para un determinado fin. Por ello, con toda razón, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Gerardo Laveaga, reclama como un punto central en la agenda nacional el tema de la transparencia sindical y su compañero, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar, denuncia la resistencia del sindicato de Pemex a someterse a las reglas mínimas de transparencia. En una frase definió tal actitud:
Tiro por viaje, piden amparos.
La impunidad y corrupción del sindicato serían impensables sin la abierta complicidad de la empresa, ya que el apoyo no se limita a la entrega de recursos públicos, se complementa con una serie de acuerdos tanto por la vía del contrato colectivo, como por convenios paralelos que se guardan como secretos de Estado y que históricamente han comprendido la entrega de plazas, la participación en negocios, materia exclusiva de la administración empresarial y el trato privilegiado al grupo designado por la dirigencia sindical.
Cada negociación colectiva se convierte en un misterio que se va descubriendo con los años; en la pasada revisión contractual, por ejemplo, se convino separar el tema pensionario para que éste fuese una negociación posterior al desahogo de la iniciativa de la reforma energética a través de un trato directo entre el sindicato y la Secretaría de Hacienda. En lo que se refiere al personal de confianza, sin decir agua va, simplemente se le dejó fuera de la contratación colectiva como parte de un nuevo trato laboral cuyas características no se explicitan para que no exista por ahora protesta de esos trabajadores.
Es importante aclarar los motivos por los cuales la empresa y el gobierno han apostado a compartir formas de corrupción y opacidad. Un primer motivo deviene del interés por mantener el control de los trabajadores y la subordinación del liderazgo sindical; las rebeldías, como sucedió en el caso de La Quina, se pagan caro. Un segundo motivo tiene carácter político-electoral, ya que se utilizan los recursos entregados al sindicato para el apoyo a las campañas electivas.
Una tercera razón tiene intereses de corte particular y doméstico, existen múltiples negocios en los que están involucrados funcionarios y dirigentes sindicales que requieren un silencio compartido. Cualquiera que tenga relaciones comerciales con esta empresa sabe de los arreglos que es necesario hacer para la contratación de ventas, compras o servicios en la que se debe obtener el beneplácito del líder sindical en la zona aunque nada tenga que ver con su función de representante gremial.
Recordemos los jugosos contratos con compañías extranjeras para la adquisición de barcos o venta de hidrocarburos que nunca fueron debidamente aclarados, para no hablar de la jugosa ordeña de ductos en la que muchos están involucrados.
En este entorno de opacidad y corrupción, se pretende ampliar la participación privada. Si la intención real fuera modernizar Pemex y atender sus problemas estructurales, una tarea inicial sería romper el blindaje informativo que empresa y sindicato han creado para esconder su complicidad. Asimismo, limpiar la casa acabando con este modelo de corrupción y complicidad claramente compartido.
En buena hora, según nos informa el día de ayer en este diario, en su columna Dinero, Enrique Galván Ochoa, un tribunal colegiado le ha hecho un boquete a este cerco informativo.
FUENTE: LA JORNADA INTERNET
Consulta pública ciudadana nacional
Miguel Concha
La soberanía sobre los recursos naturales es una conquista histórica de la sociedad. No hay que olvidar 1938, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, sin duda una de las decisiones más relevantes del México posrevolucionario. Pero los riesgos de retroceder, y de una total privatización de la industria petrolera han estado presentes, sobre todo desde que los gobiernos de las pasadas tres décadas asumieron las políticas de ajuste estructural, dictadas por las multinacionales e inspiradas en el neoliberalismo.
Hay que subrayar el peso que actualmente tiene el sector energético en la economía nacional, particularmente Pemex, pues aporta 35 por ciento de los ingresos federales y entrega al gobierno, vía impuestos, 70 por ciento de sus ganancias. Esto a pesar que la producción de petróleo ha caído en México, sobre todo en años recientes. De 2004 a 2012 se produjo en promedio 2.5 millones de barriles diarios, mientras la petroquímica nacional está prácticamente desarticulada y abandonada.
Ante las consecuencias que implican las reformas energética y fiscal, los tres partidos políticos que convinieron llevarlas al Congreso no deben aprobarlas sin antes tomar en cuenta a la ciudadanía que los votó, pero no les otorgó un cheque en blanco. Un signo de la democracia es gobernar con la participación social, sobre todo cuando se trata de decisiones de esa dimensión. La democracia participativa avanza, y hoy contamos con mecanismos diversos, como la consulta ciudadana, que se revela como el recurso ideal para saber qué pensamos los mexicanos.
Considerando que las reformas están comprometidas en el Pacto por México, que el PAN ya presentó la suya, que el PRI lo hará la próxima semana y que el PRD tiene una definición y premisas sobre los temas fiscal y energético, se justifica ampliamente la consulta a la sociedad. Además, en dos giras internacionales, antes de asumir la Presidencia, Enrique Peña Nieto habló de la necesidad de permitir mayor participación de capital privado en Pemex, y posteriormente ha reiterado que la modernización de la empresa requiere de inversión privada.
La iniciativa del PAN considera la inversión privada como condición para superar los déficit de la industria petrolera y prevé una reforma a la Constitución. El PRD presentará próximamente su propuesta. Ha dicho que descarta cualquier cambio a la Carta Magna, y pone énfasis en la modificación del régimen fiscal de la paraestatal. Preocupa en todo caso un escenario de negociación entre los partidos de cara a las otras reformas, como la política-electoral, que habrá de debatirse en el periodo extraordinario.
Si los partidos políticos reconocen el valor de la opinión ciudadana, el eventual madruguete de las reformas fiscal y energética no es aceptable. En tal sentido, la organización Alianza Cívica, con una larga trayectoria en ejercicios participativos en torno a decisiones de dimensión nacional, anunció el pasado 30 de julio una consulta pública ciudadana nacional, en convenio con el PRD, que tendrá lugar el 25 de agosto en la mitad de las entidades del país, y el primero de septiembre en el resto, para lo cual se instalarán más de 3 mil mesas receptoras coordinadas por comités locales.
Alianza Cívica y el PRD consideraron la conformación de un Consejo Nacional Ciudadano (CNC) autónomo e independiente, integrado por participantes de movimientos sociales, ciudadanos y académicos con conocimiento y prestigio en torno a los temas, o con experiencia en ejercicios democráticos participativos. Dicho consejo, presentado formalmente el 30 de julio, e integrado por más de 20 personas tiene importantes responsabilidades para acreditar los resultados de esta consulta, entre ellas: diseñar las preguntas, aprobar su imagen, promover la participación ciudadana en todo el país, evaluar su realización y presentar los resultados a la opinión pública.
Como responsable del proceso, Alianza Cívica recuerda que la consulta ciudadana es una forma de participación directa y un derecho irrenunciable de la sociedad. Uno de sus objetivos es promover, de cara a la incidencia política, un ambiente de debate sobre los grandes problemas nacionales. Por ello está desarrollando una campaña previa de información, y promoviendo espacios de diálogo, reflexión y deliberación.
Si bien esta consulta pública ciudadana nacional no cuenta con un carácter vinculante, tiene o debe tener un gran valor como referente del sentir de la población. Es un primer paso para que los partidos políticos escuchen y tomen en cuenta la opinión de la ciudadanía en los temas que se abordarán. Y, sobre todo, para que establezcan compromisos públicos y transparentes con las voces y causas ciudadanas.
Reformas como estas ameritan la consulta previa e informada de la población, por lo que la consulta prevé la realización de al menos seis foros públicos que ofrecerán información a la ciudadanía. La consulta pública ciudadana nacional sobre las reformas energética y fiscal es bienvenida. Se puede convertir en otro ejemplo de gobernabilidad democrática, siempre y cuando los integrantes del consejo y la población hagan valer su postura, ejerzan presión sobre los partidos políticos y definan una ruta para procesar lo que la ciudadanía considera pertinente para el país.
FUENTE: LA JORNADA INTERNET
Firmes en su posición-Fisgón 
La privatización de la industria petrolera es inaceptable
Enrique Calderón Alzati
Como cada seis años lo han hecho los sucesivos gobiernos neoliberales que hemos padecido desde el sexenio de Miguel de la Madrid, el gobierno actual insiste en la privatización de Petróleos Mexicanos mediante mecanismos accionarios y modificaciones a la Constitución, en esta ocasión con más sagacidad política y con diferentes estrategias que las empleadas en los gobiernos anteriores que, sin lograr el objetivo, le causaron graves daños a Pemex con el afán de atraer inversiones de dudosa utilidad para nuestro país y para la empresa misma.
Sin mayores pretensiones, escribo este artículo para recordar lo que ha sido el resultado de otras privatizaciones realizadas por los gobiernos anteriores, las cuales, en su momento, nos presentaron como panaceas que mejorarían la economía de nuestro país y nos brindarían un futuro brillante, que hoy no se ve por ningún lado. Unos cuantos casos pueden ser suficientes para este fin, tomando los ejemplos de Teléfonos de México, de los bancos, de las industrias paraestatales, de los ferrocarriles y de Mexicana de Aviación.
En el caso de Telmex, se habló de la necesidad de modernizar las telecomunicaciones para ofrecer mejores servicios y modernizar el sector, con un beneficio directo para los consumidores, palpable en la reducción de sus pagos y el incremento en el número de las líneas de comunicación; los resultados en cambio han sido la conformación de un imperio financiero, la riqueza indiscutible del señor Slim y sus socios encubiertos y servicios telefónicos caros y de mala calidad. ¿Cuántas ciudades del país, supuestamente comunicadas según su publicidad, carecen hoy de cobertura? Yo vivo en Xalapa y tratar de lograr una comunicación aquí con el servicio Telcel resulta más difícil que hacerlo con los ángeles; sin embargo, los miles de usuarios de esta región nos vemos condenados a seguir pagando ante la negativa de la empresa a aceptar la rescisión de los contratos respectivos ante la ausencia del servicio. Sobre este problema dedicaré uno de mis próximos artículos.
En el caso de los bancos, lejos de impulsar el desarrollo que necesitamos y que se ofreció como resultado de su privatización, estas instituciones ahora mayoritariamente extranjeras han hecho de nuestro país un botín del cual extraen sus ganancias, como en ninguna otra parte del mundo, según ellas mismas lo afirman, propiciando no la producción, sino el consumo, haciendo cobros onerosos e injustos a sus usuarios y cargando tasas de interés propias de la usura.
De las ex industrias paraestatales poco se ha permitido saber de ellas, ¿Qué sucedió con Transportadora Marítima Mexicana, con la Fundidora de Acero de Lázaro Cárdenas o con la Minera de Cananea? ¿En qué se utilizaron los recursos de la venta de estas empresas que eran propiedad del Estado cuando Salinas era presidente?
La terrible tragedia de Pasta de Conchos, sacó a la luz pública las inhumanas condiciones y la falta total de seguridad en las que laboran los trabajadores de las empresas mineras, cuyas utilidades superan los miles de millones de pesos anuales ¿Acaso son este tipo de empresas las que el país necesita para asegurar su desarrollo? El asesinato de un hijo de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, nos permitió enterarnos de la participación del narcotráfico en la industria minera de ese estado, dejando un claro indicio de los riesgos que existen cuando se dejan los bienes, patrimonio de la nación, en manos de empresas privadas sin las regulaciones adecuadas, o cuando habiéndolas, las autoridades se convierten en gestores y protectores de esas empresas.
El caso de los ferrocarriles, entregados por el gobierno federal a corporativos foráneos representa otro antecedente importante de las consecuencias que tienen las medidas privatizadoras. Columna vertebral del desarrollo económico mexicano durante la última parte del siglo XIX y más de medio siglo XX, los Ferrocarriles Nacionales empezaron a ser desmantelados por el gobierno a partir de 1960, para instaurar un modelo nacional de transporte, convenido con Estados Unidos, que impulsó a su industria automotriz.
La corrupción del sindicato ferrocarrilero fue un argumento clave de la estrategia gubernamental que llevó a los ferrocarriles a la privatización, como única salida posible, lo cual tuvo como resultado la desaparición del sistema de transporte de pasajeros, que en otras naciones constituye red imprescindible, mientras que el traslado de mercancías por carretera se ha convertido en un serio problema logístico para la vida de las ciudades.
El caso de la aviación es quizás el más emblemático de los riesgos inherentes a las privatizaciones de los bienes nacionales, cuando estas son permitidas por las leyes y puestas al arbitrio de funcionarios corruptos. ¿Qué pasó con Mexicana de Aviación y cuál fue su impacto en el sistema aeronáutico nacional? ¿Acaso ganó algo la sociedad mexicana con la privatización de esa empresa? ¿Cuáles son las garantías de que la entrada de capitales particulares permite y facilite el desarrollo y el crecimiento de una empresa pública? El grupo de inversionistas que se hizo de Mexicana de Aviación sólo tenía un objetivo: quedarse con el botín constituido por los equipos de vuelo y las concesiones que amparaban las rutas donde la empresa operaba, para luego enajenarlo. La quiebra de Mexicana de Aviación conformó un daño patrimonial a la nación, llevó al desempleo a miles de trabajadores y fue causante del desquiciamiento del sistema de transporte aéreo nacional, pues detonó un incremento en los costos que hoy tienen que pagar los viajeros mexicanos, a partir de esa quiebra.
Todos estos son los antecedentes para la restructuración de Petróleos Mexicanos que hoy pretende realizar el actual gobierno como resultado de la
reforma energéticaque propone realizar y que desde luego resulta inaceptable para la gran mayoría de la sociedad.
FUENTE: LA JORNADA INTERNET
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