Estancamiento económico y
reformas estructurales
Luego de la difusión de las cifras del Inegi sobre una desaceleración económica que se ha prolongado por 11 meses en el país, el Banco de México (BdeM) ajustó ayer su pronóstico de crecimiento anual para 2013 a
un intervalo de entre 2 y 3 por ciento, y reconoció que la economía nacional atraviesa por una
importante desaceleración. A renglón seguido, el titular del organismo, Agustín Carstens, afirmó que
la actual coyuntura justifica todo ese esfuerzo que se está llevando a cabo en el país en materia de reformas estructurales, lo que representa una muestra de apoyo apenas velada a las modificaciones legales impulsadas por el gobierno, particularmente en materia hacendaria y energética, previstas para ser discutidas en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Pero, si bien el diagnóstico de la entidad encabezada por Carstens parece acertado, la propuesta de solución es sumamente cuestionable. La invocación de las llamadas reformas estructurales como la panacea para las dificultades económicas no es nueva: desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta la actualidad, los grandes grupos de poder económico y la tecnocracia política a la que pertenece Carstens han propugnado la imposición de reformas como la apertura del mercado interno, el adelgazamiento del Estado, el desmantelamiento de los instrumentos y las instituciones de seguridad social y el fin de los subsidios a la economía popular, la privatización de los bienes públicos –como la que se pretende hacer avanzar en Petróleos Mexicanos, con la reforma energética referida–, la transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a entidades financieras privadas, la contención salarial, la liquidación de conquistas sindicales y la aplicación de criterios fiscales que equivalen a regímenes de excepción en el pago de impuestos para los grandes empresarios.
El resultado de estas y otras reformas ha sido catastrófico en lo económico, lo social y lo político: la informalidad de la economía ha crecido junto con el desempleo, la pobreza y la desigualdad social; la soberanía nacional se ha debilitado en todos los ámbitos; una porción minoritaria del campo ha sido restructurada en grandes industrias orientadas primordialmente a la exportación y el resto ha sido arrasado; se ha multiplicado la desintegración del tejido social y familiar y se ha consolidado una descomposición institucional de gran calado que se expresa con la pérdida de control del Estado en buena parte del territorio.
A la luz de los resultados obtenidos a lo largo de las tres últimas décadas, es evidente que nuevas reformas neoliberales no van a sacar a México de su situación de estancamiento económico permanente. Por el contrario, el empeño gubernamental en avanzar políticas que son rechazadas por la mayoría de la población, como la privatización de la industria petrolera, es un factor de división y de crispación social indeseable en el momento presente. La reactivación de la economía y la recuperación de la plena gobernabilidad requieren un cambio en el modelo económico seguido hasta ahora; es necesario recuperar los mecanismos de redistribución de la riqueza o concebir instrumentos nuevos para combatir la desigualdad y empezar a restituir a la población aquello de lo que ha sido despojada en los últimos cinco sexenios.
Reforma energética-Ahumada 
¿Despenalizaciones?
Octavio Rodríguez Araujo
Mi diccionario dice que despenalizar es dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente castigada por la legislación penal. Despenalizar el aborto o el consumo de la mariguana es no considerarlos delitos. La mujer que quiera abortar, que aborte; la persona que quiera fumar mariguana, que la fume. El que quiera beber alcohol que lo haga y el que quiera fumar tabaco igual. El alcohol y el tabaco no son sustancias ilegales, salvo para menores de edad y, sin embargo, su consumo se regula; curiosamente más el tabaco que el alcohol pese a que éste afecta considerablemente la conducta de quien lo ingiere. Ciertos medicamentos son controlados, pero no ilegales como, por ejemplo, algunos analgésicos, ansiolíticos, penicilinas, etcétera. Éstos requieren receta médica para ser adquiridos.
Sobre el consumo de tabaco, ¿qué más se puede decir? Cada vez que habla de él un personaje antitabaco dice lo que le da la gana sin ruborizarse de sus mentiras. La última es la del secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, que acaba de declarar que
cada año en el país mueren 70 mil personas de cáncer provocado por el tabaco( La Jornada, 6/8/13). Esta declaración debería conducir a la renuncia del ignorante secretario, simplemente por decir mentiras relacionadas con el ramo del que es titular. Que se dedique a otra cosa.
He leído en varias ocasiones que el trasiego de mariguana equivale a 50 por ciento de las drogas ilegales en venta. No lo sé, y tampoco confío mucho en la metodología de quienes han medido este singular mercado que, en términos generales, es clandestino o, si se prefiere, de escasa transparencia.
Si acaso es cierto y este producto se despenaliza o se legaliza (conceptos que en la práctica podrían ser sinónimos, según el enfoque), es obvio que se le quita al crimen organizado una parte sustanciosa de su negocio, pero para ello tendría que hacerse como en Uruguay:
el control de todo el proceso de producción y venta de mariguana en su territorio, como señaló el martes Javier Flores en estas páginas. Si no se controla todo el proceso la producción seguirá en manos de quienes ya la tienen y la venta se prestará a mecanismos de corrupción, pues seguro que una parte será legal y otra igualmente clandestina, como sucede en todo mercado: unos productos, dizque de calidad, se venden en tiendas establecidas y otros, supuestamente
copias o falsos, en mercados ocultos, como es el caso del contrabando de bebidas y de tabaco, las primeras adulteradas y el segundo elaborado con quién sabe qué y sin control de calidad.
Pero además, como ya se ha visto, y de esto sí hay datos (aunque tampoco sé si sean confiables), cuando se persigue a los bandidos por hacer sus negocios con ciertos productos se dedican a otros, pues no saben trabajar o no consiguen trabajos con similares remuneraciones. Ha subido el número de secuestros, el de asesinatos no ha variado mucho en comparación con el sexenio calderonista, el asalto a casas-habitación ha aumentado al igual que el robo de automóviles. ¿Por lo menos habrá bajado el volumen de ventas de drogas ilegales?
Algunos expertos o que se dicen tales han señalado que la educación puede ser una de las formas de evitar que la gente se deje cooptar por el crimen organizado. Yo no estaría seguro, en Caracas se ha disminuido considerablemente el analfabetismo y es una ciudad muy peligrosa. Pienso que el tema tiene más que ver con el empleo y los salarios, aunque tampoco estoy seguro.
Hace muchos años la joven esposa de un amigo fue abandonada y como era muy guapa resolvió que podía trabajar como prostituta de postín. Entró a trabajar en una casa de citas, de esas muy elegantes que existían en los años sesenta en la colonia Del Valle del Distrito Federal. La convencí de que fuera actriz y logré que le dieran empleo como tal en una obra de teatro que dirigía Luis G. Basurto. Un día me dijo que había dejado el teatro pues por noche le pagaban 50 pesos y en la casa de citas obtenía, por un rato en la noche de un día común entre semana, mil pesos (20 veces más). Le mencioné los peligros de ese trabajo y me dijo que la vida era de por sí peligrosa. No conocí el desenlace de esta historia, pero tal vez muchos que se dedican a vivir delinquiendo piensen más o menos lo mismo. Y mientras exista la demanda habrá oferta, legal o ilegal.
La venta de droga, como la prostitución, es problema centenario o tal vez milenario. En México se ha optado por convertir a la segunda en falta administrativa, no en delito. El delito en esta materia es la trata de personas y el lenocinio (artículos 204 a 206 bis del Código Penal Federal). ¿Se podrá hacer algo semejante con las drogas? No lo sé, el tema tiene muchas aristas. Los expertos, los verdaderamente expertos, deberían estudiar el problema en equipos multidisciplinarios, pues ni es sólo tema de médicos ni sólo de criminólogos.
Tal vez la tolerancia pactada sea la solución, como ocurre en el comercio legal, que también tiene sus reglas. Que los narcos sigan vendiendo, bajo ciertas reglas, como por ejemplo no ampliar su negocio a secuestros y robos ni vender a menores de edad, y que los drogadictos sean atendidos en clínicas y hospitales como se hace en otros países. Si la prostitución existe y existirá mientras haya demanda, ¿por qué no pensar que el comercio de drogas también? En México, por las razones que sean, no tenemos, ni remotamente, tantos drogadictos como en Estados Unidos y los de allá son problema de ellos no nuestro.
Nomás lo de siempre-Rocha 
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