Astillero
Ajustes finos
Cierran tratos
Riesgos del gas shale
Luego, paso redoblado
Julio Hernández López
MORENA INTEGRA SUS CUADROS. Andrés Manuel López Obrador tomó ayer protesta a los integrantes de los comités ejecutivos del Movimiento Regeneración Nacional en la delegación Miguel Hidalgo
Foto Carlos Ramos Mamahua
No es a causa de resistencias o reconsideraciones de fondo que Enrique Peña Nieto ha pasado para la semana próxima la presentación de su propuesta de reforma energética. Los jaloneos en cuanto a redacción y detalles menores se dan justamente en la élite que aprobará un proyecto compartido. Son ajustes, afinaciones, entendimientos entre aliados antes de emprender la batalla legislativa pero, sobre todo, la política y la social.
Lo esencial del plan peñista se mantiene, es decir, la apertura a los capitales nativos y extranjeros para beneficiarse de la renta petrolera. Para ello se considera llegar al extremo de modificar artículos constitucionales, pues de ese tamaño es el rediseño buscado, sobre todo en función de que los inversionistas ya apalabrados tengan la máxima seguridad jurídica (y sus gobiernos la plataforma legal que permita presiones, exigencias, demandas, en caso de que posteriores administraciones mexicanas o una eventual oposición social fuerte llegara a plantear revisiones o cancelaciones).
En aras de ese proyecto mayor, el
compartircon particulares las ganancias del proceso petrolero, el peñismo ha hecho concesiones de índole táctica a los dirigentes de los dos principales partidos que forman la oposición, que ha devenido en colaboración. Como suele ocurrir en toda transacción de grandes vuelos, antes del estampado de las firmas obsecuentes hay regateos y reparos.
En esta ocasión, los
opositoresdemandan una
reforma políticaque les permita argumentar una presunta obtención de
gananciasdemocráticas a cambio de lo petrolero. Los Pinos ofrece algunas cesiones en términos electorales, pero los gusmaderistas y los chuchos quieren más canicas políticas para defenderse ante previsibles reclamos. En esos y otros terrenos de regulación secundaria de anteriores reformas constitucionales están los atorones que han hecho que Peña Nieto incumpliera su propia promesa de presentar su propuesta esta misma semana, y que tampoco se haya podido definir aún la agenda de asuntos a tratar en un segundo periodo extraordinario de sesiones, a realizarse este mismo mes.
Cuando queden cerrados los tratos, esa maquinaria ajus-tada habrá de caminar a marchas forzadas y con paso marcial hacia su objetivo ya convenido. El equipo de Los Pinos ha comprobado que el calendario puede acomodarse conforme a las circunstancias, siempre y cuando la esencia de lo planeado se cumpla. Peña Nieto anhelaba presentar en su toma de posesión en San Lázaro el Pacto por México, pero el sol azteca tenía problemas internos que no permitían la presentación ensociedad del citado pactoen la misma ceremonia de instalación de Peña Nieto. El anuncio se hizo un día después, en el Castillo de Chapultepec, ya ajustados los intereses concurrentes.
Tan evidentes arreglos unita-rios de quienes aprobarán la reforma en el terreno legislativo son confrontados actualmente sólo por una dispersa discrepancia con poca organización y una graduación que va de la documentada irritación en ciertas franjas minoritarias bien informadas hasta el conformismo fatalista de las mayorías bombardeadas por la desatada propaganda oficial y oficialista de optimismo petrolizado. Las fragorosas tareas de afinación de la estrategia del aperturismo a lo privado sólo tienen como contrapunto anunciado el mitin en el Zócalo el próximo 8 de septiembre. Ya se verá si el tiempo y las circunstancias escogidas para el inicio de la resistencia social fueron las adecuadas o resultaron tardías.
Un grupo de investigadores del sector energético, que ha pedido que sus nombres sean omitidos para evitar acoso laboral, ha hecho llegar a esta columna un texto en el que da cuenta de los riesgos que implicaría la aprobación de la propuesta del peñismo y sus aliados respecto al gas esquisto, o shale.
Según el documento, se está frente a “una reforma cuyo eje principal es la privatización de nuestro petróleo y el fomento de la exploración y extracción del gas shale, un gas que no traerá empleo ni desarrollo, sino muerte y destrucción, dado que la técnica de extracción de dicho gas consume millones de litros de agua, hoy tan escasa en nuestro país y que, además, arrojará al ambiente cientos de sustancias altamente tóxicas”.
Plantean: “¿Por qué no invertir el dinero que se empleará para fracturar la tierra (en el caso del gas shale), en apoyo a las ciencias básicas y de aplicaciones para la implementación de tecnologías limpias? Al contrario, Conacyt ha disminuido el número de convocatorias para acceso a recursos económicos y ha concentrado los recursos pa-ra favorecer trabajos de investigación y desarrollo de tecnología que permitan jerarquizar, cuantificar, explorar y explotar yacimientos de gas shale (también conocido como gas lutita)”
Según esos empleados en áreas de energéticos del gobierno federal, éste “autorizó disponer de 3 mil 133 millones de pesos del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos para este propósito. ¿Por qué no continuar con el proyecto de las refinerías? ¿Por qué no considerar, desde ahora, una reurbanización con implementación de ecotecnologías y cambiar nuestra forma de vida? ¿Por qué no pensar en mejorar el transporte urbano, expropiar nuestros ferrocarriles mexicanos para masificar el transporte y tratar de disminuir el parque vehicular? ¿Por qué invertir en un espejismo si a nivel mundial se ha demostrado que la extracción de gas shale tiene fuertes impactos ambientales y a la salud; además de no garantizar su rentabilidad económica?”.
Por otra parte, el presidente del comité nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, ha escrito
El desastre, las cifras del neoliberalismo, un texto en el cual analiza y recopila las evidencias del fracaso al que han llevado a México las políticas aplicadas durante las décadas recientes por los gobiernos del PRI y el PAN. El libro comenzará a circular en próximos días, justamente cuando se agudiza el debate respecto a los proyectos neoliberales propuestos por el gobierno federal y sus aliados para
modernizarPemex. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Democracia inexistente, una confirmación más
Manuel Pérez Rocha
Ordena la Constitución:
El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto. Ese plazo vence el 25 de agosto. El Congreso inicia sus sesiones el día 20, por tanto dispondrá sólo de cinco días para estudiar, discutir y aprobar esa ley del INEE y las reformas a la Ley General de Educación.
reforma educativason tomadas mediante acuerdos cupulares, sin generar las consultas formales, mínimas, a los sectores legítimamente interesados. Sin duda los capitanes de esas cúpulas políticas sí estarán escuchando a los poderes fácticos (entre ellos Televisa y su membrete Mexicanos Primero), quienes se han ocupado de convertir a maestros y escuelas en chivos expiatorios del desastre nacional que los poderes fácticos han ocasionado.
El
anteproyectode ley del INEE que el Ejecutivo envío al Legislativo, al cual prácticamente no se ha dado difusión, tiene errores graves. A pesar de que la reforma a la Constitución, impuesta de manera precipitada y autoritaria, determina que
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, dicho anteproyecto es excesivamente parco al respecto. En primer lugar habrá que insistir en que la ausencia de instancias formales de participación de los sectores legítimamente interesados (estudiantes, maestros, padres de familia) ocasionará que el INEE se convierta, tarde o temprano, en un aparato burocrático central y autoritario. En vez de introducir en su organización formal estas instancias de participación, el anteproyecto de ley repite inútilmente, como de relleno, disposiciones ya establecidas en la Constitución. La Carta Magna también dispone que
La ley (del INEE) establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Estos
mecanismosy
accionesestán ausentes en el anteproyecto, o enunciadas genéricamente, de modo que aumenta el riesgo de que el INEE se convierta en un poder centralizado.
La reforma constitucional establece que
para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del INEE. El
anteproyecto de leyenuncia algunas finalidades y objetivos de este
sistema(tan vagas como la siguiente:
Ser un espacio de vinculación interinstitucional en donde se discutan y generen políticas para la evaluación), pero en ninguna parte define qué es este
sistema, cuáles los elementos que lo componen ni las relaciones entre ellos y las relaciones de ese sistema con el exterior. Es grave también la ausencia total de los conceptos autoevaluación y
coevaluación, y de las instancias y mecanismos que desarrollarían estas modalidades esenciales.
En el
anteproyecto de leyque discutirá el Congreso la educación aparece como resultado del Sistema Nacional de Educación
tal como lo define la Ley General de Educación, el cual está constituido por las instituciones escolares; ignora que no hay análisis serio de la educación contemporáneo que no reconozca que la educación es resultado de lo que se hace en las instituciones escolares, pero fuertemente condicionado por los efectos del
exterior. La omisión de este determinante contexto, tanto en la definición del
sistema nacional de evaluación educativacomo en las tareas del INEE, impedirá que las evaluaciones sirvan para comprender la verdadera problemática educativa y aportar elementos para su solución.
Aparentemente, los autores de estos proyectos legislativos se percataron de que es un error confundir evaluación con medición (error ya plasmado en la reforma a la Constitución) y han incorporado el término
valoraciónen las tareas del INEE. Sin embargo, esta compleja función, que debe ser esencia del instituto, es mencionada una vez y está ausente en el resto del anteproyecto, en el cual se reitera en la
medición. Se reafirma, pues, una concepción técnica de la evaluación. Lo grave es que no están previstos mecanismos e instancias que deben definir los elementos centrales de la
valoración–criterios–, definiciones que implican la solución de complejos retos políticos y filosóficos y en los cuales es esencial la participación de todos los actores interesados en la función educativa.
Minucias (y no tanto) en el Anteproyecto de ley del INEE: La expresión
a nivel nacionales a todas luces incorrecta, por el uso de la preposición
a(en vez de en) y por el hecho de que la nación no es nivel ni tiene niveles. De la misma manera, la expresión
impulsar la cultura de la evaluaciónexhibe el descuido de los autores en el uso inculto del término
cultura, imitación de quienes hablan de
cultura del no pagoo de cualquier otra
cultura, en vez de hábito, costumbre, práctica, vicio o algún término semejante. Lo peor es la frase
consecuencias formativas o sumativas de la evaluación. La expresión
consecuencias sumativascarece de sentido y revela una confusión entre los momentos de la evaluación y sus funciones. Finalmente, hay que advertir el carácter amenazante y delicado del encargo que se hace al INEE de difundir públicamente los resultados de las
evaluaciones de personas.
La participación amplia del magisterio en la elaboración y discusión de estos proyectos sin duda disminuiría la presencia de errores como los aquí señalados, y sobre todo, daría un mínimo de realidad a
nuestra democracia.
Afinando detalles-Hernández 
Insensibilidad ante el inminente fracaso
Napoleón Gómez Urrutia
Existen actualmente en la vida pública de México diversos asuntos que preocupan. Es tan grave su importancia, que ellos no pueden ni deben ser tratados con ligereza ni con desenfado. Todos ellos son conocidos, merced a las noticias y denuncias publicadas en los diversos medios de difusión, con especial acento por el diario La Jornada, que con ello hace honor a su compromiso de informar bien y a fondo sobre los problemas nacionales.
Aunado a lo anterior, el sábado 3 de agosto se informó que entre mayo y junio de este 2013 hubo la mayor fuga de capitales en los últimos 20 años, o sea, desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Esta fuga fue de 178 mil millones de pesos. Estos capitales fueron reportados como
golondrinos, ya que estaban colocados en títulos del gobierno federal en moneda nacional, que ha sido una de las variantes de inversión con que sin riegos el capital privado extranjero opera en México. El banco central no informó sobre las causas de esta fuga, o tal vez titubeó como suele hacerlo regularmente en circunstancias similares.
A su vez, la deuda pública se elevó a su mayor nivel en el siglo XXI, según informó el jueves primero de agosto la Secretaría de Hacienda, y llegó a 6 billones 62 mil millones de pesos (donde los billones son millones de millones) y el incremento más significativo ocurrió con Calderón en la Presidencia. Esta deuda equivale nada menos que a 38.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque para esa dependencia
la economía de México continúa en expansión, pero a un ritmo menor.
Estos datos pueden ponerse en contraste con otros no menos importantes, y se llega a la conclusión de que las cosas no andan para nada bien en el país. Por ejemplo, que las exenciones tributarias superarán en 2013 lo que se capte con el IVA, con lo cual Hacienda dejará de obtener 643 mil millones de pesos por tasas bajas y subsidios, sobre todo a favor de las grandes empresas, según lo informó el sábado 27 de julio el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Lo que agudiza más las cifras presentadas, que no son las únicas en ese sentido, es la publicación que hizo el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre el rango de la pobreza en nuestro país. El 29 de julio este organismo aportó cifras que indican la gravedad del problema, que no ha disminuido sino aumentado. Aunque en algunos medios se ha pretendido restar importancia al asunto, señalando que los pobres en extremo han reducido mínimamente su número, no han podido ocultar que la pobreza se mantiene por arriba de 51.6 por ciento de la población total, o más de 60 millones de habitantes, lo cual es un llamado urgente de total alerta para corregir esa realidad.
La forma de hablar en los discursos oficiales y la política económica no pueden descansar más en los limitadísimos programas asistencialistas, de sólo dar mendrugos, que desde hace varias décadas se vienen aplicando, sobre todo en el campo mexicano, que es donde los índices de indigencia llegan a niveles verdaderamente lacerantes. La tarea es cambiar la estrategia, introducir un verdadero esquema de responsabilidad compartida y sacudir económica y socialmente al país para abrir nuevas perspectivas a la gente.
Todo este diagnóstico indica que no hay políticas equilibradas ni congruencia, y menos equidad, para enfrentar tantos y tan graves problemas. Mientras los que más tienen ganan más y por añadidura se les exentan o devuelven impuestos, o sea, los más ricos. A los demás se les mantienen altísimas cargas de tributación fiscal y, paralelamente, cada día se aumentan los precios de las mercancías básicas para el consumo humano y los servicios, como la gasolina y la energía eléctrica, que afectan la economía popular.
Hay una inconciencia nacional, no hay rumbo ni destino, nadie está haciendo nada para enfrentar este cúmulo de problemas. Hay insensibilidad y egoísmo en los sectores dirigentes de la economía y la política de México. Nadie los está viendo en conjunto, pero esta breve visión nos indica que hay muchas cosas que están muy mal. Prosiguen la insensibilidad y la impunidad.
En resumen, México está pasando por una delicada situación: mayor desempleo, incremento de la pobreza, menores inversiones, más fuga de capitales, exenciones fiscales para los más ricos y mayores impuestos para los que menos tienen. La concentración de la riqueza aumenta exponencialmente, la inseguridad se mantiene y todo camina en aparente calma.
De ahí que, o establecemos y peleamos por un nuevo modelo de desarrollo que ponga primero a la gente y que se base en la democracia y la justicia económica y social, o la crisis será más profunda y el futuro cada vez más incierto.
Nomás preguntando-Fisgón 
¿Se puede vencer la pobreza?
Adolfo Sánchez Rebolledo
La divulgación de las cifras del Coneval confirmó las peores previsiones en materia de pobreza y desigualdad. Dichos datos deberían ser suficientes para levantar un escándalo nacional o, por lo menos, para hacer sonrojar a los responsables del fracaso acumulado a través del tiempo. Sin embargo, la declaración oficial reclamando la necesidad de retomar la ruta del crecimiento económico como única forma de avanzar apenas sonó un par de días, pero no sacudió al país, no vimos a los partidos en el Congreso exigir mayores explicaciones o un programa de emergencia, por no hablar de la necesaria rectificación de las políticas económicas que debiera acompañar la certeza de que estamos ante un camino agotado. Nada de eso hubo.
El combate a la pobreza, visto con rigor, jamás ha estado dirigido a extinguirla, si eso fuera posible aquí y ahora, sino a mantenerla a raya, a evitar que la situación sin futuro de millones se convirtiera en una incubadora de conflictos sociales inmanejables. Nadie desprecia la aplicación de esas políticas que salvaguardan los mínimos derechos humanos, pero tampoco hay alguien en pleno uso de su salud moral capaz de sentirse satisfecho con los niveles de bienestar que marcan a la sociedad mexicana en pleno siglo XXI. Vemos cómo se multiplican las obras de caridad, las fundaciones de beneficencia, esos intentos, algunos muy acertados y rescatables, de acercar a la gente del dinero con los desventurados de la vida. Pero cuando hablamos de millones de seres humanos nada de eso es suficiente. Está bien que unos cuantos ricos deseen salvar sus almas, aunque la urgencia está en darle medios a todos los ciudadanos para lograr una existencia digna, al menos sin hambre y sin violencia. Por desgracia, aunque la realidad me retrotraiga al abecedario determinista, el asunto está enhebrado con el tipo de economía que impone sus reglas y decide qué es bueno y qué no es aceptable. Y cuando se trata de ir a las causas, hay que buscar en la economía política y, por tanto, de la actuación del Estado. A veces se da por supuesto que todas las fuerzan que interactúan a escala estatal comparten un mismo horizonte y basta con que abandonen el
egoísmode los intereses particulares para lograr grandes acuerdos. Sin embargo, la realidad no es así y lo normal es el
conflicto, modulado por el derecho, como prescribe la teoría. Con ello quiero decir que en la correlación de fuerzas, el tamaño sí importa. La finalidad, el propósito también. La acción contra la pobreza y, en general, el desafío a los mecanismos que al reducir la participación del trabajo fomentan la inequidad, requiere de sujetos activos, permanentes, capaces de construir y hacer cumplir sobre las necesidades medibles y
subjetivasun entramado de derechos respetados por el Estado. Eso es vital para cambiar el rumbo. El empantanamiento de la pobreza está relacionado también con el cierre de los espacios al movimiento social y sus organizaciones, con el culto al individualismo como sustento de la
democracia ciudadana. Fue la cancelación de los objetivos de justicia social que, mal que bien, inspiraron el arreglo constitucional, la que permitió sustituir al
Estadopor el
mercado, con el pretexto de asegurar la
modernizacióncapitalista aun cuando ésta anulara el trabajo de la gente como fuente de productividad y riqueza,
compensando, o tratando de atenuar, la desigualdad creciente con políticas de ayuda social que por sí mismas son ajenas a la necesidad de crecer y redistribuir el ingreso.
No son las políticas sociales las que han fracasado, como aprovechan para decir los santones del liberalismo de mercado, sino la incapacidad del régimen para integrar en una perspectiva sustentada en el bien común, esto es, en el propósito explícito de poner en máxima tensión las coordenadas de un proyecto de desarrollo nacional bajo las exigencias de la globalización .
Esas fuerzas son las mismas que se empeñan en hacer creer al país que el drama nacional proviene esencialmente de la ausencia de recursos para atender las necesidades en expansión de nuestra población, sin mencionar, ni siquiera de pasada, cómo es que –más allá de la sabiduría contable– podría erigirse una alternativa que no consista en rematar el patrimonio y los recursos nacionales, esto es, una idea que una en un discurso coherente la necesidad de ciertas reformas.
Lamentablemente, lo cierto es que entre los grupos dirigentes predominantes, el tema ya no es cómo renovar o dar nueva vida al proyecto histórico de México, sino cómo desmantelar esa herencia sin dictar el fin de la hegemonía política de los que ahora mandan. ¿Puede alguien imaginar cómo sería la relación de la alta burocracia con los dueños de las nuevas empresas petroleras asentadas en México, una vez modificada la Constitución? ¿Podría desarrollarse la democracia pluralista sin su previsible intervención? Es la hora de comenzar a dar las respuestas.
P.S. Para Raúl en la vuelta del Cometa. Abrazos. Fito
No hay comentarios:
Publicar un comentario