Ataques a la libre expresión- «Terrorista», acusación ideal para callar periódicos

La delincuencia organizada se ha constituido en abierta amenaza a la democracia, señala

Preocupa la evidente intervención del crimen en elecciones: Calderón

Es imperdonable que se le regateen a México las reformas estructurales que necesita, insiste

El presidente Felipe Calderón ofreció ayer un mensaje en el Campo Marte de la capitalFoto Cristina Rodríguez

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Lunes 5 de diciembre de 2011, p. 5

Con un discurso centrado en el tema de la inseguridad, el presidente Felipe Calderón ofreció su mensaje con motivo de su quinto año de gobierno, en el que advirtió que la delincuencia organizada se ha constituido “en una abierta amenaza a la democracia.

La intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales es un dato nuevo y preocupante, un dato al que ningún partido político puede permanecer silente u omiso; es una amenaza para todos y a la que juntos, sin titubeos, debemos cerrarle el paso.

Calderón dedicó más de la mitad de su intervención –de 80 minutos– a la seguridad, lamentando que todavía hace falta una visión, una verdadera visión de Estado, una en la que todas las fuerzas políticas apoyen con claridad la lucha por la seguridad y tengan claro que ésta no es sólo de un gobierno ni de un presidente, ni de un partido: es una lucha por el futuro de los mexicanos, en la que todas las fuerzas políticas deben respaldar sin dobles discursos, sin regateos, su repudio unánime al crimen organizado y a la violencia que genera.

En esta lucha contra la criminalidad no hay espacio para mezquindades ni para cálculos políticos, porque hablamos de un mal que representa una amenaza a la viabilidad del Estado mexicano, y una amenaza clara, cada vez más obvia, a la democracia nacional.

Una y otra vez, el Presidente fustigó a quienes han demandado no meterse con los criminales, no enfrentarlos. Insistente en encarar a esos críticos, a quienes siempre se refiere en tercera persona, sin jamás ubicarlos, dijo que se equivocan rotundamente, porque no confrontar a los delincuentes es lo que favoreció su crecimiento durante décadas.

El jefe del Ejecutivo agradeció especialmente a su gabinete de seguridad, lo que hizo extensivo a soldados, marinos y policías federales por su compromiso. Abrió un espacio para evocar a sus dos secretarios de Gobernación fallecidos: Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora.

También exaltó su política económica, que le permitió paliar la crisis mundial con el menor de los costos sociales. Destacó que a pesar del difícil entorno y de la inseguridad en el país, se lograron captar 100 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, la más alta en un periodo similar.

Sostuvo que su gobierno enfrentó la crisis con prudencia y sensatez, evitando salidas fáciles, como el endeudamiento o el dispendio. Se impidió regresar a escenarios de inflaciones galopantes o crisis recurrentes, que tanto se sufrieron en el pasado.

Hizo referencias a la economía, entre las que enfatizó un crecimiento de 4 por ciento en 2011 –en un entorno en que ni en Estados Unidos ni en Europa habrá crecimiento la próxima década, pues se concentrará en Asia y América Latina– y la generación de 815 mil empleos en este año, y un millón 670 mil desde 2009, el punto más alto de la crisis.

Sus alusiones económicas le dieron pie para criticar a quienes no han aprobado las reformas, sin referencias explícitas: es imperdonable que se le nieguen, que se le regateen a México las reformas estructurales en materia económica que tanto necesita el empleo de los mexicanos. Se requiere, dijo, una reforma laboral para acelerar la generación de empleos, y apremió a aprobar la reforma sobre asociaciones público-privadas para impulsar la inversión en infraestructura.

Sería irresponsable dejar estancado a México y a la zaga del crecimiento que necesitamos, al que tenemos derecho. Sería irresponsable marginarle esa oportunidad, porque existan intereses particulares muy específicos que frenan estas decisiones estratégicas.

Otro aspecto que resaltó fue la política social, de la cual, afirmó, se benefician, mediante el programa Oportunidades, 30 millones de personas. Subrayó la construcción de infraestructura en salud y la ampliación del Seguro Popular, para alcanzar la cobertura universal de la población, por lo que llamó a su gobierno el sexenio de la salud.

Con el año electoral en marcha, Calderón hizo anuncios de mayores beneficios sociales. Subrayó que el programa 70 y Más, mediante el cual se apoyó a los adultos de esa edad en el sector rural, será aplicado en 2012 en las zonas urbanas de más alta marginación. Exaltó la construcción de 96 nuevas universidades y mil preparatorias, así como la ampliación de 50 campus; anunció el incremento de becas para el próximo año, aunque sea medias becas.

Esto lo contrastó con los retrocesos que en materia social se registran en Europa, donde se han reducido las pensiones a los adultos mayores, se han cerrado escuelas y cancelado becas. Aseveró que esto forma parte, también, de su estrategia contra el crimen organizado, en lo concerniente a la reconstrucción del tejido social.

Al abundar en la seguridad, demandó complementar el paquete de reformas legales, como la de seguridad nacional o la de lavado de dinero, para contener al crimen organizado, cuyo efecto es expansivo. Si antes el negocio sólo era el tráfico de droga a Estados Unidos, ahora el narcomenudeo en México ha acendrado la violencia, pues hay una disputa por el territorio de los criminales, que han sido más crueles para intimidar a las bandas enemigas.

Manifestó que su gobierno ha detenido a 21 de los 37 delincuentes más buscados, se avanzó en reformas para garantizar los derechos humanos, actuándose en los casos en que se ha incurrido en excesos. Se avanzó en la depuración de los mandos policiacos federales, pero tristemente no ha habido el mismo avance en los estados donde no se han aplicado los exámenes de control de confianza.

Al acto acudieron el gabinete en pleno, algunos gobernadores y centenares de invitados de dependencias federales. Asimismo estuvieron los tres aspirantes a la candidatura presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel. Este último planteó la necesidad de que se alcance un pacto anticrimen entre quienes buscan la Presidencia.

Igualmente el coordinador de los diputados panistas, Francisco Ramírez Acuña, coincidió con Calderón en criticar a algunas fuerzas políticas por impedir las reformas estructurales. Él sí se refirió expresamente al PRI como el obstáculo central.

Negocio redondo-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Ataques a la libre expresión

Terrorista, acusación ideal para callar periódicos

La imputación de complicidad con terroristas ha dado pie a clausura de medios, encarcelamiento, tortura y aun asesinato de periodistas en muchas partes del mundo

Policías militares estadunidenses miran a un detenido quien, tras ser interrogado, llegó herido a la base de Guantánamo, Cuba, el 2 de febrero de 2002Foto Reuters

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 5 de diciembre de 2011, p. 2

Nueva York, 4 de diciembre. Un ex presidente de Colombia calificó de simpatizantes del terrorismo a reporteros del Washington Post por criticar a su gobierno; seis periodistas independientes fueron encarcelados acusados de vínculos con el terrorismo en Etiopía; un periódico vasco fue cerrado más de siete años al ser acusado de asociación con el terrorismo; en Estados Unidos, uno de los periodistas más destacados fue acusado de terrorista por un asesor del Pentágono, y un medio árabe ha sido amenazado repetidamente al ser acusado de lo mismo.

Son sólo algunos de decenas de ejemplos –todos denunciados por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos y defensa de la libre expresión– de cómo la acusación de terrorismo o de cómplice del terror contra periódicos y periodistas ha justificado detenciones, cierre de medios, desapariciones, asesinatos, amenazas y aun tortura en todo el mundo: de Estados Unidos a Etiopía, de Colombia a las ex repúblicas soviéticas, de España a Turquía.

Además de justificar guerras y muertes de cientos de miles de civiles, campos de concentración (Guantánamo), rendiciones (secuestro y encarcelamiento clandestino en terceros países), tortura y operaciones encubiertas de todo tipo contra países y poblaciones enteras (Irak, Afganistán, Somalia, Palestina, Chechenia, el País Vasco, la población negra de Sudáfrica durante el apartheid), la etiqueta de terrorismo frecuentemente se usa para descalificar y exponer la vida de críticos, opositores y reporteros (desde movimientos de resistencia, opositores de regímenes, el macartismo) que se atreven a informar algo más que las versiones oficiales.

Desde el poder

Quién define quién es terrorista o no depende de los que tienen el poder. Vale recordar que los fundadores del talibán y los integrantes de Al Qaeda fueron llamados, en los ochenta, luchadores por la libertad y equivalentes morales a nuestros padres fundadores por nada menos que el presidente Ronald Reagan cuando los invitó a la Casa Blanca, en momentos que batallaban contra el régimen terrorista de la Unión Soviética. Igual los movimientos de liberación fueron llamados terroristas por regímenes dictatoriales que afirmaban defender a la patria, como en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, El Salvador, España, o más recientemente el derrocado régimen de Hosni Mubarak, en Egipto, o la retórica permanente de Israel. Nelson Mandela y su organización, el Congreso Nacional Africano, fueron calificados de terroristas por el régimen blanco sudafricano y por Washington y otros gobiernos durante la lucha contra el apartheid.

Sobre todo después del 11 de septiembre de 2011, cuando George W. Bush reafirmó la guerra contra el terrorismo (la primera proclamación de una guerra contra el terrorismo fue la de Reagan, que incluyó Centroamérica), medios y sus trabajadores han sido tachados una y otra vez de cómplices o colaboracionistas de terroristas, tanto por contrincantes como por gobiernos.

Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Human Rights Watch y otras organizaciones de defensa de comunicadores y derechos humanos han documentado decenas de casos que continúan hoy día.

Espionaje de Álvaro Uribe

Tal vez el caso reciente más notable fue cuando el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó de cómplices del terrorismo a reporteros del Washington Post en agosto de 2011. En respuesta a un reportaje de cómo el gobierno de Uribe había destinado la asistencia estadunidense antinarcóticos a unidades de inteligencia para realizar operaciones de espionaje y campañas de difamación contra jueces de la Suprema Corte, opositores políticos de Uribe y agrupaciones de sociedad civil, el ex presidente, en su cuenta de Twitter, escribió: Qué tristeza que a nuestro gobierno lo difamen simpatizantes del terrorismo.

Uribe envió una carta al editor del Post, que se publicó, donde afirmó que los reporteros habían actuado de manera imprudente y sin rigor al presentar acusaciones difamatorias y poner en peligro la imagen de Colombia y mi administración sin una evaluación imparcial de los actos y testimonios. Subrayó que él siempre había promovido, como parte esencial de la democracia, la libertad de expresión.

Pero cuando esa libertad de expresión fue contraria a su posición, su primera reacción fue acusar a sus críticos de simpatizantes del terrorismo. Su respuesta provocó una llamada de atención del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) en Estados Unidos, que expresó su preocupación por los comentarios de Uribe, que “podrían poner en peligro a los periodistas Juan Forero y Claudia Julieta Duque [que junto con Karen DeYoung escribieron el reportaje para el Post] y poner en jaque a la libertad de prensa en el país”. Recordaron que Uribe no sólo los acusó de simpatizantes del terrorismo, sino también de cómplices de guerrilleros izquierdistas. Carlos Lauria, encargado del programa para las Américas del CPJ, afirmó que Uribe tiene que abstenerse de hacer acusaciones sin base contra periodistas [Forero y Duque]. En el contexto de Colombia, tales comentarios son extremadamente peligrosos.

No fue la primera vez que Uribe motivó quejas de defensores de periodistas. En múltiples ocasiones había acusado de estar ligados al enemigo a reporteros en su país que se atrevían a revelar asuntos contrarios a la línea oficial u ofrecer voces disidentes . Por ejemplo, en febrero de 2009, CPJ y Human Rights Watch enviaron una carta al presidente, donde le escriben: Objetamos las acusaciones que usted y otros integrantes de alto rango de su gobierno hicieron esta semana vinculando al periodista colombiano Hollman Morris al grupo guerrillero izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esas serias afirmaciones ponen en peligro la vida del periodista y ponen en jaque la libertad de prensa en su país.

Le recuerdan que su ministro de Defensa acusaba a Morris de ser cercano a los guerrilleros, mientras el procurador general, por órdenes del presidente, anunció que iniciaría una investigación criminal por posibles nexos de Morris con el terrorismo. Uribe acusó a Morris de esconderse detrás de su periodismo para ser un cómplice pasivo del terrorismo. CPJ y Human Rights Watch instaron a Uribe a que se retractara y que él y su gobierno se abstuvieran de acusar a miembros de los medios de tener nexos con actores armados, sin ninguna prueba.

Pero el caso de Morris es aún más complicado. Washington aparentemente aceptó las acusaciones de cómplice del terrorismo que Uribe y su gobierno lanzaron contra un periodista que había informado repetidamente sobre los nexos de paramilitares derechistas con altos funcionarios del gobierno de Uribe. A mediados de 2010, funcionarios consulares estadunidenses en Bogotá informaron a Morris que su visa para viajar la Universidad Harvard –donde había sido invitado a estudiar después de que se le otorgó la prestigiosa beca Nieman– le había sido negada conforme a normas de la Ley Patriótica relacionadas con actividades terroristas, reportó Frank Smyth, del CPJ. Fue la primera vez en la historia de la Fundación Neiman que a un periodista se le prohibía viajar a este país no por el gobierno de su país, sino por Estados Unidos.

Múltiples organizaciones, desde el CPJ a Human Rights Watch, el Open Society Institute, la Unión Americana de Libertades Civiles, el PEN, la Asociación Interamericana de Prensa y hasta la OEA solicitaron que el Departamento de Estado revirtiera su decisión. Finalmente ganaron y a Morris se le otorgó la visa. Inmediatamente después fue de nuevo amenazado de muerte.

De Etiopía al País Vasco

Hay muchos casos más en el mundo, donde medios y periodistas han sido atacados por gobiernos u otras entidades con la acusación de cómplices del terrorismo.

En noviembre pasado, un juez de Etiopía acusó a seis periodistas de terrorismo según las leyes antiterroristas de ese país (con ello, ahora son 10 los acusados desde junio), reportó el CPJ. Los cargos eran ayudar, asistir y apoyar a un grupo terrorista, según el gobierno, pero el CPJ y otros afirman que los cargos carecen de pruebas, y señalan que por lo menos dos de ellos habían sido detenidos anteriormente por reportajes críticos de las acciones represivas del gobierno. En 2009, dos de ellos, editores de un rotativo, cerraron su periódico después de amenazas de arresto. A escala global, Etiopía es uno de los países que más han encarcelado periodistas o los han enviado al exilio.

Dos periodistas independientes suecos fueron arrestados en julio en Etiopía y acusados de vínculos con terroristas mientras viajaban con unidades de un movimiento separatista calificado de terrorista por el gobierno, informó The Guardian. Reporteros Sin Fronteras instó al gobierno a anular los cargos de apoyo a grupo terrorista, al subrayar que ambos detenidos son periodistas reconocidos que no tienen nada que ver con terroristas.

En 2010, después de que hace siete años el periódico vasco Euskaldunon Egunkaria fue obligado a cerrar cuando los cinco periodistas que lo dirigían fueron acusados de vínculos con el terrorismo, en este caso con ETA, un juez del Tribunal Nacional finalmente descartó los cargos presentados primero en 2003 por falta de cualquier prueba. Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones, había denunciado durante los últimos años la clausura del periódico motivada por las acusaciones de terrorismo.

Al parecer, periodistas y medios son frecuentemente acusados sin pruebas de ser cómplices de terrorismo, obligando a los acusados –si es que no están encarcelados, torturados, desaparecidos o exiliados– a comprobar su inocencia en un mundo que desde 2001 está preparado para matar primero y hacer preguntas después, en esta proclamada guerra contra el terrorismo.

Reclamos improcedentes y signos preocupantes

Ayer, al pronunciar un discurso sobre el balance de su quinto año de gobierno, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, fustigó a las fuerzas políticas que no han querido aprobar las reformas estructurales que tanto necesita el país para que siga avanzando por el camino del crecimiento y la generación de empleos. Tales expresiones resultan desafortunadas, por el tono de reclamo en que son formuladas y porque, en lugar de consolidar un ambiente de colaboración entre los distintos actores políticos del país, lo enrarecen.

La ausencia de las reformas estructurales a que hizo referencia el político michoacano tendría que ser vista como consecuencia de la incapacidad de negociación del actual gobierno: a fin de cuentas, Felipe Calderón contó, por lo menos durante la primera mitad de su administración, con el apoyo de una oposición benévola en el Congreso –representada por las bancadas del PRI– que desempeñó un papel de primera importancia en su arribo a la Presidencia y que mantiene con el partido en el poder coincidencias en el proyecto económico, en materia de seguridad pública y hasta en posturas autoritarias. Por otra parte, la falta de capacidad del gobierno para lograr apoyos legislativos parece un colofón lógico a la inestabilidad que han imperado en el gabinete calderonista durante el último lustro: en ese tiempo, ya sea por circunstancias trágicas o por acuerdos y ajustes políticos, el equipo de gobierno ha sufrido más de una veintena de ajustes en sus filas, cinco de las cuales han tenido lugar precisamente en la dependencia que debiera coordinar el diálogo con las distintas fuerzas políticas: la Secretaría de Gobernación.
Es pertinente detenerse en otro aspecto de la alocución presidencial de ayer: los señalamientos de que “la pasividad de los gobiernos –sin especificar cuáles– terminó ayudando a la expansión de los cárteles” en el país; de que la violencia que se desarrolla en el territorio constituye una amenaza para todos y a la que juntos sin titubeos debemos cerrarle el paso, y de que para ganar, es necesario que todas las fuerzas políticas expresen, sin regateos, su repudio (a la delincuencia). No hay espacio para mezquindades ni cálculos políticos.
Desde los primeros días de la actual administración, muchos sectores políticos y sociales advirtieron que la guerra contra la delincuencia, tal como el propio Calderón la formuló y emprendió, estaba condenada al fracaso, pues acusaba errores de índole táctica, estratégica y hasta jurídica –como el empeño de involucrar a las fuerzas armadas en tareas que les son constitucionalmente ajenas–, y no atacaba las causas originarias de la delincuencia.

Ahora, cuando los saldos de la estrategia hacen evidente su fracaso –más de 50 mil muertos, alrededor de 10 mil desaparecidos y cientos de miles de desplazados–, no es útil ni decoroso que el gobierno atribuya el crecimiento y expansión de los fenómenos delictivos a la indolencia y la permisividad de los gobiernos: sería preferible que el jefe del Ejecutivo asumiera ese fracaso como propio o bien lo endosara a terceros, pero con nombres y apellidos y mediante imputaciones precisas. Otro tanto puede decirse de su declaración sobre la intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales, pues si tiene pruebas de la intromisión de los delincuentes en las campañas y los comicios, lo procedente sería que las hiciera públicas y las presentara ante las instancias legales correspondientes.

En cambio, la sola referencia a esa intromisión por el titular del Ejecutivo federal introduce un factor de distorsión en el proceso electoral ya en curso. Hasta ahora el gobierno calderonista ha hecho un uso faccioso de la procuración de justicia y se ha lanzado, en forma injustificada y presumiblemente electorera, contra opositores a los que ha acusado, sin pruebas, de vínculos con la delincuencia organizada: baste citar, como botón de muestra, la detención en mayo de 2009 de una treintena de funcionarios públicos y representantes populares michoacanos, surgidos en su mayor parte de la oposición y a la postre liberados, ante la imposibilidad del gobierno de probar delito alguno.

En el enrarecido clima político actual, las palabras de Calderón constituyen, pues, un motivo adicional de alarma, pues con ellas el régimen se hace de un instrumento que, a juzgar por antecedentes, puede ser usado como herramienta ilegítima de intervención del Ejecutivo en las campañas y en los comicios. Y el México de 2011 no está para permitir otra elección cuestionada e irregular, como la que tuvo lugar en 2006, cuyas consecuencias aún afectan a las instituciones, a la sociedad y a la misma administración calderonista.