No hay más culpable que el gobernador: normalistas- Ayotzinapa: esclarecimiento, ya

No hay más culpable que el gobernador: normalistas

Arturo Cano y Sergio Ocampo

Enviado y corresponsal

Chilpancingo, Gro., 16 de diciembre.

El grito de los normalistas rurales llega para quedarse y no es guadalupano: ¡12 de diciembre, no se olvida! Arranca la marcha de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y sus compañeros de otras partes del país. En la primera parada, frente al palacio de gobierno, los normalistas estacionan el autobús que apenas a finales de septiembre les entregara el gobernador Angel Aguirre. Se lo devuelven, con algo de pintura que simula sangre sobre

el logotipo del gobierno estatal, las llaves puestas y una manta: Te lo cobraste con las vidas de dos estudiantes.

La marcha de los normalistas rurales es de una disciplina casi militar. Abre una banda de guerra que no para de batir tambores y soplar cornetas mientras sube y baja las calles de la capital de Guerrero, para pasar frente a la residencia oficial del gobernador y

 arribar al zócalo horas más tarde. Los normalistas se detienen frente a edificios vacíos –el palacio de gobierno, el

No hay más culpable que el gobernador: normalistas

Arturo Cano y Sergio Ocampo

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 17 de diciembre de 2011, p. 36

Chilpancingo, Gro., 16 de diciembre. El grito de los normalistas rurales llega para quedarse y no es guadalupano: ¡12 de diciembre, no se olvida! Arranca la marcha de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y sus compañeros de otras partes del país. En la primera parada, frente al palacio de gobierno, los normalistas estacionan el autobús que apenas a finales de septiembre les entregara el gobernador Angel Aguirre. Se lo devuelven, con algo de pintura que simula sangre sobre el logotipo del gobierno estatal, las llaves puestas y una manta: Te lo cobraste con las vidas de dos estudiantes.

La marcha de los normalistas rurales es de una disciplina casi militar. Abre una banda de guerra que no para de batir tambores y soplar cornetas mientras sube y baja las calles de la capital de Guerrero, para pasar frente a la residencia oficial del gobernador y arribar al zócalo horas más tarde. Los normalistas se detienen frente a edificios vacíos –el palacio de gobierno, el Congreso–, sin que la policía los moleste. Y retoman su andar en ordenadas filas.
Cuando llegan al zócalo, al filo de las cuatro de la tarde, los muchachos y muchachas toman sus lugares, se forman como pronto formarán a sus alumnos después del recreo.
Naturalmente, pasan lista. Desfilan los nombres de las poblaciones que albergan las escuelas creadas a partir del cardenismo. Tiripetío, Cañada Honda, Teteles, Atequiza, Mactumatzá, Tamazulapan, Amilcingo, Hecelchakán. La mayoría de los marchistas son jovencitos de las normales rurales. Los acompaña un grupo de padres de familia.
Vienen también, aunque en escasos números, organizaciones sociales guerrerenses agrupadas en el Frente de Masas, la versión local de la CNTE, productores de la Costa Grande, opositores a la presa La Parota e incluso algunos de los dirigentes emblemáticos de Atenco. Los sectores más radicales del movimiento social guerrerense, si se quiere, o bien los que no buscan diputaciones ni alcaldías en los comicios del año venidero.
En la mira de esas organizaciones está el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, a quien muchos responsabilizan del operativo que derivó en el asesinato de los estudiantes.
Los estudiantes apuntan más arriba. No hay más culpable que el gobernador Aguirre, quien dio la orden de desalojo, dice Daniel Gómez Ruiz, uno de los dirigentes Ayotzinapa.
En el mitin frente al Congreso del estado, Manuel Olivares anuncia que abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregaron a la Cámara de Diputados, a las dos de la tarde, la solicitud formal de juicio político contra el gobernador.
En las filas del PRD, por lo demás, hay molestia porque el gobernador sólo entregó las cabezas del procurador, Alberto López Rosas, y del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, ambos con larga militancia en ese partido.
Con la investigación en manos del gobierno federal, al gobernador Aguirre le sobran frentes abiertos.

Las viejas demandas

Algunas de las demandas de los estudiantes eran, antes de los asesinatos de sus compañeros, tan viejas como las normales rurales. Es el caso del aumento de la matrícula y el incremento de la cuota para alimentación. Desde los años cincuenta, recuerdan aquí viejos profesores, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) exigía aumentar el cupo de las escuelas para dar cabida a algunos de los gaviotas, muchachos que sin estar inscritos asistían de oyentes a las clases con la esperanza de que pasado un tiempo les dieran un lugar. Les llamaban gaviotas porque sólo entraban al comedor cuando los alumnos regulares terminaban. A comerse lo que había sobrado, claro.

La otra demanda antigua es el aumento de la cuota para comida. Los de Ayotzinapa lograron que Aguirre aceptara pasar de 10 a 50 pesos diarios por cabeza. La exigencia antigua de la FECSM era que se les pusiera al parejo del Colegio Militar, porque decían que los caballos del Ejército comían mejor que ellos.
Otra petición más reciente tiene que ver con el adelgazamiento demográfico, según las autoridades, y con la intención de desaparecer las escuelas, según los normalistas. Los estudiantes exigen tener una plaza segura al egresar y las autoridades dicen que esos tiempos pasaron.

Pero el asunto que verdaderamente tenía atorado el conflicto con los normalistas era el nombramiento del director. Los maestros de la escuela propusieron a uno de ellos, Eugenio Hernández Martínez, pero los estudiantes lo rechazan porque lo acusan de corrupción, y demandan se nombre a un externo. El gobierno de Aguirre incluso le ofreció el cargo al veterano luchador social Pablo Sandoval (93 años), reciente recipiendario de la medalla Sentimientos de la Nación, que otorga el Congreso del estado.

El caso es que el gobierno de Aguirre fue incapaz de resolver ese asunto durante dos meses, periodo durante el cual los maestros se negaron a dar clases.

El conflicto, igual, ya pasó a otro terreno y quizá por eso esta mañana la secretaria de Educación, Silvia Romero, desayunaba tranquilamente con un grupo de periodistas amigos.

La represión ayer y hoy

Un grupo de ex alumnos de Ayotzinapa marcha al lado de los estudiantes de hoy y recuerda que la historia es vieja. Macario Cruz fue a la cárcel a principios de 1998, cuando era presidente de la FECSM. Estuvo tres meses y cuatro días luego de dos violentos desalojos. Las demandas eran las mismas. Y también el gobernador, porque Aguirre fue el sustituto de Rubén Figueroa, tras la matanza de Aguas Blancas, y concluyó el periodo de El Tigre de Huitzuco en marzo de 1999.

Y también anda por aquí Ernesto Ramírez, quien 11 años atrás, en 1988, vio morir al normalista campechano Juan Manuel Huikán, en la desviación que conduce a la escuela.

–¿Y cuáles eran las demandas entonces?

–Las mismas. Comíamos puros frijoles descompuestos.

Los normalistas de generaciones anteriores aseguran que otros gobernadores visitaron Ayotzinapa. El mismo Aguirre, Figueroa, Ruiz Massieu, pero siempre fue a fuerza.

En septiembre pasado, en cambio, Aguirre fue recibido con honores. Por eso me parece cómica su doble careta, dice Ramírez.

A unos pasos de los maduros normalistas está, sentada en el prado a la espera del arranque de la marcha, una muchacha menuda de rostro apacible y tenis morados. Se llama Anel Cruz, es maestra de telesecundaria y trabaja en una comunidad serrana. Todos los viernes viajaba seis horas hasta Ayotzinapa, para pasar el fin de semana con su novio. No lo hará más.

El lunes, Alexis Herrera Pino, El Güero, fue uno de los caídos en la Autopista del Sol.

Anel y Alexis comenzaron de novios en segundo de preparatoria. Una relación de seis años que ella cuenta así: Estaba muy contento porque se acercaba el final de su carrera. Le desesperaba que yo ya estuviera trabajando y él no.

Anel cuenta también que Alexis era muy trabajador, porque su papá le enseñó a hacer de todo. Y era además un gran deportista, se lo peleaban los equipos de basquetbol allá en El Papayo (Atoyac).

El mayor gusto de la joven pareja era ir al cine. La última película que vieron fue Amanecer.

¿El futuro? Sí, teníamos planes de formar una familia en cuanto él comenzara a trabajar.

Lo que resiste apoya

El mitin de los estudiantes en el zócalo retrasa el informe del alcalde Héctor Astudillo, alguna vez candidato a la gubernatura (perdió frente a Zeferino Torreblanca).

Quince minutos antes de las nueve, ya sin estudiantes a la vista, Astudillo sale del ayuntamiento y se sube a una camioneta blanca que él mismo maneja.

El alcalde forma parte de un curioso coro. A contrapelo de los juicios en los medios locales, nacionales y extranjeros, la principal fuerza política de oposición en Guerrero, el PRI, defiende al gobernador Aguirre. Astudillo dice estar seguro de que él no ordenó la represión. El alcalde de Acapulco, contendiente y primo del gobernador, también le hace caravanas. Y Rubén Figueroa en persona dice que no debe renunciar. Aguas Blancas pone a remojar las barbas de cualquiera.

Ayotzinapa: esclarecimiento, ya

Casi una semana después del violento desalojo de normalistas en la Autopista del Sol, a las afueras de Chilpancingo, Guerrero, que se saldó con la muerte de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– y con varios heridos y desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas condenó el excesivo uso de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad, y pidió al Estado mexicano que investigue y esclarezca los hechos diligentemente y de manera seria, completa e imparcial. Los ecos de esclarecimiento y de justicia se reprodujeron ayer en las calles de Chilpancingo, donde cientos de normalistas marcharon en protesta por el asesinato de sus compañeros, y en la ciudad de México, donde organizaciones civiles entregaron, en la Cámara de Diputados, una petición de juicio político contra el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero.

El contrapunto de estos reclamos es la actitud opaca y remisa de las autoridades estatales y federales para esclarecer el asunto. Hasta ahora, la única acción concreta que han asumido las primeras ha sido la destitución de tres funcionarios del gobierno que encabeza Aguirre –el ex procurador estatal Alberto López Rosas; el ex titular de Seguridad Pública Ramón Almonte, y el ex encargado de la Policía Estatal Ramón Arreola–, destituciones del todo inútiles en la medida en que no se han acompañado de pesquisas verosímiles y transparentes y de sanciones penales concretas para los responsables. Por el contrario, desde las horas posteriores al ataque, el gobierno de Chilpancingo se ha empeñado en distorsionar y desvirtuar los hechos y en trasladar responsabilidad por los mismos a los estudiantes. En esa lógica, las autoridades guerrerenses primero señalaron al estudiante Gerardo Torres como portador de un arma larga el día de los hechos –en un afán por abonar a la versión de que hubo disparos por parte de ambos bandos–, y posteriormente tuvieron que liberarlo, al igual que al resto de los detenidos, en medio de señalamientos de que la declaración del normalista había sido obtenida bajo tortura. Tan impresentable como el intento por sembrar armas a los agredidos resulta la aseveración, formulada anteayer por Aguirre Rivero, de que había muerto el empleado de la gasolinera incendiada durante el acto represivo, lo que fue posteriormente desmentido por autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por lo que hace al gobierno del país, éste se ha empeñado en su versión de que los disparos no provinieron de los efectivos de la Policía Federal, y ha emprendido, al igual que la administración guerrerense, una guerra de acusaciones y deslindes que de ninguna manera lo exime de responsabilidad –así sea por omisión– en los hechos del pasado lunes, pero que sí dificulta las perspectivas de esclarecimiento. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los videos o fotografías presentados por los gobiernos estatal o federal ha ayudado a responder a las preguntas fundamentales de quién ordenó el envío de efectivos armados a desalojar una manifestación de estudiantes y quién o quiénes abrieron fuego contra ellos.

La pretensión de demorar una respuesta a esas interrogantes es insostenible y abona la sospecha de que se pretende fabricar un escenario compatible con la versión del gobierno de Chilpancingo, o bien de que se busca sustraer de la acción de la justicia a los responsables de la muerte de los normalistas. Como quiera, para las autoridades de los dos niveles resulta perentorio esclarecer los hechos con precisión y honestidad, reconocer que el 12 de diciembre se cometió una gravísima violación a los derechos humanos de los manifestantes y que desde entonces se ha venido tratando de encubrirla, y llevar a los culpables ante las instancias correspondientes: actuar en ese sentido no sólo resulta necesario en términos de procuración e impartición de justicia, sino también porque los intentos por distorsionar lo ocurrido acabarán por llevar la falta de credibilidad de las instituciones y la exasperación de las víctimas a un punto de no retorno.