Otro “escupitajo” a Gómez Morín
La votación de la ignominia.
Foto: Hugo Cruz
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- El 115 aniversario del natalicio de Manuel Gómez Morín, que se cumplió este lunes 27, pasó inadvertido para el Partido Acción Nacional (PAN), que él fundó. Es lógico: La “escuela de ciudadanía” degradó a corporación de bandidos.
La imputación no es gratuita: Las elecciones internas más recientes del PAN, la presidencial y de senadores, exhiben un nivel de prácticas de fraude no vistas, no porque el clientelismo y la compra y coacción de votos sean novedad en este partido, sino por su carácter casi generalizado.
Sacude la abundancia de indicios y de pruebas robustas del uso de recursos públicos para ganar candidaturas del PAN, conductas que no sólo son claramente delictivas, sino que tienen el agravante de ser programas de combate a la miseria, un tráfico para fines partidistas que sólo puede definirse como criminal.
Y si los miembros del PAN usan Oportunidades, leche Liconsa, despensas, cemento, láminas y fogones para adulterar el voto libre de correligionarios en las contiendas internas, como las mencionadas, es lógico pensar cuál será el siguiente paso del PAN: Aplicarlas también –como ya ha ocurrido– en las elecciones constitucionales.
No se aprecia que el PAN proceda contra los “mapaches” que se han multiplicado en sus filas, tampoco que los partidos políticos antagónicos impugnen estas prácticas antidemocráticas y delincuenciales –porque también las ejercen–, ni aun que los medios y periodistas las informen, pero los ciudadanos no debemos ser cómplices de tanta desvergüenza.
La semana pasada se examinó aquí la elección de Chihuahua y el ciclo perverso de impunidad-reincidencia: Los autores del fraude de 2009, en el que votaron hasta muertos –como en Batopilas, justo donde nació Gómez Morín–, no fueron castigados y ahora hicieron lo mismo, pero a mayor escala.
Está en curso la solicitud de nulidad de la elección de Chihuahua –que hace tres años Javier Corral la definió como un “escupitajo en la cara de Gómez Morín”–, pero también en varios estados del país como Veracruz, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Sonora, donde se presume que la compra y coacción de votos, acarreos, uso de recursos públicos y condicionamiento de programas gubernamentales definieron el resultado de la elección.
Cada uno de los numerosos recursos que los panistas han presentado ante los órganos del PAN, en especial la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), está acompañado de anexos con pruebas sobre la acción de “mapaches”, que han perfeccionado las trampas o que de plano las ejercen con todo cinismo.
En este contexto se inscribe la decisión de José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud del gobierno de Felipe Calderón, de aceptar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador de Guanajuato, luego de que fue aplastado por la estructura clientelar del PAN y del gobierno de Juan Manuel Oliva.
Córdova agotó un último recurso, el sábado, pero recibió otra bofetada: Pretendió ser senador plurinominal, pero el Consejo Nacional del PAN lo envió a la posición número 20, con nula posibilidad de éxito. Anoche decidió romper con el partido que, ante él, sin duda multiplicará los mecanismos de fraude para evitar el fin de dos décadas de hegemonía desde que Carlos Salinas le regaló al PAN el gobierno, en 1991.
Si ya lo hicieron en la elección interna, lo harán en la constitucional, como lo advierte, para el caso de Veracruz, Alejandro Vázquez Cuevas, otro panista que fue aplastado con base en los programas gubernamentales de combate a la pobreza. “Es evidente que si lo hacen adentro lo van a hacer afuera. Sería estúpido no hacer esa consideración”, afirma.
En efecto, Veracruz es también emblemático de la corrupción en los procesos electorales que organiza el PAN, cuyo ejemplo nítido fue el centro de votación instalado en el municipio indígena de Tantoyuca, cuya elección para senador la ganó Fernando Yunes Márquez, hijo del expriista Miguel Ángel Yunes Linares.
En un video que cualquiera puede consultar en Youtube se ve claramente cómo una funcionaria de casilla desprende las boletas del talonario y antes de dárselas a los electores, junto con un crayón, les indica dónde deben tacharla –en la efigie de Yunes–, todo a la vista de todos. Otras integrantes de la mesa directiva imparten la misma instrucción.
Esta operación se repite en cuatro ocasiones en sólo el minuto 13 segundos que dura el video, pero que fue generalizado a lo largo de la elección del domingo 19 y dos semanas antes, ahí mismo, cuando Ernesto Cordero, apoyado por los Yunes, fue el único lugar de Veracruz donde ganó.
La inducción del voto tiene, además, otra explicación: El hermano del candidato a senador que ganó se llama Miguel Ángel, como su padre, y es el coordinador estatal del programa Oportunidades y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Abel Cuevas Melo, coordinó el uso faccioso de los recursos públicos.
Vázquez Cuevas, uno de los principales operadores nacionales que hizo ganar la candidatura presidencial a Josefina Vázquez Mota, ha presentado pruebas de ese fraude con programas sociales, a costa inclusive del fin de su carrera.
“No es posible que usemos el recurso de los que más lo necesitan para un propósito electorero”, puntualiza. “El PAN no puede seguir caminando hacia el abismo”.
Pero así es: En Coahuila fue aplastado otro prominente personaje del PAN, Jorge Zermeño, hasta hace poco embajador en España, quien pide anular la elección de senador por irregularidades como compra de votos, rasurado del padrón y la utilización de programas públicos.
La misma queja se repite a lo largo del país…
Apuntes
Pero si Calderón reparte dinero en efectivo a los más pobres, en un insolente populismo que ni siquiera Andrés Manuel López Obrador hizo como jefe de Gobierno, es natural que sus compañeros de partido imiten esa y otras prácticas de fraude electoral sobre las que hay, en general, un silencio cómplice…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
La imputación no es gratuita: Las elecciones internas más recientes del PAN, la presidencial y de senadores, exhiben un nivel de prácticas de fraude no vistas, no porque el clientelismo y la compra y coacción de votos sean novedad en este partido, sino por su carácter casi generalizado.
Sacude la abundancia de indicios y de pruebas robustas del uso de recursos públicos para ganar candidaturas del PAN, conductas que no sólo son claramente delictivas, sino que tienen el agravante de ser programas de combate a la miseria, un tráfico para fines partidistas que sólo puede definirse como criminal.
Y si los miembros del PAN usan Oportunidades, leche Liconsa, despensas, cemento, láminas y fogones para adulterar el voto libre de correligionarios en las contiendas internas, como las mencionadas, es lógico pensar cuál será el siguiente paso del PAN: Aplicarlas también –como ya ha ocurrido– en las elecciones constitucionales.
No se aprecia que el PAN proceda contra los “mapaches” que se han multiplicado en sus filas, tampoco que los partidos políticos antagónicos impugnen estas prácticas antidemocráticas y delincuenciales –porque también las ejercen–, ni aun que los medios y periodistas las informen, pero los ciudadanos no debemos ser cómplices de tanta desvergüenza.
La semana pasada se examinó aquí la elección de Chihuahua y el ciclo perverso de impunidad-reincidencia: Los autores del fraude de 2009, en el que votaron hasta muertos –como en Batopilas, justo donde nació Gómez Morín–, no fueron castigados y ahora hicieron lo mismo, pero a mayor escala.
Está en curso la solicitud de nulidad de la elección de Chihuahua –que hace tres años Javier Corral la definió como un “escupitajo en la cara de Gómez Morín”–, pero también en varios estados del país como Veracruz, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Sonora, donde se presume que la compra y coacción de votos, acarreos, uso de recursos públicos y condicionamiento de programas gubernamentales definieron el resultado de la elección.
Cada uno de los numerosos recursos que los panistas han presentado ante los órganos del PAN, en especial la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), está acompañado de anexos con pruebas sobre la acción de “mapaches”, que han perfeccionado las trampas o que de plano las ejercen con todo cinismo.
En este contexto se inscribe la decisión de José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud del gobierno de Felipe Calderón, de aceptar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador de Guanajuato, luego de que fue aplastado por la estructura clientelar del PAN y del gobierno de Juan Manuel Oliva.
Córdova agotó un último recurso, el sábado, pero recibió otra bofetada: Pretendió ser senador plurinominal, pero el Consejo Nacional del PAN lo envió a la posición número 20, con nula posibilidad de éxito. Anoche decidió romper con el partido que, ante él, sin duda multiplicará los mecanismos de fraude para evitar el fin de dos décadas de hegemonía desde que Carlos Salinas le regaló al PAN el gobierno, en 1991.
Si ya lo hicieron en la elección interna, lo harán en la constitucional, como lo advierte, para el caso de Veracruz, Alejandro Vázquez Cuevas, otro panista que fue aplastado con base en los programas gubernamentales de combate a la pobreza. “Es evidente que si lo hacen adentro lo van a hacer afuera. Sería estúpido no hacer esa consideración”, afirma.
En efecto, Veracruz es también emblemático de la corrupción en los procesos electorales que organiza el PAN, cuyo ejemplo nítido fue el centro de votación instalado en el municipio indígena de Tantoyuca, cuya elección para senador la ganó Fernando Yunes Márquez, hijo del expriista Miguel Ángel Yunes Linares.
En un video que cualquiera puede consultar en Youtube se ve claramente cómo una funcionaria de casilla desprende las boletas del talonario y antes de dárselas a los electores, junto con un crayón, les indica dónde deben tacharla –en la efigie de Yunes–, todo a la vista de todos. Otras integrantes de la mesa directiva imparten la misma instrucción.
Esta operación se repite en cuatro ocasiones en sólo el minuto 13 segundos que dura el video, pero que fue generalizado a lo largo de la elección del domingo 19 y dos semanas antes, ahí mismo, cuando Ernesto Cordero, apoyado por los Yunes, fue el único lugar de Veracruz donde ganó.
La inducción del voto tiene, además, otra explicación: El hermano del candidato a senador que ganó se llama Miguel Ángel, como su padre, y es el coordinador estatal del programa Oportunidades y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Abel Cuevas Melo, coordinó el uso faccioso de los recursos públicos.
Vázquez Cuevas, uno de los principales operadores nacionales que hizo ganar la candidatura presidencial a Josefina Vázquez Mota, ha presentado pruebas de ese fraude con programas sociales, a costa inclusive del fin de su carrera.
“No es posible que usemos el recurso de los que más lo necesitan para un propósito electorero”, puntualiza. “El PAN no puede seguir caminando hacia el abismo”.
Pero así es: En Coahuila fue aplastado otro prominente personaje del PAN, Jorge Zermeño, hasta hace poco embajador en España, quien pide anular la elección de senador por irregularidades como compra de votos, rasurado del padrón y la utilización de programas públicos.
La misma queja se repite a lo largo del país…
Apuntes
Pero si Calderón reparte dinero en efectivo a los más pobres, en un insolente populismo que ni siquiera Andrés Manuel López Obrador hizo como jefe de Gobierno, es natural que sus compañeros de partido imiten esa y otras prácticas de fraude electoral sobre las que hay, en general, un silencio cómplice…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
Voto razonado y elecciones auténticas
Sesión en el IFE.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, gran político guerrerense: In memoriam.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lo más probable es que el miércoles 29 el Instituto Federal Electoral (IFE) tome la salida fácil de organizar únicamente los dos debates presidenciales requeridos por la legislación y emitir una serie de lineamientos burocráticos para que universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen a encuentros entre los candidatos. Si esto ocurre, la autoridad electoral estaría abdicando a su responsabilidad constitucional de asegurar la celebración de elecciones auténticas y libres, así como a la de desarrollar la cultura democrática y la educación cívica de los mexicanos.
El minimalismo burocrático y la interpretación letrista de la ley suelen presentarse como si fueran el camino más seguro y objetivo para las autoridades. Pero la historia ha demostrado que en materia electoral este tipo de acercamientos típicamente tienen un fuerte trasfondo partidista y reflejan una parcialidad reprobable. Durante los primeros años posteriores a la reforma electoral de 1996, los consejeros y magistrados electorales más cercanos al PRI utilizaban argumentos similares para limitar las facultades del IFE en materia de compra y coacción del voto, fiscalización de gastos de campaña y control sobre la propaganda gubernamental.
Posteriormente, los funcionarios electorales más conservadores también recurrían al inmovilismo burocrático con el fin de obstaculizar tanto las históricas multas en los casos Amigos de Fox y Pemexgate como el despliegue de la “causal abstracta” de nulidad. En 2006, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, dio uno de los ejemplos más claros del abuso de una lectura supuestamente “estricta” de la ley al enviar, el 4 de julio, un circular a los Consejos Locales del IFE con la intención de limitar al máximo el recuento de los votos y la transparencia de los resultados electorales.
Una vez más, los consejeros del IFE se encuentran ante una decisión clave que definirá su legado histórico. Si se niegan a obligar a los candidatos presidenciales a confrontar ideas de manera sistemática y periódica, estarán facilitando una grave afectación a nuestro derecho ciudadano a la información y poniendo en riesgo la autenticidad del proceso electoral. También estarán demostrando un claro sesgo hacia el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a quien le conviene reducir al mínimo los momentos de intercambio libre de ideas con sus contrincantes y la ciudadanía en general.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de ninguna manera prohíbe al IFE organizar más debates entre los presidenciables. Dos de los candidatos, Josefina Vásquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, ya han solicitado a la autoridad electoral que haga todo lo posible para asegurar una campaña dinámica y cercana a la sociedad. Cualquiera de los candidatos, evidentemente, estaría en su derecho de no asistir a las convocatorias adicionales emitidas por la autoridad electoral. Sin embargo, ningún partido o candidato cuenta con la facultad de prohibir u obstaculizar la realización de estos encuentros.
Más allá de convocar a debates adicionales, el IFE también debería informar directamente a la ciudadanía sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos para todos los cargos de elección popular a nivel federal, así como convocar a debates ciudadanos sobre la problemática nacional. No hace falta que esté presente ninguno de los candidatos para que los ciudadanos reflexionen sobre la coyuntura y analicen las propuestas de los partidos.
Por ejemplo, la exitosa experiencia de las Encuestas Deliberativas, organizadas en una docena de países por el Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford (http://cdd.stanford.edu/), ha demostrado que entre más y mejor información tienen los ciudadanos, más auténtica y razonada es su participación electoral. Estas encuestas se levantan entre grupos de ciudadanos que previamente son informados sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos y tienen la oportunidad de debatir sobre las mismas. No se busca medir, como en las encuestas tradicionales, el impacto de estrategias de mercadotecnia o de escándalos mediáticos, sino de poner en acción la inteligencia ciudadana y obligar a los candidatos a elevar el nivel del debate.
La mera celebración de elecciones no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público. Los mexicanos conocemos mejor que casi cualquier otro pueblo la farsa en que fácilmente se convierten las campañas y los procesos electorales. La norma a lo largo de más de 200 años de vida independiente ha sido precisamente la celebración de comicios carentes de valor democrático.
El IFE existe no solamente para contar boletas electorales, sino también para facilitar un contexto de participación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos a rendir cuentas a la sociedad y a proporcionar suficiente información para el ejercicio de un voto razonado. Si las campañas no despiertan interés, se pone en duda la calidad del proceso electoral porque los ciudadanos nos quedamos relegados a ser meros espectadores de un show entre políticos.
En lugar de limitarse a organizar dos debates acartonados, maquillados y sobre-producidos, así como a publicar las metodologías de las mismas casas encuestadoras de siempre, los consejeros electorales deberían aprovechar al máximo sus amplias facultades constitucionales para asegurar que los 90 días de campaña federal sea un periodo ejemplar de reflexión y debate participativo sobre el futuro de la nación. l
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lo más probable es que el miércoles 29 el Instituto Federal Electoral (IFE) tome la salida fácil de organizar únicamente los dos debates presidenciales requeridos por la legislación y emitir una serie de lineamientos burocráticos para que universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen a encuentros entre los candidatos. Si esto ocurre, la autoridad electoral estaría abdicando a su responsabilidad constitucional de asegurar la celebración de elecciones auténticas y libres, así como a la de desarrollar la cultura democrática y la educación cívica de los mexicanos.
El minimalismo burocrático y la interpretación letrista de la ley suelen presentarse como si fueran el camino más seguro y objetivo para las autoridades. Pero la historia ha demostrado que en materia electoral este tipo de acercamientos típicamente tienen un fuerte trasfondo partidista y reflejan una parcialidad reprobable. Durante los primeros años posteriores a la reforma electoral de 1996, los consejeros y magistrados electorales más cercanos al PRI utilizaban argumentos similares para limitar las facultades del IFE en materia de compra y coacción del voto, fiscalización de gastos de campaña y control sobre la propaganda gubernamental.
Posteriormente, los funcionarios electorales más conservadores también recurrían al inmovilismo burocrático con el fin de obstaculizar tanto las históricas multas en los casos Amigos de Fox y Pemexgate como el despliegue de la “causal abstracta” de nulidad. En 2006, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, dio uno de los ejemplos más claros del abuso de una lectura supuestamente “estricta” de la ley al enviar, el 4 de julio, un circular a los Consejos Locales del IFE con la intención de limitar al máximo el recuento de los votos y la transparencia de los resultados electorales.
Una vez más, los consejeros del IFE se encuentran ante una decisión clave que definirá su legado histórico. Si se niegan a obligar a los candidatos presidenciales a confrontar ideas de manera sistemática y periódica, estarán facilitando una grave afectación a nuestro derecho ciudadano a la información y poniendo en riesgo la autenticidad del proceso electoral. También estarán demostrando un claro sesgo hacia el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a quien le conviene reducir al mínimo los momentos de intercambio libre de ideas con sus contrincantes y la ciudadanía en general.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de ninguna manera prohíbe al IFE organizar más debates entre los presidenciables. Dos de los candidatos, Josefina Vásquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, ya han solicitado a la autoridad electoral que haga todo lo posible para asegurar una campaña dinámica y cercana a la sociedad. Cualquiera de los candidatos, evidentemente, estaría en su derecho de no asistir a las convocatorias adicionales emitidas por la autoridad electoral. Sin embargo, ningún partido o candidato cuenta con la facultad de prohibir u obstaculizar la realización de estos encuentros.
Más allá de convocar a debates adicionales, el IFE también debería informar directamente a la ciudadanía sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos para todos los cargos de elección popular a nivel federal, así como convocar a debates ciudadanos sobre la problemática nacional. No hace falta que esté presente ninguno de los candidatos para que los ciudadanos reflexionen sobre la coyuntura y analicen las propuestas de los partidos.
Por ejemplo, la exitosa experiencia de las Encuestas Deliberativas, organizadas en una docena de países por el Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford (http://cdd.stanford.edu/), ha demostrado que entre más y mejor información tienen los ciudadanos, más auténtica y razonada es su participación electoral. Estas encuestas se levantan entre grupos de ciudadanos que previamente son informados sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos y tienen la oportunidad de debatir sobre las mismas. No se busca medir, como en las encuestas tradicionales, el impacto de estrategias de mercadotecnia o de escándalos mediáticos, sino de poner en acción la inteligencia ciudadana y obligar a los candidatos a elevar el nivel del debate.
La mera celebración de elecciones no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público. Los mexicanos conocemos mejor que casi cualquier otro pueblo la farsa en que fácilmente se convierten las campañas y los procesos electorales. La norma a lo largo de más de 200 años de vida independiente ha sido precisamente la celebración de comicios carentes de valor democrático.
El IFE existe no solamente para contar boletas electorales, sino también para facilitar un contexto de participación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos a rendir cuentas a la sociedad y a proporcionar suficiente información para el ejercicio de un voto razonado. Si las campañas no despiertan interés, se pone en duda la calidad del proceso electoral porque los ciudadanos nos quedamos relegados a ser meros espectadores de un show entre políticos.
En lugar de limitarse a organizar dos debates acartonados, maquillados y sobre-producidos, así como a publicar las metodologías de las mismas casas encuestadoras de siempre, los consejeros electorales deberían aprovechar al máximo sus amplias facultades constitucionales para asegurar que los 90 días de campaña federal sea un periodo ejemplar de reflexión y debate participativo sobre el futuro de la nación. l
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El “acarreo” digital en Twitter
Twitter. Acarreo virtual.
Foto: Especial
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (apro).- La creciente influencia de los usuarios de las redes sociales en México viene acompañada de dos tradiciones de la política mexicana: la mitificación, por un lado, del número de seguidores en Twitter, Facebook, Youtube, Google +, como si se tratara de una competencia por el rating (valor de los medios analógicos, no de los digitales), mientras que por otro lado se busca “inflar” las cuentas, los Trending Topics (temas del momento) y los hashtag, a través de la utilización de los llamados bots.
Un Trending Topic (TT) no se construye sólo a través de la cantidad de mensajes con una frase o bajo un hashtag específico. Se valora también la novedad y la frecuencia de mensajes relacionados con este tema.
Los TT, según informa la empresa Twitter, son generados por un algoritmo que detecta cuándo un tema o una palabra se emiten con cierta rapidez y de forma acelerada, formando un pico de actividad. De esta forma, un tema o término a través de hashtag (por ejemplo #LibreríaPeñaNieto o #SoyProle o muchos otros) aparece en la lista de los temas más populares.
En la guerra de la presencia en las redes sociales, las consultorías o los grupos de simpatizantes de los candidatos presidenciales buscan generar TT a través de tuitear o retuitear, es decir, reenviar mensajes de un hashtag a través de cuentas falsas conocidas como bots, que se convierten en la nueva expresión del “acarreo” digital.
En lugar de repartir tortas de huevo, despensas, tarjetas bancarias o cargos de elección popular, lo que ofrece el “acarreo” digital a un joven usuario de redes sociales es una compensación económica por andar repitiendo o replicando mensajes a favor o en contra de ciertos candidatos, así como sumarse a la lista de seguidores “fantasmas” de los aspirantes presidenciales, a gobernadores o diputados.
A toda nueva expresión clientelar le surge también su contraparte. También existe ya un blog denominado #CazaunBot.com que se dedica a “ventanear” o investigar lo que aquí llamaremos el “acarreo digital” o el infomercial en redes sociales.
La idea de este blog surgió de algunos tuiteros como @maria2veces, @ppmerino, @kikevalroth, entre otros. De manera irónica, en este blog advierten:
“¿Quiere que su hashtag se convierta en TT? Fácil, use unos cuantos bots, incluya todas las cuentas corporativas que tenga, ponga un mismo tweet (inclusive con las mismas faltas de ortografía), tome avatares de internet y voila! #PrefieroPRI”.
Este blog investigó el hashtag #PrefieroPRI y también el de #Ectivismo, las dos fórmulas más recientes e importantes de apoyo a Enrique Peña Nieto tras el episodio dramático en la Feria Internacional del Libro, para contrarrestar la marea de críticas en contra del candidato presidencial del PRI.
Descubrieron que el PRI “utilizó bots (cuentas falsas automatizadas) para inflar el hashtag #PrefieroPRI y convertirlo en TT”.
Por ejemplo, @GustavoAguado confirmó en imágenes de seguimiento que cuentas distintas tuiteaban exactamente lo mismo sin acudir al retuit, lo cual sería una prueba del uso de bots.
La cacería de bots ha llevado a criticar al Movimiento Nacional de Cibernautas del PRI, dirigido por Sergio José Gutiérrez, quien presume coordinar virtualmente a 700 mil priistas para movilizarse en torno de las candidaturas del tricolor (lo mismo a gobernadores, diputados federales, senadores o presidente de la República), pero también al movimiento más cercano a Peña Nieto, conocido como @ectivistas, coordinado por Alejandra Lagunes, mercadóloga que trabajó en la presidencia de la República durante el sexenio de Ernesto Zedillo y fue exgerente de ventas de Google México y exdirectora general comercial de Televisa Interactive Media. Además, es esposa de Rafael Pacchiano Alamán, legislador federal del Partido Verde e integrante de la “telebancada”.
En su más reciente edición dominical, el suplemento Enfoque, del periódico Reforma, documentó que del 13 al 20 de febrero, frases como #ectivismoenlacima, #Soyectivistayexisto y #EPNypormucho se colocaron como lo más popular en Twitter, aglomerando menciones negativas y positivas.
#CazaunBot ha documentado en varias ocasiones la existencia de las cuentas falsas sobre el movimiento #ectivista.
La tentación de la “cargada digital” es muy alta. Opera como una fórmula para vender el “liderazgo” en redes sociales, en torno a número de seguidores y mayor volumen de Trending Topics.
No han entendido los mercadólogos o los políticos que compran “estrategias en redes sociales” que no basta pagar para crear movimientos ciudadanos en Twitter o en Facebook. El ciberactivismo tiene sus propios códigos, sus características específicas, sus comunidades digitales y sus lenguajes.
No es lo mismo rellenar ánforas que digitalizar deliberaciones, como tampoco es igual comprar “tiempo-aire” en medios electrónicos para generar rating que pagar a tuiteros como si fueran un call center.
www.homozapping.com.mx
Un Trending Topic (TT) no se construye sólo a través de la cantidad de mensajes con una frase o bajo un hashtag específico. Se valora también la novedad y la frecuencia de mensajes relacionados con este tema.
Los TT, según informa la empresa Twitter, son generados por un algoritmo que detecta cuándo un tema o una palabra se emiten con cierta rapidez y de forma acelerada, formando un pico de actividad. De esta forma, un tema o término a través de hashtag (por ejemplo #LibreríaPeñaNieto o #SoyProle o muchos otros) aparece en la lista de los temas más populares.
En la guerra de la presencia en las redes sociales, las consultorías o los grupos de simpatizantes de los candidatos presidenciales buscan generar TT a través de tuitear o retuitear, es decir, reenviar mensajes de un hashtag a través de cuentas falsas conocidas como bots, que se convierten en la nueva expresión del “acarreo” digital.
En lugar de repartir tortas de huevo, despensas, tarjetas bancarias o cargos de elección popular, lo que ofrece el “acarreo” digital a un joven usuario de redes sociales es una compensación económica por andar repitiendo o replicando mensajes a favor o en contra de ciertos candidatos, así como sumarse a la lista de seguidores “fantasmas” de los aspirantes presidenciales, a gobernadores o diputados.
A toda nueva expresión clientelar le surge también su contraparte. También existe ya un blog denominado #CazaunBot.com que se dedica a “ventanear” o investigar lo que aquí llamaremos el “acarreo digital” o el infomercial en redes sociales.
La idea de este blog surgió de algunos tuiteros como @maria2veces, @ppmerino, @kikevalroth, entre otros. De manera irónica, en este blog advierten:
“¿Quiere que su hashtag se convierta en TT? Fácil, use unos cuantos bots, incluya todas las cuentas corporativas que tenga, ponga un mismo tweet (inclusive con las mismas faltas de ortografía), tome avatares de internet y voila! #PrefieroPRI”.
Este blog investigó el hashtag #PrefieroPRI y también el de #Ectivismo, las dos fórmulas más recientes e importantes de apoyo a Enrique Peña Nieto tras el episodio dramático en la Feria Internacional del Libro, para contrarrestar la marea de críticas en contra del candidato presidencial del PRI.
Descubrieron que el PRI “utilizó bots (cuentas falsas automatizadas) para inflar el hashtag #PrefieroPRI y convertirlo en TT”.
Por ejemplo, @GustavoAguado confirmó en imágenes de seguimiento que cuentas distintas tuiteaban exactamente lo mismo sin acudir al retuit, lo cual sería una prueba del uso de bots.
La cacería de bots ha llevado a criticar al Movimiento Nacional de Cibernautas del PRI, dirigido por Sergio José Gutiérrez, quien presume coordinar virtualmente a 700 mil priistas para movilizarse en torno de las candidaturas del tricolor (lo mismo a gobernadores, diputados federales, senadores o presidente de la República), pero también al movimiento más cercano a Peña Nieto, conocido como @ectivistas, coordinado por Alejandra Lagunes, mercadóloga que trabajó en la presidencia de la República durante el sexenio de Ernesto Zedillo y fue exgerente de ventas de Google México y exdirectora general comercial de Televisa Interactive Media. Además, es esposa de Rafael Pacchiano Alamán, legislador federal del Partido Verde e integrante de la “telebancada”.
En su más reciente edición dominical, el suplemento Enfoque, del periódico Reforma, documentó que del 13 al 20 de febrero, frases como #ectivismoenlacima, #Soyectivistayexisto y #EPNypormucho se colocaron como lo más popular en Twitter, aglomerando menciones negativas y positivas.
#CazaunBot ha documentado en varias ocasiones la existencia de las cuentas falsas sobre el movimiento #ectivista.
La tentación de la “cargada digital” es muy alta. Opera como una fórmula para vender el “liderazgo” en redes sociales, en torno a número de seguidores y mayor volumen de Trending Topics.
No han entendido los mercadólogos o los políticos que compran “estrategias en redes sociales” que no basta pagar para crear movimientos ciudadanos en Twitter o en Facebook. El ciberactivismo tiene sus propios códigos, sus características específicas, sus comunidades digitales y sus lenguajes.
No es lo mismo rellenar ánforas que digitalizar deliberaciones, como tampoco es igual comprar “tiempo-aire” en medios electrónicos para generar rating que pagar a tuiteros como si fueran un call center.
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