De panzazo o cómo trivializar la educación- El interés legítimo en la impartición de justicia- La Auditoría reprueba al gobierno

De panzazo o cómo trivializar la educación

Hugo Casanova Cardiel

    

     A pesar de la explícita intención de reflejar la realidad del sistema educativo de México, en el documental De panzazo la complejidad educativa nacional queda reducida a su mínima expresión. Las potencialidades del documental como lenguaje cinematográfico, así como su intrínseco valor informativo se ven malogradas por un trabajo que, lejos de ofrecer una visión consistente de la educación, presenta un discurso efectista y una interpretación inexacta.

En el documental imperan las generalizaciones y de manera indistinta se habla de la educación o del sistema educativo, como si los niveles que abarcan de prescolar a posgrado cupieran en un mismo cajón, o como si los estudiantes, maestros y directivos pudieran ser agrupados sin importar su adscripción institucional y regional. En el tratamiento de los mexicanos se alude a un concepto sin fisuras, en el que no existen diferencias sociales o laborales (no importa si el niño desayunó o no lo hizo y si los padres tienen o no trabajo). Tampoco existe distinción alguna sobre el capital cultural como factor directamente asociado al logro escolar de niños y jóvenes. Así, la obra está permeada de ideas del tipo todos los mexicanos contamos con las mismas oportunidades para educarnos o el que no estudia es porque no quiere.
También se advierte la ausencia de temas cruciales para la comprensión del fenómeno educativo, tales como el uso mayormente demagógico de la evaluación, la insuficiencia de los exámenes estandarizados (Pisa y Enlace) como instrumentos para generar comparaciones válidas, o las cambiantes estrategias gubernamentales que durante los años recientes han cuestionado el papel de la educación como bien público.
La educación en México es un territorio de contrastes y al lado de sus graves problemas también pueden apreciarse condiciones de logro. En tal sentido, resulta paradójico que un trabajo que hace gala de su vocación informativa carezca de referencias exitosas que podrían configurar una interpretación más fiel. Porqué no hablar de los estudiantes que en condiciones adversas viajan por horas con la indeclinable voluntad de atender sus clases; o de los estudiantes que, habiendo culminado sus estudios en el sistema educativo mexicano, acuden a prestigiadas universidades de las llamadas de clase mundial; o de los maestros que cubren con honor su encargo social y se entregan cada día a la formación rigurosa de niños y jóvenes; o de las madres y padres que independientemente de sus condiciones económicas o su formación académica, colaboran con sus hijos.

El tratamiento a quienes asisten al documental es por demás cuestionable, pues en lugar de ser tratados como ciudadanos que de manera voluntaria y generosa acuden a una propuesta cinematográfica, son provistos de unas papeletas de colores y sumados casi en automático al proyecto que rodea al documental. Reconociendo el absoluto derecho de todos los mexicanos a participar en la discusión de los problemas del país, resulta sorprendente el afán de los realizadores del documental por encabezar una campaña que enfrente la crisis de la educación en México. En breve, ni la asociación civil que lo anima, ni el entorno empresarial que lo patrocina, cuentan con la autoridad o atributos intelectuales para una tarea de tales dimensiones.

El pretendido liderazgo resulta todavía más incomprensible pues los realizadores del documental, estrechamente relacionados con el poder mediático del país, omiten toda referencia al papel de la televisora con mayor arraigo en nuestro país y que por años ha ejercido un deplorable papel en la formación de los mexicanos a través de sus noticiarios, de sus programas de diversión o cultura; e incluso, a través de las telenovelas, ya definidas hace unos meses por el titular de la SEP como poderoso instrumento educativo (La Jornada, 18/03/2011).

Sin embargo, uno de los grandes silencios del documental es la relación de la maestra Gordillo con dos personajes centrales de la vida nacional: Felipe Calderón y Emilio Azcárraga Jean. Cómo explicar la presencia de la dirigente en el proceso electoral de 2006 y los ulteriores beneficios que obtuvo en posiciones clave del gobierno federal, así como su papel central en la llamada Alianza para la Calidad Educativa en 2008. Y cómo entender los convenios de la cúpula del SNTE con Televisa, el más reciente Todo el mundo cree que sabe, presentado como una apuesta por la educación de calidad y para el cual el sindicato aportó 150 millones de pesos ¿No es pertinente esa información? ¿En qué medida los graves problemas de la educación nacional han estado relacionados con los arreglos de las elites sindical, política y empresarial?

De cara al momento que vive México, es cada vez más urgente que la problemática educativa sea atendida desde una óptica que valore su complejidad y articulación con los grandes problemas de la sociedad. Ello demanda la participación de esos ciudadanos calificados y comprometidos que el sistema educativo mexicano ha logrado formar a lo largo de su historia.

Cuatro puntos-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

El interés legítimo en la impartición de justicia

Miguel Concha

 

      Para efectos de los asuntos que se conozcan en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la noción de interés legítimo puede enunciarse en muy pocas palabras. De conformidad con la jurisprudencia, este concepto supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de actos impugnados. Interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de una persona física o moral, sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden legal.

De lo anterior se desprende que se requiere de la existencia de un interés, no de un derecho, así como de que la lesión a la esfera jurídica del actor sea en forma directa o indirecta, y de que quien resienta la afectación sea tanto una persona física como jurídica. Cabe mencionar también que la incorporación de la institución del interés legítimo a la normatividad del dicho tribunal obedeció a una intención de ampliar, para su protección, el acceso de las y los ciudadanos a la justicia administrativa. Y esto, confrontado con el antecedente del requisito previo, que consistía en que se debía ostentar un interés jurídico para acudir a esta clase de juicios. Lo que no es menor, tomando en cuenta que la justicia administrativa es la vía para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y las autoridades de la administración pública.
Y a propósito, vale la pena recalcar que, dada su misión, la independencia con que se conduzcan dichos órganos es fundamental para desarrollar a cabalidad su objetivo. Así, el interés legítimo no puede reducirse a un enunciado de buenas intenciones de la autoridad, que pueda ser pasado por alto sin mayores consecuencias cuando las leyes garantizan derechos, contemplan la participación social y dan opciones de exigibilidad en determinadas materias. La institución del interés legítimo entra entonces a jugar un papel relevante en el derecho, al facultar a las personas para que defiendan determinados intereses que las leyes prevean en su favor, sin tener que ostentar un interés jurídico respecto de ellos. Pero no basta que exista legalmente el interés legítimo, también es necesario que haya juzgadores que estén a la altura, porque será en los asuntos de los que conozcan, y en sus fallos, cuando al aplicarse a situaciones concretas se llenen de vida o sigan vacías definiciones áridas.
En el caso de la institución que abordamos en el presente artículo, es imprescindible que se aplique atendiendo al espíritu con que fue incorporada esta figura a la legislación, en el sentido de ensanchar la protección de los particulares frente a la actuación de la administración. Lo que descarta criterios que pretendan interpretar el interés legítimo de forma rígida, asimilándolo en los juicios al interés jurídico, como si se temiera que la ciudadanía logre defenderse eficazmente en casos en que las autoridades actúen fuera del cauce legal. El concepto del interés legítimo, lejos de vaciarse, cobra entonces una connotación trascendente, porque los órganos juzgadores que conozcan de juicios en los que para acudir a ellos se deba acreditar sólo el interés legítimo, se convierten a su vez en la posibilidad de protección de dichos intereses a favor de la sociedad, debiendo velar primero porque no se deje en estado de indefensión a la ciudadanía. Consecuentemente, éstos deberán atender a la protección de las personas físicas o morales que se vean afectadas en la esfera de sus derechos, así como reconocer el interés legítimo de aquellas cuyo objetivo sea la defensa o promoción de esos derechos o intereses, incluyendo los colectivos, cuando éstos se vean afectados, pues ello estaría en consonancia con la definición que se dio más arriba, cuando se afirmó que la afectación a la esfera jurídica, necesaria para que se configure el interés legítimo, puede ser también derivada de la situación particular que se tenga respecto del orden jurídico.

Lo anterior no sólo faculta a asociaciones que dentro de su objeto social defiendan determinadas materias, a interponer válidamente juicios en los casos en que dichas materias se vean lesionadas por el actuar irregular de la administración, sino que además las convierte en actores de referencia en dichos juicios. Estimamos también que tanto la condición asociativa, como la defensa y/o promoción de derechos, deben ser entendidas en un sentido no restrictivo, atendiendo a que la institución del interés legítimo fue incorporada para ampliar el acceso de la ciudadanía a la justicia administrativa. Lo que necesariamente implica no dejarla en estado de indefensión, con lecturas rigoristas que impidan resolver el fondo del asunto.

Además, de acuerdo con expertos, la legitimación es un medio especialmente eficaz para la defensa de derechos colectivos, en virtud de que el interés legítimo puede servir para la superación de concepciones acentuadamente individualistas en el derecho. Estos expertos refieren también que tratándose de afectaciones a garantías colectivas, las asociaciones son muy apropiadas para su protección, máxime cuando la razón de ser de la organización es precisamente tutelar determinados intereses generales. Además, según ellos, para la eficacia del interés legítimo en un juicio no obstan tampoco alegaciones que pretendan despojar a las asociaciones del interés con que concurren, cuando se aborden derechos humanos, ni caben argumentos fincados en la calidad personalísima de determinados derechos, como por ejemplo el derecho al voto, cuando para la salvaguarda de los intereses afectados se invoquen estos derechos. O porque de otra forma se vería vulnerado el acceso a la justicia.

Se le va la lengua-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

La Auditoría reprueba al gobierno

Arturo Alcalde Justiniani

 

    Más allá de las declaraciones escuchadas todos los días, de los lugares comunes que se repiten con una propaganda que aturde y de la campaña orientada a tratar de convencernos de que necesitamos 18 años de gobierno del mismo partido, la realidad se impone con toda su dureza y con base en datos concretos nos acredita las deficiencias de la actual administración federal. No es motivo para alegrar a nadie, porque sus consecuencias afectan nuestra calidad de vida.

Poco a poco se ha integrado un mapa de resultados con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que conforme al artículo 74 constitucional tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. De cada 10 auditorías realizadas por este organismo, siete presentaron problemas en el manejo de los recursos o la aplicación de normas, una cuarta parte de los resultados son negativos. El denominador común es que la administración ha incurrido en deficiencias que deben aclararse. Las dependencias y entidades del Ejecutivo federal más problemáticas se ubican en las áreas de energía, hacienda, educación y comunicaciones y transportes. La ineficiencia, el despilfarro y la presunción de que en algunos reglones fundamentales existió deshonestidad se cierne como una sombra.
Uno de los resultados que mayor indignación ha provocado son los gastos de comunicación social del Ejecutivo, los cuales subieron más de 500 por ciento, generando una erogación –en cuatro años– de 7 mil 470 millones de pesos, de los que 574 millones corresponden a 2007, mil 769 a 2008, 2 mil 277 a 2009 y 2 mil 850 a 2010. Obviamente, esta gigantesca erogación da idea de las prioridades de gasto del gobierno y de la ausencia de criterios de racionalidad, economía y austeridad, que plantea la ley. La divulgación de supuestos logros y la creación de una imagen de gobierno eficaz y responsable son los principales contenidos de la propaganda gubernamental, que significa además importantes ingresos para las televisoras.
Se plantea la pregunta sobre el sentido que tiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la Comisión Federal de Electricidad o que Petróleos Mexicanos u otros organismos eroguen recursos para promover sus servicios, cuando resulta obvio que no están compitiendo con nadie. Quien va al IMSS es por necesidad, en otras palabras, porque no le queda de otra. Lo mismo sucede con las demás dependencias, que no tienen competencia; los usuarios de sus servicios no podemos optar entre dos empresas eléctricas o dos petroleras, por esta razón no se justifica el gasto de 3 mil millones de pesos anuales en publicidad; ya sólo falta que en su propaganda se nos pregunte: ¿quién lo recomendó con nosotros?, ¿volvería a utilizar nuestros servicios?
Como símbolo adicional de la irracionalidad del gasto durante este sexenio, habría que agregar los 3 mil 751 millones de pesos canalizados al fideicomiso creado para los actos del bicentenario y edificación de la Estela de Luz, esta última casi triplicó su costo inicial, ascendiendo a mil 100 millones de pesos. La ASF destaca que 276 millones son gastos duplicados; todas las instancias involucradas se deslindan de la aprobación del incremento en el costo de la columna, y la institución fiscalizadora recomienda al gobierno no liquidar el finiquito de la obra, dados los incumplimientos encontrados.

La lista de objeciones es inagotable; se puede voltear hacia cualquier extremo y aparecen las inconsistencias en el manejo de los recursos públicos. La CFE perdona 271 millones de pesos a la empresa suiza ABB, penalizada por retrasos en la entrega de equipos, y a la vez calcula el consumo de energía en el valle de México a 17 por ciento de usuarios sin revisar medidores, y aplica indebidamente ajustes a la alza a 47 por ciento de usuarios en esta región, contraviniendo el acuerdo 87 de la Junta de Gobierno de la CFE. Se destaca en el informe que sólo en 2010, esta dependencia pagó 74 mil millones de pesos a la iniciativa privada por generación de electricidad; ni más ni menos que 30 por ciento de su presupuesto total. A ella se le imputa la pérdida de 4 mil 548 millones de pesos, derivada de la concesión por 20 años de la fibra oscura a Televisa, acto que involucra a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por haber concesionado la red a pesar de conocer sus impedimentos. La ASF genera una conclusión que por sí sola hubiese provocado un escándalo; de haber mantenido esta red en propiedad de la paraestatal se habrían generado ingresos por 5 mil 431 millones de pesos. Se sugiere abiertamente la necesidad de fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados. ¿Dónde quedará el final de esta historia? La otra interrogante es: ¿por qué debe mantenerse una concesión en términos tan dañinos para el país?

En relación con la política energética, que constituye un elemento clave en nuestra vida económica, el proyecto de Chicontepec descubre otra parte de este rostro: en él se concentra 40 por ciento de la reserva petrolera del país y debió presentar beneficios –según los cálculos planeados– de 85.5 centavos por peso invertido. Contrario a lo esperado, generó pérdidas por 30.4 centavos antes de impuestos. Leemos con indignación las crónicas al respecto. Las causas: incumplimiento de metas de producción de petróleo y gas, y la demora en la perforación de pozos. Para remate, sale a la luz pública una tesorería paralela fuera del país, manejada por las filiales de Pemex en el extranjero, que están fuera de fiscalización. Aparece la nota de que sólo en 2010 estas cuentas movían un excedente de efectivo por un total de mil 700 millones de dólares.

Las deficiencias no se limitan al Ejecutivo federal, también aparecen en los otros poderes. Habrá que esperar las conclusiones de los diputados sobre este informe. Más allá de las mismas, se hace evidente un clamor: no más impunidad en el manejo de los recursos públicos, que tanto necesitamos para atender las gigantescas carencias que padece la mayoría de la población.