La Iglesia en la política electoral- CFE: la venta del futuro- Otra vez el muro- El Estado «de arriba» y el Estado «de abajo»

 

Arnaldo Córdova

 

     La Iglesia católica o, por mejor decir, su jerarquía, ha actuado en la política nacional desde tiempos inmemoriales. De su parte, no ha habido gobierno, también desde antaño, que no haya tenido estrechas relaciones con ella, relaciones que, por lo general, eran de entendimiento y muy raras veces de confrontación. Pero los obispos siempre han albergado un apetito feroz por inmiscuirse en las lides electorales, de las que nunca les ha faltado la comprensión de que son decisivas para la conformación de los gobiernos y de la representación popular, incluso en los tiempos del PRI gobernante.

En cuestiones electorales, empero, la Iglesia fue hasta hace poco muy discreta en su actuar, tratando de mantener una imagen que, aunque no negara su interés tan vivo, la mantuviera al margen de cualquier represalia. Las cosas cambiaron decisivamente después de las reformas salinistas de principios de los noventa. Los obispos tendieron a inmiscuirse, cada vez más, en los asuntos electorales, tratando de dar orientaciones a sus fieles sobre cómo votar y hasta vetando a ciertos candidatos, como lo pudimos ver con toda claridad en los procesos de 2006. Onésimo Cepeda estuvo, incluso, a punto de ser sancionado por sus agresiones verbales.
Por ello no puede sorprendernos el contenido de las orientaciones pastorales que el cardenal Rivera Carrera y sus ocho obispos auxiliares hicieron público el pasado 15 de febrero, que está fechado tres días antes. Se trata de un acto de intervención abierta de la jerarquía en el proceso electoral que apenas comienza.
Para empezar, en él se fija el deber de los pastores del pueblo de Dios de orientar a los fieles en aquellos planteamientos políticos que, por sus implicaciones religiosas, morales y sociales, contradicen las enseñanzas de la Iglesia católica. También, el deber de los fieles cristianos de participar en todo aquello que hace posible la construcción del bien común en la sociedad.
Qué será el bien común, los prelados no lo definen, pero saben de qué hablan: poner a la persona y su dignidad por encima de los intereses partidarios o particulares de los partidos [sic] y sus ideologías (primera de nueve propuestas), así como “una verdadera libertad religiosa… de los creyentes para expresar libremente su fe y, sólo en segundo lugar, a [sic] las instituciones que los agrupan”. Primero la fe y luego la adhesión a las instituciones. Un concepto, como se ve, muy diferente de aquel orden social que Santo Tomás de Aquino veía como parte del orden universal que Dios había instituido en las cosas.
Los jerarcas católicos llaman a sus fieles a promover activamente el fortalecimiento de la familia cristiana. La familia no cristiana no les interesa en absoluto, tal vez porque constituye una comunidad muy minoritaria. La base infaltable e inmodificable es la definición del matrimonio como la unión que forman un hombre y una mujer. Si a algunos les da la gana de constituirse en matrimonio con parejas del mismo sexo, evidentemente, cometerán un grave pecado que ellos quisieran que fuera definido como delito, es decir, como un acto penado por la ley.
Como parte de los derechos naturales que rodean la institución de la familia se encuentra, desde luego, el derecho exclusivo de educar y orientar a sus hijos y dependientes como la sociedad humana y cristiana que son. También aquí de los que no tienen la fortuna de ser parte de una sociedad así, sino que conforman otros credos religiosos y sociales, no se dice ni media palabra y hay que dar por hecho que son como aquellos extranjeros que practican extrañas costumbres y son, acaso, unos idólatras. ¿Para qué pensar en ellos?

A muchos ha sorprendido siempre (y es probable que entre ellos abunden los católicos) cómo es que los curas de este credo, por un lado, sienten la necesidad de pastorear a sus feligreses porque los ven todo el tiempo al borde del pecado y, de verdad, no confían en ellos para guiarse a sí mismos, mientras que, por otro lado, piensan que la familia es la única institución capaz de educar a sus hijos, no obstante la ignorancia y la barbarie generalizada en la que viven todas las de su especie, en un país en el que ni el Estado y ni siquiera la Iglesia han hecho nada por elevar sus niveles de cultura y de civilidad.

Los prelados llaman a promover varios tópicos que tienen que ver, indudablemente, con el bienestar de todos y con la paz social, y se hace alusión en los puntos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, al combate a la injusticia social, la lucha contra la corrupción, la promoción del desarrollo económico, el combate al crimen organizado, el cuidado y la protección de las personas más vulnerables (ancianos, indígenas, niños y discapacitados) y la preservación de los recursos naturales de la nación, respectivamente. El problema es que no dicen nada de cómo los fieles van a luchar por esos objetivos ni en qué consiste su problemática.

Aparte de ello, aprovechan el viaje para lanzar algún petardo, por ejemplo, cuando en el punto 5, a propósito de la corrupción, postulan que hay que partir de un historial limpio de los candidatos, como si ellos fueran la autoridad que debe juzgar del asunto, o cuando en el 6 acusan a los intereses partidistas de aplazar “una serie de reformas constitucionales… que frenan injusta e irresponsablemente el desarrollo de las futuras generaciones”. Deberían decirnos qué saben al respecto, pero está claro que no hacen más que repetir lo que Calderón, su presidente, dice todos los días.

Ahora sabemos (punto 9) que los recursos naturales de la nación (la expresión es de ellos) nos han sido dados y confiados por Dios. Hasta hoy yo pensaba que la nación, al instituir las relaciones de propiedad en el artículo 27 constitucional y reservar para su dominio exclusivo los bienes naturales que en él se mencionan (tierras y aguas, el subsuelo y sus recursos, los zócalos submarinos, el espacio radioeléctrico y los mares territoriales) no le había pedido permiso a Dios ni creo que supiera que Él los había creado para ella. Es de celebrarse, empero, que los prelados hagan suya la doctrina del 27.

Finalmente, en torno al asunto del aborto, los jerarcas nos dicen lo de siempre: En lo concerniente a los valores emanados del Evangelio, los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. Cabe preguntar qué pasaría si un candidato o un partido se atreve a decir que no está de acuerdo con semejante punto de vista. Desde luego, me imagino, los fieles les negarían su voto. Pero, ¿es que los prelados no saben o no se han enterado de que la ley les prohíbe hacer semejantes pronunciamientos?

Resulta claro que ellos están probando su suerte, esperando que ninguna autoridad electoral o administrativa les llame al orden o los sancione. Ya veremos si dichas autoridades tienen la voluntad de hacerlo. Los jerarcas seguirán en lo suyo, que es ignorar la ley y negarse a observarla.

CFE: la venta del futuro

Antonio Gershenson

 

     Como Pemex es más grandote, han vendido una mayor cantidad de sus actividades e incluso propiedades (en especial petroquímicas) a empresas extranjeras. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sus funcionarios no quieren quedar disminuidos, y entonces, desde hace tiempo, han estado vendiendo también el futuro.

Vendieron en Altamira un contrato de compra de gas licuado por 15 años. Luego, en Manzanillo, venden otra tanda de gas licuado, más grande, primero por 15 años y luego se agranda a 20. Sus planes actuales para vender el futuro, ya publicados, son todavía mayores.
Esos negocios son toda una historia, y desembocan, entre otras cosas, en las inundaciones del Grijalva de 2007 y las posteriores. Ya no se manejan las hidroeléctricas con el criterio de generar electricidad y proteger a las poblaciones circundantes. De hecho, incluso se provocan más inundaciones, porque se trata de dar preferencia a las empresas privadas que queman gas, sobre la electricidad más barata de las hidroeléctricas.
Siguen queriendo aumentar el consumo de gas, incluyendo más compras y más importaciones. Se incluyen plantas de ciclo combinado de gas en el Valle de México. No les importa que son más de 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar, que el gas esté contaminado con nitrógeno, y que por una y otra causas cada planta va a tener 30 por ciento de pérdidas. Al fin que no es dinero suyo, sino que se lo cobran a los consumidores.
Siguen entregando las nuevas y futuras plantas a empresas extranjeras, de una u otra maneras. En varios casos, como el viento de La Ventosa, hay despojo de los pobladores, por las trasnacionales. Entre las agrupaciones formadas en su defensa están la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en Defensa de la Tierra y el Territorio; el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, y la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo.
Quiero hacer una aclaración: se trata de empresas privilegiadas, no de todas. Ayer mismo dijimos en este periódico que escapan del país 19 mil millones de dólares este sexenio.
Entre los programas de la CFE hay uno para el norte y el noroeste. La gran ventaja para ellos: no hay en esa región producción de gas en México. Y, claro, no van a usar otros medios de generación, sino su contratadero favorito: el gas natural.

Ya están en operación comercial las siguientes líneas, todas con gas procedente de Estados Unidos:

En Sonora: Naco-Nogales, Hermosillo, Puerto Libertad y Guaymas. También, con el mismo gasoducto: Topolobampo y Mazatlán.

Por otras entradas desde el país del norte: San Juan, Hueco, El Encino, Monterrey y Reynosa.

Para 2025 se tiene planeada una capacidad instalada mayor al triple que la del proyecto inmediato, agregando además San Isidro, Samalayuca, Guamúchil y Jiménez. La capacidad aumentada en este proyecto, es de casi 11 mil megawatts de generadores que consumen gas natural importado. Es entre la tercera parte y la cuarta parte de la capacidad total existente activa en el país.

¿Por cuántas décadas ambicionan los funcionarios la firma de contratos por 15 o 20 años de todo este gas por ser importado?

Sí tenemos otros recursos. Otra cosa es que esos funcionarios los detesten, porque les echan a perder sus negocitos, o por lo menos se les reducirían.

En el noroeste tenemos una riqueza geológica enorme. Las fallas que atraviesan de norte a sur el mar de Cortés, que separan la Placa de América del Norte de la Placa del Pacífico, son miles de kilómetros. Podemos darnos el lujo de escoger las partes más adecuadas. Y con la electricidad generada no sólo alimentamos toda la península de California, sino que alimentamos por lo menos Sonora, Sinaloa y parte de Chihuahua.

Para lo demás, tenemos opciones que no nos limitan al gas importado. Y ya más cerca del Golfo, podremos usar también gas nacional. Sobre todo en la medida en que logremos que los trogloditas de Pemex no lo sigan quemando. No se quieren quedar atrás de la CFE, y compran nitrógeno por 15 años.

Afortunadamente, a este sexenio le queda menos de un año. Con lo lentos que son, no es mucho lo que todavía pueden vender. Y hay que parar esas ventas, sobre todo las del futuro, lo más posible.

antonio.gershenson@gmail.com

Otra vez el muro

Jorge Durand

 

     Hace ya más de cinco años que, en sus mítines de campaña, Felipe Calderón proclamaba a voz en cuello la siguiente perorata: yo le digo a los estadunidenses que no gasten tontamente su dinero en muros, que de todas maneras nos lo vamos a brincar. Luego se supo, por las revelaciones de Wikileaks (06MEXICO255) publicadas en La Jornada, que Calderón había ido a la embajada de Estados Unidos el 10 de enero de 2006 a informar que sus alegatos sólo eran retórica, una estrategia de campaña, que no quería atizar el debate, pero dadas las circunstancias no podía darse el lujo de perder ningún voto frente a AMLO.

Ahora, en Estados Unidos sucede algo similar. Los candidatos republicanos, que ahora están en campaña, se dedican a perorar sobre la urgente necesidad de continuar con el muro y prometen terminarlo en un año, cuando llevan construyéndolo 25. Pero que se sepa ninguno de los candidatos ha ido a la embajada mexicana a matizar sus opiniones y justificarse de que están en campaña.
Sin embargo, en Estados Unidos el asunto no está tan claro en cuanto a la ganancia de votos. Ciertamente contarán con los sufragios conservadores, que han declarado la guerra a los migrantes, pero hay una gran interrogante sobre el voto de los hispano-latinos que en su mayoría tienen contactos y relaciones con la migración indocumentada.
Se supone que los migrantes legales, muchos de ellos naturalizados y con derecho al voto, no están de acuerdo con las medidas draconianas en contra de los indocumentados. Pero nunca se sabe. En 1994 una mayoría de latinos votó en favor de la Proposición 187, que marcó el comienzo de toda esta pesadilla persecutoria.
En efecto, los migrantes recién legalizados se quieren diferenciar de los otros, de esos mojados, que están en situación irregular y que han sido estigmatizados. Pasa lo mismo con los conversos de la religión o de bando político, que se convierten en más papistas que el Papa o son los más recalcitrantes.
Como quiera, las alarmas se han disparado y algunos republicanos, como Jeb Bush, ex gobernador de Florida, piden moderación a sus partidarios para atraer al voto latino, que puede resultar crucial en estados con muy alta representación y en los que, coincidentemente, hay muchos latinos: California, Florida, Texas, Nueva York e Illinois.
La migración ha entrado en el campo de las posiciones maniqueas, donde no hay marcha atrás, donde matizar o encontrar una fórmula intermedia es considerado traición a la causa. Hay que elegir entre el bien y el mal, entre la legalidad y la ilegalidad. No hay términos medios.

El principio escolástico del mal menor no rige entre los fundamentalistas. Pero sin lugar a dudas es un principio básico del quehacer político, en cualquiera de los bandos. Se hace lo que se puede, no lo que se debe. Así es la política.

Es imposible expulsar de manera masiva a 11 millones de migrantes que trabajan y que son necesarios para la marcha de la economía, pero sí es posible deportar de manera sistemática a cientos de miles de migrantes y justificarse en que eran delincuentes, como lo ha hecho Obama en estos años recientes. No es posible detener la migración irregular, pero sí es posible construir un muro para que todo el mundo lo vea, para que se publicite en los medios y para que el público y los electores se sientan satisfechos.

Nos guste o no los muros funcionan, como en China hace milenios, en Alemania hasta hace unas décadas o en la actualidad en Corea, Marruecos, Ceuta, Melilla, Cisjordania y tantos otros. Pero para que funcionen hay que darles mantenimiento y poner detrás a todo un ejército de vigilantes y dispositivos tecnológicos.

El muro de la vergüenza o de la tortilla, que todavía está en busca de un nombre adecuado, ha servido para frenar, en cierta medida, la migración irregular. No es el único factor, pero ciertamente ha contribuido. En 1993, cuando empezó la operación Guardián, en San Diego, 50 por ciento de los migrantes irregulares pasaba por Tijuana. Pero eso ya es historia, son tiempos pasados, sólo algún despistado va a Tijuana y pretende ir al otro lado de manera irregular. Aquella frase retórica sobre el muro de que de todas maneras nos vamos a brincar, no se comprueba en la realidad.

Pero no hay mal que por bien no venga. Irse de mojado a Estados Unidos es una desgracia, una tragedia. El sueño americano, para la mayoría de migrantes ha sido siempre una pesadilla. Si se cierra la salida fácil del norte habrá que aprender a luchar y a exigir para que no haya tanta desigualdad, dispendio, corrupción, nepotismo e impunidad en nuestro país.

Tiene otra ventaja. Cuando se cierre definitivamente el muro, no tendrán otra salida que abrir la puerta para que pasen los trabajadores de manera legal, segura y ordenada.

El Estado de arriba y el Estado de abajo

Guillermo Almeyra

 

      En varios países de América Latina –como Bolivia, Ecuador o Venezuela– presenciamos esfuerzos por imponer la igualdad de derechos de los pueblos indígenas y la democracia en el conjunto de la las relaciones sociales –que son la base del Estado– mientras se discute la construcción de las formas estatales que mejor corresponden a las necesidades de los diversos sectores que en el campo nacional a veces se unen, otras meramente conviven y otras se diferencian y combaten.

Como en el combate por escapar del atraso y la miseria que se han visto agravados por la crisis mundial del capitalismo se juntan y entremezclan diferentes revoluciones –la descolonizadora de los pueblos indígenas, la democrática y por la unidad nacional y la anticapitalista en germen– no todos los diferentes revolucionarios persiguen hasta el fin la transformación económica y social real, la construcción de relaciones no capitalistas. Por consiguiente, en el gobierno o en las organizaciones de masas todos hablan de revolución, pero cada uno le da al concepto un contenido diferente.
Esos países, como todos los latinoamericanos, por su relación con el capital financiero internacional y su inserción en el mercado mundial capitalista, tienen un Estado dependiente y relaciones de producción capitalistas. Lo que está en disputa en todos es el grado mayor o menor de aplicación de las políticas neoliberales y, por ende, las políticas y formas de funcionamiento y de sustentación de los gobiernos capitalistas locales. Al mismo tiempo, la movilización independiente de los sectores más oprimidos por el capital y menos integrados en los modos de vida y de consumo capitalistas (que los gobiernos y todo el establishment presentan como si fueran algo natural) les lleva a extraer del pasado para darles vigencia en la lucha actual tradiciones y restos de formas de organización comunitarias que dan las bases para nuevas relaciones sociales colectivistas que chocan con el capitalismo.
Surge de allí un poder paralelo al del Estado capitalista y su gobierno (por ejemplo, policías comunitarias o sindicales, leyes y organismos de justicia que no son los oficiales) y esa red de poderes locales reales tiende a abrirse paso en la Constitución nacional y es la expresión naciente de otro tipo de Estado de transición, no capitalista, creado desde abajo y que se legitima y legaliza mediante las luchas contra el poder estatal central con el cual se entrelaza el capital nacional y extranjero.
Éste, por supuesto, se defiende recurriendo a la violencia y a la cooptación de los dirigentes sociales para unificar al país bajo su férula, ya que no se propone eliminar el sistema capitalista sino reformarlo, crear un capitalismo andino o vernáculo, y acepta sólo la igualdad formal ante la ley (entre un gran minero y un indígena comunitario, por ejemplo) y no el desarrollo de la autonomía y la autogestión social generalizada que cree las condiciones para la federación de libres comunas asociadas que Marx sugería podría ser la forma del socialismo y del comienzo de agonía y disolución del Estado para dar paso a una nueva organización social en la que, como decía Saint Simon, se administrasen las cosas y no las personas.

Los revolucionarios de la revolución modernizadora del Estado, como García Linera, el vicepresidente boliviano, quieren reforzar el aspecto unitario, centralista, en la Constitución y hacer del Estado un aparato más eficaz para el desarrollo capitalista en el país, acabando con la corrupción, el regionalismo, los privilegios de casta y eso les lleva a aborrecer las autonomías. Los revolucionarios autonomistas y autogestionarios, por el contrario, queremos reforzar el Estado naciente, el de abajo aún en construcción, las decisiones asamblearias de los pueblos indígenas y las comunidades de todo tipo que la actual Constitución boliviana, por ejemplo, consagra pero que los primeros violan cuando les conviene recurriendo no al consenso sino a la violencia.

Si se consultase a los directamente afectados, en su territorio, su vida y su cultura, por las diversas opciones técnicas o económicas que se enfrentan (construir o no una carretera en un bosque virgen, por ejemplo, o dar un rodeo por otras zonas que no la rechacen) no sólo se reforzaría el consenso político con que cuenta el gobierno sino que también se construiría ciudadanía, pensamiento crítico, democracia.

El jacobinismo, el caudillismo, el verticalismo, la utilización del aparato estatal para imponer una línea trazada a espaldas de los sujetos mismos del cambio social debilitan, en cambio, al mismo Estado que tratan de modernizar y de reforzar. La fuerza que cambiará Venezuela no es el gobierno de Chávez sino la organización, concientización y capacidad de iniciativa de quienes apoyan a Chávez, y en los que éste se apoya. Una revolución ciudadana en Ecuador sin la izquierda, los indígenas y el ambientalismo de izquierda dependerá sólo de la disciplina dudosa de las fuerzas armadas.

Por supuesto, la red de autonomías y autogestiones debe ser aún construida o reforzada para que sea un Estado, no Estado de abajo, y hay que utilizar y mejorar al insuficiente y deformado Estado actual para navegar en el mercado mundial y reparar injusticias sociales en el plano nacional. Pero, si se quiere apostar a un cambio social, hay que construir consenso, autonomía, autorganización, autogestión, democracia.