ONU: México, el mal ejemplo
Una mujer en la comunidad mixteca de Cochoapa, Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
GINEBRA (apro).- La discriminación sistemática contra mujeres indígenas y migrantes, observada en México durante el examen ante el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas, que se realizó la semana pasada, constituye un caso paradigmático de “abandono de derechos de esas minorías, excluidas de la protección a causa de la negligencia del Estado, lo que incita a la ONU a crear la imputación general de discriminación por omisión valida para todos los países”, dice a Apro el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, uno de los 18 expertos que integran este Comité.
“Es un mal ejemplo, sobre todo en la región (de América Latina). Hay situaciones muy graves: llegan a 22 mil los migrantes secuestrados en México, y los indígenas son criminalizados por oponerse a la explotación minera contaminante y se les condena por presuntos delitos sin haberles traducido a sus lenguas las inculpaciones en la justicia. Algunos están en la cárcel sin saber por qué”, exclama Tzay, luego de la comparecencia de una nutrida delegación gubernamental de México que asistió a Ginebra para hacer frente a este Comité, cuyas conclusiones serán presentadas públicamente y por escrito el próximo 9 de marzo.
Tzay pone un ejemplo de la discriminación persistente en México: “Un indígena fue deportado a Honduras por su perfil físico y era ciudadano de México. ¡Tuvo que trabajar varios meses en Honduras para pagarse el pasaje de vuelta al estado de Guerrero!”.
Durante la sesión del Comité, Tzay preguntó a los miembros de la delegación oficial de México si el gobierno de Felipe Calderón no iba a revisar las sentencias judiciales contra indígenas que no pudieron ejercer plenamente el derecho a defenderse, por ausencia de traductores, pero no consiguió una respuesta satisfactoria.
Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y jefe de la delegación mexicana, prometió que en 2015 México dispondrá del número suficiente de traductores a todas las lenguas de los 68 pueblos originarios reconocidos en el país. Informó que actualmente hay 450 intérpretes en los tribunales competentes.
Los 175 países que en 1969 firmaron la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU, se dotaron de un Comité de 18 expertos independientes elegidos por el voto secreto de los Estados que la han ratificado. El objetivo: corroborar si los gobiernos acatan la Convención y mantienen esfuerzos permanentes para reforzar su aplicación.
Ahora le tocó el turno del examen a México. Los debates orales fueron trasmitidos en directo por video, a través de Internet, gracias al Movimiento Internacional contra Todas las formas de Discriminación y Racismo, una ONG japonesa con oficinas en Ginebra (IMADR, por sus siglas en inglés).
En ese “dialogo interactivo” entre los expertos de la ONU y la delegación mexicana se ofrecieron cifras relevantes, como que 10% de los 112 millones de mexicanos son de origen indígena, además de los 450 mil afrodescendientes.
La delegación mexicana dio un tácito reconocimiento de que existe una especie de menosprecio por parte del resto de la población, que sustentaría una suerte de “discriminación estructural de baja intensidad”, manifestación de “racismo cultural”, plagado de prejuicios, pero adelantó que la justicia indígena, de acuerdo con sus propias normas, ha obtenido ya un alto grado de reconocimiento.
“La autoidentificación de los indígenas es un principio respetado, no lo determina el Estado. Sus lenguas han dejado de ser dialectos y se ha mejorado su enseñanza. Disfrutan del derecho a la autonomía y gozan del debido proceso. Todo proyecto de explotación de sus tierras obliga a la consulta previa y a la presentación de un informe de impacto ambiental avalado por un órgano de gobierno, y las concesiones se pueden anular con respaldo de una ley”, resumió Janitzio Durán Ortegón, titular de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México.
“Protagonizamos una revolución judicial garantista en México. Estamos castigando todas las violaciones de los derechos humanos. El grado de transparencia del gobierno alcanza los más altos estándares internacionales. Existe una voluntad de erradicar la impunidad y limitar los excesos del poder. Hoy hay más garantías que antes para afrontar la lucha contra el crimen organizado. Las declaraciones obtenidas sin presencia de un abogado son nulas. Se respeta la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a ser juzgado en vista pública, pero es cierto que perduran problemas”, subrayó Alejandro Negrín Muñoz, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, varios de los miembros del Comité matizaron la euforia oficial mexicana.
Para el experto estadunidense Carlos Manuel Vázquez, “la administración de justicia en la lucha contra el crimen organizado ha empeorado”.
Su colega de Burkina Faso, Fatima-Binta Victoire Dah, quiso saber cuándo se va a retirar el Ejército de la lucha contra el narcotráfico, y ninguno de los 16 integrantes de la representación mexicana articuló una respuesta.
Al francés Régis de Gouttes le llamó la atención que no se ventilen querellas por racismo en los tribunales, lo cual demostraría una falta de confianza de las víctimas en la justicia, o miedo a denunciar.
El rumano Ion Diaconu concluyó que hay leyes que no se aplican en México, un fenómeno que según el colombiano Pastor Elias Murillo Martínez es característico del continente latinoamericano y del Caribe, que consiste en disponer de una sólida legislación para combatir la discriminación racial, pero cuya aplicación es altamente deficitaria.
Para probar sus dichos, Murrillo Martínez enumeró algunos hechos cuya rendición de cuentas México tiene pendiente. Solicitó el esclarecimiento del asesinato de José Trinidad de la Cruz, indígena nahua abatido por paramilitares en el marco de una disputa por tierras.
Mencionó las detenciones arbitrarias de José Ramón Aniceto y Agustín Cruz, indígenas otomíes, por reclamos de acceso al agua. Señaló que se aguarda el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la condena al indígena Hugo Sánchez a 37 años de prisión por un secuestro, que el acusado parece negar y cuya prueba sería motivo de controversia.
Murillo Martínez también dijo esperar un pronunciamiento sobre inquietantes cifras establecidas por organizaciones de la sociedad civil: 49% de los marginados en 441 municipios mexicanos serían indígenas, y un sondeo en establecimientos penitenciarios establecería que 63% de la mujeres indígenas privadas de su libertad no tuvieron interpretes en el curso de los procesos judiciales que las condujeron a la cárcel.
Twitter: suicidio social
La página web de Twitter.
Foto: Especial
Foto: Especial
MÉXICO, D.F. (apro).- A tono con la línea de Facebook y Google, la poderosa red social Twitter anunció que “borrará” mensajes si éstos contradicen las leyes de un país.
Usuarios de todo el mundo consideraron tal medida como censura y consideraron que detrás de ella existe una razón: la ganancia monetaria, pese que ello puede hacer perder a Twitter su estatus de campeón de la libre expresión en Internet.
Jack Dorsey, director de Twitter, justificó la medida en un comunicado emitido el pasado 26 de enero: “Mientras crezcamos internacionalmente entraremos a países que tienen ideas diferentes sobre los contornos de la libertad de expresión”.
Fue en dicho comunicado que Dorsey hizo el anuncio de “borrar” un mensaje si éste contradice las leyes de un país. Precisó que ello sólo se hará bajo petición de gobiernos o corporaciones ofendidas, y además se informará al usuario.
“La posición de Twitter de que la libertad de expresión es interpretada de forma diferente de país en país es inaceptable”, dice a Apro el director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Estados Unidos, Delphine Halgand.
“Este derecho fundamental está formulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, explica.
Varios activistas de los países donde ocurrieron las revoluciones árabes reaccionaron ante la medida: realizaron un “apagón” de Twitter el 28 de enero.
Los usuarios crearon el hashtag (tema común) #TwitterBlackout, con sus réplicas en alemán, francés y árabe. En México, por ejemplo, se creó el pintoresco hashtag #Twittercensuramesta.
Incluso, personalidades como el artista chino Ai Weiwei amenazaron con dejar de usar Twitter si comenzaba a censurar.
Ese mismo día, el periodista de Proceso, Jenaro Villamil, señaló en su blog personal, homozapping, 20 razones para estar en contra de la medida. Destacó, además, la imposibilidad de twitter para controlar un flujo de 250 millones de mensajes al día y los intereses de expansión de la empresa en países con fuertes restricciones de Internet.
Dos de estos países no tardaron en pronunciarse sobre la medida, especialmente China (que cuenta con un mercado potencial de 500 millones de usuarios de internet) y Tailandia.
El editor en jefe del periódico oficialista chino Global Times, Hu Xijin, dijo el 31 de enero (paradójicamente en Twitter): “Entiendo la actual censura de Internet en China (…), pero –matizó– apoyo que gradualmente se liberalice. Creo que la libertad de expresión será inevitable en China”.
El secretario de Información y Tecnología de Tailandia, Jeerawan Boonperm, dio la bienvenida a la medida y dijo que se pondría en contacto con Twitter inmediatamente.
En Tailandia existen leyes que impiden hablar de ciertos temas, particularmente la llamada Ley de Lesa Majestad, en virtud de la cual una persona puede ser condenada hasta con 20 años de prisión por hablar mal de la corona.
“La democracia y la libertad de expresión son derechos universales. Cualquiera que diga que son culturalmente específicos es un apologista de la dictadura”, dice a Apro Giles Ji Ungpakorn, académico y activista político tailandés exiliado en Inglaterra por violar la mencionada ley.
De acuerdo con Ji Ungpakorn, el gobierno de su país tiene mucho miedo de una primavera tailandesa. “Saben que millones de tailandeses quieren criticar a la monarquía y al ejército que constantemente promueven regímenes autoritarios”, denuncia.
La autoridad del rey Bhumibol Adulyadej, uno de los hombres más ricos del mundo, está en crisis desde que apoyó el golpe militar de 2006, que derivó en fuertes protestas promovidas por el movimiento social denominado “los camisas rojas”.
El 26 de enero, RSF envió una carta al director de Twitter, Jack Dorsey, en la que le pidió dar marcha atrás a la medida –que consideró nociva para la libertad de expresión– y evitar ponerse de lado de los países censores al privar a los ciberdisidentes de una herramienta de movilización.
Halgand dice a Apro que esta clase de censura sería “geolocalizada”, y variaría de acuerdo con la localización del país en el que se encuentre el usuario de la red social.
Según la carta de RSF, otros países en peligro serían Turquía, por las demandas de la minoría kurda y las leyes que prohíben difamar a la república; Vietnam, por los efectos de la minería de bauxita, y países que viven revoluciones, como Siria y Bahrein.
De acuerdo con entrevistas publicadas en el artículo Temen que censura de Twitter cree precedente en otras redes, publicado el 6 de febrero por el diario El Universal de Venezuela, el problema no sería tanto la censura en Twitter, sino lo que provocará en otras redes sociales y en gobiernos que pueden aprobar leyes que limiten la libre expresión en línea.
En México, por ejemplo, no ha cumplido un año el caso de los twitteros de Veracruz que fueron encarcelados por emitir una falsa alarma de un ataque del crimen organizado a una escuela. Los usuarios de Twitter fueron acusados de terrorismo y sabotaje. El caso llegó a tal grado que el gobernador de Veracruz planteó ante el congreso la figura legal de “perturbación del orden público”.
Una corporación
Un editorial publicado el 30 de enero por el diario chino Global Times acusó a los activistas que protestaron por las medidas de Twitter de confundir la política con una decisión de negocios, y dice que es imposible tener una libertad sin límites, incluso en los países de Occidente.
“El anuncio de Twitter muestra que se dieron cuenta del hecho que tenían que hacer una elección entre ser una herramienta política idealista, como muchos esperan, o seguir pragmáticas reglas comerciales como una compañía”, apuntó el editorial.
“En nuestra carta para Jack Dorsey preguntamos si la decisión estaba motivada por el deseo de penetrar al mercado chino a cualquier costo”, revela a Apro Halgand. La carta aún no ha sido contestada.
“Él (Dorsey) recientemente visitó China y expresó su deseo de que Twitter un día sea permitido en ese país”, recuerda Halgand.
El egipcio Mahmoud Salem (@sandmonkey ),“techno-activista”, fue protagonista de las protestas contra Mubarak. En entrevista electrónica con Apro, señala que “existe una tendencia general de los gobiernos por controlar el internet, y yo, naturalmente, me opongo a esas medidas”.
Sin embargo, cuando se le pregunta sobre la razón de la censura de ciertos twits, dice que el asunto es simple: “Responsabilidad civil”, apunta en referencia a la figura legal que hace a alguien reparar un daño hecho mediante una retribución. “Si ellos publican contenido que viole las leyes del país, se les puede hacer responsables”, explica.
–¿Cómo?
–Con dinero, básicamente–, aclara.
El activista de Tailandia, Ji Ungpakorn, es más tajante: “La intención es proteger sus intereses y su negocio a expensas de la libertad. Twitter es una compañía comercial que sólo quiere hacer dinero en todo país sin importar el régimen. Sólo busca una excusa para justificar su posición”.
Twitter no gobierna…
“Si bien la medida hará que sea más difícil expresar la inconformidad social en estos países, no se detendrá la protesta”, afirma Ji Ungpakorn.
El activista de Tailandia no cree que la revolución egipcia fuera una revolución de Twitter, pues el gobierno cortó el internet y los teléfonos en los momentos cruciales. “Los regímenes son derrocados por acciones masivas planeadas. Twitter fue sólo una herramienta de comunicación entre muchas otras”, dice.
El analista de Al Jazeera, Marwan Bishara (@marwanbishara), publicó el 31 de enero un libro titulado El árabe invisible: promesas peligros de las revoluciones árabes. En él apunta una frase que ejemplifica la situación:
“Facebook no organiza, la gente lo hace. Twitter no gobierna, la gente lo hará”.
De igual manera, Salem cree que la medida no afectará el activismo por Internet. “Los techno-activistas siempre encuentran la manera para hacer sonar su voz”, advierte el egipcio. “Si Twitter nos falla, encontraremos otra herramienta y la haremos igual de popular”.
Halgand comenta que el día que RSF envió la carta a Dorsey, habló con los representantes de Twitter, quienes reafirmaron su compromiso con la libertad de expresión y explicaron que tratarían caso por caso, pero hablaron de la necesidad de respetar las leyes locales.
“No estamos convencidos y seguiremos vigilando”, dice Halgand. “Recomendamos a los activistas vigilar y reportarnos si encuentran twits censurados o cuentas censuradas”, pide. “Esto será de mucha ayuda para saber cómo aplica Twitter su nueva política”.
Ante esta situación, no son pocos los que decretan el fin de la credibilidad en Twitter. El mismo día en que fue publicada la medida, la cuenta del blog de tecnología de la revista Forbes retuiteó un mensaje que decía: “Twitter comete suicidio social”.
Salem sentencia: “Esto no será otra cosa que un inconveniente, pero para ellos podría ser el principio del final”.
Usuarios de todo el mundo consideraron tal medida como censura y consideraron que detrás de ella existe una razón: la ganancia monetaria, pese que ello puede hacer perder a Twitter su estatus de campeón de la libre expresión en Internet.
Jack Dorsey, director de Twitter, justificó la medida en un comunicado emitido el pasado 26 de enero: “Mientras crezcamos internacionalmente entraremos a países que tienen ideas diferentes sobre los contornos de la libertad de expresión”.
Fue en dicho comunicado que Dorsey hizo el anuncio de “borrar” un mensaje si éste contradice las leyes de un país. Precisó que ello sólo se hará bajo petición de gobiernos o corporaciones ofendidas, y además se informará al usuario.
“La posición de Twitter de que la libertad de expresión es interpretada de forma diferente de país en país es inaceptable”, dice a Apro el director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Estados Unidos, Delphine Halgand.
“Este derecho fundamental está formulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, explica.
Varios activistas de los países donde ocurrieron las revoluciones árabes reaccionaron ante la medida: realizaron un “apagón” de Twitter el 28 de enero.
Los usuarios crearon el hashtag (tema común) #TwitterBlackout, con sus réplicas en alemán, francés y árabe. En México, por ejemplo, se creó el pintoresco hashtag #Twittercensuramesta.
Incluso, personalidades como el artista chino Ai Weiwei amenazaron con dejar de usar Twitter si comenzaba a censurar.
Ese mismo día, el periodista de Proceso, Jenaro Villamil, señaló en su blog personal, homozapping, 20 razones para estar en contra de la medida. Destacó, además, la imposibilidad de twitter para controlar un flujo de 250 millones de mensajes al día y los intereses de expansión de la empresa en países con fuertes restricciones de Internet.
Dos de estos países no tardaron en pronunciarse sobre la medida, especialmente China (que cuenta con un mercado potencial de 500 millones de usuarios de internet) y Tailandia.
El editor en jefe del periódico oficialista chino Global Times, Hu Xijin, dijo el 31 de enero (paradójicamente en Twitter): “Entiendo la actual censura de Internet en China (…), pero –matizó– apoyo que gradualmente se liberalice. Creo que la libertad de expresión será inevitable en China”.
El secretario de Información y Tecnología de Tailandia, Jeerawan Boonperm, dio la bienvenida a la medida y dijo que se pondría en contacto con Twitter inmediatamente.
En Tailandia existen leyes que impiden hablar de ciertos temas, particularmente la llamada Ley de Lesa Majestad, en virtud de la cual una persona puede ser condenada hasta con 20 años de prisión por hablar mal de la corona.
“La democracia y la libertad de expresión son derechos universales. Cualquiera que diga que son culturalmente específicos es un apologista de la dictadura”, dice a Apro Giles Ji Ungpakorn, académico y activista político tailandés exiliado en Inglaterra por violar la mencionada ley.
De acuerdo con Ji Ungpakorn, el gobierno de su país tiene mucho miedo de una primavera tailandesa. “Saben que millones de tailandeses quieren criticar a la monarquía y al ejército que constantemente promueven regímenes autoritarios”, denuncia.
La autoridad del rey Bhumibol Adulyadej, uno de los hombres más ricos del mundo, está en crisis desde que apoyó el golpe militar de 2006, que derivó en fuertes protestas promovidas por el movimiento social denominado “los camisas rojas”.
El 26 de enero, RSF envió una carta al director de Twitter, Jack Dorsey, en la que le pidió dar marcha atrás a la medida –que consideró nociva para la libertad de expresión– y evitar ponerse de lado de los países censores al privar a los ciberdisidentes de una herramienta de movilización.
Halgand dice a Apro que esta clase de censura sería “geolocalizada”, y variaría de acuerdo con la localización del país en el que se encuentre el usuario de la red social.
Según la carta de RSF, otros países en peligro serían Turquía, por las demandas de la minoría kurda y las leyes que prohíben difamar a la república; Vietnam, por los efectos de la minería de bauxita, y países que viven revoluciones, como Siria y Bahrein.
De acuerdo con entrevistas publicadas en el artículo Temen que censura de Twitter cree precedente en otras redes, publicado el 6 de febrero por el diario El Universal de Venezuela, el problema no sería tanto la censura en Twitter, sino lo que provocará en otras redes sociales y en gobiernos que pueden aprobar leyes que limiten la libre expresión en línea.
En México, por ejemplo, no ha cumplido un año el caso de los twitteros de Veracruz que fueron encarcelados por emitir una falsa alarma de un ataque del crimen organizado a una escuela. Los usuarios de Twitter fueron acusados de terrorismo y sabotaje. El caso llegó a tal grado que el gobernador de Veracruz planteó ante el congreso la figura legal de “perturbación del orden público”.
Una corporación
Un editorial publicado el 30 de enero por el diario chino Global Times acusó a los activistas que protestaron por las medidas de Twitter de confundir la política con una decisión de negocios, y dice que es imposible tener una libertad sin límites, incluso en los países de Occidente.
“El anuncio de Twitter muestra que se dieron cuenta del hecho que tenían que hacer una elección entre ser una herramienta política idealista, como muchos esperan, o seguir pragmáticas reglas comerciales como una compañía”, apuntó el editorial.
“En nuestra carta para Jack Dorsey preguntamos si la decisión estaba motivada por el deseo de penetrar al mercado chino a cualquier costo”, revela a Apro Halgand. La carta aún no ha sido contestada.
“Él (Dorsey) recientemente visitó China y expresó su deseo de que Twitter un día sea permitido en ese país”, recuerda Halgand.
El egipcio Mahmoud Salem (@sandmonkey ),“techno-activista”, fue protagonista de las protestas contra Mubarak. En entrevista electrónica con Apro, señala que “existe una tendencia general de los gobiernos por controlar el internet, y yo, naturalmente, me opongo a esas medidas”.
Sin embargo, cuando se le pregunta sobre la razón de la censura de ciertos twits, dice que el asunto es simple: “Responsabilidad civil”, apunta en referencia a la figura legal que hace a alguien reparar un daño hecho mediante una retribución. “Si ellos publican contenido que viole las leyes del país, se les puede hacer responsables”, explica.
–¿Cómo?
–Con dinero, básicamente–, aclara.
El activista de Tailandia, Ji Ungpakorn, es más tajante: “La intención es proteger sus intereses y su negocio a expensas de la libertad. Twitter es una compañía comercial que sólo quiere hacer dinero en todo país sin importar el régimen. Sólo busca una excusa para justificar su posición”.
Twitter no gobierna…
“Si bien la medida hará que sea más difícil expresar la inconformidad social en estos países, no se detendrá la protesta”, afirma Ji Ungpakorn.
El activista de Tailandia no cree que la revolución egipcia fuera una revolución de Twitter, pues el gobierno cortó el internet y los teléfonos en los momentos cruciales. “Los regímenes son derrocados por acciones masivas planeadas. Twitter fue sólo una herramienta de comunicación entre muchas otras”, dice.
El analista de Al Jazeera, Marwan Bishara (@marwanbishara), publicó el 31 de enero un libro titulado El árabe invisible: promesas peligros de las revoluciones árabes. En él apunta una frase que ejemplifica la situación:
“Facebook no organiza, la gente lo hace. Twitter no gobierna, la gente lo hará”.
De igual manera, Salem cree que la medida no afectará el activismo por Internet. “Los techno-activistas siempre encuentran la manera para hacer sonar su voz”, advierte el egipcio. “Si Twitter nos falla, encontraremos otra herramienta y la haremos igual de popular”.
Halgand comenta que el día que RSF envió la carta a Dorsey, habló con los representantes de Twitter, quienes reafirmaron su compromiso con la libertad de expresión y explicaron que tratarían caso por caso, pero hablaron de la necesidad de respetar las leyes locales.
“No estamos convencidos y seguiremos vigilando”, dice Halgand. “Recomendamos a los activistas vigilar y reportarnos si encuentran twits censurados o cuentas censuradas”, pide. “Esto será de mucha ayuda para saber cómo aplica Twitter su nueva política”.
Ante esta situación, no son pocos los que decretan el fin de la credibilidad en Twitter. El mismo día en que fue publicada la medida, la cuenta del blog de tecnología de la revista Forbes retuiteó un mensaje que decía: “Twitter comete suicidio social”.
Salem sentencia: “Esto no será otra cosa que un inconveniente, pero para ellos podría ser el principio del final”.
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