La madrugada del día de la fuga y matanza difundió la información entre los internos
Director de la cárcel de Apodaca filtró a zetas el traslado de reos
Los principales objetivos eran La Araña y El Comandante Chabelo; ello desató la masacre
Las autoridades penitenciarias ofrecieron datos falsos a la PGR y ayudaron a los evadidos
Protesta y desesperación de familiares de reos del penal neoleonés, el pasado martesFoto Ap
Alejandra Arroyo y Gustavo Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Jueves 23 de febrero de 2012, p. 5
Jueves 23 de febrero de 2012, p. 5
Al filo de la una de la mañana del pasado 19 de febrero, Los Zetas ya sabían por voz de los encargados de la prisión de Apodaca que algunos de ellos serían trasladados a un penal de máxima seguridad, pero los principales objetivos de la mudanza serían Óscar Manuel Bernal, La Araña, y Marco de León Quiroga, El Comandante Chabelo. Ello habría desatado la masacre de 44 internos y la fuga de 30.
Asimismo, las autoridades penitenciarias dieron información falsa a la Procuraduría General de la República (PGR) y retardaron el envío de El Comandante Chabelo al penal federal de Puente Grande, en Jalisco.
La Araña estuvo involucrado en el asesinato del general de brigada Juan Arturo Esparza García, ex secretario de Seguridad Pública del municipio de García, Nuevo León, y El Comandante Chabelo en el atentado al Casino Royale, que dejó un saldo de 52 personas fallecidas el 25 de agosto de 2011.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional y autoridades neoleonesas revelaron que entre las líneas de investigación que se han abierto con motivo de la matanza y la fuga del penal de Apodaca, está que el director de esa prisión, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, difundió entre los internos que habría un traslado y un juez estaba por notificarle.
Tres días antes de la fuga y matanza en el penal de Apodaca, un tribunal unitario con sede en Guadalajara, Jalisco, libró una orden de aprehensión por delincuencia organizada en contra de Marco de León Quiroga y “los presuntos sicarios Mario Andrés Alcorta Ríos, El Junior, y Jorge Francisco Gámiz Vega, El Extraño”, quienes se encontraban recluidos en esa cárcel neoleonesa.
El 19 de febrero, a la 1:30 de la madrugada, 30 integrantes de Los Zetas huían del penal de Apodaca, al mismo tiempo que otros 200 internos asesinaban con palos y tubos a miembros del cártel del Golfo para tomar el control total del presidio; entre los agresores estaba La Araña, jefe de plaza de Los Zetas, cercano a Miguel Ángel Treviño Morales, uno de los líderes de esa organización criminal.
Las autoridades locales informaron inicialmente que poco antes de las dos horas del día 19 de febrero se presentó un amotinamiento de internos del ambulatorio C; se dijo que habían tomado de rehén a uno de los custodios y luego generaron un enfrentamiento con los reclusos en el ambulatorio D, conformado por integrantes del cártel del Golfo, que en algunos casos tenían visita conyugal.
Versiones obtenidas de funcionarios federales y locales señalaron que la fuga de reos integrantes de Los Zetas se realizó en 32 minutos y la matanza de 44 internos duró hora y media.
Tanto en la fuga como en la masacre, según el gobierno de Nuevo León, hubo ayuda de autoridades carcelarias. En el escape permitieron que los ahora prófugos llegaran hasta una zona accesible a la calle y les permitieron librar la barda perimetral con cuerdas; para que ocurrieran los asesinatos, varios custodios ayudaron a Los Zetas a sacar de su dormitorio a los integrantes del cártel del Golfo y los abandonaron en manos de sus rivales.
A las tres de la mañana, fuera del penal de Apodaca decenas de personas habían sido enteradas por sus familiares presos de un supuesto amotinamiento. El 19 de febrero las autoridades de Nuevo León informaron de la matanza, pero no habían corroborado la fuga. El lunes 20, al filo de las siete de la mañana, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz confirmó que 30 internos habían escapado.
Hasta las 19:30 horas del lunes el juzgado tercero de distrito con sede en Nuevo León autorizó el traslado a cualquier penal de máxima seguridad de Marco de León Quiroga, Mario Andrés Alcorta Ríos y Jorge Francisco Gámiz Vega. Y media hora más tarde, al director del penal de Apodaca y Gerónimo Miguel Andrés Martínez.
Ante el mandato judicial,
las autoridades penitenciarias indicaron a la PGR que en la prisión había un motín y no se podía trasladara Marco de León Quiroga y sus dos cómplices, pero
las fuerzas federales se presentaron para brindar seguridad periférica a solicitud de las autoridades estatales que intervinieron en dicho centro, informó la subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Victoria Pacheco. Por esa razón, hasta el pasado martes se pudo realizar el traslado.
Entre los fugados de Apodaca se encuentran, según la información obtenida, hombres importantes para la estructura operativa de Miguel Ángel Treviño Morales y Heriberto Lazcano, jefes de Los Zetas, entre ellos Juan Cristóbal Flores Alcorta, Héctor Rosvelt Huerta Tinoco, El Chéster; José Manuel Pérez Loera, Rogelio Chacha Quintanilla, Jesús Manuel Santiago Ordaz, Juan Francisco Argüello Pastrana, todos ellos relacionados con la distribución de drogas, cobro de piso, extorsiones y asesinatos en los estados de Coahuila y Nuevo León.
Penales-Rocha
AI se suma a organismos nacionales y extranjeros que demandan una investigación imparcial
Atrae la CNDH el caso de asesinatos y evasión de reos en el penal de Apodaca
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado mexicano a sancionar a los responsables
La crisis penitenciaria, culpa de los gobiernos de Fox y Calderón: Labastida
Fernando Camacho, Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 23 de febrero de 2012, p. 7
Jueves 23 de febrero de 2012, p. 7
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso del asesinato de 44 reos y la fuga de otros 30 del penal de Apodaca, Nuevo León, ocurridos el pasado domingo 19 de febrero, e inició una investigación al respecto.
Por medio de un comunicado, el organismo encabezado por Raúl Plascencia Villanueva informó que, ejerciendo la facultad que tiene de analizar violaciones graves a los derechos humanos –antes prerrogativa única de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, comenzará una indagatoria sobre lo ocurrido en Apodaca, por el alcance nacional e internacionaldel asunto.
Personal de la CNDH ya se trasladó a ese municipio de Nuevo León para iniciar sus pesquisas y anunció que estará pendiente de las que realicen las autoridades locales, para después emitir una recomendación.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) se sumó al llamado que han hecho diversas organizaciones de México y el extranjero para que las autoridades mexicanas realicen una investigación exhaustiva e imparcial sobre lo ocurrido en Apodaca y también en el penal de Topo Chico, donde el pasado martes fueron asesinados tres internos más.
Luego de deplorar las muertes de los reos, el colectivo de derechos humanos con sede en Londres recordó que el 4 de enero de este año fueron asesinadas 31 personas en la cárcel de Altamira, Tamaulipas, y subrayó que es
esencialque la investigación esclarezca la verdad sobre lo ocurrido, asegure el derecho de los familiares a la justicia y señale a los responsables, incluidas las propias autoridades penitenciarias.
El gobierno mexicano, insistió AI, tiene la obligación de
garantizar que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y respeto a la integridad de los reclusos, de conformidad con los estándares internacionalesen la materia.
En el mismo tenor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su
preocupaciónpor lo ocurrido en Apodaca, y llamó al Estado mexicano a
adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares y para investigar y sancionar a los responsables.
Como garantes de los derechos de los internos, los gobiernos
tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente, recalcó la entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos.
Por su parte, el senador priísta Francisco Labastida Ochoa advirtió que la crisis que vive el sistema penitenciario nacional es responsabilidad de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes han provocado su quiebra financiera por descuido y por decisiones erróneas, como la de enviar a integrantes del crimen organizado a reclusorios locales, en lugar de a penales de alta seguridad.
Expuso que la falta de un plan penitenciario es tan evidente, que los panistas tardaron 10 años en poner en funcionamiento algunas cárceles concluidas cuando el propio Labastida fue secretario de Gobernación. Además, agregó, se ha permitido la corrupción en las prisiones, donde se encuentran armas de alto poder y
suitescon todos lo servicios.
A su vez, la académica Elena Azaola dijo que lo ocurrido revela el
enorme desatinocon el que se manejan los penales en México, donde privan abusos tanto para los reos como para los custodios, por lo que se debe invertir en la dignificación y reorganización de estos centros.
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