Apuntes Postsoviéticos- La justicia siega-Los de Abajo

Apuntes Postsoviéticos

En vías de anexión

Juan Pablo Duch

    Cuando Estonia proclamó su independencia –meses antes de la desintegración de la Unión Soviética– muchas personas pensaban que Finlandia, dado su histórico origen común, la estaba esperando con los brazos abiertos, pero el país escandinavo no quiso asumir los gastos del pariente pobre, la república báltica.

Cada cual siguió su propio camino y ambas, con desigual nivel de desarrollo, dos décadas después, forman parte de la Unión Europea y no figura en su agenda bilateral formar un solo Estado.
En cambio, uno de los países menos ricos de la Unión Europea, Rumania, en ese mismo lapso ha dado pasos significativos hacia su anhelada anexión de una de las repúblicas más pobres de la antigua Unión Soviética, Moldavia.
Distanciadas las autoridades de Chisinau con el gobierno de Rusia, por el conflicto interétnico del Transdniéster, en la política moldava se fortalecen quienes promueven la unificación con Rumania o, si se prefiere, la absorción del chico por el grande.
Para expresarlo con cifras, el territorio actual de Rumania es 200 mil kilómetros más extenso que el de Moldavia y, en términos de población, hay más de 21 millones de rumanos frente a 3 millones y medio de moldavos.
Entretanto, cientos de voluntarios inundan las principales ciudades y poblados de la ex Besarabia –así empezó a llamarse el principado de Moldavia luego de ser conquistado, en 1812, por los zares de Rusia–, con carteles con una misma inscripción: Aici e Romania! (¡Aquí es Rumania!).

Sin hacer mucho ruido, Bucarest lleva años haciendo lo mismo que hizo Rusia en Osetia del Sur y Abjazia, regiones que de facto se separaron de Georgia: otorga su ciudadanía, en este caso a cuanto moldavo lo solicita (últimamente se fijaron algunos requisitos como tener dominio del idioma rumano).

Según diversas estimaciones, ya hay un millón de moldavos con pasaporte rumano, casi una tercera parte de la población de esta ex república soviética ahora en vías de anexión.

Una vez que el Partido Socialdemócrata rumano formalizó la apertura de su filial en Moldavia, el Parlamento de Rumania dio luz verde para tener en Bucarest diputados moldavos con pasaporte rumano. El primero entrará en las próximas elecciones en la lista de los socialdemócratas.

A todo esto, prácticamente no existe frontera entre Rumania y Moldavia, sólo unos pasos fronterizos simplificados y una zona de 30 kilómetros a ambos lados en que cualquiera puede entrar sin explicaciones.

Bucarest y Chisinau, en un contexto de acercamiento cada vez mayor, continúan los preparativos para llevar a cabo una sesión conjunta de sus gobiernos para impulsar los procesos de integración.

Los de Abajo

No todos son Juárez

Gloria Muñoz Ramírez

     Les han matado gente, a la mayoría los han desplazado, viven bajo amenaza dentro de un cerco de púas y gente armada que los vigila, les han cerrado las escuelas, quemado sus casas y matado a sus animales de crianza, pero no se rinden. Los pocos habitantes que quedan en la parte alta de Lomas de Poleo, Ciudad Juárez, siguen luchando por las tierras que habitan desde hace más de tres décadas y de las que, acusan, pretende despojarlos el empresario Pedro Zaragoza Fuentes desde hace nueve años.

En el contexto del segundo aniversario del programa institucional Todos somos Juárez, los pobladores de Lomas de Poleo iniciaron una serie de acciones de protesta por el incumplimiento de las promesas de Felipe Calderón: El 17 de febrero de 2010, hace exactamente dos años, el Presidente se comprometió públicamente a resolver de acuerdo a derecho y con justicia el conflicto en nuestra colonia. Sin embargo, pese a su promesa y de que la Secretaría de la Reforma Agraria envío a Ciudad Juárez a funcionarios de esa dependencia a revisar nuestro caso, nunca se dio una solución, señalaron en un comunicado en el que anunciaron un ayuno de 24 horas para protestar por la indiferencia de las autoridades municipales, estatales y federales.
Mientras el jefe del Ejecutivo declaraba que en dos años se ha logrado reducir el número de homicidios en Ciudad Juárez en 57 por ciento y se ha logrado restablecer la actividad económica, los colonos de Lomas de Poleo sobreviven en la indefensión, bajo amenaza permanente y, por supuesto, sin empleo, es decir, no forman parte de las estadísticas que la Presidencia dio a conocer este viernes, pues, señalan los pobladores, fueron excluidos del famoso programa Todos somos Juárez.

Como hemos señalado en este espacio, en 2002 los empresarios Jorge y Pedro Zaragoza decidieron que el terreno de Lomas de Poleo les pertenecía, y un año más tarde lo cercaron con postes y alambres de púas, instalaron una caseta de control en la entrada, derrumbaron casas y mataron animales de crianza, encerraron a las familias y establecieron una vigilancia constante con guardias armados y perros.

Aunque somos muy pocos los que aún habitamos en la colonia Lomas del Poleo, no estamos dispuestos a entregar nuestros predios. Con este ayuno exigimos a Felipe Calderón, a César Duarte y Héctor Murguía que atiendan y resuelvan nuestro problema. Lo único que pedimos es justicia, claman desde Juárez. Su rebeldía es, en los hechos, un claro obstáculo para un nuevo corredor industrial entre Ciudad Juárez y el cruce fronterizo de Santa Teresa, Nuevo México.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx

La justicia siega

Ilán Semo

     El caso del juez Baltasar Garzón ha pasado, en rigor, al estatuto de un paradigma. Su axioma podría ser formulado como una ironía. No hay ley que pueda evadir lo que pretende superar: la parcialidad de la política; ni tribunal que pueda superar lo que pretende evadir: la parcialidad de los jueces. La justicia puede convertirse con frecuencia en una caja negra en la que los fines acaban por desmoralizar a los medios.

El Tribunal Supremo de España dictó finalmente sentencia en el caso de las escuchas ilegales: el juez Garzón ha quedado inhabilitado 11 años para ejercer su oficio como magistrado de instrucción. La pena se mueve entre el azoro de una vendetta entre profesionales (jueces anónimos avasallados por un juez mediático) y la recusación de una fuerza que sólo la ambigüedad del pasado es capaz de alentar, la sombra del franquismo.
La fulgurante historia de Baltasar Garzón es la historia de los dilemas que implica el ejercicio del derecho en una era posestatal. La fama lo alcanzó muy joven cuando en 1990 instruyó los casos contra una red del crimen organizado que opera en Galicia. Narcotráfico es un tema que no atrae a un juez contemporáneo. De antemano sabe que enfrenta a un poder vago y extraterritorial con capacidad prácticamente ilimitada de presión. Una área en la que la inercia y las limitaciones de una judicatura local serán predeciblemente superadas por los flujos móviles de intereses globales. Garzón salió airoso de la prueba, no sin las críticas de Felipe González, presidente de España por el PSOE en aquel entonces, que nunca dejó de reprocharle las bajas condenas que impuso a los criminales.
Siguió el caso de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Después de ser electo como legislador en las listas electorales del PSOE, Garzón regresó a la Audiencia Nacional. Ahí emprendió investigaciones que acusaban a José Barrionuevo, ministro del Interior en el gobierno del PSOE, de terrorismo de Estado. Durante años, Barrionuevo había combatido la violencia de ETA con cuerpos paralegales, financiados a través de vías informales. Es un momento ilustrativo de las dificultades que plantean la definición actual del perfil de afinidades de un juez. La labor en la legislatura lo impregnaba de un inevitable tinte socialista; el caso GAL lo separó de esa filiación. Pero el costo sería la duda metódica sobre su quehacer por parte de una de las fuerzas políticas principales de España. Los juicios que emprendió durante esos años contra miembros de la ETA nunca lograron borrar la desconfianza del PSOE. ¿Qué tan imparcial puede ser la parcialidad de un juez en una época en la que la política deriva cada vez más decisiones que le son propias al ámbito del sistema jurídico? Quien capitalizó ese doble movimiento fue el mismo Garzón, que cobró una notoriedad mediática como ningún otro prelado no sólo en España sino probablemente en el mundo.
Pero su consagración definitiva como un protagonista de la actualización de las prácticas jurídicas provino no de España, sino de dos juicios contra miembros destacados de los regímenes militares que prevalecieron en América Latina hasta los años 80. El primero fue contra Augusto Pinochet, al que logró arraigar en Londres y enviar a Chile, donde nunca se le siguió el proceso. El segundo fue contra Adolfo Scilingo, uno de los artífices de la dictadura argentina, que acabó en prisión con una pena de 640 años. Garzón instruyó juicios que los acusaban de haber cometido crímenes contra ciudadanos españoles. Y en cierta manera codificó dos dilemas que siguen propiciando un ámbito de enorme indefinición jurídica: el primero es el de la extraterritorialidad de los poderes de un juez; el segundo, la contradicción entre leyes impuestas por los propios militares que los exoneraban de los crímenes cometidos durante las dictaduras (leyes de perdón o amnistía) y la legislación de las cortes internacionales que prescribe que en los casos de genocidio esas leyes no tienen vigencia.

Y acaso fue este segundo dilema el que acaba de concluir, hace algunos días, su espectacular carrera como juez, al menos durante los próximos 11 años o mientras sus abogados no logren congelar o derogar la sentencia.

En 2008, Garzón emprende investigaciones sobre los crímenes cometidos por el franquismo durante los años que siguieron a la Guerra Civil. El número de torturados, fusilados y desaparecidos es escalofriante. Más de 100 mil. En 1977, el propio franquismo había promovido una ley que lo exoneraba de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El Tribunal Supremo decretó a Garzón incompetente para proseguir con el caso e instruyó un juicio contra él que todavía no ha concluido. La decisión del tribunal colocó al Estado español prácticamente al borde del rídiculo. Cuando Garzón puso su empeño en acusar a las dictaduras latinoamericanas, recibió todos los apoyos de la magistratura española. Se tratataba finalmente de apoyar la democracia en estos confines. Cuando intentó hacer lo mismo en casa, esa misma magistratura lo llevó al patíbulo profesional.

Fue el caso Gürtel, el que decidió finalmente su destino. Gürtel, que en alemán significa cinturón, fue el nombre que recibió la investigación contra un grupo de empresarios españoles que desviaban fondos públicos a favor del Partido Popular. Garzón empleó grabaciones en las que los imputados hablaban con sus abogados para impedir que limpiaran sus cuentas y borraran registros que los inculpaban. El Tribunal Supremo lo acusó de prevaricación. Sea como sea, 11 años son muchos años para cualquier juez. Y es en el contexto de las acusaciones sobre la siniestra memoria del franquismo cuando sucede su inhabilitación. Pero al inhabilitarlo, habilita inevitablemente al propio tribunal como uno de las instituciones de la sobrevivencia franquista en España.