Se fugaron 30 zetas del Cereso de Apodaca antes de la riña de bandas- En 2011 se reportaron 49 incidentes en prisiones; el saldo, 171 muertos: CNDH

Autoridades se percataron 20 horas después, según el vocero de Seguridad estatal, Jorge Domene

Se fugaron 30 zetas del Cereso de Apodaca antes de la riña de bandas

Nueve de los 18 custodios retenidos en la AEI confesaron haber colaborado en la evasión

Guardias corroboran si el nombre de una mujer, quien visita a su esposo encarcelado, se encuentra en la lista de quienes pueden ingresar a la prisión de Apodaca, en las afueras de Monterrey. La madrugada del domingo una riña dentro del penal provocó la muerte de 44 miembros del cártel del GolfoFoto Reuters

María Alejandra Arroyo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2012, p. 28

Monterrey NL, 20 de febrero. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz informó que 30 zetas se fugaron del centro penitenciario de Apodaca, poco antes de la riña que provocó la muerte de 44 miembros del cártel del Golfo, la madrugada del domingo. Las autoridades se dieron cuenta de la evasión 20 horas después, según el vocero de Seguridad estatal, Jorge Domene, quien confirmó que autoridades del Centro de Readaptación Social (Cereso) participaron en la fuga.

En una conferencia de prensa por la tarde, Domene indicó que nueve de los 18 custodios del Cereso de Apodaca retenidos en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) confesaron su participación en los hechos, pues permitieron el paso de los agresores del edificio Coca (C) al Delta (D), así como su ingreso a la torre 6, desde la cual se fugaron. Esta explicación reforzó algunas versiones de que no se trató de una riña, sino de una ejecución.

El portavoz agregó que en contubernio con algunos custodios, la fuga de los internos ocurrió alrededor de la 1:45 de la madrugada del domingo, y minutos después la riña, que duró aproximadamente hora y media. Aseguró que los custodios dieron todas las facilidades para el escape y no avisaron inmediatamente de la riña, por lo que consideró que hubo traición de los funcionarios penitenciarios.

Recompensas por recapturas

Antes, en la mañana, Rodrigo Medina anunció, en conferencia de prensa ofrecida junto con el procurador estatal Adrián de la Garza, una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien proporcione información para recapturar a los internos, 25 de ellos del fuero federal y cinco del fuero común.

También dijo que varias autoridades penitenciarias fueron separadas de sus cargos al presumirse que fueron cómplices en la evasión, entre ellas Ernesto García Guerrero, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, y Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal de Apodaca.

Otros cesados fueron Juan Hernández Hernández, subdirector del reclusorio; Óscar Devece Laureano, jefe de seguridad del penal, y ocho custodios que estaban de turno, todos ahora sujetos a pesquisas por la AEI. Medina de la Cruz designó a José Anastacio Fuentes Rojas como nuevo encargado de la Agencia de Administración Penitenciaria, y a Guillermo Rayas Salgado al frente del Cereso.

Rodrigo Medina dijo que solicitó a la Secretaría de Gobernación reubicar a los reos federales, que ocupan casi 60 por ciento de los espacios penitenciarios en Nue- vo León, acusados de críme- nes relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, robo con violencia, secuestro, extorsiones, halconeo, posesión de arma de fuego y delitos contra la seguridad, todos del fuero federal.

Indicó que entre los reos fugados está Óscar Manuel Bernal Soriano, La Araña, presunto capo involucrado en la ejecución del secretario de Seguridad de García, Juan Arturo Esparza, en noviembre de 2009. También mencionó a Jonathan Israel Flores, Jaime Román Rodríguez, José Ricardo Barajas, Édgar Gabriel Hernández, Érick Hernández y Gerardo García.

Citó también a Juan Cristóbal Flores, Manuel Bernardo Mendoza, José Francisco Gutiérrez, Héctor Roosevelt Huerta, José Hernández, Francisco Javier Puente, Miguel Alejandro Pérez, Adán Sáenz, Darío Rosas, José Isidro Cruz, José Manuel Pérez y Rogelio Chacha.

En la lista incluyó a José Antonio Montiel, David Alberto Segundo, Édgar Adrián Izaguirre, César Eduardo Sandoval, Jesús Manuel Santiago, Aldo Alejandro Ríos, Horacio Silva, Juan Argüello, Rubén Méndez, José Luis Guzmány Cristopher Abad Blanco.

Añadió que en la mesa única de apoyo a los familiares de los 44 reos fallecidos instalada ante el Servicio Médico Forense, atendida por el subsecretario de Gobierno, Felipe González, se brinda atención sicológica a 80 deudos de reos fallecidos, además de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó apoyo para servicios funerarios a 17 familias.

Aunque la versión oficial no reportó lesionados, familiares de internos aseguraron que varios fueros llevados con heridas graves a la enfermería del penal.

La autoridad identificó a 42 de los 44 fallecidos: Jonathan David Valdez, Édgar Torres, Martín Vázquez, Francisco Javier Prado, Mauro Torres, José Luis Llanas, Diego Alberto Tamez, Aarón Miranda, Bernardo Villanueva e Isidro Israel Padrón.

En la relación están también Mario Humberto Ramírez, Mauricio Quiñones, Édgar Vera, Claudio Martínez, Jesús Santiago, Julián Enrique Lara, Eduardo Natividad, Christian Salvador Pérez, José Santiago Cortez y Martín Valenciano. Además, Roberto Alejandro Gutiérrez, Carlos Humberto Díaz, Kevin Israel Vázquez, José Ángel Navarro, Jesús Guillermo Oliva, Jesús Homero Díaz, Juan Antonio Bazaldúa, Osiel Guadalupe Moreno, Martín Reynold Arizpe, y José Luis López.

También Roberto Tolentino, Daniel Enrique Hinojosa, Roberto Rangel, David Jesús Acosta, Omar González, Samuel Reyna, Yael Cristóbal, Néstor Ariel Rivera, Juan Ismael Montes, Juan Antonio González, José Montiel y Francisco Guevara.

Internos pedían ser reubicados

En tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Martínez, informó que dos reos (de los 44 fallecidos) habían solicitado la intervención del organismo, por considerar que su integridad estaba en riesgo, y pedían se les cambiara de cárcel. Reveló que a uno de ellos lo vigiló un custodio durante tres días, pero le fue retirado porque se consideró que ya no había peligro.

Señaló que durante el enfrentamiento en el Cereso había dentro del reclusorio 48 niños que acompañaban a sus madres como parte de las visitas conyugales, y admitió que la CEDH no detectó que en el Cereso de Apodaca se permitiera entrar a niños.

Añadió que se emitieron ocho exhortos contra el gobierno del estado por las condiciones en que operaba el penal de Apodaca, las cuales no fueron aceptadas en su totalidad, y las que sí se aceptaron están en vías de cumplimiento porque no ha vencido el término otorgado a la autoridad para su ejecución.

El enfrentamiento en el reclusorio de Nuevo León, con el consentimiento de autoridades

En 2011 se reportaron 49 incidentes en prisiones; el saldo, 171 muertos: CNDH

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2012, p. 13

El tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, sostiene que en 2011 se reportaron 49 incidentes –riñas, homicidios, intentos de fuga, suicidios e incendios– en penales del país, los cuales dejaron saldo de 171 muertos.

Explica: El año pasado ocurrieron 30 riñas, con resultado de 132 decesos; en dos incendios, 18 muertos; 10 homicidios; dos fallecimientos por causas naturales; un intento de fuga, con un deceso; un motín, con un muerto, y siete suicidios.
Este año ya se tienen registrados 75 fallecimientos en dos penales: 31 en el de Altamira, Tamaulipas, en enero pasado, y 44 en el de Apodaca, Nuevo León, el domingo anterior, de acuerdo, subraya, con los cuadernos de estadísticas penitenciarias de la Secretaría de Seguridad Pública e información periodística.
Asevera: “La riña del domingo pasado en el penal de Apodaca no pudo suscitarse sin la colusión de autoridades. Parece difícil que una evasión genere una situación como la ocurrida aquí y que nadie haya estado enterado. Por lo menos con una noche de anticipación hay suficientes rumores como para mantener informadas a las autoridades.
Es tan grave el asunto, que es difícil pensar que los internos y el personal de custodia no se enteren y no emitan una alerta.
–¿A qué atribuye que ocurran estos hechos? No es la primera vez que se producen fugas y decesos en las cárceles.
–Es muy lamentable y penoso que ello ocurra, pero se trata de un fenómeno antiguo. En 2010 y 2011 se fue tornando más dramático, ya que cobró la vida de varias personas, lo cual es muy preocupante. Ello nos dice que el sistema penitenciario no cumple su función.
Observamos el cotidiano régimen de tolerancia y corrupción en materia penitenciaria. La CNDH cumple su mandato de supervisión, no sólo haciendo del conocimiento de las autoridades las violaciones individuales a los derechos humanos de los internos, sino también de las graves carencias y deficiencias.
–¿Ya tienen fecha para publicar su nuevo informe sobre el sistema carcelario nacional?
–En breve. Estamos terminando de cargar toda la información. Se visitaron 100 presidios.
–¿Podría decir cuál es la situación sobre sobornos, drogas, alcohol, teléfonos celulares e incluso satelitales y armas que se introducen y venden en éstos?

–Sin duda la corrupción es un problema complejo, el cual no es desconocido para nadie. Hay un régimen de impunidad. Se sabe que las prisiones funcionan de manera muy ineficiente y que la corrupción es uno de los principales conflictos.

Desgraciadamente, el Estado ha sido incapaz de revertir carencias y esas situaciones prevalecen no obstante el conocimiento de todos, lo cual genera ese régimen de tolerancia, en el que no se cumple la obligación de reinsertar a los internos a la sociedad mediante el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Creo que no existen energía y voluntad política para cumplir esa obligación constitucional.

–En este caso de Apodaca, había mujeres con hijos. ¿No está prohibido que familiares se queden?

–Al parecer se trataba de una visita de fin de semana. De manera sorprendente vimos que los menores se quedaban con sus padres. Sobre eso habría que abundar en la investigación, porque sí hay una prohibición. Este asunto lo está investigando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la CNDH ha enviado dos visitadores generales de apoyo.

–En más de 20 años de existencia de la CNDH, ¿podría decir que hay cambios en los penales?

–Sí, pero menores, que no van de acuerdo con las necesidades de la población interna. El famoso combate a la delincuencia organizada ha generado que en las penitenciarías haya mucha afluencia de personas que siguen sin las condiciones básicas. No se han ido tomando las previsiones a futuro y ello preocupa.

–Además de la sobrepoblación y la falta de capacitación al personal de seguridad, ¿qué otras cosas le preocupan?

–Hay una sobrepoblación de 24.35 por ciento en promedio, pero en los penales del norte, los del Distrito Federal y del sureste, así como en el de Quintana Roo, supera 100. Sin duda falta capacitar al personal y esas carencias han generados déficits enormes. Es difícil pensar que no se pueda contar con un sistema de inteligencia para detectar que se están gestando ese tipo de actos.