Astillero
Osama bin Chapo
Errores y deseos
Peligrosos acuerdos con EU
Madres de Ciudad Juárez
Julio Hernández López
AL RESCATE DE ACAPULCO. El gobernador de Guerrero Ángel
Aguirre y el empresario Carlos Slim luego de la toma de protesta del consejo
consultivo para el rescate del Acapulco tradicionalFoto
Pedro Pardo
Tantas visitas enigmáticas de altos fun- cionarios estadunidenses,
para firmar acuerdos y más acuerdos (aparte los arreglos no escritos, que son
los más peligrosos), ponen nervioso hasta al sistema calderonista de traducción
del inglés, como se vio en el caso de la secretaria de Seguridad Interior, Janet
Napolitano, a la que una versión descuidada de los burócratas de Bucareli colocó
largamente ayer en una primera versión estenográfica como presunta promotora
explícita de incursiones asesinas contra Joaquín Guzmán, El Chapo, al
mismo estilo violatorio de leyes y soberanía que comandos especiales gringos
practicaron en Pakistán contra Osama bin Laden.
Error de interpretación o invocación calderonista (¿juay de Chapo?),
pero la Napolitano fue exhibida como heraldo de invasiones ejemplares así fueran
quirúrgicas y expeditas. México caracterizado como un gobierno al que ni
siquiera debe avisarse cuando desde la Sala de Crisis de la Casa Blanca
decidieran ordenar un ataque contra algún domicilio donde se escondiera el
máximo jefe tolerado y consentido del narcotráfico mexicano.
La suerte del gran exportador nacional de productos estupefacientes sería la
misma que la del organizador de los atentados contra las Torres Gemelas, según
esa traducción mal hecha:
Nos tomó 10 años atrapar a Osama bin Laden, lo encontramos y ya sabe usted lo que pasó, yo creo que lo mismo va a pasar con Guzmán. Lo único que estoy sugiriendo es que seamos persistentes cuando estamos cerca del mal, cuando Napolitano en realidad había dicho:
tomó 10 años encontrar a Osama Bin Laden, y ustedes saben lo que ocurrió ahí. No estoy sugiriendo que lo mismo vaya a pasar con Guzmán, estoy sugiriendo que nosotros somos persistentes cuando se trata de personas que hacen el mal y que dañan, en nuestros dos países(la versión, ya corregida, fue asentada en http://bit.ly/wE9Kkk en la página de la SG).
Traducciones o intenciones aparte, lo cierto es que las visitas de ejecutivos
de la Casa Blanca resultan impropias en el ríspido proceso electoral que se vive
en México, cuando un desesperado ocupante de Los Pinos está demostrando que es
capaz de lo que sea con tal de conservar el poder para su grupo. Aun cuando
entregará el cargo (si no le queda de otra) en diciembre de este año, Calderón
está haciendo tratos transexenales con el gobierno de Estados Unidos, el cual
naturalmente buscará que continúe al mando la misma corriente entreguista que
hace arreglos sobre yacimientos energéticos, control de migración, manejo
aduanero, militarización y narcotráfico. La historia de nuestro país muestra en
diversos momentos críticos a personajes sombríos que son capaces de empeñar o
vender lo que sea necesario con tal de obtener el apoyo de la potencia vecina
para sostenerse en el poder.
En ese contexto, la muy cantada pretensión felipista de aprehender al muy
poderoso Chapo aparece como una maniobra con sentido electoral que
pretendería mostrar al comandante Calderón como supuesto vengador exitoso, que
con la cabellera del famoso exportador en la mano invitaría a los ciudadanos a
votar por más guerra y más sangre en el siguiente sexenio. Dar ese paso
oportunista sería entendido como grave traición en el imperio del jefe
sinaloense que lleva dos sexenios como una especie de secretario sin cartera y,
por tanto, generaría reacciones de gran violencia para las cuales Los Pinos
necesita el respaldo de fuerzas superiores, como las estadunidenses, que, desde
luego, cobran, y caro, por sus servicios de salvamento y apuntalamiento de
servidumbres nativas.
Pasando a otra estampa del gran drama nacional, María García Reinoso estuvo
desde el pasado viernes en espera de que el gobernador de Chihuahua, César
Duarte Jáquez, y la procuradora federal de justicia, Marisela Morales, se
presentaran a las afueras de las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en
Ciudad Juárez, donde públicamente están velando los restos de Jéssica Leticia
Peña García, quien a los 15 años de edad había desaparecido desde mayo de 2010
del centro de la urbe fronteriza, adonde había ido a buscar trabajo.
Junto a la madre doliente, y el féretro blanco donde se aloja la osamenta de
la hija, están familiares de otras mujeres desaparecidas y miembros de
organizaciones civiles (como el Frente Plural Ciudadano) que han surgido para
luchar contra el abandono, el burocratismo y la complicidad con la delincuencia
con que suelen ser tratadas las denuncias, gestiones y exigencias
correspondientes a 116 expedientes registrados formalmente desde 1993, aunque el
Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas considera que son
alrededor de 200 los casos existentes.
Junto con los restos de Peña García fueron encontrados los de Andrea Guerrero
Venzor y Lizbeth Avilés García, en el contexto de hallazgos múltiples realizados
en el Valle de Juárez, cuyos resultados completos aún no han sido notificados a
familiares. El desenlace de estos tres casos ha revivido en los familiares la
historia de desatención institucionalizada que se tiene en aquella zona norteña
respecto a mujeres en ausencia forzada. Por ello, demandaron que el gobernador
Duarte Jáquez dé personalmente el pésame a las familias actualmente en duelo
público pero, sobre todo, que se comprometa con firmeza a que haya justicia,
castigando a los culpables hasta ahora ni siquiera identificados, y a que
establezca, junto con las autoridades federales, fórmulas verdaderas de
coordinación para atender con rapidez las denuncias de ese tipo, activar el
protocolo de búsqueda inmediata denominado Alba y dar garantías de
identificación confiable de los restos. Anoche, Duarte Jáquez se reunió con las
madres en duelo, sin que a la hora de cerrar esta columna se conocieran los
resultados.
Y, mientras Josefina Vázquez Mota se hace fotografiar a la mesa con Patricia
Mercado y Cecilia Soto, que también fueron candidatas presidenciales, en
argucias propagandísticas que también incluyeron un paseo de la panista por los
anaqueles de un supermercado, toda una señora de su casa haciendo el mandado,
¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio
Astillero
Pemex y CFE, mal administradas
Se dio a conocer ayer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
registró en el último semestre del año pasado una pérdida neta de 17 mil 168
millones de pesos, así como un incremento de 21.4 por ciento en su pasivo total.
El hecho obedeció al incremento en los intereses de su deuda y a fluctuaciones
cambiarias. Por su parte, Pemex, como se dio a conocer el pasado 14 de febrero,
experimentó durante 2011 pérdidas por 39 mil 518 millones de pesos, toda vez que
los elevados ingresos derivados de las altas cotizaciones internacionales del
crudo no fueron suficientes para compensar un incremento impositivo brutal: de
hecho, la paraestal obtuvo unos 640 mil millones de pesos por sus ventas de
crudo, pero pagó 984 mil 413 millones de pesos en impuestos, derechos y
aprovechamientos.
Las cifras constituyen un mentís inequívoco a las buenas perspectivas de
Pemex anunciadas en días pasados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe
Calderón Hinojosa, a la costosa propaganda oficial invertida para presentar a la
CFE como una
empresa de clase mundialy a los argumentos esgrimidos en 2008 por el gobierno para destruir a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y sustituirla por la CFE al argumentar que la primera
perdía dinero.
Tanto la generación y distribución de energía eléctrica son negocios por
demás atractivos, con utilidades prácticamente garantizadas, a condición de que
sean correcta y honestamente administrados. No es gratuito que los principales
consorcios energéticos del extranjero hayan venido presionando, por diversas
vías, para una mayor apertura del sector a operadores privados, a pesar de que
dicha apertura se ha llevado a cabo de cualquier manera, incluso a contrapelo de
los lineamientos contenidos en el artículo 27 constitucional y en las leyes
reglamentarias aplicables.
Las cifras referidas dan cuenta, sin embargo, de una administración
ineficiente y turbia en las dos entidades paraestatales, del exceso de
contratismo por lo que hace a la CFE y, en el caso de Pemex, de la persistencia
del saqueo fiscal que padece la empresa y que debió ser corregido desde hace
muchos años.
No ha de pasarse por alto que los malos resultados de las dos grandes
empresas energéticas de propiedad nacional aportan argumentos a la causa de las
cúpulas empresariales, del gobierno de Estados Unidos, de Acción Nacional y de
la fracción dominante del Revolucionario Institucional, para suprimir o reducir
en forma significativa lo que queda de propiedad pública en la economía
nacional.
En ese sentido, es procedente preguntarse hasta qué punto las pérdidas
sufridas por CFE y Pemex son consecuencia de la llana ineptitud del equipo
gobernante y de la presencia de una corrupción que viene de muy atrás, pero que
se refrenda sexenio tras sexenio, y hasta qué punto es resultado de un designio
por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar de manera
eficiente y transparente las entidades a su cargo, a fin de presentar como
viables y hasta necesarias las
desincorporacionesque han sido consistentemente rechazadas por la mayoría de la sociedad.
Es necesario que la sociedad se mantenga pendiente e informada de la
situación en Pemex y la CFE –las cuales le pertenecen– y que el Congreso de la
Unión exija al Ejecutivo una explicación detallada y precisa de los motivos por
los cuales ambas entidades se encuentran en números rojos, que se ponga, de
manera definitiva, un alto a la depredación fiscal de la primera y que se deje
de lado el discurso oficial trinfalista y engañoso sobre la circunstancia real
de las dos empresas.
Eliminación-Hernández
Detener el saqueo minero en México
Francisco López Bárcenas
El saqueo minero en México es posible dadas las facilidades que la
legislación otorga a las empresas mineras para hacerlo, pero también porque en
los casos donde impone algunas condicionantes éstas no se respetan. Eso se
desprende del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, dado a conocer en días
pasados. No es la primera vez que lo hace; ya en 2008 había señalado que la
Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían
de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su
objeto social se encontraba la minería; además, en aquella ocasión el organismo
expresó que los concesionarios no informaban que su actividad se ajustara a las
disposiciones en materia de protección al ambiente, ni que hubieran realizado
las obras a que la ley los obliga.
Ahora la Auditoría Superior de la Federación vuelve a poner el dedo en esta
llaga por donde se desangra a México. Ya no habla de que no se identifique la
nacionalidad de la empresa minera concesionaria ni que no acredite que dentro
del objeto para el que fue creada esté la minería; lo que dice es que de mil 121
concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón
correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco
confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de
contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el
pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de
la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación
liquidar.
Otra de las irregularidades detectadas es el pago por el uso y
aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales. El
informe de la Auditoría Superior de la Federación corrobora lo que en muchas
ocasiones se ha señalado en La Jornada: que las cuotas que se pagan por
una concesión son inferiores a los costos de los trámites administrativos para
otorgarla. Textualmente, afirma:
El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera. Pero no sólo eso: también se detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.
Lo que el informe muestra es que las venas del saqueo minero en México siguen
abiertas. No sólo por lo laxo de la legislación aplicable, sino también por las
omisiones de las autoridades en vigilar que se cumpla. Esto, como es natural,
tiene sus repercusiones. Cada día aumentan las protestas sociales por la
devastación ambiental causada por la minería en diversas partes del territorio
nacional, lo mismo que por los contratos leoninos firmados con los dueños de las
tierras bajo las cuales se encuentra el codiciado mineral, o los daños a la
salud que el uso de sustancias químicas provoca. Ejemplos sobran, aunque
destacan las protestas indígenas porque, al introducirse en sus territorios sin
su consentimiento, destruyen el entorno social donde viven y ponen en peligro su
existencia como pueblos.
Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la
legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada
pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las
obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección
ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos
por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos
por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un
cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más,
hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las
trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al
país.
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