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Desfiladero

Doce debates por la democracia y contra la mercadotecnia

Jaime Avilés

Marco Antonio Baños, Javier Guerrero, Benito Nacif y Dalia Moreno, en conferencia de prensa de ayer para informar sobre la realización de debates entre candidatos presidencialesFoto Carlos Cisneros

 

     Durante la semana que se va aparecieron los resultados de tres encuestas. Dos de ellas, una de Univisión –levantada entre mexicanos que viven en Estados Unidos– y otra del ITAM –alma máter de la tecnocracia dominante– coinciden en que Andrés Manuel López Obrador está a la cabeza de las preferencias electorales, seguido de lejos por Josefina Vázquez Mota, y mucho más lejos por Enrique Peña Nieto.

En cambio, en la de Televisa-Mitofsky, el dueño del copete afligido conserva 40 puntos, la candidata del PAN y de El Yunque le cubre las espaldas con 28, y el máximo dirigente opositor del país apenas reúne 18. ¿A quién debemos creerle?

Ante las críticas que recibió en Twitter, luego de dar a conocer sus inverosímiles resultados, Roy Campos, dueño de la empresa Consulta Mitofsky, respondió, palabras más, palabras menos, que las encuestas que sitúan a AMLO en primer lugar reflejan el estado de ánimo que prevalece en un microcosmos poco representativo, en tanto las suyas expresan el sentir nacional.

“@Roy: tu credibilidad es nula”, le escribió en Twitter @emiajseliva, antes de recordarle que Televisa es un poder fáctico e invitarlo a sostener un debate público sobre el tema. No ha contestado el siempre afable Roy, pero harto saludable sería que aceptara discutir la legitimidad de su labor profesional y las consecuencias que ésta ha tenido para los mexicanos.

Novena televisora del planeta y primera en el mundo de habla hispana, Televisa construyó la ficticia victoria de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa en las elecciones de 2006 y obtuvo en recompensa miles de millones de pesos en espots, la concesión casi gratuita de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para dar servicio de audio, video, telefonía e Internet sin pagar impuestos durante los dos primeros años, y muchos, muchos beneficios más (lean El sexenio de Televisa, de Jenaro Villamil). Sin embargo, la mancha del fraude electoral que acompañará a Calderón hasta el fin de su vida, Televisa tampoco se la quitará ni con el agua de todos los océanos y todos los ríos.

Entre otras cosas porque, para sentar a su protegido en los pináculos a fin de cobrarle hasta la risa, difundió a toda hora la campaña López Obrador es un peligro para México, que inoculó el veneno del odio en millones de hombres y mujeres de buena fe. (Por cierto, ¿ya saben que Antonio Sola Rechi, el hombre blanco y barbado, venido de ultramar, que nos trajo la peste de la furia, está de regreso y trabaja para Vázquez Mota? ¿Con qué nos va a salir ahora? ¿Con que si gana AMLO los 60 mil muertos de Calderón volverán de ultratumba convertidos en zombis?, escribió @fdobonilla en Twitter.)

La madrugada del 6 de julio de 2006, cuatro levantacejas de Televisa proclamaron el triunfo de Calderón, en una escena escalofriante que nos hizo recordar la noche del 11 de septiembre de 1973, cuando cuatro generales de anteojos negros inauguraron la dictadura de Pinochet. Antes, los golpes de Estado los daban los militares; hoy, los medios de comunicación masiva.

Y por lo que vimos a lo largo de la gran catástrofe que destruyó a México durante el sexenio de Calderón, y por lo que observamos durante la precampaña, nada cambiará en las elecciones del primero de julio si el pueblo no rompe la inercia de la mercadotecnia y logra que el breve trimestre de las campañas se someta a las reglas elementales de la democracia.

Andrés Manuel López Obrador y la coalición que lo postula han solicitado al Instituto del Fraude Electoral (IFE) que los candidatos a la Presidencia sostengan 12 debates temáticos, para que los votantes descubran qué hay debajo del copete que se desinfla y detrás de la sonrisa de doña Josefina, porque no sabemos qué piensan. O mejor dicho, sabemos que mantendrán la misma política económica, privatizarán Pemex y continuarán la guerra contra el pueblo para fortalecer el narcotráfico.

De López Obrador, por el contrario, conocemos los 50 puntos de su Nuevo Proyecto de Nación, entre los cuales destaca el de la austeridad y contra la corrupción, que le permitirá disponer de 600 mil millones de pesos para crear de uno a 5 millones de empleos en su primer año de gobierno, inspirado en el ejemplo de Franklin Roosevelt, quien a partir de 1933 y para contrarrestar los efectos de la crisis económica de 1929, abrió millones de puestos de trabajo en beneficio de los más débiles.

¿No es algo así lo que necesitamos para evitar que los ninis se pasen a las filas del crimen organizado? ¿Por qué Vázquez Mota y Peña Nieto se opondrían a debatir estas ideas y confrontarlas con las suyas? ¿Por temor a que la gente perciba que no pueden ofrecer nada distinto a lo que hicieron Calderón, Fox, Zedillo, Salinas y De la Madrid?

Obviamente, quieren seducir a los más pobres con sus sonrisas de plástico, que tienen un significado inequívoco para ellos: el primero de julio, en el peor de los casos, recibirán 100 pesos en efectivo si votan por el PRI o por el PAN.

Y millones de estómagos hambrientos esperan ese día –y las visitas de los candidatos que, como Eruviel Ávila, en el estado de México, llegarán a las puertas de sus casas con tinacos, alambre, cemento, gallinas y demás–, con la certeza de que nada ni nadie podrá sacarlos del marasmo al que, según la televisión, están condenados a permanecer hasta que mueran.

¿Qué tendrá mayor peso al final? ¿El voto comprado de los miserables o los votos razonados de los pensantes? Movilizarnos desde ya para demostrar que somos mayoría quienes exigimos que haya 12 debates sería una manera de iniciar esta lucha en favor de la democracia y en contra de la mercadotecnia. Podríamos, por ejemplo, pegar carteles en nuestras ventanas con el número 12.

Invitar a los artistas plásticos a construir un gigantesco número dos (2) con globos de gas helio y colocarlo a la derecha de la Suavicrema (antes Estela de Luz y Fuerza) para formar un 12 monumental, que respalde la demanda de los 12 debates. Acostarnos en la plancha del Zócalo y en las plazas públicas de todas las ciudades del país, a efecto de crear un 12 de carne humana... Pintar de rojo las 12 fuentes más importantes de cada ciudad, colocar pegatinas con el número 12 en todas partes, pintarnos el 12 en la cara, desplegar mantas con el 12 en los estadios, darnos 12 besos cuando nos saludemos... En suma, obsesionarnos y obsesionar con el número 12 hasta que Vázquez Mota y Peña Nieto acepten los 12 debates que propone López Obrador.

En julio de 2006, después del fraude, durante las primeras manifestaciones en el Zócalo, la gente gritaba: si no hay solución habrá revolución. Hoy, los términos parecen invertirse: todo sugiere que si no hay una revolución pacífica no podremos solucionar ninguno de los 12 mayores problemas de México.

PD: a las personas interesadas en colaborar con El Canario Temerario, el periódico en Twitter que dirigirá @nanzumu, se les exhorta a mandar una colaboración de 140 caracteres a aurorita.bengo@gmail.com. ¡Hasta el próximo sábado!

jamastu@gmail.com • http://twitter.com/@emiajseli

Campañas sucias y degradación pública

 

     En la medida que se acerca la cita de la ciudadanía con las urnas del próximo primero de julio, y en el contexto de la veda impuesta por el Instituto Federal Electoral correspondiente al llamado periodo de intercampañas, los pronunciamientos partidistas se internan por el terreno lodoso de la descalificación y la guerra sucia. Las declaraciones formuladas ayer por el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, parecieran inscribirse en este telón de fondo: en entrevista radiofónica, el dirigente blanquiazul insistió en denunciar la intromisión del crimen organizado en los comicios estatales de Michoacán, realizados en noviembre pasado; insinuó que los cárteles de la droga favorecen a los rojos –en alusión a los priístas–, sostuvo que el narco amenazó a los aspirantes del PAN a diversos puestos de elección popular y cuestionó a las autoridades electorales estatales y federales por haber validado los comicios para gobernador en esa entidad.

En respuesta, el vocero del tricolor, Eduardo Sánchez, dijo que el crimen organizado atacó y amedrentó a aspirantes de todos los partidos en Michoacán, y acusó al líder panista de manosear las instituciones con fines político-electorales. Desde días atrás, la dirigencia nacional del PRI ha venido señalando que el reciente relevo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se debió a que el anterior titular de esa dependencia, José Luis Vargas Valdés, dio por buenos los comicios en la entidad natal de Felipe Calderón, en los que resultó vencedor el priísta Fausto Vallejo.
Pero las arenas judicial y electoral no son las únicas en que se desarrolla la guerra de lodo entre el PRI y el PAN. Otro tanto ocurre en el terreno de la fiscalización de los recursos públicos: ayer la fracción parlamentaria del tricolor en San Lázaro acusó al gobierno federal de concentrar, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recursos por 330 mil millones de pesos, que presuntamente serán manejados a discreción por la administración federal; en días recientes, el cúmulo de irregularidades halladas en la revisión de la Cuenta Pública 2010, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, ha sido calificado por el priísmo nacional como sinónimo del despilfarro y de la corrupción de las presidencias panistas.

Las cada vez más recurrentes acusaciones entre los partidos que hasta hace no mucho ejercían una especie de cogobierno en el país prefiguran un empeño de ambos por intoxicar a los ciudadanos y por generar animadversión entre éstos hacia el respectivo rival político, de cara a los comicios de julio entrante. Sería improcedente –y además es imposible– desacreditar de antemano todas esas acusaciones, en la medida en que pueden aportar elementos valiosos de información a la ciudadanía, y porque ponen en perspectiva algunos de los vicios y rasgos inveterados en el ejercicio del poder, como la discrecionalidad y la opacidad con que se conducen los recursos públicos o la sospecha siempre latente de una colusión entre las autoridades y los estamentos delictivos.

Pero ese efecto colateral, por positivo que resulte, no alcanza para legitimar las campañas sucias, cuyo objetivo no es el esclarecimiento y la fiscalización del poder público, sino el golpeteo político, y cuyos efectos perjudiciales para la vida republicana son harto conocidos: tienden a igualar en un amasijo repulsivo, a ojos de la población, a los distintos grupos de la clase política; alimentan la desconfianza generalizada hacia representantes populares, aspirantes y partidos y, más que estimular el voto ciudadano, generan apatía y falta de interés de los electores y profundizan la brecha existente entre éstos y sus gobernantes.

En tal circunstancia, corresponderá a la ciudadanía no dejarse contaminar por estos ataques, asimilar críticamente los elementos de juicio que éstos puedan aportarle, mantener una postura ecuánime y reflexiva frente a ellos, y evitar, en esa medida, que la degradación que se observa en la clase política invada todos los ámbitos de la vida pública.

Y ni caso-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Atrás de la raya

Luis Meneses Murillo

 

     Atrás de la raya, le dijo Felipe Calderón a una profesora de La Laguna, que le demandaba que se cumpliera con los programas sociales que deficientemente aplica el gobierno federal. Calderón le advirtió que dejara de hacer grilla y que le permitiera trabajar ya que él atendía a los más pobres, a los que tienen ingresos menores a cinco salarios mínimos, y que la profesora, como ganaba 8 mil pesos al mes, a ella no le correspondía estar en los programas contra la pobreza. Quizás le molestaba que fuera profesora y que defendiera sus derechos. O no sabe aritmética, porque esa profesora tiene un ingreso menor a cinco salarios mínimos.

Esta actitud retrata la posición que tiene Felipe Calderón, y su gobierno, respecto a la población, sobre todo con aquellos que se atreven a defender sus derechos y a no estar esperando los programas gubernamentales como si fueran dádivas.
Con una posición de ese tipo, despreciando a las organizaciones campesinas y pensando sólo en ejercer su control sobre ellas, el gobierno de Calderón ha desarrollado una estrategia de apropiación de organizaciones rurales. Ha promovido su división y ha tratado de crear sus propias estructuras organizativas, con el único fin de tener un control sobre ellas, sobre todo en los procesos electorales. Es decir, a las administraciones panistas les es de mucho interés el llamado voto verde.
En la filosofía del PAN como gobierno, las organizaciones campesinas e indígenas no deben existir. Para ellos son un mal necesario que hay que erradicar. Les molesta que existan liderazgos que no controlan, y quisieran encontrar a los campesinos e indígenas aislados y que atendieran sus asuntos de manera individual.
Desde el inicio del gobierno de Calderón, los blanquiazules se propusieron dividir a las organizaciones campesinas, apoyando a algunos líderes con el fin de que fueran funcionales a sus gobiernos emanados del PAN; su meta era llegar a las elecciones de 2009 controlando varias organizaciones campesinas y enfrentar a un PRD sin base social en el campo y a las estructuras campesinas del PRI. Así, se dedicaron a provocar divisiones en algunas organizaciones rurales. Fracasaron rotundamente: las divisiones se convirtieron en pequeñas separaciones de algunos liderazgos y segmentos menores de base social. Desafortunadamente para ellos, el uso de recursos públicos durante 2008 y 2009 para comprar el voto campesino no les rindió frutos en las elecciones de 2009 y la interlocución dispensada a sus líderes formados no les atrajo más sufragios.
Otra estrategia de los gobiernos panistas ha sido crear estructuras campesinas como la que formaron, desde el gobierno anterior, sobre la base de los apoyos que dieron para integrar Unimos, o apoyando a despachos particulares de profesionistas, cuyos trabajos son los únicos que toman en cuenta para entregar recursos públicos, con el argumento de que eso garantiza la fuerza del proyecto que se apoya. ¡Qué equivocados están, ya que ignoran las necesidades y las iniciativas de la gente, de los campesinos y de los indígenas!

El resultado de todo esto ha sido que la pobreza por hambre ha crecido enormemente en las áreas rurales. Según Coneval, hay 28 millones de mexicanos en pobreza por hambre, de los cuales 20 millones viven en el campo; esto incluye a la mayoría de la población indígena.

Actualmente no existen políticas públicas para promover el desarrollo de la actividad agropecuaria y pesquera, y mucho menos para impulsar un desarrollo rural integral y sustentable; ante las sequías, heladas, y la disminución de producción de alimentos, a los secretarios de Agricultura y de Economía sólo se les ocurre afirmar que estas situaciones se resuelven comprando alimentos en el extranjero, aun cuando saben que los precios internacionales seguirán subiendo.

No les importa el campo mexicano, mucho menos la vida de los campesinos, por eso para ellos el que cada año seamos más dependientes del extranjero en materia de alimentos no significa nada. Actualmente la dependencia alimentaria del país es de 50 de sus necesidades.

Las organizaciones rurales han resistido estos embates del gobierno de Calderón, han consolidado sus liderazgos y de manera autónoma están tomando sus decisiones respecto de las gestiones que realizan y de sus posiciones frente a los procesos electorales.

Las perspectivas del PAN en las áreas rurales cada vez son más limitadas y sus dificultades para controlar las estructuras de las organizaciones campesinas están fracasado.

Es necesario que la experiencia que han tenido las organizaciones campesinas independientes frente a estos embates las lleve a emprender acciones que les den más fortaleza y autonomía. Se requiere impulsar los procesos de convergencia que se llevan a cabo año con año en la movilización del 31 de enero junto con organizaciones sindicales, o en la lucha conjunta que dieron en 2011 para lograr que se aprobara en el Congreso de la Unión el derecho constitucional a la alimentación. Se necesita, además, promover los procesos de convergencia que varias de ellas, como UNORCA, CCC, Cocyp, CIOAC, ANEC, CNPA, El Barzón, FCCH y otras están realizando para construir una propuesta de Plan de Ayala siglo XXI, con el que avanzan hacia la firma de un pacto social.