El trabajo fantasma y la crisis económica
Zapatistas en un "caracol".
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En los años ochenta, Iván Illich hizo un descubrimiento fundamental para comprender parte de la crisis en la que hoy nos encontramos: “el trabajo fantasma”. Su nombre, que habla de una desencarnación del trabajo, se refiere “al trabajo no remunerado que una sociedad industrial exige como complemento indispensable de la producción de bienes y servicios”. Esta forma no retribuida de servidumbre, que día con día se hace más aguda, es la consecuencia de la destrucción de formas productivas autosuficientes que Illich denomina la “subsistencia”.
Mientras en las economías de subsistencia, como las que aún sobreviven en las comunidades indígenas, el trabajo familiar y común provee de lo necesario a la familia (el hombre y los hijos varones obtienen la materia prima, misma que la mujer y las hijas procesan en casa o trabajan en común), en la economía industrial el trabajo familiar se encierra en las fábricas, donde los hombres no sólo producen a cambio de un salario lo que en las economías de subsistencia se produce en familia, sino que a su vez usan ese salario para comprar mercancías que sirven para generar trabajo fantasma, como los trabajos domésticos que realizan las mujeres en sus casas, las actividades vinculadas con las compras, la mayor parte del trabajo que hacen los estudiantes para cumplir los currículos escolares, el esfuerzo que se realiza para ir al trabajo y regresar de él, “el estrés de un consumo forzado, la sumisión a los burócratas, los apremios para preparar el trabajo y un buen número de actividades etiquetadas como ‘vida familiar’”. Así, el trabajo asalariado, cada vez más escaso, y el trabajo fantasma, cada vez más demandado, se complementan no sólo para beneficio de esos cuantos, sino para agudizar cada vez más el malestar que las sociedades industriales producen.
Dominados por el consumo, incapacitados a fuerza de desempleo para acceder a las mercancías que hacen posible el trabajo fantasma, y necesitados de esas mercancías, los hombres, las mujeres y los niños de esta nación se mueven en una doble vía: 1. Quienes acceden al empleo viven en una enajenación que acumula, por un lado, instrumentos al servicio del trabajo asalariado; por el otro, bienes vinculados con el trabajo fantasma que se compran con el salario, sin que el salario alcance o baste para satisfacerlos –consumo de educación (escuelas, útiles), de salud (servicios médicos, medicinas industriales), de trabajo doméstico (lavadoras, hornos, comida de supermercado), de empleo (transporte, servicios burocráticos, ropa adecuada), de diversión (videojuegos, televisores, antros), etcétera; 2. Quienes no pueden acceder al empleo, pero necesitan o desean las mercancías que hacen posible el trabajo fantasma, se mueven en otros dos niveles: a) el del crimen que no sólo instrumentaliza, con fines económicos, a la gente mediante la extorsión, el secuestro, la prostitución, la esclavitud, etcétera, sino que permite también la generación de productos o empleos improductivos pero legales –policías, militares, armamento, cárceles–, o b) el del comercio informal que, en muchos sentidos –es decir, cuando no produce valores de uso– es igual de improductivo porque es el fruto de los usos ilegales de las producciones industriales, lo que aquí se conoce como “fayuca”.
En todos esos casos, el único beneficiario, a costos muy altos de vida, es el poder y el capital que sólo usufructúan unos cuantos, con el único objeto de consumir enormes cantidades de mercancía y de trabajo fantasma.
Más allá de lo que Marx opinaba al decir que los beneficios del capitalista son el producto de la plusvalía –es decir, del valor que el dueño del capital le roba a la fuerza de trabajo del asalariado–, en realidad, es el trabajo fantasma el que, en su crecimiento monopólico, refuerza los beneficios no sólo del capitalista, sino del Estado y del crimen. Entre mayor es el crecimiento del trabajo fantasma, o, en otras palabras, entre mayor es la demanda de bienes de capital vinculados con el trabajo fantasma que produce la industria, mayor es la riqueza de las élites económicas y estatales, mayor la generación de empleos improductivos, mayor la proliferación de actividades delictivas, mayor la violencia, la explotación y la miseria moral y económica de una gran parte de la población.
La única manera de escapar de su imperio es develar el fantasma de la servidumbre industrial, con el objeto de volver –dando la espalda a las producciones industriales y al Estado– a formas modernas de lo que Illich llama la subsistencia y de las cuales el modelo más acabado es el de los caracoles zapatistas. Se podría hablar de una pobreza, como la definen Jean Robert y Majid Rahnema, convivial, ajena al fantasma del trabajo, y cuyos principios son la autonomía, la simplicidad, la solidaridad, la frugalidad y el compartir, o lo que en árabe se denomina “quana’at: la virtud que expresa la satisfacción de lo que se produce como valor de uso y se percibe como la parte justa de cada uno en la abundancia del orden cósmico”. Algo de lo que jamás hablarán los partidos políticos ni los economistas.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
Mientras en las economías de subsistencia, como las que aún sobreviven en las comunidades indígenas, el trabajo familiar y común provee de lo necesario a la familia (el hombre y los hijos varones obtienen la materia prima, misma que la mujer y las hijas procesan en casa o trabajan en común), en la economía industrial el trabajo familiar se encierra en las fábricas, donde los hombres no sólo producen a cambio de un salario lo que en las economías de subsistencia se produce en familia, sino que a su vez usan ese salario para comprar mercancías que sirven para generar trabajo fantasma, como los trabajos domésticos que realizan las mujeres en sus casas, las actividades vinculadas con las compras, la mayor parte del trabajo que hacen los estudiantes para cumplir los currículos escolares, el esfuerzo que se realiza para ir al trabajo y regresar de él, “el estrés de un consumo forzado, la sumisión a los burócratas, los apremios para preparar el trabajo y un buen número de actividades etiquetadas como ‘vida familiar’”. Así, el trabajo asalariado, cada vez más escaso, y el trabajo fantasma, cada vez más demandado, se complementan no sólo para beneficio de esos cuantos, sino para agudizar cada vez más el malestar que las sociedades industriales producen.
Dominados por el consumo, incapacitados a fuerza de desempleo para acceder a las mercancías que hacen posible el trabajo fantasma, y necesitados de esas mercancías, los hombres, las mujeres y los niños de esta nación se mueven en una doble vía: 1. Quienes acceden al empleo viven en una enajenación que acumula, por un lado, instrumentos al servicio del trabajo asalariado; por el otro, bienes vinculados con el trabajo fantasma que se compran con el salario, sin que el salario alcance o baste para satisfacerlos –consumo de educación (escuelas, útiles), de salud (servicios médicos, medicinas industriales), de trabajo doméstico (lavadoras, hornos, comida de supermercado), de empleo (transporte, servicios burocráticos, ropa adecuada), de diversión (videojuegos, televisores, antros), etcétera; 2. Quienes no pueden acceder al empleo, pero necesitan o desean las mercancías que hacen posible el trabajo fantasma, se mueven en otros dos niveles: a) el del crimen que no sólo instrumentaliza, con fines económicos, a la gente mediante la extorsión, el secuestro, la prostitución, la esclavitud, etcétera, sino que permite también la generación de productos o empleos improductivos pero legales –policías, militares, armamento, cárceles–, o b) el del comercio informal que, en muchos sentidos –es decir, cuando no produce valores de uso– es igual de improductivo porque es el fruto de los usos ilegales de las producciones industriales, lo que aquí se conoce como “fayuca”.
En todos esos casos, el único beneficiario, a costos muy altos de vida, es el poder y el capital que sólo usufructúan unos cuantos, con el único objeto de consumir enormes cantidades de mercancía y de trabajo fantasma.
Más allá de lo que Marx opinaba al decir que los beneficios del capitalista son el producto de la plusvalía –es decir, del valor que el dueño del capital le roba a la fuerza de trabajo del asalariado–, en realidad, es el trabajo fantasma el que, en su crecimiento monopólico, refuerza los beneficios no sólo del capitalista, sino del Estado y del crimen. Entre mayor es el crecimiento del trabajo fantasma, o, en otras palabras, entre mayor es la demanda de bienes de capital vinculados con el trabajo fantasma que produce la industria, mayor es la riqueza de las élites económicas y estatales, mayor la generación de empleos improductivos, mayor la proliferación de actividades delictivas, mayor la violencia, la explotación y la miseria moral y económica de una gran parte de la población.
La única manera de escapar de su imperio es develar el fantasma de la servidumbre industrial, con el objeto de volver –dando la espalda a las producciones industriales y al Estado– a formas modernas de lo que Illich llama la subsistencia y de las cuales el modelo más acabado es el de los caracoles zapatistas. Se podría hablar de una pobreza, como la definen Jean Robert y Majid Rahnema, convivial, ajena al fantasma del trabajo, y cuyos principios son la autonomía, la simplicidad, la solidaridad, la frugalidad y el compartir, o lo que en árabe se denomina “quana’at: la virtud que expresa la satisfacción de lo que se produce como valor de uso y se percibe como la parte justa de cada uno en la abundancia del orden cósmico”. Algo de lo que jamás hablarán los partidos políticos ni los economistas.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
Tambores de guerra en territorio incierto
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad .
Foto: AP
Foto: AP
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La pregunta está en el aire desde hace varios años: ¿Tendrá Irán una bomba nuclear? Cualquiera que sea la respuesta traerá enormes consecuencias para la frágil estructura que sostiene la no proliferación de armas nucleares y para la profundización de movimientos caóticos en el orden internacional. Una respuesta afirmativa animaría de inmediato a otros países de la zona, como Egipto o Arabia Saudita, a tener su propia bomba. Confirmaría, asimismo, que los países de la Unión Europea y Estados Unidos perdieron la batalla en su intento de frenar a Irán a través de sanciones económicas.
La negativa supone que se toma la decisión de detener el programa nuclear iraní a través del uso de la fuerza. Por lo pronto, es Israel el que amenaza con lanzar un bombardeo sobre las instalaciones de dicho programa antes del verano próximo. Los tambores de guerra suenan, pues, con mayor fuerza, mientras se multiplican las incertidumbres sobre cuáles serán las consecuencias de ese ataque.
El programa nuclear de Irán ha puesto en duda la credibilidad del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), considerado la piedra angular para detener la multiplicación de Estados armados con bombas nucleares. Además, cuestiona el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de verificar, a través de las actividades de sus inspectores, el cumplimiento de los compromisos relativos a la no desviación de materiales nucleares para usos pacíficos hacia la fabricación de artefactos de tipo militar.
La tercera institución cuya eficiencia se encuentra en duda es el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta ahora, se han adoptado allí diversas resoluciones que, entre otras cosas, aplican sanciones económicas a Irán por su negativa a suspender actividades como el enriquecimiento de uranio. Tal enriquecimiento, más allá de ciertos niveles, es considerado el camino más evidente para avanzar hacia la posesión de armas nucleares. Sin embargo, ni los compromisos adquiridos a través del TNP ni las inspecciones ni las sanciones del Consejo de Seguridad han sido suficientes para convencer al régimen de Ahmadinejad de suspender su programa nuclear que, oficialmente, es sólo para usos pacíficos. La desconfianza respecto a tales aseveraciones es generalizada, y en la mayoría de los países occidentales priva la creencia de que Irán busca la fabricación de bombas nucleares.
Otros caminos menos transparentes también se han intentado. Una apuesta ha sido favorecer el derrocamiento del régimen por fuerzas opositoras que están presentes en la vida política de Irán. No obstante, tales fuerzas no han sido lo suficientemente fuertes para desencadenar ese derrocamiento ni es seguro que, en caso de ganar, estarían dispuestas a abandonar el programa nuclear. Éste goza, al parecer, de enorme apoyo por parte de la población iraní en su conjunto.
La situación se encuentra, así, en una encrucijada. Para algunos –sobre todo Israel, pero también algunos círculos republicanos de Estados Unidos–, el uso de la fuerza es inevitable para detener a tiempo un programa que pronto presentará riesgos mayores si se desea intervenir. Atacar ahora lograría, al menos, detener por varios años el objetivo final de fabricar las bombas nucleares.
Por múltiples motivos, un ataque aéreo sobre Irán no favorece a la actual política exterior de Obama. Va en contra de sus propósitos de limitar la participación de Estados Unidos en aventuras militares que, como queda claro en el caso de Irak y Afganistán, pueden resultar muy costosas y muy difíciles de terminar. Cierto que no se prevé ningún tipo de desembarco en Irán; se habla de bombardeos rápidos. Sin embargo, una vez iniciada la agresión, ésta puede obligar a acciones imprevistas de costos muy altos.
En las últimas semanas, Estados Unidos y los países europeos han optado por las sanciones económicas, evitando pasar por el Consejo de Seguridad, en donde corren el peligro de enfrentar la oposición de China y Rusia. La Unión Europea ha decidido la suspensión de compras de petróleo a Irán, y Obama ha determinado intervenir más enérgicamente las cuentas de bancos iraníes en Estados Unidos.
Las medidas anteriores afectan seriamente el comportamiento de la economía de Irán. Pero no disminuyen la agresividad de Ahmadinejad, quien amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz y no detiene sus programas nucleares; por el contrario, son, cada vez más, una carta para darle popularidad interna a su régimen.
En ese contexto, cobran dimensiones más graves las afirmaciones de Israel en el sentido de que está decidido a actuar sobre Irán. El asunto llega en momentos de lucha electoral en Estados Unidos y, a pesar de las resistencias de Obama, es claro que éste no podrá distanciarse de su mejor aliado en el Medio Oriente y de los grupos judíos con gran influencia sobre el electorado estadunidense.
Las consecuencias de un bombardeo de Israel sobre Irán son inciertas. Lo primero es el grado de eficiencia que pueda tener, ya que la mayoría de las instalaciones iraníes se encuentran bajo tierra, están diseminadas a lo largo de su territorio y podrían recomponerse rápidamente. Lo segundo es la fuerte reacción nacionalista interna que podría producir, la cual favorecería a Ahmadinejad y haría más difícil cualquier intento posterior de negociación.
Desde otra perspectiva, la acción unilateral de Israel, sin la aprobación explícita de Estados Unidos y la Unión Europea, aislaría aún más a ese país internacionalmente y acentuaría el sentimiento de que no existe actualmente quien tenga la última palabra para decidir sobre cuestiones que afectan seriamente la paz y la seguridad internacionales. Se trata de una batalla en territorio incierto donde los actores no se definen con claridad y no se sabe con certitud quién gana o quién pierde.
La negativa supone que se toma la decisión de detener el programa nuclear iraní a través del uso de la fuerza. Por lo pronto, es Israel el que amenaza con lanzar un bombardeo sobre las instalaciones de dicho programa antes del verano próximo. Los tambores de guerra suenan, pues, con mayor fuerza, mientras se multiplican las incertidumbres sobre cuáles serán las consecuencias de ese ataque.
El programa nuclear de Irán ha puesto en duda la credibilidad del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), considerado la piedra angular para detener la multiplicación de Estados armados con bombas nucleares. Además, cuestiona el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de verificar, a través de las actividades de sus inspectores, el cumplimiento de los compromisos relativos a la no desviación de materiales nucleares para usos pacíficos hacia la fabricación de artefactos de tipo militar.
La tercera institución cuya eficiencia se encuentra en duda es el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta ahora, se han adoptado allí diversas resoluciones que, entre otras cosas, aplican sanciones económicas a Irán por su negativa a suspender actividades como el enriquecimiento de uranio. Tal enriquecimiento, más allá de ciertos niveles, es considerado el camino más evidente para avanzar hacia la posesión de armas nucleares. Sin embargo, ni los compromisos adquiridos a través del TNP ni las inspecciones ni las sanciones del Consejo de Seguridad han sido suficientes para convencer al régimen de Ahmadinejad de suspender su programa nuclear que, oficialmente, es sólo para usos pacíficos. La desconfianza respecto a tales aseveraciones es generalizada, y en la mayoría de los países occidentales priva la creencia de que Irán busca la fabricación de bombas nucleares.
Otros caminos menos transparentes también se han intentado. Una apuesta ha sido favorecer el derrocamiento del régimen por fuerzas opositoras que están presentes en la vida política de Irán. No obstante, tales fuerzas no han sido lo suficientemente fuertes para desencadenar ese derrocamiento ni es seguro que, en caso de ganar, estarían dispuestas a abandonar el programa nuclear. Éste goza, al parecer, de enorme apoyo por parte de la población iraní en su conjunto.
La situación se encuentra, así, en una encrucijada. Para algunos –sobre todo Israel, pero también algunos círculos republicanos de Estados Unidos–, el uso de la fuerza es inevitable para detener a tiempo un programa que pronto presentará riesgos mayores si se desea intervenir. Atacar ahora lograría, al menos, detener por varios años el objetivo final de fabricar las bombas nucleares.
Por múltiples motivos, un ataque aéreo sobre Irán no favorece a la actual política exterior de Obama. Va en contra de sus propósitos de limitar la participación de Estados Unidos en aventuras militares que, como queda claro en el caso de Irak y Afganistán, pueden resultar muy costosas y muy difíciles de terminar. Cierto que no se prevé ningún tipo de desembarco en Irán; se habla de bombardeos rápidos. Sin embargo, una vez iniciada la agresión, ésta puede obligar a acciones imprevistas de costos muy altos.
En las últimas semanas, Estados Unidos y los países europeos han optado por las sanciones económicas, evitando pasar por el Consejo de Seguridad, en donde corren el peligro de enfrentar la oposición de China y Rusia. La Unión Europea ha decidido la suspensión de compras de petróleo a Irán, y Obama ha determinado intervenir más enérgicamente las cuentas de bancos iraníes en Estados Unidos.
Las medidas anteriores afectan seriamente el comportamiento de la economía de Irán. Pero no disminuyen la agresividad de Ahmadinejad, quien amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz y no detiene sus programas nucleares; por el contrario, son, cada vez más, una carta para darle popularidad interna a su régimen.
En ese contexto, cobran dimensiones más graves las afirmaciones de Israel en el sentido de que está decidido a actuar sobre Irán. El asunto llega en momentos de lucha electoral en Estados Unidos y, a pesar de las resistencias de Obama, es claro que éste no podrá distanciarse de su mejor aliado en el Medio Oriente y de los grupos judíos con gran influencia sobre el electorado estadunidense.
Las consecuencias de un bombardeo de Israel sobre Irán son inciertas. Lo primero es el grado de eficiencia que pueda tener, ya que la mayoría de las instalaciones iraníes se encuentran bajo tierra, están diseminadas a lo largo de su territorio y podrían recomponerse rápidamente. Lo segundo es la fuerte reacción nacionalista interna que podría producir, la cual favorecería a Ahmadinejad y haría más difícil cualquier intento posterior de negociación.
Desde otra perspectiva, la acción unilateral de Israel, sin la aprobación explícita de Estados Unidos y la Unión Europea, aislaría aún más a ese país internacionalmente y acentuaría el sentimiento de que no existe actualmente quien tenga la última palabra para decidir sobre cuestiones que afectan seriamente la paz y la seguridad internacionales. Se trata de una batalla en territorio incierto donde los actores no se definen con claridad y no se sabe con certitud quién gana o quién pierde.
Calderón y los fiscales a modo
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- En junio de 2010, legisladores del PAN interpusieron ante la secretaria general de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el entonces gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera Beltrán.
Se le acusaba de apuntalar con recursos del erario estatal a su delfín Javier Duarte y, como prueba, los panistas presentaron grabaciones en donde se daban instrucciones para apoyar con todo al candidato priista a la gubernatura. Las denuncias incluso llegaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), encabezada entonces por Arely Gómez.
Las denuncias del panismo no prosperaron en el recinto legislativo de San Lázaro pero tampoco ante la fiscal electoral, pues Arely Gómez consideró que no había pruebas suficientes para fincar responsabilidad al aún gobernador Fidel Herrera.
Entonces, la furia de Felipe Calderón recayó sobre ella… a sólo cinco días de que se realizaran elecciones en Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua y Veracruz, Gómez fue removida del cargo y en su lugar se nombró a José Luis Vargas Valdez.
El rechazo de la fiscal a procesar las denuncias panistas fue razón suficiente para que su cargo de tres años y medio se fuera a la basura. A Calderón Hinojosa no le importó que hubiera un proceso electoral en curso, lo único que valía era la afrenta de no irse con todo en contra del gobernador Fidel Herrera.
Lo cierto es que las conversaciones grabadas eran razón suficiente para que la Fepade abriera un expediente y dictara una resolución. Pero Arely Gómez no lo hizo y tuvo que abandonar su cómoda posición en una fiscalía que nunca ha realizado una indagación que valga la pena.
Al siguiente año, el 18 de marzo de 2011, al entonces procurador general de la República, Arturo Chávez, se le pidió que abriera averiguaciones previas en contra de algunos exgobernadores priistas. El punto era preparar “los expedientes negros” contra el PRI.
La orden presidencial no gustó a Chávez Chávez, quien prefirió renunciar antes que llegar “al uso político de temas judiciales”. El 31 de marzo su lugar fue ocupado por Marisela Morales, quien ya antes había confeccionado las averiguaciones en el lamentablemente célebre michoacanazo, y en el que se involucró a presidentes municipales en activo de PRI y PRD, principalmente, con el narcotráfico.
Por cierto, Marisela Morales contaba y cuenta con todo el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), instancia que formaba parte de la estrategia para acusar a políticos priistas y perredistas de participar con el crimen organizado.
Ahora, el rechazo de José Luis Vargas a pronunciarse en contra de los resultados de las pasadas elecciones en Michoacán, presuntamente enturbiadas por “la presión del narco” y su llamado a no votar por el PAN y respaldar al PRI, lo llevó al mismo punto que Arely Gómez: ser destituido de la Fepade.
Los panistas y el propio Calderón pretendían que la Fepade descalificara los resultados electorales en Michoacán, donde ganó el PRI y perdió Luisa María Calderón, hermana del presidente de la República. No lo hizo y el castigo fue su remoción fulminante.
A sólo cinco meses de la contienda electoral más relevante, después de 2006, la presidencial, Calderón no la pensó más y decidió remover a su fiscal; en su lugar se colocó a Imelda Calvillo Tello, una mujer que de temas electorales parece no saber mucho, si se atiene unos a su currículum:
“Fungió como delegada estatal de la Procuraduría en Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, y como subdelegada de Procedimientos Penales y de Control de Procesos Penales y Amparo”, pero del tema electoral, nada.
Pero a Calderón lo que menos le importa es que los fiscales o procuradores sepan algo de asuntos electorales o judiciales; lo que ha demostrado en estos años de tortuoso gobierno para los mexicanos y las víctimas de “su” guerra contra el narcotráfico, es que los funcionarios estén a su disposición para usar la ley como arma electoral. Y al que no le guste… a hacer maletas.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Se le acusaba de apuntalar con recursos del erario estatal a su delfín Javier Duarte y, como prueba, los panistas presentaron grabaciones en donde se daban instrucciones para apoyar con todo al candidato priista a la gubernatura. Las denuncias incluso llegaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), encabezada entonces por Arely Gómez.
Las denuncias del panismo no prosperaron en el recinto legislativo de San Lázaro pero tampoco ante la fiscal electoral, pues Arely Gómez consideró que no había pruebas suficientes para fincar responsabilidad al aún gobernador Fidel Herrera.
Entonces, la furia de Felipe Calderón recayó sobre ella… a sólo cinco días de que se realizaran elecciones en Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua y Veracruz, Gómez fue removida del cargo y en su lugar se nombró a José Luis Vargas Valdez.
El rechazo de la fiscal a procesar las denuncias panistas fue razón suficiente para que su cargo de tres años y medio se fuera a la basura. A Calderón Hinojosa no le importó que hubiera un proceso electoral en curso, lo único que valía era la afrenta de no irse con todo en contra del gobernador Fidel Herrera.
Lo cierto es que las conversaciones grabadas eran razón suficiente para que la Fepade abriera un expediente y dictara una resolución. Pero Arely Gómez no lo hizo y tuvo que abandonar su cómoda posición en una fiscalía que nunca ha realizado una indagación que valga la pena.
Al siguiente año, el 18 de marzo de 2011, al entonces procurador general de la República, Arturo Chávez, se le pidió que abriera averiguaciones previas en contra de algunos exgobernadores priistas. El punto era preparar “los expedientes negros” contra el PRI.
La orden presidencial no gustó a Chávez Chávez, quien prefirió renunciar antes que llegar “al uso político de temas judiciales”. El 31 de marzo su lugar fue ocupado por Marisela Morales, quien ya antes había confeccionado las averiguaciones en el lamentablemente célebre michoacanazo, y en el que se involucró a presidentes municipales en activo de PRI y PRD, principalmente, con el narcotráfico.
Por cierto, Marisela Morales contaba y cuenta con todo el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), instancia que formaba parte de la estrategia para acusar a políticos priistas y perredistas de participar con el crimen organizado.
Ahora, el rechazo de José Luis Vargas a pronunciarse en contra de los resultados de las pasadas elecciones en Michoacán, presuntamente enturbiadas por “la presión del narco” y su llamado a no votar por el PAN y respaldar al PRI, lo llevó al mismo punto que Arely Gómez: ser destituido de la Fepade.
Los panistas y el propio Calderón pretendían que la Fepade descalificara los resultados electorales en Michoacán, donde ganó el PRI y perdió Luisa María Calderón, hermana del presidente de la República. No lo hizo y el castigo fue su remoción fulminante.
A sólo cinco meses de la contienda electoral más relevante, después de 2006, la presidencial, Calderón no la pensó más y decidió remover a su fiscal; en su lugar se colocó a Imelda Calvillo Tello, una mujer que de temas electorales parece no saber mucho, si se atiene unos a su currículum:
“Fungió como delegada estatal de la Procuraduría en Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, y como subdelegada de Procedimientos Penales y de Control de Procesos Penales y Amparo”, pero del tema electoral, nada.
Pero a Calderón lo que menos le importa es que los fiscales o procuradores sepan algo de asuntos electorales o judiciales; lo que ha demostrado en estos años de tortuoso gobierno para los mexicanos y las víctimas de “su” guerra contra el narcotráfico, es que los funcionarios estén a su disposición para usar la ley como arma electoral. Y al que no le guste… a hacer maletas.
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