Cuenta Pública 2010
Sin biblioteca ni computadoras, más de 50% de las
prepas públicas: ASF
Hasta 2043 se alcanzará la cobertura universal de ese nivel de enseñanza;
retraso de 22 años en lo prometido por Calderón
Informe presentado a la Cámara señala faltante de más de $294 millones en
fondos asignados para infraestructura de planteles
Entre 2008 y 2012 la SEP tiene previsto atender 14 mil 529
escuelas –cuyo equipamiento es
malo o pésimo– a las que asisten casi 2 millones de niños. La imagen, en la primaria José María Lafragua de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, donde los alumnos carecen de sillas para tomar clasesFoto Jesús Villaseca
Karina Avilés
Periódico La Jornada
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 2
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 2
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 87.3 por
ciento (3 mil 966 planteles) de 4 mil 544 bachilleratos públicos revisados no
tienen servicios médicos; 60.2 por ciento (2 mil 736) carecen de biblioteca,
50.1 (2 mil 278) no tienen salas de cómputo, 10.7 (484) disponen de inmuebles
con más de 31 años de antigüedad y 8.6 (391) no son apropiados para uso
educativo.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2010, hasta 2043 se alcanzará
la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso
de 22 años respecto a lo que ordena el decreto firmado la semana pasada por el
presidente Felipe Calderón, que hace obligatoria la impartición de dicho nivel
educativo.
Evidenció que al comparar los mil 444 millones 742 mil 300 pesos distribuidos
para la infraestructura del bachillerato con los mil 150 millones 238 mil 100
comprometidos en los convenios de colaboración, resultó una diferencia de 294
millones 504 mil 200 pesos, sin que la Secretaría de Educación Pública (SEP)
acreditara las causas de esta situación.
El informe revela que después de 18 años de operación del programa Carrera
Magisterial –impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo–, de un millón 267 mil 593 maestros
de primaria y secundaria, sólo 1.6 por ciento, esto es, 21 mil 334, tienen el
máximo nivel del programa, esto es, son
buenos o excelentes maestros.
Del total de docentes, sólo 17.3 por ciento pasó los exámenes nacionales de
actualización de maestros en servicio (Enams), 14.6 los reprobó y 68.1 no los
hizo, por lo que la ASF recomendó a la SEP –entre un cúmulo de observaciones–
aplicar los mecanismos necesarios para aumentar el número de docentes que
acreditan dichas evaluaciones.
Esto, porque de cada 10 mentores, dos pasaron su actualización mediante esas
pruebas, dos las reprobaron y seis no las presentaron.
Aunque el gobierno calderonista promociona la creación de mil bachilleratos
nuevos en este sexenio, la ASF estimó que para lograr la universalización de la
preparatoria en 2021, como prometió el Ejecutivo, se necesitan 338.5 mil aulas
adicionales para dar cabida a 9.5 millones de estudiantes, es decir, más del
doble de los inscritos hoy día.
Entre las
consecuencias sociales, subrayó que la SEP y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) no contaron con el diagnóstico de cobertura y calidad del equipamiento del bachillerato que permitiera tener planes de trabajo para el mejoramiento, ampliación y modernización de las 10 mil 26 escuelas públicas de dicho nivel en todo el país.
Pese a las carencias y el deterioro en que se encuentran dichos planteles, el
programa sólo atendió a 2 mil 310 de los 10 mil 26 centros educativos.
En el nivel básico, la situación no es muy distinta, ya que entre 2008 y 2012
la dependencia previó atender a 14 mil 529 escuelas adonde asisten casi 2
millones de alumnos, cuyo equipamiento está en estado
malo o pésimo. Sin embargo –advirtió– no se han registrado avances.
En la Cuenta Pública 2010 la SEP reportó un ejercicio de 149 millones 538 mil
800 pesos en el equipamiento de primarias y secundarias, los cuales, pese a que
se distribuyeron en 31 entidades, sólo Yucatán concentró 77 por ciento de los
recursos, 21 estados se ubicaron por debajo de uno por ciento de participación y
nueve tuvieron entre 1 y 4 por ciento.
Mira quién habla-Rocha
Cuenta Pública 2010
De 2006 a 2010 destinó a ese rubro 2 mil 850 millones 678 mil pesos
Creció más de 500 por ciento el gasto del Ejecutivo en
comunicación social
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 2
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 2
El gobierno federal incrementó en 500 por ciento el gasto de
comunicación social en los últimos cinco años. En 2006 destinó 476 millones 627
mil de pesos, y en 2010 ese monto se ubicó en 2 mil 850 millones 678 mil.
En su informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública
2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostiene que el gobierno
federal no acreditó con información
que las erogaciones realizadas se han apegado a los criterios de economía, austeridad y racionalidad, dado que esos gastos no se consideran prioritarios. Cabe señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 consignó que no se podían realizar ampliaciones o traspasos a los conceptos de comunicación social y publicidad, con la salvedad de situaciones contingentes, promoción comercial de las entidades que generan mayores ingresos y los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios.
La tendencia al alza que aplicó la administración de Felipe Calderón para
difundir sus mensajes sobre programas y actividades gubernamentales se disparó
desde 2007, cuando dispuso de 574 millones 188 mil pesos, en 2008 destinó mil
769 millones 689 mil, y en 2009 gastó 2 mil 277 millones 720 mil.
La ASF señaló que su análisis
es pertinente por las nota periodísticas en que se denuncia que el Presidente de la República gastó 6 mil 479 millones de pesos en publicidad y promoción de imagen en 2010, esto es, casi el triple de lo autorizado por el Congreso para el rubro (alrededor de mil 600 millones), lo que es excesivo e irregular y avala la necesidad de ejecuciónde la auditoría.
Dijo que en el caso de la Presidencia de la República, informó que previo a
los procesos de adjudicación directa relacionados con las actividades de
comunicación social, se realizaron visitas a varios proveedores para determinar
cuál contaba con el equipo, instalaciones y personal necesarios para cumplir las
necesidades de la unidad responsable solicitante del servicio.
Sin embargo, dicho procedimiento no se encuentra regulado y no se cuenta con evidencia práctica, dado que únicamente se integran los resultados en la justificación de cada proceso.
Por ejemplo, se observó que el proveedor Lexia Investigación Cualitativa, SA
de CV, realizó sesiones de grupo de las que no se proporcionaron las grabaciones
realizadas en audio y video que debía entregar a la compañía que realizó la
investigación.
La Presidencia incurrió en la coemisión de campañas de políticas públicas en
el ámbito de la salud, infraestructura y de la conmemoración del bicentenario de
la Independencia, hecho irregular, como evidencia la conclusión de la ASF.
No se cuenta con un documento que sustente las coemisiones ni su impacto
presupuestal en cada dependencia, ni a escala global por cada versión, dado que
los gastos para la producción, posproducción, trasmisión y evaluación se
encuentran fragmentados en cada una de las dependencias participantes, por lo
que no es factible determinar el costo beneficio de éstas.
Cuenta Pública 2010
Depositados en dos fideicomisos, los recursos provienen del presupuesto, dice
la Auditoría
Tienen la Corte y el CJF guardadito de $1,013
millones para gastos contingentes y pensiones
Sus mandos reciben compensaciones superiores a las de otros trabajadores del
Estado
Sesión en la la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo
comité de gobierno creó dos fideicomisos para aumentar pensiones de los
ministrosFoto Marco Peláez
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 3
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 3
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) tienen en dos fideicomisos un guardadito de
mil 13 millones de pesos, uno de ellos destinado a gastos de contingencia,
mantenimiento y adquisiciones, y otro al pago de pensiones de altos mandos. Sin
embargo, explicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para cubrir ambos
rubros utiliza recursos presupuestales.
El órgano fiscalizador detalló que entre 2006 y 2010, el fideicomiso
constituido en la Corte para manejar los
remanentesdel gasto ha generado rendimientos por 186 millones 141 mil 100 pesos, debido a que únicamente ha registrado gastos administrativos por el cobro de 552 mil 800 pesos de comisiones del banco en que está depositado.
Esto es –explica–, en 2006 el saldo era de 536 millones 39 mil 800 pesos, y
en 2010 ascendía a 694 millones 738 mil 900.
Asimismo, en el informe sobre la Cuenta Pública 2010 que entregó a la Cámara
de Diputados, la ASF explica que en 1996 la Corte abrió un fideicomiso de
inversión y administración para el pago de pensiones complementarias de mandos
superiores, magistrados de circuito y jueces de distrito, que asciende a 318
millones de pesos.
Sin embargo, expuso el órgano fiscalizador, por dos acuerdos de
administración de 2005 y 2006, se definió que las pensiones complementarias a
las del Issste pueden financiarse con los fondos del fideicomiso o del
presupuesto del máximo tribunal del país.
Bajo este fundamento, el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN autorizó, a partir del mes de junio de 2007, que las pensiones complementarias de mandos superiores y medios, así como del personal operativo fueran pagadas con 99 por ciento de recursos presupuestales y uno por ciento de dinero de los fideicomisos, expuso la ASF.
Aun cuando la pensión complementaria que otorga la Corte a su alta burocracia
depende de que quien se jubile haga el trámite para retiro del Issste, ha
permitido que funcionarios del Poder Judicial reciban una compensación superior
a la de otros trabajadores del Estado. Refirió que en 2010 se pagaron seis
pensiones, dos por jubilación, tres por viudez y una por orfandad.
Detalló: “el ingreso medio de las pensiones complementarias por jubilación de
94 mil 300 pesos (mensuales) otorgadas a los servidores públicos de mando
superior en la Suprema Corte de Justicia fue 26.9 veces mayor que la pensión
garantizada por el Issste, de 3 mil 500 pesos.
Mientras, la pensión por viudez fue de 20 mil 900 pesos mensuales, seis veces
mayor a la de otros jubilados del Issste, y la de orfandad de 17 mil 400 pesos,
cinco veces más que la asignada a casos similares de trabajadores afiliados al
instituto.
La Auditoría informó también que la Corte no cumple con el objetivo del
fideicomiso constituido para ejercer sus remanentes presupuestarios y los del
Consejo de la Judicatura, en planes y proyectos aprobados, la instalación de
nuevos órganos jurisdiccionales federales o mantenimiento de los existentes,
adquisición de activos fijos o urgencias e imprevistos en el Poder Judicial de
la Federación.
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