Europa: “Fronteras tecnológicas” contra migrantes
Un migrante africano en Europa.
Foto: AP
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BRUSELAS (apro).- La Unión Europea (UE) está en curso de implementar enormes
estructuras de vigilancia fronteriza contra la migración ilegal que pretenden
convertir a la región en una “fortaleza tecnológica”.
Sin embargo, las autoridades europeas no tomaron en cuenta “las dificultades
insuperables a las que Estados Unidos se ha confrontado para introducir sistemas
comparables, como el US VISIT, que es incapaz de registrar la salida de los
viajeros de Estados Unidos, y el SBINET, el sistema de vigilancia de la frontera
con México que fue abandonado tras la aparición de problemas tecnológicos y la
explosión de los costos”.
Así lo indica un extenso y detallado reporte elaborado para la fundación
alemana Heinrich Böll por Ben Hayes y Mathias Vermeulen. El primero de ellos, es
experto en temas de justicia y asuntos internos de la UE dentro de la
organización civil Statewatch, con sede en Londres, y el segundo es investigador
del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia.
El documento –de 82 páginas y publicado en junio pasado– también fue
financiado por el grupo de los Verdes del Parlamento Europeo. Su título es Al
límite: Las nuevas iniciativas de la UE en vigilancia fronteriza.
Con base en el análisis de Hayes y Vermeulen, la eurodiputada alemana
Franziska Keller advierte que los 27 Estados miembros de la UE buscan poner
“rápidamente en marcha el Sistema de Vigilancia de las Fronteras Externas
Europeas (Eurosur) para mejorar la cooperación entre las agencias de control
fronterizo de Europa y la Agencia para la Protección de las Fronteras Externas
de la UE (Frontex) con ayuda de tecnología de punta.
Además, explica la eurodiputada, la UE está por presentar la legislación que
gestione las llamadas “fronteras inteligentes”, cuya misión será “lograr el
control total sobre todos los movimientos de cruce fronterizo, siguiendo el
modelo estadunidense. El plan contempla la introducción de una base masiva de
datos que almacene información, incluyendo las huellas dactilares de todos los
ciudadanos no europeos que entren o salgan del territorio de la UE”.
Afirma que uno de los propósitos de tal estructura “es identificar a los
ciudadanos de terceros países que rebasan su permiso de estancia. En Estados
Unidos un sistema parecido fracasó y nunca fueron introducidos los registros de
salida del país”.
Desproporción
A manera de contexto el reporte indica que la UE cuenta con 500 millones de
habitantes y que su territorio está delineado por 7 mil 400 kilómetros de
fronteras terrestres y 57 mil 800 kilómetros de franja costera o fronteras
marítimas.
Cifras oficiales estiman que cada año entran y salen de la UE 300 millones de
personas; menos de la mitad son ciudadanos no europeos. Sólo una pequeñísima
fracción de ellos ingresa ilegalmente.
A principios de 2011 llegaron a las costas italianas unos 25 mil tunecinos
que huían del caos provocado por el alzamiento popular contra el régimen de su
país. La mayoría de los desplazados por esa clase de rebeliones que estallaron
en los países árabes (la llamada Primavera Árabe) fueron acogidos por las
naciones vecinas como Túnez, Chad, Nigeria, Egipto o Argelia, según un reporte
del 15 de junio de 2011 de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
de la ONU, que estimó ese número en un millón de personas.
Aun así, la UE tomó tres medidas para prevenir la migración y la residencia
no autorizadas. En las reuniones del Consejo de la UE del 11 y 12 de abril de
2011, y del 9 y 10 de junio del mismo año, se decidió crear el Sistema de
Vigilancia de las Fronteras Externas Europeas (Eurosur), así como establecer el
Sistema de Entrada y Salida (EES, por sus siglas en inglés) mediante el cual se
podrá registrar el movimiento de las personas que ingresen al Espacio Schengen
de libres fronteras de la UE y ayudará a identificar a aquellas cuya visa de
estancia haya expirado.
Además, la UE propuso la puesta en marcha de un Programa de Viajeros
Registrados (RTP, por sus siglas en inglés), bajo el cual los viajeros de
terceros países que se hayan previamente inscrito y probado que no representan
un riesgo a la UE podrían ser beneficiados de una entrada más rápida al Espacio
Schengen.
De acuerdo con la Comisión Europea, los migrantes que entran legalmente a la
UE y luego se quedan, a pesar de haber vencido su permiso de estancia, conforman
la mayor parte de la migración ilegal.
El plan es que el EES almacene en una sola base de datos los datos
biométricos de todos los ciudadanos no europeos que entren al área Schengen de
la UE, y que emita una alerta a la autoridad del país donde ingresó cualquier
infractor a su fecha de salida. Ese almacenamiento de información sólo es legal
actualmente en casos ligados al orden y la seguridad pública.
De esa forma, un ciudadano mexicano que, por ejemplo, haya entrado como
turista a la UE a través de España, tiene derecho a permanecer 3 meses
legalmente. Una vez que rebase ese tiempo, las autoridades migratorias españolas
recibirían una alerta en relación con la situación ilegal de ese ciudadano
mexicano. Actualmente sólo un control azaroso y desafortunado de sus documentos
podría descubrir su infracción.
El RTP, por su parte, está concebido como un programa voluntario que
permitiría a los viajeros de países que, a juicio de la UE, no representan un
peligro migratorio (países de una “lista blanca”) beneficiarse de una entrada
bajo un control “simplificado y automatizado”, siempre y cuando aporten
previamente sus datos biométricos. El tiempo de control se reduciría de 1 o 2
minutos que dura actualmente a 30 segundos.
No obstante, remarca el reporte, un ejercicio de monitoreo realizado en 2009
arrojó que, cada año, las autoridades tendrían que tomar 57 millones de huellas
dactilares adicionales de ciudadanos de países de la lista blanca.
En Estados Unidos, una evaluación del programa US VISIT reveló que, cuando
fueron introducidos los controles biométricos, el procedimiento de entrada al
país se alargó en 15 segundos. Si la UE pudiera registrar 57 millones de
personas, eso agregaría un tiempo de fila de 27 años en sus fronteras, expone el
texto de la fundación Böll.
La Comisión Europea contesta que el RTP permitirá acelerar los trámites, pero
también reconoce que sólo 4 o 5 millones de ciudadanos de terceros países lo
podrán usar por año. Se estima que en ese período entran 100 millones de
personas provenientes de esos países.
Tales medidas, asegura el reporte, representan una respuesta desproporcionada
al número relativamente pequeño de refugiados provenientes del norte de África
que prefirieron marcharse a Europa durante las crisis políticas de esos
países.
En ese sentido, hay un hecho que destacan los autores: esas propuestas fueron
concebidas hace mucho tiempo y han sido consideradas activamente durante más de
cuatro años, a pesar de que las instituciones de la UE comenzaron hasta
recientemente a trabajar en una legislación formal.
Objetivo dudoso
El concepto de “fronteras inteligentes” lo impulsó decisivamente la Comisión
Europea en una comunicación que lanzó el 15 de febrero de 2008, la cual proponía
la utilización de controles de identidad automatizados, de nuevos archivos y
sistemas de captura de datos y de mayores dispositivos tecnológicos, así como la
creación del Eurosur con radares costeros, sistemas satelitales de rastreo,
aeronaves no tripuladas (drones) y sistemas autónomos de localización para
detectar pequeños transportes en el espacio de la UE.
La legislación que establece Eurosur fue publicada en diciembre último. Las
del EES y el RTP, cuya presentación estaba programada para antes de las
vacaciones de verano, fueron pospuestas para fin de este año con el propósito de
examinar con más tiempo los estudios de viabilidad y llevar a cabo las
deliberaciones entre las instituciones europeas.
El principal objetivo de Eurosur es mejorar la “percepción situacional” y la
capacidad de reacción de los Estados miembros y de Frontex para prevenir la
migración ilegal y el crimen trasfronterizo en territorio y aguas de la UE.
En la práctica, indica el reporte, la regulación propuesta extendería a todos
los miembros del Espacio Schengen la obligación de realizar una vigilancia
integral –“24 horas, los 7 días de la semana”– de las fronteras terrestres y
marítimas designadas como “de alto riesgo” de migración clandestina; al mismo
tiempo, permitiría a Frontex llevar a cabo una vigilancia en mares abiertos más
allá de las aguas europeas hasta llegar a las costas y puertos del norte de
África.
Esa presencia europea en aguas profundas, prosigue el texto, forzaría a los
países de la UE a tomar acciones para localizar y rescatar embarcaciones en
peligro, ya que así lo dicta la ley marítima internacional.
La Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que el papel futuro de
Eurosur es “proteger y salvar vidas de migrantes”, pero, observan Hayes y
Vermeulen, ni la regulación misma ni en numerosas evaluaciones o estudios
vinculados a la misma está definido qué es lo que exactamente será hecho para
ello y cuáles serán los procedimientos para saber qué hay que hacer con los
migrantes rescatados.
Analiza el texto: “En ese contexto, y a pesar de la crisis humanitaria en el
Mediterráneo de migrantes y refugiados que buscan alcanzar las costas europeas,
Eurosur parece que formará parte de la política europea cuyo propósito es evitar
que esas personas lleguen al territorio europeo en lugar de que sean un genuino
mecanismo de salvamento”.
El sistema incluiría las llamadas “operaciones para empujar el regreso”, en
las que las embarcaciones de migrantes son llevadas al país de salida, u otro no
europeo, impidiendo a éstos ejercer su derecho a solicitar asilo a un Estado
miembro de la UE.
El sistema se basa en una plataforma que relaciona un conjunto de nuevas
tecnologías de vigilancia con 24 diferentes sistemas nacionales de vigilancia y
centros de coordinación a nivel bilateral y a través de Frontex.
El reporte critica que el sistema de Eurosur no fue sujeto apropiadamente a
una evaluación de riesgos, por lo que presenta “potenciales fallas técnicas y
sobrecostos”.
“El desarrollo de nuevas tecnologías y el proceso de interrelación con 24
centros nacionales es extremadamente complejo y costoso”, precisa.
Y agrega: “A pesar de eso, las únicas personas a las que se les consultó si
tal sistema funcionaría fueron las que trabajan para Frontex y las compañías que
venderán el equipo informático necesario”.
Dos estudios de viabilidad fueron encargados a Frontex. Uno –el de la Red de
Patrullas Costeras Mediterráneas– fue publicado en julio de 2006, pero el
segundo –sobre el sistema de vigilancia fronterizo—fue clasificado secreto.
Ambos documentos no fueron sometidos al escrutinio de los parlamentos nacionales
europeos.
El Estudio Técnico para Eurosur fue producido en enero de 2010 por las
compañías europeas ESG (contratista del Ejército alemán), EADS,
Selex-Finmeccanica y Thales, que cotizaron 11 tipos de “sensores de vigilancia”
y 18 tipos de “sistemas de vigilancia marítima”. En septiembre de 2011, con tres
años de retraso, la Comisión Europea ordenó un estudio de los potenciales costos
a las consultorías GHK, Unysis y Euroconsult.
La Comisión Europea estima que Eurosur costará 338 millones de euros, pero
los métodos de cálculo “no soportan el escrutinio”, señala el reporte. Basado en
los gastos recientes reportados por el Fondo de Fronteras Exteriores de la UE,
el programa marco de investigación y los presupuestos del planeado Fondo de
Seguridad Interior, los autores del reporte indican que su costo real será dos o
tres veces mayor: aproximadamente 874 millones de euros.
Ese monto no podrá ser controlado por el Parlamento Europeo, ya que no hay
manera de saber la cantidad que será usada en la financiación de Eurosur y
aquella otra destinada al Fondo de Seguridad Interior, que corresponde a otra
legislación. Sólo dispondrá de la información que contengan los reportes
periódicos de la Comisión Europea y de Frontex, y dado que el sistema será
financiado por varias líneas presupuestales, ya es desde ahora difícil para los
eurodiputados conocer la suma que se ha gastado.
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