Demandan estados mayor participación y atención del movimiento #YoSoy132- ABC: justicia errática

Presentan y debaten propuestas e ideas de su organización interna

Demandan estados mayor participación y atención del movimiento #YoSoy132

Se reúnen en Morelia, Michoacán, para realizar la séptima Asamblea General Interuniversitaria

Durante el primer día de trabajo, los integrantes del movimiento #YoSoy132 sesionaron a puerta cerrada en el auditorio de la sección 18 del SNTE en Morelia, MichoacánFoto Ignacio Juárez

Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada
Domingo 29 de julio de 2012, p. 10

Morelia, Mich., 28 de julio. Arropados por el magisterio michoacano, los integrantes de #YoSoy132 viajaron a esta ciudad para celebrar la séptima Asamblea General Interuniversitaria (AGI) del movimiento, primera que se realiza fuera del Distrito Federal, con la idea de reforzar lazos a escala nacional, solidarizarse con el resto de los estados y agilizar el proceso de descentralización de las estructuras del colectivo estudiantil.

En el auditorio de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde se efectuó el encuentro, representantes y voceros de 102 asambleas locales presentaron y debatieron propuestas, ideas y diversos puntos de vista en torno a la organización interior del movimiento.

En esta ocasión, la voz de los estados se oyó fuerte. Los representantes de las asambleas que trabajan fuera de la ciudad de México demandaron mayor atención y participación, pues muchos de ellos manifestaron sentir cierta inequidad en la toma de decisiones, que regularmente se concentran en la ciudad de México.

Para concretarlo se plantearon diversas propuestas, que tendrán que ser aprobadas este domingo en la continuación de la AGI. Algunas son: generar asambleas regionales (cinco o seis), comisiones estatales, puntos de enlace para mantener la comunicación de estas instancias con la AIG, vocerías rotativas, reforzamiento de las comisiones ya existentes y de las asambleas estatales, entre otras.

Todo ello con miras a concretar la descentralización de #YoSoy132, pues con ello se alcanzaría una estructura nacional verdaderamente influyente.

Para algunos la jornada había iniciado casi dos días antes. La mayoría de los representantes provenientes del Distrito Federal acudieron al bloqueo simbólico de Televisa Chapultepec de jueves y viernes.

Correspondió a una avanzada la misión de coordinar el encuentro en esta ciudad, por ello salió del la capital del país al mediodía del viernes, directo del plantón en el consorcio televisivo. A su llegada los esperaban los representantes de #YoSoy132 Michoacán.

Algunos –sobre todo los de colegios privados– arribaron a la capital michoacana la noche del viernes gracias a que viajaron en vehículos particulares. Los más comenzaron a llegar este sábado por la mañana. Sin embargo, el inicio de la asamblea se retrasó por casi tres horas debido a que un importante sector de voceros y observadores de escuelas de la UNAM y la UAM salieron tarde de la ciudad de México debido a que varios, entre ellos uno de los encargados del transporte, llegaron con retraso a la cita. Se informó además que los maestros del estado proporcionaron un espacio para que los jóvenes que así lo necesiten o deseen puedan acampar en sus instalaciones.

Una vez que se alcanzó el quórum se inició la AGI con la presencia de 58 asambleas de universidades públicas, 11 de privadas, 18 estatales, cinco de ellas de Michoacán, dos internacionales y ocho de organizaciones sociales, así como 113 observadores, 36 de la sociedad y 77 de asambleas locales.

En la ceremonia de bienvenida participaron Jorge Cázares Torres, secretario general de la sección 18 del SNTE, la cual milita en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y Moctezuma Madrigal, del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma. Si bien se esperaba la presencia de una representación del municipio autónomo de Cherán, la comitiva no pudo llegar, aunque los jóvenes confiaron en que este domingo estén presentes.

Debido a que el tiempo avanzaba, la mesa que conducía la asamblea decidió dar por terminado el encuentro. Este domingo continuarán los trabajos del pleno para concretar los acuerdos para la organización interna del movimiento, detallar su posición política y cómo se llevarán a efecto los acuerdos de la Convención Nacional contra la Imposición realizada en San Salvador Atenco los pasados días 14 y 15 de julio.

También se presentarán informes de las comisiones de Prensa y Comunicación, Jurídica y de Derechos Humanos, y Logística. En tanto que el informe sobre irregularidades en el proceso electoral realizado por la de Vigilancia Ciudadana se presentará más adelante.

En un mensaje a los medios, Diana Ambriz y Virginia Rico, de la comisión de comunicación en Morelia, agradecieron la presencia de los miembros de #YoSoy132 en esta ciudad, pues representa una respuesta positiva para la descentralización.

Consideraron que una de las ventajas de que ese proceso se concrete es que podrá tener una visión más clara del colectivo en los estados, pues las problemáticas son diferentes en cada entidad.

Una de las controversias se dio con un extrañamiento firmado por las asambleas de El Colegio de México y Posgrados de la UNAM quienes llamaron a la unidad, pero plantearon que algunos miembros del movimiento han tenido presencia mediática o se han asumido como voceros para deslindarse de acciones como las manifestaciones en el IFE, la marcha antiPeña del 7 de julio o de las decisiones de la convención de Atenco.

Esas acciones nos debilitan y representan una violación a los acuerdos de #YoSoy132, toda vez que los deslindes implican una desacreditación del trabajo de la gente del movimiento. Propusieron la creación de una vocería con miembros rotativos –que debe ser aprobada por el pleno– con el objetivo de que represente la voz del colectivo.

 ¿Qué esperaban?-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

      ABC: justicia errática

 

 

      Según informó la delegación de la Procuraduría General de la República en Sonora, un juez federal dictó auto de formal prisión a nueve personas acusadas de lesiones por omisión culposa en agravio de 10 niños durante el incendio registrado en la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– el 5 de junio de 2009, donde 49 niños murieron y 70 más resultaron heridos. Aunque la dependencia no reveló los nombres de los inculpados, se sabe que la orden de encarcelamiento se deriva de las pesquisas realizadas en contra de niñeras y empleados de dicha estancia infantil, quienes presuntamente abandonaron el inmueble el día de los hechos e incumplieron, de esa forma, con su responsabilidad de salvaguardar a los pequeños.

 

Es necesario recordar que la tragedia ocurrida en la citada estancia infantil hace más de tres años fue resultado de una cadena de responsabilidades que inician con el afán injustificable de los gobiernos neoliberales de subcontratar a entidades e individuos privados servicios básicos que debieran estar a cargo del Estado y que, en el caso de las guarderías del IMSS, se traduce en detrimento del bienestar y la salud de los pequeños. A ese factor originario se suma una serie de negligencias y omisiones atribuibles, en primer lugar, a los propietarios de la guardería concesionada, pero también a las autoridades locales –que permitieron la habilitación del establecimiento en una zona y un inmueble por demás inadecuados– y al gobierno federal, que es el que cede, por conducto del IMSS, la operación de estos centros a particulares y al que corresponde, por tanto, responsabilizarse de que sean operados en condiciones adecuadas. La conjunción de tales factores en la guardería de Hermosillo terminó por configurar una mezcla trágica que pone de manifiesto el menosprecio del poder público por el bienestar y la vida de la población, particularmente de sus segmentos más vulnerables.

En los casi 38 meses transcurridos desde los hechos, a la imprevisión y la indolencia gubernamentales que dieron pie a la tragedia se ha sumado el desempeño tardío, errático e improcedente de las instancias federales encargadas de conducir las investigaciones sobre el caso y de sancionar a los responsables, elementos que obligan a suponer un designio de impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos.

En ese sentido, sin desacreditar a priori la presunta omisión culposa en que podrían haber incurrido las nueve personas antes referidas, es inevitable contrastar el auto de formal prisión dictado contra éstas con la inocultable renuencia de los niveles federal y estatal de gobierno a llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentran familiares de integrantes del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y de la esposa del titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala–, y a hacer lo propio con funcionarios como el ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, sobre quien recae, cuando menos, una inocultable responsabilidad política por la tragedia, como han insistido los padres de las niñas y niños muertos y como quedó documentado en el referido dictamen de la SCJN.

Tal actitud es consistente con una procuración e impartición de justicia que, hasta ahora, se ha limitado a investigar e imputar penalmente a funcionarios y responsables menores por la tragedia y que ni siquiera ha podido mantener a éstos en prisión.

Al igual que como ocurre con los desastres mineros que cíclicamente se presentan en la zona carbonífera de Coahuila, la ausencia de justicia para las víctimas –ya sea por falta de voluntad política, por designio de complicidad o por simple desinterés– no sólo representa un agravio para éstas y sus familiares, por cuanto cancela la procuración e impartición de justicia, sino que abre también un amplio margen para que ocurran nuevas tragedias. Por elemental congruencia, es necesario que el desempeño de fiscales y jueces en torno al caso ABC se refleje también en las altas esferas del poder público; de lo contrario, persistirá el mensaje de que la justicia en el país sólo se ejerce, en el mejor de los casos, contra los componentes más débiles y menos trascendentes de la ilegalidad.