“Acorralar” a las instituciones, la ruta juvenil
MÉXICO, D.F. (apro).- Demasiadas pruebas, indicios, documentos y registro de
eventos tienen en su poder el IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Secretaría de Hacienda (SHCP) y Procuraduría General de la
República (PGR) que confirman la existencia de “lavado” de dinero en la campaña
presidencial del priista Enrique Peña Nieto.
La operación, planeada con sumo cuidado por lo menos desde hace cinco años,
hoy empieza a brotar por doquier. Personajes, como por ejemplo, “respetados”
empresarios nacionales o de ascendencia extranjera, políticos, banqueros,
exgobernadores y ejecutivos estatales en activo aparecen en la obtención,
triangulación y distribución de recursos de procedencia ilícita. Es decir,
lavado de dinero.
Hay que entender que el “lavado” de dinero no es sólo el que proviene del
narcotráfico, pues existen 21 delitos más que se enmarcan en esta
ilegalidad.
Para llevar a cabo esa actividad ilegal se requieren expertos financieros,
contactos en bancos, amigos que estén dispuestos a prestar o constituir sus
empresas para triangular el dinero. Y eso fue lo que sucedió en la campaña de
Peña Nieto, según documentos expuestos ante la opinión pública.
De la compra y coacción del voto todos los mexicanos hemos tenido noticias y
pruebas. Algunos lo creen, otros no. Para clarificar el caso están las
autoridades: PGR, Hacienda e Instituto Federal Electoral (IFE), quienes son los
primeros en tener conocimiento o al menos indicios de que en algún momento se
empieza a gestar el “lavado” de dinero.
Sin embargo, para que las autoridades en México hagan su trabajo primero
deben tener amor por su país, convicciones, la búsqueda del servicio a la
sociedad y hacer a un lado intereses personales.
Pero la verdad es que eso no ocurre en su totalidad y en México no hay
respeto a la ley.
La afirmación se hace porque se vive a diario. Porque desde que arrancó la
campaña presidencial, y aun desde antes, se ha palpado y visto el abuso y la
corrupción en que se incurrió para ubicar a Peña Nieto como el candidato del PRI
y luego como el “candidato ganador”.
El IFE no cumplió su tarea durante la campaña y tampoco la Fiscalía
Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) lo hizo durante la
jornada electoral; aún hoy, los funcionarios de ambas instituciones no han
mostrado entereza, honradez y respeto por la ley.
No han hecho nada que valga la pena, nada que avale lo que la gente vio y
vivió: una elección comprada, un rebase de topes de campaña, una complicidad de
los medios de información, un desdén hacia su país.
Incluso los políticos de “oposición” al viejo régimen terminaron sumándose
por unos cuantos pesos a Peña Nieto. Los políticos comprados y las instituciones
miopes, que operan con una lentitud cómplice.
Hay datos que revelan el porqué, a pesar de todas las pruebas expuestas, el
IFE no actúa. Uno: el encargado de fiscalizar a los partidos políticos, de
investigar las denuncias contra Peña Nieto, es el joven Alfredo Cristalinas
Kaulitz, quien viene del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Hacienda,
y laboró ahí desde 1999 hasta 2009, año en que arribó al IFE.
Pues bien, su jefe en el SAT fue nada menos que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
actual titular del SAT y quien desde el 5 de julio de 2008 está en el cargo.
Sólo hay que recordar que Gutiérrez Ortiz Mena es sobrino nieto del
exsecretario de Hacienda priista, Antonio Ortiz Mena; no por ello debiera ser
proclive a ese partido, sin embargo, hace un año dio muestras de que gusta de la
cercanía de ellos y de ofrecerles información.
Para sustentar lo anterior, basta recordar la reunión que mandatarios y
legisladores del PRI sostuvieron en la Hacienda Los Morales el 13 de junio de
2011 para discutir los embates del panismo y la existencia de “expedientes
negros contra gobernadores y exgobernadores priistas”.
Para aclarar el tema, servicialmente el titular del SAT, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, acudió al encuentro para darles santo y seña de los ya famosos
expedientes.
Se esperaba la llegada de la procuradora general de la República, Marisela
Morales, pero ésta se disculpó, pues otro afán la traía preocupada: la cercana
liberación del también priista Jorge Hank Rhon.
La celeridad con que algunas autoridades actúan a petición de los priistas es
hoy más que evidente. Un dato más, en la SHCP, que es la responsable de la
Unidad de Investigación Financiera y especializada en detectar lavado de dinero,
no ha actuado en este caso.
Cierto es que en un inicio, cuando apareció el mexicano-estadunidense José
Luis Ponce de Aquino y denunció que el PRI le quedó mal al incumplir un contrato
por 56 millones de dólares para promocionar la figura de Peña Nieto, abrió una
indagatoria.
Después del 15 de junio pasado, Hacienda detectó la ruta del dinero ilegal,
de dónde salió y cómo se distribuyó; sin embargo, así como la inició así
determinó darle carpetazo.
La orden no se sabe de dónde llegó pero se presupone su origen.
Del TEPJF, pues ya hasta da pena, al igual que de los consejeros del IFE por
su predisposición a justificar todo acto priista y no sancionar. De ello dio
cuenta el reportero de Proceso Jorge Carrasco.
La evidencias de cómo se obtuvo el dinero para la campaña de Peña Nieto, de
cómo se rebasó el tope de campaña y de cómo actuaron reconocidos empresarios
están a la vista de todos. Sólo las autoridades no las ven.
El poder contra el que luchan quienes buscan la invalidez de una elección
sucia es más grande, pero podría convertirse en mucho más imponente la
indignación, el coraje y la defensa del país de quienes salen a las calles y se
pronuncian por el antipeñismo.
Los poderes le apuestan al desgaste, los indignados, los que no votaron por
Peña Nieto, a la lucha. Y son muchos, no sólo son los llamados trasnochados
izquierdistas o simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, o aquellos que
están decepcionados del PAN, son muchos más, son los jóvenes que están saliendo
a las calles.
En esa generación está la esperanza, son ellos quienes tienen más fuerza para
aguantar el desgaste a los que los está sometiendo la autoridad, las
instituciones y sus funcionarios.
Así, mientras muchos “de izquierda” hoy se suman a Peña Nieto porque ya no
tienen fuerza para luchar, los jóvenes están haciendo su trabajo y exigiendo que
se limpie esta porquería de elección que vivimos. Bien lo dijo Andrés Manuel
López Obrador, que a ellos les pasaba ya la estafeta.
La única solución, pacífica por supuesto, es que mientras el movimiento actúa
por su lado e interpone los recursos legales necesarios, del otro está quien lo
refuerza, los jóvenes que sólo “rodeando las instituciones” pueden darle un giro
a lo que por momentos parece inminente: la llegada de Peña Nieto al poder y con
él todos los que aportaron para la compra de la Presidencia de la República.
Si la vergüenza de este país son muchos de sus políticos, el aliento es esta
nueva generación que está en su derecho y obligación de “presionar” al límite a
las instituciones y evitar con ello la obscena imposición. Y por supuesto, a su
lado, los reporteros, las organizaciones sociales, de asalariados, indígenas,
activistas, gente sin partido, empresarios honestos… mexicanos hartos de tanto
abuso y descaro, tratados como ignorantes por la gente del poder mal habido.
Si de aquí al 6 de septiembre las autoridades no aceptan todas las evidencias
que por la vía institucional se presentan, sin duda la inconformidad irá en
aumento…
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso
Dudas externas, respuestas incompletas
Óscar Naranjo, asesor en materia de narcotráfico de
Enrique Peña Nieto.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El resultado de las elecciones en México no ha
despertado entusiasmo en el extranjero. Las felicitaciones enviadas a Enrique
Peña Nieto por jefes de Estado y de gobierno no son suficientes para ocultar el
hecho de que en la mayoría de los medios de comunicación internacionales están
presentes el escepticismo y la desconfianza. Tales sentimientos se explican por
diversas circunstancias: la memoria del PRI como un partido de corrupción y
autoritarismo; los resultados de las elecciones para el Congreso, que estrechan
el margen de maniobra para tomar decisiones; la incertidumbre sobre las acciones
que se emprenderán en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Con el
propósito de hacer frente a esa situación, el virtual presidente electo ha
buscado afanosamente espacios en el exterior; al hacerlo, pone en evidencia que
recuperar la confianza en México será una tarea muy compleja.
Es notable el grado en que la frase del ahora Premio Nobel Mario Vargas Llosa
sobre la “dictadura perfecta” ha permeado la visión del México del siglo XX.
Pocos comentarios en la prensa internacional evitaron aludir a ella al referirse
al posible regreso del PRI. Lo deseable sería una reflexión más compleja en
torno a lo que ese partido significó y a lo que puede significar en el futuro.
Por lo pronto, tal reflexión es sustituida por la evocación de un partido que
gobernó durante demasiado tiempo, fue autoritario y corrupto, y del que muchos
anhelaban liberarse. De allí proceden las dudas contenidas en el editorial del
New York Times del 3 de julio sobre la posibilidad de que Peña Nieto “pueda
separarse de la vieja guardia corrupta del PRI y actuar sobre los
cuasi-monopolios en energía, telecomunicaciones, finanzas, alimentos,
televisión, que apoyaron el retorno del PRI al poder”.
La segunda circunstancia que invita al escepticismo tiene que ver con el
hecho de que, a pesar de las dimensiones del triunfo pronosticado por las
encuestas, éste no resultó tan amplio; no se alcanzó el deseado “carro completo”
que hubiese permitido proceder de inmediato a las reformas –laboral, fiscal,
energética– a las que se viene refiriendo Peña Nieto. Se trata, entonces, de un
Regreso condicionado del PRI, como se titula un largo artículo de la revista The
Economist del 7 de julio que termina afirmando: “México votó para que el PRI
tenga el gobierno, pero no necesariamente el poder”.
Ahora bien, lo que mayormente incita a la desconfianza es la incertidumbre
sobre el camino que seguirá Peña Nieto para realizar la lucha contra el
narcotráfico. Es sobre todo en Estados Unidos, a través de la voz de miembros
del Ejecutivo y del Congreso, donde se expresan las mayores dudas alrededor de
lo que significa la llegada del PRI para dar continuidad, o no, a las líneas de
cooperación en las que vienen trabajando ambos países.
Para responder a esa desconfianza, Peña Nieto ha desarrollado una campaña muy
activa para presentarse en el exterior. Ha ofrecido entrevistas de radio y
televisión a diestra y siniestra, ha dado conferencias de prensa y ha publicado
artículos en periódicos extranjeros de gran circulación, como The New York
Times. Su artículo Un nuevo capítulo para México, aparecido en ese diario pocos
días después de la elección (el 3 de julio), es un trabajo útil para advertir
las posibilidades y límites con que cuenta para enfrentar esa desconfianza.
Más allá de la reiteración de las promesas de campaña en materia de reformas
pendientes y crecimiento económico, el artículo trata de responder a las dudas
respecto al futuro de la lucha contra el narcotráfico. Enfatiza, una vez más,
que “no habrá negociaciones ni tregua”. Sin embargo, reconoce: “Las políticas
actuales deben ser reexaminadas”.
Refiriéndose a los elementos para que nuevas acciones tengan éxito, Peña
Nieto señala: “La comunidad internacional debe entender dos cosas: Primero, los
esfuerzos deben estar acompañados de profundas reformas sociales y económicas
(…) Segundo, otras naciones, particularmente Estados Unidos, deben hacer más
para reducir la demanda de drogas”.
Esto último es un punto discutible. Los datos sobre la evolución del precio y
la demanda de droga en Estados Unidos contenidos, por ejemplo, en el estupendo
artículo de Eduardo Porter aparecido en The New York Times el 7 de julio,
confirman que tal consumo no disminuye y que ni Washington tiene el propósito o
siquiera la posibilidad de lograrlo. Por lo tanto, asumir ese consumo como una
realidad es una de las bases para evitar reclamos continuos pero ineficaces, los
cuales, finalmente, encubren una estrategia que no responde a los hechos pero sí
a los designios de una política estadunidense con alto costo para países
productores y de tránsito.
El reto para vencer la desconfianza en los medios internacionales está en
lograr el respeto a una posición mexicana que sabe lo que quiere, lo que debe
afrontar y lo que debe coordinar con otros países respecto al tema del crimen
organizado. Entre éstos figuran, primordialmente, los centroamericanos y, desde
luego, Estados Unidos. Una posición que no parte de supuestos ilusorios sobre
reducción del consumo, ni de dogmas de persecución inalterables. En otras
palabras, una posición bien sustentada que lleve a reformular los términos del
diálogo y las prioridades existentes hasta ahora en materia de lucha contra el
narcotráfico.
Responder efectivamente a las dudas que hoy suscita el futuro político de
México tiene que ser producto de debates y reflexiones plurales; del
profesionalismo más respetable que pueda surgir de los diversos partidos, los
académicos, las organizaciones de la sociedad civil y los jóvenes. El reto no es
colocarse bajo los reflectores, sino comenzar a construir una buena
argumentación sobre temas centrales para la vida del país y sus relaciones
exteriores.
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