El dinero sucio de HSBC y Peña Nieto
Las oficinas de HSBC en avenida Reforma.
Foto: Alejandro Saldívar
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (apro).- El escándalo del banco HSBC y el denunciado
financiamiento paralelo de la campaña presidencial de Enrique Peña pueden tener
en común el uso del sistema financiero para encubrir fondos obtenidos de manera
ilegal.
En el caso del banco inglés está plenamente probado que los siete mil
millones de dólares lavados entre México y Estados Unidos tan sólo entre 2007 y
2008 provinieron del narcotráfico.
En las acusaciones del PAN y el PRD contra el candidato del PRI, aún no se
sabe de dónde salieron los recursos para fondear las tarjetas Monex y Soriana,
pero cada vez hay más indicios de que el candidato presidencial pudo haber
financiado parte de su campaña de manera ilegal.
En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy está actualmente bajo
investigación, acusado de lo mismo que se le imputa ahora a Peña Nieto: el uso
de recursos ilegales cuando fue candidato a la presidencia en 2007 y de la que
salió apenas en mayo pasado, derrotado por el socialista Francois Hollande.
La acusación contra Sarkozy, ya sin la inmunidad, no involucra recursos del
narcotráfico, sino la entrega en efectivo de 800 mil euros (12 millones 984 mil
80 pesos al tipo de cambio actual) para su campaña por parte de Liliane
Bettencourt, la dueña de la multinacional de cosméticos L´Oréal.
La cifra está muy lejos de los más de cien millones de pesos que, según el
PAN y el PRD, se triangularon a la campaña del PRI a través de las tarjetas
bancarias Monex y los monederos electrónicos de la tienda de autoservicio
Soriana para la compra de votos.
Este jueves 19 el PRI reconoció, en su respuesta a la PGR por el caso Monex,
haber comprado 7 mil 851 tarjetas de prepago por un monto de 66 millones 326 mil
300 pesos a la empresa Alkino Servicios y Calidad. Pero no dijo de dónde
salieron los fondos.
La posición inicial del IFE, filtrada y publicada por la prensa el mismo día,
es que esas tarjetas no constituyen una prueba de compra generalizada de votos
por parte del PRI. Nada distinto puede esperarse de la otra “autoridad”
electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
De ser así, se repetirá el escenario de 2006, cuando el TEPJF dijo que
Vicente Fox puso en grave riesgo la elección y que resultaba imposible medir en
votos el impacto de la campaña sucia de la cúpula empresarial. No hubo
sancionados más allá de las multas a los partidos.
Al menos en el papel, de acuerdo con el organigrama del PRI, quienes tienen
que dar cuenta de los gastos de Peña son los encargados de las finanzas del
partido; es decir, los que recibieron el financiamiento público y privado
permitido.
El primero, el secretario de finanzas del PRI, el poblano Jorge Estefan
Chidiac. Hombre de Emilio Gamboa y exdiputado federal, Chidiac es un economista
del ITAM, especializado en el área de mercado de valores, está considerado no
sólo como quien rescató al PRI del atolladero financiero, sino como el autor del
programa de financiamiento para la contienda electoral.
Incluso, estuvo al frente de una supuesta Unidad de Inteligencia Financiera
del PRI para evitar dinero del narcotráfico en las campañas presidencial, al
Senado y a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con sus propias declaraciones, el PRI debía gastar para estas
elecciones 537 millones de pesos de financiamiento público, 52 millones de
financiamiento privado y acceso a crédito, “si fuera necesario”, para llegar a
900 millones de pesos. De acuerdo con esas cuentas, el PRI habría tenido hasta
310 millones de pesos en préstamos.
Junto con Chidiac está el subsecretario de Finanzas del PRI, el también
poblano José Antonio López-Malo Capellini, funcionario en el gobierno de Mario
Marín que llegó al Comité Ejecutivo Nacional con el expresidente del PRI y
exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
También están el coordinador general de finanzas, José Villalobos Gallegos,
exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, y el director de Ingresos
del PRI, René Ojeda Delgado.
Peña designó, además, como su vínculo con los empresarios para la campaña al
diputado federal saliente Ildefonso Guajardo Villarreal, un doctor en finanzas
que fue jefe de la oficina del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
El PRI no ha mostrado hasta ahora algún contrato que ampare la adquisición de
créditos, a diferencia del PRD, que dice haber comprobado 50 millones de pesos
en deuda, aunque la cifra puede ser mayor.
No sólo el IFE y el TEPJF han sido indulgentes con los gastos de campaña
ilegales. Aunque en el caso de los Amigos de Fox y el llamado Pemexgate, en el
2000, el PAN y el PRI fueron multados, no hubo responsabilidades penales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda han sido incapaces para advertir sobre
el financiamiento ilegal de los partidos. En el caso del PRI, deben decir de
dónde salió, quién entregó y cómo se movió el dinero para las tarjetas de Monex
y Soriana.
La investigación del Senado estadunidense al banco HSBC, dada a conocer esta
semana, dejó en claro que ambas instituciones han sido omisas ante el blanqueo
de capitales.
Amparada en el secreto bancario, la CNBV tardó en informar al IFE sobre las
cuentas de los Amigos de Fox y el Pemexgate. Sólo sugirió a los directivos de
HSBC que, por favor, mejoraran sus sistemas contra el lavado. Y ahora, calla
ante los alegados fondos ilegales de la campaña del PRI. El secreto así
entendido se llama complicidad.
jcarrasco@proceso.com.mx
Ignominia anunciada
Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad.
Foto: Prometeo Lucero
Foto: Prometeo Lucero
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La embriaguez electoral pasó y el país se enfrenta,
con una horrenda resaca, a lo que el Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad no dejó de anunciar: la ignominia de las elecciones con su cauda de
traiciones, de corrupciones, fragmentaciones, polarizaciones, violencia, muerte
e impunidad. Nadie, a no ser los corruptos, los traidores, los criminales, los
imbéciles y la lógica de la violencia, ganó. La responsabilidad no sólo es de
las partidocracias que se negaron a hacer, como lo pedimos en nuestras demandas
del 8 de mayo de 2011, una profunda reforma política, una democratización de los
medios –que el movimiento #Yo Soy 132 retomó tardíamente–, una limpieza de las
filas de los partidos y una agenda de unidad nacional, sino de la ciudadanía que
redujo, como querían las partidocracias, la emergencia nacional y la vida
democrática a un proceso electoral que desde un principio, a causa de la guerra,
la impunidad y la corrupción de las instituciones y de los partidos, estaba
podrido.
Dicho pudrimiento, como lo dice Jean Robert, no está tanto en las personas
–aunque no hay que desdeñarlo: Las traiciones de Calderón y de muchos
funcionarios públicos y miembros de los partidos que no han dejado de usar la
vida política para someterla a sus intereses y a su ceguera, nos han hecho
muchísimo daño– cuanto en la reducción de la democracia a un asunto electoral
que han hecho muchos ciudadanos.
Bajo el peso de la propaganda, cada ciudadano tachó su voto en cinco o 10
minutos para, en realidad, acotar su poder y entregárselo a ciertas minorías que
lo ejercerán en representación de todos –Peña Nieto, por ejemplo, si se valida
su ignominiosa elección, gobernará con 30% del electorado, y no sería distinto
si hubiese ganado en las boletas cualquier otro.
Este absurdo hace que las minorías elegidas le nieguen el derecho a las
minorías perdedoras a protestar, que se genere una polarización tan atroz como
inútil y que la democracia se vacíe de contenido. “Las mayorías –escribía Gilles
Deleuze, señalando la manera en que las democracias se han corrompido– no son
nadie; las minorías son cualquiera”.
Una verdadera democracia no puede prescindir ni de la proximidad ni de la
“projimidad”, como lo hacen las comunidades indígenas y los movimientos sociales
apartidistas; no puede tampoco prescindir de la proporción, es decir, de tamaños
apropiados para ese ejercicio de proximidad. Cuando se prescinde de ello –de lo
que nosotros llamamos tejido social– y la democracia se reduce al voto y a sus
consecuencias: el gobierno de los intereses de una minoría, la democracia se
vuelve una ficción, una cortina de humo, una simulación en la que lo único que
existe es la experiencia de lo intolerable, cuyo rostro en México son las
víctimas tanto de la guerra como de las comunidades que día con día, bajo el
poder de esas minorías y de sus intereses, van perdiendo su cultura, su tejido
social, su capacidad autogestionaria y su fuerza para limitar el poder, sea del
crimen o de los gobiernos.
Esa forma de la democracia que destruye cualquier proximidad y “projimidad”
es en realidad, dice Jean Robert, una “teledemocracia”, una ilusión democrática,
una democracia corrompida que ya entró en crisis en todo el mundo, que tiene el
rostro de la ignominia anunciada y que lo único que genera es frustración,
encono y resentimiento.
Lo que nos queda, frente a esta realidad, no es la disputa por el poder –una
forma de convalidar el juego corrompido e ignominioso de la “teledemocracia”–,
sino la resistencia ética que exige un ponerse aparte de todo el juego
electoral. No porque se quiera, sino porque la resistencia ante lo intolerable
exige mantener viva hasta donde se pueda la pureza del corazón, del pensamiento,
de la palabra y de la dignidad, con la que, democráticamente hablando, se puede
enfrentar y limitar el poder de la “teledemocracia” y sus abusos. “Una posición
–como lo señala Jean Robert– difícil de sostener porque sólo pueden asumirla
quienes han vivido en carne propia lo absolutamente intolerable”: la corrupción,
la violencia, la impunidad, la muerte, la persecución, la destrucción de los
tejidos sociales y de las culturas, a las que las partidocracias, el Estado y
los medios de comunicación han reducido la vida del país. Eso intolerable, a lo
que muchos comienzan a acostumbrarse, se llaman “las víctimas” –una palabra
oriunda de los sacrificios paganos–, que continúan aumentando, a las que el
poder desprecia y que se expresan como testigos absolutos del horror y de la
fractura que la ignominia de las elecciones quisieron borrar.
No habrá un regreso a la política mientras no se asuma y se enfrente, de
manera verdaderamente ética y democrática, es decir, con proximidad, con
“projimidad”, con proporción, diálogo y sentido ciudadano, esa realidad de lo
intolerable que la “democracia” de las minorías no ha dejado de extender por
todo el país y a la que una gran parte de la ciudadanía sucumbió al aceptar que
la solución se reducía a la ignominia electoral, a esa ignominia que sólo
convalidó lo que ya estaba allí bajo un disfraz democrático.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos
los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer
los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro
de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a
Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la
guerra de Calderón.
Homosexualidad y acoso en los seminarios católicos
Participantes en el simposio del Vaticano sobre el
abuso sexual en la Iglesia de San Ignacio de Roma.
Foto: AP
Foto: AP
Después de seis años de estudio, a Juan Murrieta Pérez lo echaron del
seminario con el siguiente argumento: “Eres un prostituto, ¿cómo es que le andas
dando las nalgas a todos?”.
Juan estaba en la oficina de Juan Palacios, entonces rector del Seminario
Diocesano de la Inmaculada Concepción, perteneciente a Celaya, Guanajuato,
cuando escuchó que dos de sus compañeros lo acusaban de acoso sexual. “Por el
bien de la iglesia hemos decidido que salgas de la institución”, le ordenó su
superior.
- ¿Cometiste prácticas homosexuales en el seminario?
- No.
- ¿Y por qué te acusaron?
- Me pusieron un cuatro.
Por ser originario de Veracruz, al seminarista lo hostigaron constantemente
para salir del instituto de formación de Celaya. Fue testigo cómo a cuatro de
sus paisanos también los orillaron a salirse, sólo por ser “fuereños”. Lo
hicieron con una práctica muy común dentro de los seminarios católicos: acusarlo
de ser homosexual.
Los seminarios católicos guardan una similitud con el Ejército: son
instituciones verticales, basadas en la ciega obediencia y en la absoluta
secrecía. Al interior se asciende más por servilismo que por méritos. Los
mantienen casi aislados del resto de la sociedad, incluidas sus familias. Los
pueden echar aun cuando acumulen años de estudio. Pero esta es sólo una arista,
las prácticas sexuales conforman una delicada trama de tabús.
La iglesia católica, de entrada, impide a las mujeres fungir como
sacerdotisas. Los líderes religiosos hombres están impedidos de casarse, tener
hijos y, desde luego, ejercer prácticas homosexuales. No obstante, en el
interior de los centros de formación, abarrotados de hombres y sin las presencia
de una sola mujer, las rutinas no obedecen a esas estrictas reglas.
- ¿Qué porcentaje de los integrantes de los seminarios cometen
prácticas homosexuales? –le pregunto a Juan Murrieta.
- Yo diría que dos de cada diez.
- ¿Los superiores también forman parte?
- Yo recuerdo cómo llegaba el rector a la sacristía y nalgueaba a los
seminaristas.
Platiqué también con un exseminarista que estudió con la orden de los
Carmelitas. Me pidió publicar su testimonio, pero resguardando su nombre:
“Un seminario muchas veces es para huir de la realidad. Muchos se meten
porque no tienen para pagarse una universidad, para vivir bien, es una salida
fácil, otros son los clásicos que no han salido del clóset”.
Me confirma que al interior de los seminarios es cosa de todos los días las
prácticas sexuales entre hombres, pero, al mismo tiempo, es muy común que los
superiores acusen a algún miembro de ser homosexual: es el pretexto perfecto
para deshacerse de él.
También me revela que él sufrió acoso sexual por parte del rector del
seminario donde estudiaba, algo que tampoco es aislado dentro de los centros de
estudio para los aspirantes a sacerdotes.
La formación de un sacerdote católico dura hasta catorce años y pueden ser
expulsados en cualquier momento, sobre todo si contravienen a sus superiores.
Con una carta letal, los fichan y les impiden ingresar a otro seminario. Sus
estudios no son reconocidos por alguna otra universidad.
La iglesia, además, en la práctica, no es fiscalizada por nadie. Para hacer
carrera, obtener puestos de poder y mejores capillas, no hay más que aliarse,
permanecer callado y cómplice de todo lo que se ve.
Salvo los escándalos sexuales relacionados con los Legionarios de Cristo,
poco se sabe de lo que pasa en los seminarios. La mayoría de los abusos se
comentan en corto y se quedan en casa. Sin embargo, en los últimos años han
brotado historias tenebrosas de lo que ocurre ahí dentro.
El nueve de julio pasado, 77 mujeres que estudiaron en una escuela de
Legionarios en Rhode Island, Estados Unidos, denunciaron a The Associated Press
que sufrieron maltrato sicológico, y castigos traumáticos como parte rutinaria
de su educación. En mayo pasado se supo que además de los abusos sexuales contra
seminaristas cometidos por Marcial Maciel, fundador de dicha orden, siete
sacerdotes más están siendo investigados por la Doctrina de la Fe del Vaticano
por delitos sexuales.
El año pasado, en Chile, el seminarista Sebastián del Río Castro destapó la
cloaca de los institutos de formación de ese país, al revelar que el exrector
del seminario de San Rafael, Mauro Ojeda, practicaba comúnmente acoso sexual
contra los jóvenes, amenazando con la expulsión a quien hablara al respecto.
La iglesia católica conduce todos estos asuntos en silencio, cometiendo el
delito de omisión al no denunciar estos crímenes ante las autoridades civiles.
Todo se queda en el interior del “Reino de Dios”. Así manejaron todas las
denuncias por pederastia que brotaron alrededor del mundo desde mediados de la
década de los noventa. En México la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por
Sacerdotes calcula que al menos 65 curas fueron encubiertos por pederastia y la mayoría aún está en activo.
Sólo que estos asuntos no son sólo exclusivos de la vida interior de la
iglesia católica. Se trata de vidas humanas que son truncadas en sus estudios,
esperanzas y anhelos. De niños que crecen con cicatrices imborrables y de una
cultura de corrupción permanente, nada diferente a lo que ocurre en el interior
de los gabinetes de los políticos mexicanos. Lo único diferente es que la
sociedad casi nada sabe de lo que se esconde debajo de cada sotana, mientras que
la iglesia, con la complicidad del gobierno, guarda estos delitos en impune
secreto.
Contacto: www.juanpabloproal.com
Twitter: @juanpabloproal
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