Matemática política: por qué el #132 debe convertirse en #99
Víctor M. Toledo
Pertenezco a la generación del 68, la que levantó los adoquines del mundo para encontrar el mar. En aquel año descubrimos el secreto de ser joven. Estábamos por encima de la mayoría de los adultos por una sencilla razón: la verdad estaba de nuestra parte, o más bien nosotros estábamos del lado de la verdad, pues a diferencia de las generaciones anteriores no la habíamos traicionado. A ello se agregaba que la imaginación había tomado el poder de nuestras vidas y se había convertido en una arma enormemente poderosa. Contra lo estipulado, las hormonas estaban bien orientadas: hacer el amor o hacer la revolución era parte de lo mismo, una fiesta descomunal, un carnaval interminable.
En el amanecer del siglo XXI, el planeta Tierra presenta dos rasgos principales de carácter global: la especie humana se ha expandido por todos los rincones del orbe, provocando un severo impacto al ecosistema global, afectando los principales ciclos ecológicos. En paralelo, las sociedades humanas siguen siendo, con algunas honrosas excepciones, sociedades enormemente injustas, donde pequeños grupos dominan y explotan a la gran mayoría. Por ejemplo, hacia 2007 los mil multimillonarios más ricos del mundo poseían cada uno más de 3 mil millones de dólares, y sólo la riqueza de los 10 más ricos equivale al presupuesto de 87 países pobres. México no es excepción: el país repite con asombrosa exactitud lo señalado.
La explicación profunda de esta desgracia generalizada se encuentra en un fenómeno clave: el monopolio, definido como aquel mercado en donde solamente existe un vendedor, el cual decide la cantidad de lo que se produce y el precio al que se vende. Tras 30 años de neoliberalismo, bajo los gobiernos de PRI y PAN, México se ha convertido en uno de los más atractivos paraísos para los monopolios de todo tipo. Hoy, en 13 sectores claves de la economía mexicana, existen sendos monopolios: telecomunicaciones, cemento, televisión, tiendas comerciales, minería, electrónica, bebidas, pan, tortilla, banca, hospitales privados y tiendas departamentales. Es decir, todo, o casi todo. En ello participan corporativos nacionales y extranjeros. El resultado es que los mexicanos pagamos precios más altos por los principales bienes y servicios que en otras partes del mundo, mientras los salarios se encuentran en niveles bajos a muy bajos. Estos monopolios obtienen ganancias espectaculares, no solamente en razón de su dominio total y de los salarios bajos que pagan a trabajadores y empleados, sino porque además son los consentidos de los magos del gobierno: la Secretaría de Hacienda. Si todo trabajador, empleado, obrero, profesionista, paga al gobierno de 25 a 30 por ciento de su salario, las grandes empresas y corporaciones sólo pagan de 5 a 10 por ciento, y los ricos accionistas de la Bolsa de Valores, ¡nada! Este solo hecho debería generar una rebelión inmediata. Y todavía más, cada año las empresas obtienen sumas millonarios por impuestos diferidos.
De acuerdo con la SHCP, la cantidad no pagada al fisco en el último año es descomunal, asciende a 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, ¡monto superior al presupuesto anual de la SEP! La mitad de ese monto lo concentran 60 consorcios. ¿Nombres? Televisa, Cemex, Telecom, América Móvil, Telmex, Grupo México, Grupo Modelo, Soriana, Industrias Peñoles, Palacio de Hierro, Wal-Mart, Grupo Carso, Liverpool, Coppel, Grupo Alfa, Electra, GEO, ICA, Coca-Cola Femsa, Kimberly, Bachoco, Bimbo, Altos Hornos, Gigante, Sears, Ferromex, Tv Azteca y muchas más.
Con este enorme poderío, en estos últimos 30 años la clase política fue siendo domeñada por la clase empresarial, en una sinergia que terminó por confundirlos. Hoy ya no se sabe si se trata de un político empresario o de un empresario político. Este fenómeno no es exclusivo del país, ha ocurrido puntualmente en todas las naciones del mundo moderno. La complicidad entre el poder económico y el poder político ha penetrado a todos los partidos y los ha convertido en mafias, pandillas o tribus. Entre todos, de una u otra manera, someten a la sociedad civil, a los ciudadanos. Nos someten. El axioma levantado por los indignados del mundo es correcto: el uno por ciento domina, explota, subyuga, oprime al restante 99 por ciento. De este contubernio entre corporativos y partidos se deriva la realidad que vivimos: un país arrasado, ecológicamente dilapidado y con una tiranía que se disfraza con lo que le conviene. El inaceptable fraude electoral, ejemplo para el mundo de la perversidad de las elites mexicanas, es solamente la punta del iceberg. El #132 debe avanzar hasta las últimas consecuencias y ello significa ir denunciando e informando la verdadera situación, e ir enarbolando las 10 o 12 demandas básicas de los ciudadanos oprimidos. Hoy hace falta sumar millones a un solo proyecto, el que acreciente el poder ciudadano, el de #Todossomosel99.
Remedio tardío-Magú
Las reformas que vienen
Arturo Alcalde Justiniani /II
Una exigencia ética y humana que deberían tener presente tanto los gobiernos, las iglesias, como las distintas organizaciones de la sociedad, estriba en garantizar el respeto a la dignidad de todas las personas, a partir de un elemental principio de igualdad. La manera de concretarla y de que no quede en palabrería consiste en apoyar la debilidad individual con servicios institucionales que ayuden al hombre y a la mujer en sus necesidades más elementales.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En el mismo instrumento jurídico se precisan algunos derechos básicos como alimentación, vestido, asistencia médica, los servicios sociales necesarios y el derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia.
La protección de los más débiles es la piedra fundacional sobre la cual debería construirse cualquier sociedad; permitir que exista un sector de la población sin el goce de derechos fundamentales debe ser motivo de vergüenza para el resto de la sociedad, sobre todo de la minoría que goza en abundancia de satisfactores al grado del desperdicio. Es ahí donde las iglesias deberían ubicar su quehacer fundamental como concreción de su mensaje que convoca al amor al prójimo. La importancia del tema es aún mayor si nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas de una sociedad están ligados a la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades; por ejemplo, sería imposible superar la inseguridad si los millares de jóvenes que son excluidos de la educación y del empleo ven como única opción alistarse como sicarios del crimen organizado. En el terreno laboral, es justificada la resistencia de los trabajadores a ver reducida su estabilidad en el empleo, cuando la posibilidad de contar con seguridad social depende de mantenerlo; si este desaparece se pierde prácticamente el derecho a la vida.
Suele pensarse que la protección social universal es económicamente imposible y que debemos conformarnos con la insultante presencia de niños y viejos mendigando en las calles, exhibiendo su sufrimiento; está demostrado que la situación podría ser de otra manera y que en todo caso se trata de un problema de voluntad política, de organización y de prioridades distintas en el seno de la sociedad. Cuando Andrés Manuel López Obrador planteó en la ciudad de México el apoyo a los adultos mayores, recibió de inmediato la condena de aquellos que sostuvieron que no habría recursos para sostener esta iniciativa. Poco tiempo después, al mostrar sus beneficios, buena parte de los estados lo adoptaron, con distintas modalidades. La mejora en la calidad de vida de esos hombres y mujeres se vio contrastada con la pequeña parte del presupuesto que se destinó para ese propósito.
En la pasada jornada electoral existió un déficit en la discusión sobre la agenda social; sin embargo, todos los candidatos hicieron referencia a un compromiso para transitar hacia la protección social universal. Peña Nieto incluso, suscribió un documento que abarca cuatro temas: derecho a la salud, seguro de desempleo, pensión a adultos mayores y riesgos de trabajo. Es común escuchar múltiples reflexiones teóricas alrededor de la urgencia de construir una nueva ciudadanía; ésta no será posible si no se ve anclada en la satisfacción de necesidades elementales, por la simple razón de que la población subordina valores esenciales a estas exigencias básicas. Se ha constatado con claridad en estos días poselectorales que la existencia de un voto libre sólo será posible si no está atrapado en la necesidad extrema.
Para avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social universal, parecen existir algunos consensos. El primero se refiere a la necesidad de revisar las ineficiencias y la corrupción existentes en todo el modelo; por ejemplo, los escándalos en los procesos de adquisición de bienes y servicios, tanto a nivel estatal como federal, se repiten cíclicamente, exhibiendo la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas, sujeta a una vigilancia con participación de la sociedad en sus distintos niveles.
Un segundo consenso es garantizar que los cambios no traigan consigo la pérdida de la calidad de los servicios existentes, por ejemplo, en el IMSS y en el Issste. Un tercer consenso es la necesidad de incrementar los recursos fiscales de carácter permanente. En este punto existe una gran controversia: algunos plantean que debe ser por la vía del incremento al IVA, otros están por suprimir las exenciones fiscales y los privilegios de que gozan algunas grandes empresas y el capital financiero y especulativo, así como fortalecer el ISR con un enfoque altamente progresivo y, en particular, dar importancia al impuesto predial y a las rentas monetarias. Todos insisten en subrayar la importancia de suprimir la evasión fiscal. Lo que resulta claro es que nuestro país requiere de un nuevo pacto fiscal y de una modernización tributaria.
La importancia del tema debería convocar a todas las instituciones de la sociedad para sugerir los mejores caminos para avanzar. Existen ya innumerables diagnósticos de grupos especializados e investigadores. Lo que hace falta hoy es dar un paso para concretar coordinar estos esfuerzos
Monedero Somex-Fisgón
Desviación de poder
Silvia Ribeiro*
Lo que se está viviendo en México con las elecciones, documentado en las múltiples impugnaciones de que han sido objeto, es muestra, para un gran porcentaje de la población, de abuso de poder: de poder económico, de poder mediático, de poder institucional, para favorecer a candidatos que preserven los privilegios económicos de esos mismos poderosos. A la gravedad de los acontecimientos, se agrega el hecho de que para mucha gente la impostura democrática pierde su sentido integrador. Ni siquiera el acto simbólico de votar (con su correlato subyacente de que los desposeídos se sientan de alguna forma parte del sistema) es respetado, por lo que la exclusión es total y generadora de alta tensión.
desviación de poder, tal como ha sido conceptualizado y presentado por más de 300 organizaciones y movimientos sociales de México ante el internacional Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), como eje de su demanda contra el Estado mexicano. Desviación de poder, definen, es
la utilización de la ley para impedir el acceso a la justicia; es
el Estado usando sus atribuciones y poderes para beneficiar intereses particulares que son contrarios y perjudiciales al interés general por el que debería velar.
Esto se manifiesta ciertamente en los fraudes electorales, que son parte de una trama temática e histórica mucho más vasta y compleja.
El TPP México se inauguró públicamente en octubre de 2011 y tendrá una serie de audiencias hasta 2014. El título general de la demanda
Libre comercio, violencia, impunidad, y derechos de los pueblosengloba siete audiencias temáticas: guerra sucia, impunidad y falta de acceso a la justicia; feminicidios y violencia de género; migración y desplazamiento forzado; violencia contra las y los trabajadores; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; devastación ambiental y derechos de los pueblos; desinformación, censura y violencia contra comunicadores.
En la primer audiencia general introductoria realizada en Ciudad Juárez del 27 al 29 de mayo, unos 300 representantes de las siete audiencias hicieron un resumen de la temática a desarrollar hasta 2014, constituyendo un mapa e historia colectiva del país desde abajo, que se seguirá detallando y enriqueciendo. El jurado internacional que acudió a oír las demandas, junto al secretariado internacional del TPP, cuya sede está en Italia, hizo un dictamen recogiendo los testimonios y manifestando sus conclusiones. (Disponible en www.tppmexico.org)
El jurado destacó
la calidad, riqueza informativa, precisión de datos y lucidez que han caracterizado las presentaciones y la documentación recibida. En la sistematización de lo presentado, el dictamen constata que, a partir de la información de los siete ejes temáticos, se conforma un escenario sistémico de una
situación-país con raíces ya presentes en los años 60, con una evolución de prácticas estatales de violación de derechos humanos y constitucionales (años 70 y 80), y una aceleración e intensificación dramática con la firma de tratados de libre comercio (años 90), de hechos y normas que han producido un empeoramiento progresivo de las condiciones de vida y de acceso, por parte del pueblo mexicano, a las medidas de protección jurídica frente a la violación de derechos. México es el país que ha firmado más tratados de libre comercio en el mundo, con consecuencias devastadoras para su población, ambiente y economías locales.
En particular, continúa el dictamen, se desplegaron una serie de “…estrategias económicas, sociales y represivas (con agravación especial contra los pueblos indígenas originarios). Impresiona al TPP (…) la percepción de una planificación cuyo objetivo fue la imposición violenta de una lógica de gobierno y de organización social, en la que los derechos de las personas (como individuos y como grupos) se transforman en
variablesdependientes (y por esto absolutamente marginales y desechables) de las prioridades inviolables de los intereses económicos privados, nacionales e internacionales.”
El jurado señala que los ejemplos de ataques al maíz y a la soberanía alimentaria, así como de devastación ambiental, ponen
en evidencia un ataque sistemático y estructural a la cultura, identidad y futuro de los pueblos de México. Además, agrega, “se reconocen, agudizadas, las peores situaciones institucionales (de violaciones y violencia contra los pueblos)… en una política disociada del Estado mexicano, que suscribe todos los tratados y obligaciones para después incumplirlas”.
Señalan también que los testimonios muestran que México tiene un rol central en los
mercados de ilegalidad de todo tipo, desde el narcotráfico hasta las armas, pasando por el comercio de seres humanos. De los 22 campos de ilegalidad establecidos por Naciones Unidas, México está presente en 21.
Antes de expresar las manifestaciones y recomendaciones del jurado, dignas de una mención aparte, el TPP concluye
El derecho es complejo, dinámico y contradictorio. Por un lado, es una parte del poder del Estado que puede ser utilizado a favor del pueblo, en cuyo caso puede hablarse de un Estado de derecho. Pero en México no existe tal Estado de derecho. Hay, en cambio, una desviación de poder: la ley se usa deliberadamente para favorecer a los ricos y poderosos, incluyendo las megacorporaciones, sean extranjeras o nacionales. Al mismo tiempo, y necesariamente, porque el sistema del capitalismo neoliberal lo requiere, el derecho es un instrumento importante para el control, la represión y la explotación de la población.
*Investigadora del Grupo ETC
Teleconflicto-Fisgón
El costo de un fraude electoral
Enrique Calderón Alzati /II
Continuando con mi reflexión en torno al enorme costo que hubo de pagar el país durante estos años por el fraude electoral que hizo posible a Felipe Calderón acceder a la Presidencia de la República, con todos los riesgos que este personaje implicaba y que a lo largo de casi seis años se han hecho evidentes, procedo a comentar lo que hoy surge como una amenaza más para nuestro país; a la luz de los hechos y tomando en cuenta las formas y los medios por los que el señor Enrique Peña Nieto
obtuvo la mayor votaciónen las pasadas elecciones, con una interrogante medular: ¿cuál será el costo de este nuevo fraude electoral, si las actuales manifestaciones sociales no hacen cambiar de opinión a las autoridades electorales, tal como lo vienen afirmando cotidianamente en torno a la anulación de este proceso, que ya es hoy un referente de oprobio y desprestigio para nuestro país, a la vez que un motivo de indignación generalizada?
Para el resto de la población, los que por una razón o por otra decidamos, o nos veamos forzados a seguir viviendo en nuestro país, las posibilidades de un cambio y mejoría económica para nuestras familias y comunidades, simplemente no existen, pues al igual que las de su antecesor Felipe Calderón, las promesas de Peña Nieto sólo serán válidas para la minoría privilegiada, que ha sido beneficiada por este gobierno y los anteriores y a la que por supuesto le interesa seguir en lo mismo. A ello obedecen, desde luego, los intentos de acallar y minimizar las manifestaciones generalizadas y crecientes en todo el país de rechazo al proceso electoral, pidiendo su anulación y restitución inmediata.
Del combate a la impunidad y la corrupción, dos de los grandes problemas nacionales, nada debemos esperar con sólo observar quiénes son los individuos que conforman el círculo cercano al candidato Peña Nieto, pues si los de Felipe Calderón sin experiencia previa lograron hacerse de enormes fortunas en unos cuantos años, imaginemos las nuevas actuaciones de los Salinas de Gortari, los Osorio Chong y demás colaboradores de vieja y
nuevaestirpe que conforman el círculo cercano de Peña Nieto, de los cuales nos han dado ya una clara muestra de su capacidad e inventiva. Por otra parte, ¿qué podemos esperar de alguien que fue capaz de exonerar a su antecesor y pariente, el señor Arturo Montiel, respecto a la impunidad? De hecho, es posible vaticinar desde ahora el magnífico futuro que tendrá el mismo Felipe Calderón, quien lejos de tener que responder por sus delitos, omisiones e irresponsabilidad, y los enormes daños causados a miles de familias sumidas en la tragedia, podrá gozar de una vida de abundancia, producto de esas acciones y omisiones, seguramente hoy con un pacto que le asegure no ser tocado, a cambio de su aval al supuesto triunfo de Peña Nieto, así como su permisividad ante el desvío ilegal de recursos públicos millonarios, usados para la campaña y la compra de votos por los gobiernos estatales priístas.
Debemos pensar también en los costos que tendría una posible consumación de este nuevo fraude electoral en los términos –ya vividos– de un presidente que inicie su gobierno bajo la sombra de la ilegitimidad, en un escenario de violencia e incertidumbre generada por el creciente poder de los grupos delictivos que hoy parecen controlar amplios territorios de la nación, como resultado de las facilidades de lavado de dinero e introducción y tráfico de armamento. Todo ello se traducirá necesariamente en una crisis de ingobernabilidad de facto, que podría reducirnos al establecimiento de una dictadura militar, sin garantías individuales (de lo cual parecemos estar cada día más cerca) ni posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social alguno, como consecuencia de la incertidumbre en que vivimos, o bajo la intromisión mayor de intereses extranjeros con un gobierno a su modo y conveniencia, para después lavarse las manos y decir plácidamente, como un funcionario dijo hace unos años en relación con la caída de la inversión extranjera:
... todos tenemos la culpa.
Suponiendo que un posible gobierno de Peña Nieto pudiese imponerse, nos debe quedar claro que mucho de lo que hoy tenemos continuará vigente, en virtud de que quienes realmente estarán ejerciendo el control de las políticas gubernamentales serán los mismos que lo han ejercido en este sexenio, en el de Fox y en los últimos y lamentables gobiernos priístas, que ven ambos partidos como una especie de ropaje que pueden cambiar mientras el anterior es mandado a la tintorería para recibir desmanchado.
De esta manera, seguiremos viviendo en un sexenio caracterizado por el tráfico de influencias, el derroche de recursos públicos para la promoción personal del presidente de la República, de los gobernadores y de algunas figuras complementarias y huecas, todo ello con grandes beneficios para las televisoras y sus empresas satélites. Del mismo modo, estaremos enfrentándonos a las mismas políticas clientelares de otorgamiento de migajas, como sustitución de los derechos sociales básicos en materia de salud, educación y empleo, en virtud de la carencia de un verdadero plan de desarrollo, orientado a impulsar la productividad del país mediante la generación de empresas capaces de competir en el mercado internacional.
Del mismo modo, la producción de energía eléctrica y el manejo de los recursos no renovables como el petróleo y los minerales seguirán inmersos en las mismas políticas de parálisis, estancamiento del desarrollo tecnológico interno, centralismo y explotación irresponsable, como sustitutos para una reforma fiscal orientada a que pague más quien más tiene y quien más beneficios recibe, convirtiendo a México en una especie de paraíso fiscal para los bancos, los negocios financieros y las operaciones accionarias.
Hoy me atrevo a pensar que todo esto junto es lo que motiva la imperiosa necesidad que se viene expresando cada día con más fuerza en todos los rincones del país, de anular el proceso electoral, considerándolo como la violación de la voluntad popular misma, mediante millones de votos comprados en una operación totalmente ilícita, de acuerdo con los preceptos constitucionales que conforman el verdadero pacto nacional.
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