Una iniciativa de Peña Nieto
EPN y su equipo de transición: Murillo, Videgaray y
Osorio.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Puede uno coincidir o no con Enrique Peña Nieto. No
obstante, me parece que en las actuales circunstancias habría que sumar
esfuerzos en aquellos puntos donde haya coincidencia para evitar que el país
siga el rumbo fallido de la estrategia de Felipe Calderón, quien en las urnas ha
visto el repudio social a su gobierno y a su partido. Peña Nieto formula como
primeras acciones de iniciativa legislativa rubros que son de la mayor
importancia para el país, y sería grave minimizar las propuestas porque no las
plantea quien uno hubiera deseado que lo hiciere. Veamos.
Primero. Lucha contra la corrupción a través de una “Comisión Nacional
Anticorrupción”. El propósito es compartible, pero la vía no es la más
afortunada. Es preciso fortalecer lo que ya se tiene, aunque ahora de forma
acotada. La Auditoría Superior de la Federación formalmente hace esa función,
mas está impedida por su diseño legal para desarrollarla. Lo primero que debiera
hacerse es que rompa el cordón umbilical que la tiene sujeta a la Cámara de
Diputados y se transforme en el órgano autónomo constitucional a que se refiere
Peña Nieto. Habría que dotarle, además, de mayores atribuciones, entre ellas la
sancionatoria. La actual Secretaría de la Función Pública debería pasar a formar
parte de la Auditoría Superior. Esta experiencia existe en buena parte de las
democracias contemporáneas con distintos nombres: “Tribunal de Cuentas”,
“Contraloría General de la República”, etcétera.
Aparte de la reforma constitucional necesaria, tendrían que hacerse las
reformas pertinentes a las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y a las correspondientes en los estados. Más aún, las secretarías de
contraloría de las entidades deberían formar parte de la propia Auditoría como
especie de delegaciones. Para evitar o reducir presiones políticas, el titular
de la Auditoría podría contar con la más amplia seguridad laboral, sujeto, por
un lado, a las sanciones previstas en el artículo 108 constitucional párrafo
segundo y, por otro, a los controles derivados de un riguroso régimen de
incompatibilidades y conflictos de interés, para evitar que el remedio sea peor
que la enfermedad. A grandes males, grandes remedios.
Segundo. El fortalecimiento del IFAI. Es verdad sabida que los problemas de
opacidad existen en la Federación y que con mayor persistencia se registran en
las entidades federativas y los municipios. Hoy, a pesar de la reforma
constitucional del 2007, es bastante complicado acceder a la información
pública. Hay infinidad de plazos, de criterios y de disposición a cumplir o no
la ley a lo largo y ancho del país. El sistema Infomex, creado con la idea
inicial de homologar procedimientos, es una herramienta que ha cumplido
parcialmente su cometido. En buena parte de las comisiones e institutos prospera
la simulación de formalidad legal. Es por ello pertinente la propuesta de Peña
Nieto en este rubro.
Conviene que el IFAI se convierta en un tribunal especializado donde el
acceso a la información y la transparencia sean asuntos federales, como sucede,
por ejemplo, con los tribunales agrarios, creando salas regionales, unitarias o
colegiadas, sin dejar de lado la fundamentación y motivación a que obliga el
artículo 14 constitucional. Como a todo órgano jurisdiccional, deben otorgársele
atribuciones para imponer medidas de apremio y capacidad sancionatoria. Aunque
conocería de asuntos federales, de los estados, municipios y órganos autónomos
constitucionales, una excepción se haría con el Poder Judicial de la Federación,
que tiene en el Consejo de la Judicatura Federal una instancia para estas
labores, siempre con oportunidades de mejora. Los mecanismos de acceso,
estabilidad, promoción y sanción podrían retomarse de los que aplica el propio
Poder Judicial de la Federación.
Las tareas de promoción y fomento de la cultura de la transparencia se
podrían llegar hasta los libros de texto gratuitos para la primaria y la
secundaria, como en su momento se hizo en San Luis Potosí, en un experimento
cuyo impacto jamás podría ser alcanzado por las comisiones e institutos de
transparencia. De manera complementaria, este nuevo tribunal de la transparencia
podría retomar la idea de las Casas de la Cultura Jurídica que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación tiene en buena parte del país. De la misma forma, debe
abrogarse la Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares para crear una
nueva que incluya al sector público, así como un organismo especializado que
pueda imponer sanciones, facultad de la que hoy carece el IFAI.
Tercero. La publicidad oficial es, particularmente en los estados y
municipios, un asunto público que se ha reservado de manera inconstitucional y
absurda. Es plausible que haya en esa misma lógica un organismo que vigile las
contrataciones al respecto, pues en la práctica violentan la libertad de
expresión al generar incentivos para uniformar información gubernamental en
perjuicio del derecho a saber de la sociedad. Esta comisión podría además
vigilar con gran exhaustividad que no haya negocios entre empresas mediáticas y
gobiernos que generen conflictos de interés. En muchas ocasiones la publicidad
oficial en sentido estricto es lo de menos. Lo demás son los contratos de
construcción y mantenimiento de equipo informático, entre muchos otros, que
aparentemente no tienen nada que ver con la línea editorial del medio, pero que
en la realidad definen los grandes trazos de qué se informa, qué no se informa y
cómo se informa.
El interés superior del país debe estar por encima de las preferencias
políticas. Si existen propuestas positivas para regenerar los tejidos mínimos de
la ética pública, hay que apoyarlas, vigilando, por supuesto, que no nos den
gato por liebre.
La tentación del autoritarismo
Marchan miles contra EPN, el IFE, la compra de votos
y Televisa.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- En la historia política del país ningún candidato
presidencial como Enrique Peña Nieto ha tenido tantas expresiones de rechazo
social como las que se han expresado en su contra desde la campaña y aun después
de ésta.
A muchos simpatizantes del PRI y otros acomodaticios que ya buscan amoldarse
al cambio de gobierno, les parecen exageradas las expresiones que ha habido en
contra de Peña Nieto en los últimos meses, desde aquellas en las que no pudo
citar tres libros que marcaran su vida y la necesidad de tener un teleprompter
para hablar en televisión, hasta las multitudinarias marchas que han organizado
diversos sectores que ven su victoria como un acto de imposición.
Desde mayo a la fecha, ha habido alrededor de 300 manifestaciones – entre
marchas y mítines dentro y fuera del país– en contra del PRI y de Peña Nieto. En
todas ellas, el común denominador de los participantes es un rechazo absoluto a
la corrupción y al autoritarismo que el candidato priista representa desde que
era gobernador del Estado de México.
Contrariamente, en estos meses no ha habido una sola expresión popular de
apoyo al priista; nadie ha salido a la calle a resaltar su figura ni a
defenderlo, mucho menos a su partido. Cuando se dio el acto de apoyo en el
estadio Azteca la mayor parte fueron acarreados desde el Estado de México,
pagados para asistir, pero muchos abandonaron antes de que terminara el evento
realizado en el monumento propiedad de Televisa.
Sólo en los programas de Televisa, Milenio, TV Azteca y en las páginas de El
Universal, Excélsior, y El Sol de México, entre otros periódicos, así como en
algunas programas de radio, es donde han salido sus defensores.
Es ahí donde se ve dónde radica el apoyo a Peña Nieto: en los medios
convertidos en grupos de interés o en grupos de poder y no en las plazas
públicas.
Si el tribunal electoral le otorga la constancia de triunfo al priista, sin
tomar en cuenta las graves faltas expuestas en los recursos de inconformidad que
se han presentado denunciando la compra y coacción del voto, lavado de dinero
para hacerse de recursos económicos, y falta de equidad en los medios, como
todos nos dimos cuenta, Peña Nieto llegará al poder no por el apoyo legítimo de
la sociedad, sino por los grupos de poder.
Una situación muy parecida ocurrió con Carlos Salinas de Gortari en 1988, y
con Felipe Calderón, en el 2006, cuando llegaron a la Presidencia carentes de
legitimidad, mediante el fraude. Los dos quisieron ganarse la voluntad por medio
de acciones de fuerza y de gran impacto mediático: El primero metiendo a la
cárcel a sus opositores y vendiendo la idea de que el neoliberalismo era la
puerta de entrada al primer mundo. El segundo, sacando al Ejército a la calle
para combatir al crimen organizado que abrió una herida de 60 mil muertos y 10
mil desparecidos.
Sin embargo, ninguno de los dos logró la legitimidad social. Salinas y
Calderón son dos de los presidentes más rechazados de las últimas décadas.
Ahora la tentación del autoritarismo existe en Peña Nieto; ya lo hizo en
Atenco, podría ejercerlo desde Los Pinos.
Hasta el momento el PRI ha desdeñado las manifestaciones que se han
replicado, incluso fuera del país. Seguramente le apuesta a que con el paso del
tiempo perderán fuerza y los inconformes quedarán aislados del resto de la
población que de manera pasiva ha aceptado los resultados de una elección
manchada por el fraude. Así lo hizo cuando estaba en el poder: dejar que las
manifestaciones se autoconsumieran.
Pero también aplicó la mano dura cuando las inconformidades empezaban a
convertirse en un movimiento social.
Lo que no están considerando el PRI y Peña Nieto es que una buena parte de la sociedad mexicana ha cambiado, sobre todo los jóvenes que por primera vez votaron y que están enojados por el timo de elecciones arregladas.
Lo que no están considerando el PRI y Peña Nieto es que una buena parte de la sociedad mexicana ha cambiado, sobre todo los jóvenes que por primera vez votaron y que están enojados por el timo de elecciones arregladas.
Desde principios de mayo los estudiantes de la Universidad Iberoamericana
expresaron su malestar por el trato de “intolerantes” que les dio el presidente
nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, poniéndolos bajo la sospecha de ser
infiltrados del PRD. A partir de ahí surgió el movimiento social llamado
“#YoSoy132” que ya ha convocado hasta ahora a tres megamarchas en México y el
extranjero contra la imposición del priista Peña Nieto como presidente, en las
que han participado miles de mexicanos que ya no están dispuestos al engaño, al
autoritarismo ni a ser sojuzgados.
Seguramente Peña será impuesto, pero es también casi seguro que enfrentará
estas expresiones de grupos sociales que no lo reconocerán como presidente. Es
por ello que, probablemente, administrará el país desde una burbuja, protegido
por cientos de soldados y policías, alejado de la gente, de la ciudadanía, como
les pasó a Salinas y a Calderón, que nunca dejaron ese cerco de protección y
gobernaron bajo la lobreguez de la ilegitimidad impregnada en la banda tricolor
que les colocaron por la fuerza.
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