Penultimátum- Cambiar juntos el rumbo del VIH: imperativo de los derechos humanos- La disputa por el agua: el destino ya llegó

Penultimátum

 

 

       Todos sonríen en la foto oficial tomada en Tokio con motivo de la reciente reunión de la comunidad internacional a fin de acordar una ayuda especial a Afganistán. Sobresale la sonrisa de la señora Hilary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos. Al gobierno afgano le darán 16 mil millones de dólares para programas de ayuda civil, pero condicionados a la lucha contra la corrupción y las drogas, mejora del aparato gubernamental, reformas en favor de las personas y elecciones libres en 2014 y 2015.

 

Mientras sonreían los representantes de las grandes potencias con intereses en ese país, un video en Internet mostraba cómo los talibanes afganos ejecutan a una mujer por adúltera. En un comunicado, los talibanes negaron estar involucrados en el asesinato como afirman las autoridades afganas. Lo atribuyeron a un conflicto tribal.

La verdad es que la joven, de 22 años, mantenía una relación con un comandante talibán. Sus camaradas la mataron para preservar la imagen de su comandante, aseguraron fuentes del gobierno. En el video se puede ver cómo, al grito de Alá es grande, un hombre le dispara varias veces a la mujer, que se halla cubierta con un burka. Luego se observa el júbilo de los lugareños que presenciaban la ejecución.

En 2010, otra mujer, Bibi Sanawbar, de 40 años, viuda y embarazada, fue ejecutada públicamente por un grupo de milicianos talibán, acusada de adulterio. A la mujer la obligaron a abortar antes de recibir 200 latigazos y ser ejecutada de tres disparos en la cabeza, informó la policía. Una corte talibán consideró a Bibi culpable al quedar embarazada tras tener una relación ilícita. La mujer fue detenida durante varios días por los talibanes antes de ser ejecutada sin que la policía interviniera.

En Afganistán existen tribunales para tratar ese tipo de sucesos y por ser una viuda no sentencian a muerte afirmó la presidenta de la Comisión Afgana independiente de Derechos Humanos, Sima Samar. Según la policía, la mujer asesinada mantenía una relación con un hombre con quien pretendía casarse, pero él la engañó y escapó a Irán.

Los talibán recurrieron a lapidaciones públicas y latigazos para castigar el sexo extramatrimonial durante su estancia en el poder entre 1996 y 2001. Once años después de la caída del régimen, el grupo, que presenta una resistencia cada vez más fuerte a las tropas extranjeras desplegadas en el país, sigue impartiendo justicia en las áreas bajo su control basada en su dura interpretación de las leyes islámicas. Los últimos años han matado a varias mujeres por adúlteras. A otras dos las decapitaron acusadas de administrar un burdel para soldados estadunidenses.

Se conceden apoyos al régimen afgano, cómplice del asesinato de mujeres. Y todos lo hacen sonrientes

    

Cambiar juntos el rumbo del VIH: imperativo de los derechos humanos

Navi Pillay*

 

 

       La respuesta colectiva que se dio hace tres décadas ante el VIH se puede resumir en una palabra: vergonzosa. En el peor de los casos, las personas que vivían con VIH eran, sin mayor explicación, atadas a sus camas, detenidas, carecían de acceso a servicios médicos, eran criminalizadas y deportadas. En el mejor de los casos, perdían su trabajo, las corrían de las escuelas y se les negaba el acceso a servicios básicos. Habíamos respondido a un virus humillando, estigmatizando y castigando a aquellos que se habían infectado. Nuestra respuesta a la emergencia del virus fue tan dolorosa y, en algunas ocasiones, incluso más mortal que el virus mismo.

 

Afortunadamente se han dado grandes pasos desde que empezó la lucha contra el VIH. En los últimos años se han generado grandes avances científicos y el número de nuevas infecciones de VIH ha disminuido, particularmente entre los niños; menos personas han muerto de causas relacionadas con el VIH; casi la mitad de las personas elegibles para recibir el tratamiento antirretroviral, incluyendo las de países con bajos y medianos ingresos, lo están recibiendo; el tratamiento se ha convertido en el nuevo motor de la prevención. El VIH ya no es una sentencia de muerte segura como alguna vez lo fue.

Sin embargo, el estigma y la discriminación que las personas con VIH enfrentan siguen siendo considerables en todas las regiones del mundo. Incluso hoy en día, continuamos aproximándonos de maneras punitivas al VIH, como la criminalización de la transmisión, las reservas absolutas ante el tema y la exposición. Siguen siendo muy comunes en las fronteras las restricciones de entrada y la deportación de las personas que viven con VIH, particularmente en los países más desarrollados. Las comunidades más vulnerables, las que tienen menos goce de los derechos humanos fundamentales, siguen siendo desproporcionalmente más vulnerables a las infecciones del VIH, y esto no es una coincidencia.

El rostro del VIH es el de nuestro fracaso al momento de proteger los derechos humanos. Uno de los motores claves del sida siempre ha sido, y continúa siendo, la imposibilidad de asegurar la protección de los derechos humanos de las comunidades marginadas, incluyendo personas en situación de cárcel, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas con discapacidades y migrantes, refugiados y los que buscan asilo. La homofobia, la discriminación de género, el perfil racial y la violencia basada en género siguen impidiendo que los esfuerzos emprendidos para detener el contagio de VIH sean efectivos.

Este año, el tema de la Conferencia Internacional sobre Sida, que tendrá lugar en Washington DC en julio, es Juntos cambiando el rumbo. Es tiempo de cambiar el rumbo. Es preciso poner fin a la violación de derechos humanos que ha caracterizado la propagación del VIH.

Es tiempo de construir a partir de las enseñanzas de los últimos años para crear una respuesta mundial sustentable ante la epidemia que todavía nos reta; en este sentido, es esencial adoptar una perspectiva basada en los derechos humanos.

El punto de partida es el reconocimiento de la igualdad de todas las personas en el goce de sus derechos. Los sectores vulnerables de la población que se encuentran en mayor riesgo, no solamente deben incluirse en las respuestas nacionales contra el VIH, sino que además deben tener la oportunidad de participar en la elaboración de las políticas que puedan afectarles.

Los lineamientos de derechos humanos deben acompañar las consideraciones de salud pública para asegurar que nuestras leyes, políticas y programas no incrementen la vulnerabilidad ante el VIH o tengan como resultado mayores violaciones de derechos humanos. La leyes y políticas generales que en muchos países penalizan la transmisión involuntaria del VIH, la exposición y la reserva absoluta ante el tema, cercan a grupos específicos a quienes se les obliga a hacerse pruebas de VIH y cuyo desplazamiento está restringido, basándose solamente en su calidad de VIH positivos. Estas situaciones son sólo dos ejemplos de dichas políticas alarmistas y equivocadas.

Se han dado algunos avances en la dirección correcta, uno de los cuales –la anulación de restricciones al viajar– ha permitido que Estados Unidos sea la sede de esta importante conferencia sobre el sida, después de 22 años. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Incluso en estados en los que existen leyes para proteger y promover los derechos humanos de las personas con VIH, el alcance del cumplimiento y aplicación de estas leyes continúa siendo poco claro.

Ciertamente es necesario aún canalizar una gran cantidad de recursos para garantizar el acceso a un tratamiento antirretroviral que pueda salvar la vida, pero también es necesario tener acceso garantizado a programas de derechos humanos que incluyan sensibilización y capacitación de quienes trabajan en los servicios de salud y en aquellos responsables de aplicar la ley, que garanticen el derecho al acceso a la justicia de los individuos VIH positivos, que luchen contra el estigma y fortalezcan la enseñanza de prácticas sexuales seguras en los y las jóvenes.

Financiar la lucha contra el sida de manera integral no es sólo una necesidad, es también una obligación legal en términos de derechos humanos. La crisis económica actual no puede ser una excusa para disminuir nuestra inversión en la lucha contra el sida, pues ello resultaría en un retroceso respecto de los logros alcanzados hasta el momento.

No es tiempo para la autocomplacencia. Onusida tiene como meta: cero infecciones nuevas, cero muertes relacionadas con el sida y cero discriminación. En esta conferencia sobre el sida, punto de reunión de funcionarios gubernamentales de alto nivel, sociedad civil, comunidad internacional y, de manera sumamente importante, de personas que viven con VIH, es esencial destacar que para lograr estos objetivos de manera contundente, la perspectiva de derechos humanos debe, definitivamente, informar y motivar nuestra respuesta.

* Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la Conferencia Internacional del Sida 2012

La disputa por el agua: el destino ya llegó

Víctor M. Quintana S.

 

 

        La capital y los campos de Chihuahua se han visto sacudidos esta semana por una de las disputas que configurarán el siglo XXI: la guerra por el agua. Ejidatarios y colonos mestizos, de un lado, exigiendo su derecho al recurso; del otro lado, un grupo de colonos menonitas que llevan años aprovechándose de él. Retrasados, como siempre, dubitativos, no comprometidos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del estado.

 

El problema se originó en los municipios de Namiquipa, Buenaventura y Riva Palacio, en la cuenca del río Santa Clara-Del Carmen, que fue decretada en veda desde 1955 por el gobierno federal, cuando se formó el distrito de riego del Carmen. Pero posteriormente un pequeño grupo de colonos menonitas ha estado perforando pozos en las cercanías y ha construido más de 150 represas en el río y sus afluentes. Esto ha provocado que, de las 20 mil hectáreas que se regaban en el distrito de riego, luego no se pudieran irrigar más que 7 mil 500, y el año pasado, apenas 3 mil. Se ha abatido enormemente el caudal de los pozos de los ejidatarios y colonos a consecuencia de las perforaciones más profundas y las retenciones practicadas por el grupo de menonitas poderosos, amparados en permisos falsos o amañados con la complacencia de Conagua. Muchos pozos están ahora secos y los que tenían un caudal de 50 litros por segundo ahora tienen un máximo de 25.

Muertas de sed sus tierras y hartos de que sus demandas no fueran atendidas ni por Conagua ni por el gobierno del estado, ejidatarios y colonos de varios municipios del norte del estado conformaron el colectivo Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense, presionaron directamente a las dependencias arriba mencionadas hasta que los hicieron acudir junto a ellos a detener los trabajos de perforación y de extracción de agua y a destruir las represas en los municipios de Namiquipa y Riva Palacio. El contingente que acompañaba –y vigilaba– la acción de las autoridades representa a mil 315 productores de seis comunidades del municipio de Buenaventura y de mil 854 productores de 22 comunidades del municipio de Ahumada. Hubo agrias discusiones entre ellos y los representantes de los menonitas, incluso en algún caso, con riesgo de enfrentamiento corporal.

La batalla de los campos se fue a los medios y al palacio de gobierno. Los colonos menonitas, usualmente callados, acusaron de violentos a los líderes de El Barzón y del Frente Democrático Campesino (aunque esta organización no participó en las acciones), tachándolos además de flojos y de borrachos. Algún medio periodístico encadenado nacionalmente se basó en ello para emprender toda una campaña de linchamiento contra estas dos organizaciones campesinas y sus líderes, campaña tan intensa como la que semanas antes había emprendido para promover a Peña Nieto.

Los representantes de los menonitas más ricos, con toda candidez, en desplegados y en entrevistas con funcionarios del gobierno del estado y de Conagua defienden su postura, aducen que todos sus pozos tienen permiso. Cobran su factura electoral: dicen que ahora sí acudieron a votar, como nunca, y votaron por el PRI. Señalan que no podían votar por López Obrador, porque es comunista, ni por Josefina Vázquez Mota, porque el lugar de la mujer está en la casa. Atribuyen las acciones del colectivo Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense a que su voto no fue ni por el PAN ni por el PRD. Así de simple, la postura ha logrado ablandar al gobierno del estado, el cual acaba de decir que no prestará más su maquinaria a Conagua para realizar las operaciones.

Sin embargo, la presión de cientos de productores organizados logró que por fin el martes pasado Conagua y el gobierno del estado se comprometieran a clausurar los aprovechamientos irregulares y se abra una mesa regional del agua para atender la problemática.

El problema de la sobrexplotación de recursos hídricos en Chihuahua es muy añejo, y se ha agudizado con la apertura de nuevas tierras al riego: tan sólo de 2000 a 2012, la superficie agrícola bajo irrigación en la entidad prácticamente se duplicó, al pasar de un cuarto de millón a medio millón de hectáreas en números redondos, lo que implica una sobrexplotación de los mantos acuíferos y de las corrientes de agua.

Todo esto se ha favorecido por la negligencia, la omisión o la franca corrupción reinante en Conagua, muchas veces coludida con dependencias del gobierno del estado. Desde hace mucho, organizaciones como El Barzón han venido demandando el reordenamiento de los acuíferos, la veda total o parcial según la situación de cada uno de ellos, la regularización de permisos, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para acotar la figura de libre alumbramiento, etcétera. Han presentado múltiples denuncias contra funcionarios de Conagua, que nunca han prosperado; han reclamado que la Profepa otorgue permisos de cambio de uso de suelo para permitir que terrenos ganaderos sean desmontados para abrirlos al cultivo, provocando daños ambientales muy serios; han señalado a los gestores de permisos para pozos, que no son sino traficantes de influencias, etcétera. Insisten en que su postura no es racista, no atacan a la comunidad menonita en general, sino denuncian a un grupo de privilegiados que se aprovechan del agua.

Tienen razón los Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense. La causa que enarbolan va más allá del rescate del agua para sus tierras: luchan por la viabilidad de la vida en esta vasta y sedienta región natural. Del combate de ellos la nación debe aprender que, ahora más que nunca, o hacemos que los bienes realmente sean de todos o aceleramos la catástrofe.