«Exceso de cinismo», la queja del tricolor contra AMLO, señala el PT- ASTILLERO- El PRIFE

Conflicto poselectoral

Exceso de cinismo, la queja del tricolor contra AMLO, señala el PT

Es una estrategia para desviar la atención sobre irregularidades priístas, asegura

Andrés Manuel López Obrador al denunciar que dinero ilícito benefició a Enrique Peña Nieto, el miércoles pasado. Lo acompaña Alberto Anaya, líder del Partido del TrabajoFoto Marco Peláez

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Martes 24 de julio de 2012, p. 3

El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, consideró un exceso de cinismo del PRI acusar a la coalición Movimiento Progresista y a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de haber triangulado recursos de gobiernos de corte perredista a la asociación Austeridad Republicana y, de ésta, a Honestidad Valiente para rebasar el tope de gastos de campaña.

Tratan de regresar el golpe que les hemos asentado, al comprobarles acciones de compra de voto, presunto lavado de dinero y otro tipo de situaciones irregulares durante el proceso electoral, indicó Anaya.

Afirmó que las acusaciones son una estrategia para desviar la atención, porque las pruebas que ha presentado la coalición son demasiado contundentes y de su parte no tienen nada.

Anaya retó a la dirigencia priísta a demostrar que efectivamente López Obrador incurrió en actos irregulares.

Nos atenemos a las pruebas, pero saben que van a fracasar porque todas las acusaciones que ahora hacen sobre un gasto no reportado de mil 200 millones de pesos en la campaña de nuestro candidato es una acción desesperada, apuntó.

Indicó que la izquierda continuará presentando pruebas supervenientes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la manera en que operó el tricolor para la compra y coacción del voto.

El Movimiento Progresista informó ayer que entregó al Instituto Federal Electoral un primer espot para radio y televisión donde denuncia durante 20 segundos que en la elección presidencial el PRI cometió manipulación de encuestas, compra de votos y lavado de dinero.

Miles de pruebas

El mensaje enfatiza, como parte del Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, que se han entregado miles de pruebas, suficientes para invalidar la elección, entre las cuales menciona las tarjetas Monex y Soriana, y presenta como ejes que la Presidencia no se compra y el destino del país no tiene precio.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal se reunió ayer con los coordinadores estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Alfonso Durazo, coordinador de la agrupación en Sonora, indicó que hablaron sobre las acciones a seguir, que incluyen asambleas para informar a la ciudadanía sobre las acciones legales que realiza la coalición de izquierda con el fin de limpiar los comicios presidenciales y la importancia de continuar la recopilación de pruebas sobre las irregulares en que habría incurrido el PRI durante el proceso.

Esas son tareas inmediatas, pero en la reunión –celebrada en la casa de campaña del candidato presidencial– también se habló de definir los siguientes pasos para Morena, y el más importante de ellos es fortalecer la cohesión de la organización, así que regresaremos a nuestros estados a continuar el trabajo de base, como lo hemos venido haciendo, señaló el diputado electo.

Durazo coincidió con Alberto Anaya en que la denuncia del PRI es una estrategia para desviar la atención, y que ese partido no aporta ninguna prueba contra López Obrador.

Astillero

132, en la mira

Dique a la imposición

León y Oaxaca: provocar

Ruta electoral minada

Julio Hernández López

LOOR A LA GARRA. En ceremonia encabezada por Felipe Calderón, este lunes fueron premiados los ganadores del concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil 2012, en el patio del Paraguas del Museo Nacional de Antropología

Foto María Luisa Severiano

         Una primera lectura lleva a considerar que la sostenida excitación social contra los resultados presidenciales (tres semanas después de que fueron oficialmente anunciados como pieza electoral maestra e impecable) proviene esencialmente de la provocadora contradicción que un buen número de ciudadanos advierte entre sus propias experiencias y percepciones de ese proceso y lo que oficialmente ha sido consignado y sostenido por el aparato organizador de los comicios, el IFE, y lo que de manera fundada puede esperarse de la instancia revisora, la del tribunal electoral federal. Dicho de manera directa: entre la convicción social del fraude y las sentencias institucionales de limpidez.

Los mexicanos que están férreamente convencidos de ese fraude, y que sustentan su comportamiento cívico disidente en hechos como Soriana, Monex y las constantes evidencias de compra de votos, no tienen canales eficaces para desahogar sus convicciones y convertirlas en aceptable acción depuradora. Se topan un día y otro con el enorme muro construido a partir del silencio de los medios de comunicación y su complemento, la distorsión a través de comentaristas y opinantes alineados con la versión oficial del peñanietismo y el calderonismo. Y saben que el instituto y el tribunal electorales están formados a partir de cuotas partidistas e intereses grupales, sin compromiso con la justicia ni posibilidad estructural de contravenir una imposición en curso.

Frente a ello, muchos jóvenes (es decir, la conciencia activa de la nación, la base de una eventual reconstrucción ética y cívica de este devastado país) encuentran como único camino a recorrer el de las marchas y las protestas públicas. Así han construido una fuerte oposición al golpe multifactorial dado a conocer la noche del 1º del presente mes y han dado cuerpo a una resistencia imaginativa, alegre e históricamente diferente, que ha retardado, y podría acabar modificando, el esquema impositivo que sin ellos hoy ya estaría consolidado.

Un movimiento de esas dimensiones y alcances ha estado desde un principio, como es natural, en la mira del bipartidismo restituido. No sólo insertando personal que informe, divida y provoque (suele suceder que los más acelerados, los más implacables, los del incendiario discurso panfletario, hacen el juego, por desubicación o por consigna, a ese mismo sistema demonizado), sino también, abiertamente, para preparar y ensayar las perversas líneas de la represión.

Este domingo se vivieron hechos que hacen pensar que se ha iniciado la fase de la provocación para reprimir. No es que antes se hubiese vivido una planicie pacífica. Basta recordar que el primer lunes poselectoral hubo marinos que encañonaron con metralleta de combate a jóvenes y ciudadanos que comenzaban a protestar en Cancún, como en http://bit.ly/MGUEoH puede verse. O desempolvar los actos de parapriísmo en Córdoba, Saltillo y otras ciudades controladas por gobiernos de tres colores.

El más evidente de esos actos de provocación para reprimir se dio en León, Guanajuato, donde convergen densos intereses: la ultraderecha yunquista que aun con sus divisiones internas colocó al ex gobernador Juan Manuel Oliva en la coordinación electoral panista a escala nacional y que ahora es otro de los voceros del comité presidido por Gustavo Madero. Y el ejercicio marcadamente clasista y represor del presidente municipal de León, Ricardo Sheffield Padilla, un panista que decidió impedir que la marcha dominical del 132 transitara por determinada vialidad (aunque otras manifestaciones similares han hecho tal recorrido sin problemas, o aun cuando se han producido desbordamientos masivos sonoros y obstructores en casos como la celebración reciente por un ascenso futbolero o una visita papal).

El mencionado Sheffield, contra la letra constitucional, ordenó un operativo para detener con violencia y llevar a la cárcel a seis jóvenes bajo la acusación de pronunciar palabras soeces y obstruir el tráfico citadino. En http://bit.ly/M5q3SX puede verse con claridad, sobre todo a partir de los 40 segundos, el montaje de la provocación para detener con violencia a manifestantes por no caminar por la ruta que los policías ordenaban. No hubo una chispa que llevara a peores consecuencias y los detenidos fueron liberados al otro día, sin pagar la multa impuesta, que acabó cubriendo la misma autoridad municipal.

En Oaxaca, donde Gabino Cué naufraga, incapaz de controlar las pugnas internas de su presunto equipo, dedicado a la pose y el disfrute, hubo disparos de bala, gases lacrimógenos y detenciones parecidas a lo que sucedía por rutina con Ulises Ruiz. La detención de un polémico personaje (a quien sus críticos aplican dosis de suspicacia), presuntamente por haber tomado carritos de una sucursal de Soriana, generó que decenas de jóvenes llegaran en protesta hasta el lugar donde había sido recluido, lo que provocó los mencionados disparos y más detenciones. Como si el ulisismo siguiese vigente, algunos de los detenidos aseguraron que recibieron toques eléctricos y, en el caso de las mujeres, amenazas de agresión sexual, según en http://bit.ly/NQsN1S puede leerse.

En Jalapa, a pesar de que el 132 decidió no acudir en marcha adonde estaba reunida la estructura priísta con Pedro Joaquín Coldwell como mensajero de una felicitación de Peña Nieto al gobernador Javier Duarte por el papel electoral desempeñado, elementos de la Marina intervinieron para evitar que el orden se perdiera, recomendando a los manifestantes que abandonaran el estrado de un acto cultural organizado por el municipio de la capital, adonde habían llegado unas 500 personas que tomaron los micrófonos del lugar para explicar las razones de su protesta electoral (http://bit.ly/Oowx9E último párrafo).

La agenda política y social de protesta, rumbo a la imposición electoral, está cargada de riesgos naturales y sembrados, en un curso delicado frente al cual todos los actores involucrados deberían hacer un gran esfuerzo de prudencia y contención. ¡Hasta mañana, con el PRI revirando contra Honestidad Valiente!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

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Sin responsabilidad-Magú

magu@jornada.com.mx

El PRIFE

Pedro Miguel

       Todo México sabe que en esta elección presidencial hubo fraude. Lo saben, por supuesto, quienes lo perpetraron, quienes lo sufrieron, así como quienes, sin situarse en ninguno de los bandos, lo atestiguaron en flagrancia o pudieron observar sus consecuencias imprevistas.

Entre el lunes 3 y el viernes 6 de julio, en numerosas tiendas de autoservicio –no sólo en las de la cadena Soriana, por cierto– muchedumbres de compradores vaciaron los estantes, provistos con tarjetas de débito que –admitieron muchos de ellos– les habían sido entregadas por el PRI a cambio de su voto por Enrique Peña Nieto.
Muchos otros, menos afortunados, escenificaron protestas porque los plásticos no tenían fondos o porque éstos eran inferiores al monto que se les había ofrecido a cambio del sufragio propio y/o del ajeno. Los testimonios abundan. En los días siguientes a la elección la candidata oficialmente perdedora exhibió miles de esas tarjetas y muchas otras pruebas de la compra masiva de votos, de los extralimitados gastos de campaña, de acciones de coacción contra los ciudadanos, de papelería electoral manoseada y de otras formas de adulteración de la voluntad popular.

La semana pasada se dio a conocer documentación que prueba las operaciones con recursos de procedencia ilícita en la campaña de Peña Nieto y se ha documentado la vinculación de las empresas participantes en esas acciones con operadores próximos al aspirante presidencial priísta.

Mientras la montaña de delitos electorales revienta la fachada de la limpieza democrática, el PRI y el IFE unen fuerzas para alegar que el fraude es un ru-mor sin sustento. Sólo les ha faltado decir que la compra de votos tendría que demostrarse con la exhibición de las correspondientes facturas fiscales emiti- das a nombre del tricolor por los votantes sobornados.

La televisión comercial se deslinda del magno operativo mediático previo mediante el cual se construyó, durante cinco años, una candidatura presidencial en el vacío. Los alegadores al servicio del régimen –están en eso desde que se sumaron, en 1988, a la defensa del abuelo de este fraude– hacen minería conceptual en busca de matices y retruécanos para vestir al sofisma: a la espera de la verdad jurídica, la administrativa es la única verdad. Si se les mostrara un video de Peña Nieto en el que reconociera que en su candidatura se lavó dinero, di- rían que es Photoshop, o bien argumentarían que la confesión es la prueba reina, pero que México es una república y por lo tanto no la reconoce. ¡Pruebas!, ¡pruebas!, claman, mientras navegan en un océano de ellas.

A estas alturas, los medios electrónicos, la comentocracia, el Revolucionario Institucional –comprometido a fondo en el ejercicio alquímico de transmutar la inmundicia en legitimidad– y la autoridad electoral –empeñada en negar que fue omisa y permisiva, pese a que desde febrero López Obrador le advirtió sobre las muchas formas en las que podría colársele el fraude– han conformado una suerte de frente de resistencia contra la verdad.

El frente mencionado no sólo niega que llueve en plena torment, sino que ensaya descalificaciones autoritarias contra los recursos a las vías legales para esclarecer el fraude. Quienes acuden a los tribunales dividen a México; si divulgan la información relacionada con la adulteración, siembran odio; si fundamentan la queja, desestabilizan; si señalan las omisiones, atentan contra la institucionalidad democrática. El IFE, por lo pronto, ya atentó contra sí mismo y contra lo que pudo quedarle de credibilidad después de su triste papel como operador del fraude en 2006.

Ahora la única posibilidad institucional de restablecer la legalidad quebrantada está en manos del Tribunal Electoral, y consiste en invalidar la elección del 2 de julio y crear las condiciones para el cumplimiento de los términos constitucionales: que el Congreso de la Unión establezca un interinato y se convoque a nuevos comicios en cosa de año y medio. No hay en esa perspectiva nada de subversivo, de desestabilizador o de ilegal.

Desde luego, para que el esfuerzo sirva de algo es necesario que los comicios de 2013 o 2014 sean organizados y vigilados por una autoridad electoral plenamente renovada a la que la sociedad pueda concederle al menos el beneficio de la duda. La de hoy se ha evidenciado como parcial y omisa, y tan falsaria como su beneficiado central. Bien podría llamársele el PRIFE.