AMLO: Más evidencias de que campaña de Peña fue «un cochinero»- ASTILLERO- ¿Elecciones federales o lavadora?

El PRI erogó en activismo y movilización más de $1,000 millones en 45 días, señala

Más evidencias de que campaña de Peña fue un cochinero: AMLO

Presentará al tribunal electoral lista de 4 mil 891 tabasqueños que recibieron tarjetas de Monex repartidas por el tricolor, anuncia

Exige a autoridades no ocultar información sobre el caso

Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia de prensa que presentará al TEPJF pruebas supervenientes de la compra de votos por el PRIFoto Francisco Olvera

Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 26 de julio de 2012, p. 5

Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia de prensa que la coalición Movimiento Progresista entregará este jueves al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pruebas supervenientes en el caso Monex, consistentes en una lista con nombres de 4 mil 891 personas que en Tabasco recibieron tarjetas de esa institución bancaria para promover el voto en favor del candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto.

Indicó que esos ciudadanos fungieron como responsables de activismo y movilización para el PRI, y cada uno recibió, en promedio, 4 mil pesos del 15 de mayo al de 30 junio, lo que equivaldría a que, sólo en Tabasco, la campaña de Peña Nieto ejerció por este concepto alrededor de 20 millones de pesos, y a escala nacional más de mil millones.

Explicó que todo indica que el tricolor repartió en promedio cuatro tarjetas de Monex por cada una de las mil 133 secciones electorales de esa entidad sureña, y que la relación total es de 4 mil 891 personas, cuyos nombres se reservó por respeto a su intimidad.

Así que si a escala nacional existen 65 mil secciones electorales aproximadamente, refirió, estamos hablando de alrededor de 260 mil tarjetas, que costaron más de mil millones de pesos.

El candidato de la coalición de izquierda resaltó que sigue recibiendo pruebas aportadas por ciudadanos, y van a salir más, se los aseguro, porque es, para decirlo de manera coloquial, aunque suene feo, no sea de buen gusto, ¡un cochinero!

No tengo duda de que es lavado de dinero el que se usó en la campaña de Peña Nieto, es muchísimo dinero; compraron 5 millones de votos cuando menos, lo estamos viendo, añadió.

Consideró que es tiempo de que el TEPJF solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda que Monex informe sobre todos los contratos para dispersión de tarjetas, suscritos por empresas o prestanombres de Peña Nieto y del PRI.

De manera especial, debe solicitarse toda la facturación de Monex desde el 16 de abril hasta el 19 de junio; hablamos de 4 mil 452 facturas que emitieron durante ese periodo, en razón de que sólo poseemos 33, de las empresas Inizzio y Efra, que amparan la compra de 10 mil 674 tarjetas, con un monto de 108 millones 200 mil 764 pesos, y esas firmas, recalcó, son empresas fantasmas.

Además ha quedado de manifiesto la vinculación de esas dos empresas con el PRI; lo han aceptado los que están detrás de ellas, y tenemos testimonios de otras personas, no vamos a difundirlos por respeto a éstas, pero en caso de que sea necesario lo vamos a hacer, resaltó.

El abanderado de la izquierda consideró que todo esto es apenas la punta de la madeja, porque, como es evidente, nos siguen llegando pruebas y vamos a seguir insistiendo hasta lograr la invalidez de la elección presidencial, por ser, a todas luces, violatoria de la Constitución General de la República.

Dijo que estamos hablando de miles de millones de pesos, porque no se trata de seis, ocho mil o 10 mil tarjetas, sino de mucho más... ¡Imagínense lo que podrían saber, si no es que ya lo saben, los funcionarios de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores!.

Sostengo como hipótesis que ya en el gobierno federal saben de lo que se trata, pero no sé por qué razón no dan a conocer lo que saben sobre el uso de dinero de procedencia ilícita, en beneficio de Peña Nieto, agregó.

Pero de todas maneras, advirtió, no les va a funcionar ocultar información, porque nosotros somos muy perseverantes, y no vamos a quitar el dedo del renglón. Lo digo por los funcionarios del gobierno federal y también para los magistrados del tribunal electoral: no se va a poder ocultar este hecho tan reprobable de querer comprar la elección presidencial, de querer comprar la Presidencia de México, (que) no tiene precio.

Precisamente la frase la Presidencia no tiene precio abre el primer espot para radio y televisión que dio a conocer la coalición Movimiento Progresista como parte del Plan en Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México.

Finalmente, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal invitó a los ciudadanos a participar de las asambleas informativas que tendrán lugar el domingo próximo y a seguir aportando pruebas sobre las presuntas irregularidades cometidas por el tricolor en la campaña presidencial.

Astillero

Pedir Naranjos al olmo

Hablar por EPN

Asesoría injerencista

Washington, BID

Julio Hernández López

SESIÓN ELECTORAL. Los magistrados María del Carmen Alanís, Constancio Carrasco y Flavio Galván, ayer durante la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sede de Carlota Armero, en Culhuacán

Foto Carlos Cisneros

 

        Ciertas pretensiones nativas de incorporar algunas variantes copetonas de ocasión al diseño estadunidense de la guerra contra el narcotráfico en suelo mexicano fueron firmemente atajadas desde Washington por el interventor designado para manejar esos asuntos, el elocuente general colombiano Óscar Adolfo Naranjo Trujillo que, actuando como voz determinante de lo que habría de hacer Enrique Peña Nieto en caso de ser instalado en Los Pinos, ha hecho saber que el mexiquense no hará pactos ni concederá tregua en esas batallas encarnizadas, y que un sexenio de tres colores se significaría por la preminencia de alianzas trasnacionales, con el vecino norteño como gran aliado.

El asomo imperativo del comisionado extranjero trata de meter orden en el disperso equipo peñanietista que juega a explorar formas de convivencia menos violenta con los bandos de narcotráfico que en esta ocasión jugaron un papel electoral importantísimo, en términos pecuniarios e incluso amenazando a funcionarios de casillas y ordenando a poblaciones que votaran en favor del partido asociado.

Una franja importante de la aportación ciudadana en votos a favor del retorno del PRI al poder tuvo como motivación la históricamente fundada expectativa de que así podrían restituirse los arreglos mafiosos que durante décadas sostuvieron la narcopaz. Carlos Salinas golpeó a caciques sindicales en busca de la legitimidad que se le regateaba (tumbó a La Quina petrolera y al profesor Jonguitud), pero Peña Nieto, si es confirmado por el tribunal electoral, tendría en el apaciguamiento de calles y carreteras una fórmula rápida en busca de legitimación de facto. Frenar las masacres y el horror instituidos por Felipe Calderón como realidad cotidiana provocaría expresiones de alivio en muchos mexicanos.

Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico no es un asunto a decidir por los mexicanos. Felipe Calderón puso en marcha el plan sanguinario que la oficina gringa contra las drogas (la siniestra DEA) decidió en Cuernavaca a finales de octubre de 2006, según han relatado Jorge Torres e Ignacio Alvarado en un reportaje que publicó El Universal el 26 de enero de 2010 (bit.ly/8u43O8).

De acuerdo con esa información, el trazo mortal del sexenio felipista fue definido por la administradora general de la DEA, Karen Tandy; el entonces director de esa misma oficina para América del Norte y Centroamérica, David Gaddis (quien había sido ejecutor del Plan Colombia y luego se asentó en México), y dos funcionarios provenientes del equipo de Vicente Fox a los que Calderón daría nuevos cargos: Eduardo Medina Mora, quien sería procurador federal, y Genaro García Luna, que acabaría siendo un virtual vicepresidente ejecutante, pieza inamovible de la estrategia de guerra y afamado productor audiovisual.

En esta ocasión, el propio Peña Nieto, siendo candidato a la Presidencia, anunció al general Naranjo como asesor el pasado 11 de junio, en un acto violatorio de la soberanía nacional al hacer el colombiano consideraciones y declaraciones relativas al proceso electoral mexicano. Además, esa designación a futuro significó una descalificación de las fuerzas armadas mexicanas que hasta ahora han llevado el peso de la guerra, con la utilización selectiva de la Marina por considerarla un cuerpo menos dañado por la corrupción y más confiable para los jefes estadunidenses que luego se quejaban de dar pistas a los militares sin que estos actuaran o haciéndolo con tardanza suficiente para que escaparan los capos detectados.

A pesar de que en diversas ocasiones se ha reportado la presencia física de extranjeros angloparlantes en operaciones de militares o marinos, hasta ahora no se había anunciado una intención abierta de conceder injerencia a un mando foráneo (Naranjo recibió grado militar de general, siendo civil, por su carrera como jefe policiaco en Colombia). El mundo de las fuerzas armadas mexicanas vive, además, una convulsión peligrosa a causa de los actos de represión que como preámbulo sucesorio en la Secretaría de la Defensa Nacional ha llevado a la cárcel a generales, entre ellos, de manera destacada, a Tomás Ángeles, aliado de Peña Nieto y crítico de García Luna.

En ese rejuego de intereses y presiones se inserta la voz de mando del general colombiano que se atreve a hablar del futuro mexicano desde Washington, en instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo al que también asesorará en materia de financiamiento de programas de seguridad pública. En México, mientras tanto, se barajan nombres de posibles encargados de la SSP y la PGR (incluso se habla de reintegrar las labores de la primera al campo tradicional de la segunda): Jesús Murillo Karam, recio operador, está en primera línea, pero también se habla del retorno del actual embajador de México en Londres, Eduardo Medina Mora, partícipe en los acuerdos de Cuernavaca en octubre de 2006, a quien Calderón relegó en la procuraduría para dar privilegio a García Luna, acusando al citado EMM de actuar en función de intereses priístas, sobre todo resistiéndose a hacer que se libraran órdenes de aprehensión contra distinguidos militantes del tricolor.

En tales condiciones, nadie deberá pedir peras al olmo copetón si es que finalmente es instalado en Los Pinos. Sembrado, protegido y comercializado por los patrones gringos, el árbol perteneciente a la familia de las ulmáceas acabará dando naranjos de producción sudamericana con gringos injertos dominantes. Ayer, desde su matriz imperial, ese Naranjo anunció la continuidad de las andanzas felipistas y se puso emotivo: Llegó la hora de ahogar un poco la voz de los victimarios para empoderar la voz de las víctimas (recuérdese que propone crear grupos de choque contra los narcos, al estilo de los paramilitares colombianos) y apostólico: Predico que hace falta un enfoque regional y trasnacional contra el crimen.

Y, mientras la Permanente ha rechazado la firma felipista del ACTA, ¡hasta mañana, con AMLO presentando más evidencias de fraude y exigiendo que las autoridades transparenten contratos y operaciones de Monex!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

¿Elecciones federales o lavadora?

John Saxe-Fernández

 

        Como una de las funciones esenciales de las instancias encargadas de la calificación de las elecciones es generar certidumbre y consenso postcomicial, ofreciendo la información de lo ocurrido para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evalúe si se apegaron o no al mandato constitucional y califique su validez o invalidez, llama la atención que Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral: 1) se sorprendió por la difusión del Informe Circunstanciado que el IFE presentó al TEPJF ¿por su inadmisible retórica, parcialidad y asumir un papel que no le corresponde?, y 2) que reaccionara como incondicional del PRI, primero medio ofendido y luego burlón, ante la solicitud formal y respetuosa de los integrantes del Movimiento Progresista –PRD, PT y MC– y del PAN para que se agilicen las indagaciones ante el Iguazú de dineros que inundó la campaña del PRI, a fin de que sean presentadas antes de la calificación, y el TEPJF cuente con elementos, ahora esenciales, para dar curso a su función. Su respuesta de que el IFE no es rehén de nadie y que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene hasta enero (2013) para resolver sobre el caso, induce lágrimas de risa por su inmadurez, y de llanto por la frivolidad y laxitud ante un panorama (y normatividad) nacional e internacional complejo, que además de lo electoral, ya incluye una institucionalidad penal y de seguridad por el presunto origen ilegal y uso de las elecciones federales mexicanas para el lavado de narcodólares. De ahí la importancia de ventilar el involucramiento de la alta narcofinanza en estos tejes y manejes (HSBC y su sucursal en México, entre otros).

 

La mencionada petición ante el IFE de fuerzas políticas que representan dos terceras partes del electorado, obedece a que, según Jesús Zambrano y Gustavo Madero, presidentes del PRD y del PAN respectivamente, cada día hay más evidencias, fuertes y contundentes, del manejo ilegal de recursos a través del Banco Monex durante la campaña del PRI, por lo que el IFE y la Fepade deben ofrecer al TEPJF los datos sobre abundantes impugnaciones (que cubren un amplio espectro), con énfasis en el rebase de los topes de gasto de campaña, la compra y coacción del voto y el presunto origen ilícito de fondos por parte del PRI. Desde el 8 de febrero AMLO propuso 12 medidas para prevenir la compra y coacción del voto, pero esa iniciativa, recordó Jaime Cárdenas, fue contestada por el IFE tres meses y medio después, rechazándola con desdén porque esos asuntos corresponden a la Fepade.

La respuesta de Leonardo Valdés Zurita más que una burla parece una movida legaloide, con el mensaje de que aquí ganan las trampas. ¿Acaso se intenta alentar la explosividad socio-política e inducir un clima de violencia, planteando a la opinión pública, y en especial a una juventud movilizada contra la manipulación mediática, que para la imposición de EPN se recurrirá a la asfixia del cauce legal, para que las graves y generalizadas violaciones no se presenten antes sino a toro pasado, luego de que el TEPJF emita su sentencia?

PRD y PAN ya plantearon que la PGR y su Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se encargue de aclarar el origen de los dineros. Validar las elecciones sin aclarar la triangulación de fondos y la magnitud del rebase, de la compra de votos y el origen del dinero, sea de fuentes públicas o delincuenciales, además de violar la Constitución y las leyes relacionadas con delitos por narcotráfico y lavado, acarrea rompimientos con tratados y convenios internacionales.

Desde hace 20 años, cuando se ampliaron las oportunidades de corrupción a niveles inimaginables, existen documentos e investigaciones de la Red para la Persecusión de Delitos Financieros y del Senado de Estados Unidos, sobre la incidencia del dinero ilícito en el sistema. Dada la imbricación del lavado con el aparato financiero desde que se puso en marcha el vasto y corrupto programa de privatizaciones y sus megamillonarios, la tolerancia en el uso de las elecciones como lavadora acarrearía efectos penales y no sólo políticos y económicos.

jsaxef.blogspot.com