ASTILLERO- Razones para invalidar- La defensa del voto

Astillero

FC y EPN se blindan

Tribunal desahuciado

AMLO: leyes y calles

Proyecto Margarita

Julio Hernández López

RESCATE EN IZTAPALAPA. Elementos de la Policía Federal realizaron ayer un operativo en la delegación Iztapalapa, durante el cual detuvieron a siete presuntos secuestradores y rescataron a una mujer que mantenían retenida en una casa de seguridad ubicada en la calle Las Rosas, de la colonia Citlali

Foto Alfredo Domínguez

      Fue una exhibición cruda de golpismo electoral, un desfile de modas autoritarias, una muestra del catálogo sexenal por venir (que, en realidad, ya llegó), una confesión contundente de la alianza bipartidista nuevamente tejida, una descarnada forma de presionar a los magistrados del tribunal de por sí tan proclive a obedecer la línea en favor del peñanietismo, una obscena escenificación de complicidades fortificadas en Los Pinos que creyeron urgente cancelar a los ojos de los mexicanos cualquier esperanza en lo electoral, tanto en el ejercicio en las urnas como en las vías jurídicas de objeción y corrección posteriores.

El manotazo político fue dado con reloj político en mano: virtualmente a la misma hora en que recibía paquetes de impugnaciones el tribunal electoral federal, así borrado del mapa real sin guardar siquiera las formas, y a 18 horas de que el principal opositor a la imposición se apareciera ante la prensa para anunciar su plan de lucha y, supuestamente, nuevas pruebas contundentes del fraude tan mentado (anuncios que finalmente no se produjeron, posponiendo López Obrador la presentación de la hoja de ruta de combate para este viernes y dejando en suspenso los datos que renovarían escándalos, según eso relacionados con retiros bancarios multimillonarios del operador estelar del peñanietismo, el corregidor Videgaray).

A propósito de la conferencia lopezobradorista ha de decirse que fue a contracorriente de lo esperado. Más pruebas a acumular en un expediente jurídico que sólo con mucha buena voluntad puede suponerse que será atendido sin consigna y con sentido justiciero por el tribunal electoral federal. No es poca cosa señalar que el presunto presidente Peña habría obtenido su formal victoria echando mano del recurso delictivo de lavado de dinero. Es una acusación grave, al igual que la exigencia de que las autoridades correspondientes, las electorales y las gubernamentales, actúen en consecuencia o se acepten como cómplices susceptibles de denuncia penal.

El plan de lucha política no fue dado a conocer, pero diversas voces internas anuncian que se buscará difundir por el país los alegatos en busca de invalidación, explicarlos, levantar firmas de apoyo y seguir los senderos legales tanto nacional como interamericano. Batalla legal y movilización social acotada, con la esperanza puesta en lo que de manera pacífica hagan los jóvenes y otros segmentos sociales no partidistas ni obligados a respetar pactos de civilidad.

Dijo el presunto presidente Peña (PPP, aunque se aceptan propuestas para la tercera pe) que de reformas habló con el presunto presidente pinolero actual, el saliente Felipe que tan a gusto se ve en estos espectáculos de marrullería política sin tapujos. Lo que no pudo negociar el calderonismo porque lo obstruyó el peñanietismo en las cámaras, sobre todo la de diputados, podría realizarse ahora bajo acuerdo de los priístas, el panismo, los verdes y el gordillismo.

En el partido que se apresta a dejar el poder formal están por resolverse algunas incógnitas. Gustavo Madero ha sido presidente de fachada del comité nacional panista. Rompió la racha de imposiciones que había colocado en el liderazgo formal del PAN a verdaderos instrumentos de la voluntad de Los Pinos: Germán Martínez y César Nava, ahora devueltos a sus niveles políticos verdaderos. Pero por ello tuvo y tiene en contra a Felipe Calderón, que ahora dedica su tiempo a la intriga partidista, con la mira puesta en Madero, al que se pretende relevar en pocos meses para instalar a una pieza plena del calderonismo, que recoja la pedacería del jarrito reventado en estos comicios recién pasados y comience a construir la expectativa de vuelta familiar al poder, con la ya emplazada Margarita Zavala Gómez del ABC, perdón, del Campo, como precoz precandidata.

En ese reacomodo de cartas ha saltado una peculiar designación: la candidata presidencial de reducida fuerza política personal y sabida orientación al sacrificio (pieza de negociación con el peñanietismo), Josefina Vázquez Mota, ha aceptado ser la coordinadora de acción política del comité nacional panista, presuntamente por decisión del débil Madero, aunque todo apunta a que se trata de una decisión del intrigante FC. La excandidata ha hecho desfiguros varios: se rindió el domingo 1º cuando ni siquiera había comenzado la cuenta de protección (oficialmente, aún no había caído a la lona), luego pretendió asumirse como súbito fenómeno político que encabezaría un movimiento social que formarían sus millones de votantes y finalmente se fue de significativas vacaciones al extranjero.

La propia Chepina está interesada en presidir lo que queda del PAN, pero no sólo le es adversa la consideración generalizada de que ayudó con mucho a la derrota que de por sí le estaba predestinada desde Los Pinos, sino que además tiene enfrente la misma voracidad oscura de su verdugo a plazos, el antes citado Calderón, a quien algunos ven con clara disposición a encabezar personalmente el comité nacional panista. Claro está que de esa manera garantizaría buen cauce para la pretensión de hacer candidata presidencial a su esposa Margarita (proyecto movido por el frío cálculo político y no necesariamente por la calidez conyugal) y continuaría con la ruda tarea de imponer a sus cercanos en cargos importantes y posiciones plurinominales viables (como sucedió en esta ocasión: perdió Josefina, pero ganó Calderón con su familia y amigos instalados en las cámaras).

Sin embargo, habrá de verse si el signo de la muerte impuesto tan aplicadamente por FC en términos cualitativos y cuantitativos no le impedirá cualquier pretensión, al menos en el corto y mediano plazos, de desarrollar actividades políticas de manera abierta, como exige un liderazgo partidista, a menos que, como sucedió con la hermana Cocoa en Michoacán, los mítines y la grilla panista se realicen entre blindajes militares y policiacos, con más personal de custodia que asistentes a los actos panistas.

Y, mientras sigue el escándalo del HSBC, ¡hasta mañana, con el general Ángeles en espera de libertad!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Razones para invalidar

Jorge Eduardo Navarrete

      Se han agrupado en siete rubros las numerosas razones que dan base a la demanda de invalidez de la elección presidencial de 2012 presentada por la coalición Movimiento Progresista. Coinciden con la denuncia de acciones de inequidad presentada por Acción Nacional. No se trata de una coincidencia, sino de una prueba más de una visión compartida por la mayoría de los ciudadanos: México ha vivido una elección presidencial viciada, marcada por la inequidad, en la que no se garantizó ni la autenticidad ni la libertad del voto. El examen legal de las razones para impugnar la elección, conducido y procesado con rectitud por la autoridad concernida, deberá dar lugar a declarar la invalidez del proceso y su reposición en los términos de la ley. Ante la demanda del Movimiento Progresista y la denuncia del PAN se enfrenta una serie de descalificaciones que conviene evaluar. Examinemos las razones para invalidar y las sinrazones para desecharlas.

La más socorrida consiste en afirmar que si se impugna la presidencial, deberían impugnarse las demás elecciones celebradas en la misma jornada. Se ignora que se trata de procesos diferentes, aunque simultáneos. En la primera se acumulan la atención, los recursos y las acciones ilegales para predeterminar indebidamente el resultado. Si bien puede decirse que en todos los comicios del primero de julio hubo alguna irregularidad, en el presidencial aparecieron las razones para impugnar y es donde existen razones suficientes para invalidar. Suele aludirse también a las complicaciones que se derivarían de la declaración de invalidez y de la reposición del proceso. Son evidentes. No es sencillo y sus costos distan de ser triviales. Sin embargo, es más costoso declarar válida una elección viciada y condenar a la nación a vadear un sexenio más bajo un gobierno marcado por la ilegitimidad de origen, surgido no del sufragio efectivo sino del “haiga sido como haiga sido”, elevado al rango de lema nacional.

Las operaciones de compra y coacción del voto –una de las más graves irregularidades que viciaron la elección presidencial y que determinan su invalidez– fueron denunciadas antes de la jornada comicial. En el caso conocido como Monexgate, la autoridad realizó una investigación preliminar, que determinó la existencia de los hechos denunciados, pero negó las medidas cautelares solicitadas, aplicando una noción juridicista de suficiencia de pruebas, en lugar de priorizar la necesidad de establecer certeza jurídica, anulando la eficacia del presunto ilícito. El caso paralelo conocido como Sorianagate, sobre cuya vastedad y alcance se han publicitado indicios abrumadores, tanto en los medios como en las redes sociales, denunciado también antes de la elección, sólo ha empezado a ser investigado con posterioridad a la elección. Se hallan también en este capítulo las operaciones realizadas por gobiernos estatales emanados del PRI para movilizar a grupos de votantes inducidos que se documentan con amplitud en la denuncia del Movimiento Progresista. Se ha señalado que, una vez depositado en la urna, es indistinguible un voto comprado o producto de la coacción de otro emitido en forma libre. No es posible la cuantificación precisa de los primeros. En cambio, es posible determinar la magnitud de las operaciones de compra y coacción y llegar a estimaciones cuantitativas. La del Movimiento Progresista podrá ser afinada o corregida por la autoridad, que dispone de mayor capacidad de pesquisa. El TEPJF debería recibir de la procuraduría especial información al respecto, aun de carácter inicial, para tomarla en consideración al calificar la elección.

La evidente violación de los topes para el gasto de campaña por la coalición Compromiso por México constituye otra razón poderosa para invalidar. Es inadmisible, a la luz de los criterios constitucionales de autenticidad y libertad, que se le considere como una mera falta administrativa, sancionable a posteriori por medio de amonestaciones o multas. De prevalecer este criterio, se estará validando que sea el dinero—tanto el que se eroga directamente en las campañas como el que se emplea en la construcción de candidaturas a través de los medios, incluyendo la manipulación y uso propagandístico de encuestas– el elemento de mayor importancia de los procesos electorales en México.

Un destacado analista político mexicano ha hecho notar que los partidos políticos del Movimiento Progresista y la agrupación Morena debieron haber sido más eficaces en prevenir y denunciar con oportunidad, precisión y rigor las acciones de compra y coacción del voto y de gasto excesivo en las campañas. Ha señalado también que los alegatos contenidos en su documento de denuncia (disponible, inter alia, en www.amlo.org.mx) podrían haberse formulado con mayor rigor y fundamento. Es evidente que las cosas podrían haberse hecho mejor. Aun con sus insuficiencias, la denuncia constituye un alegato formidable, con señalamiento de elementos probatorios. Deberá ser examinado y ponderado en toda su dimensión por el tribunal. Habría que agregar que, en una denuncia de actos delictuosos, como la compra o coacción del voto, es a la autoridad a la que corresponde realizar la investigación de los hechos denunciados. Suele asegurarse que el denunciante debe probar plenamente su dicho. No es así. Al denunciante compete fundamentar, lo mejor que le sea posible, su denuncia, pero la investigación de la misma y la determinación de la verdad es tarea de la autoridad.

La demanda de invalidez de la elección presidencial de 2012 que presenta la coalición Movimiento Progresista es, sobre todo, una muestra evidente de apego a la institucionalidad democrática del país. Es de esperarse que sea considerada y procesada con apego a la ley, con rectitud y amplitud de criterio. Sería inconcebible un veredicto del tribunal similar al de hace seis años. Cómo aceptar una sentencia que reconozca que son ciertas las irregularidades denunciadas, pero que las mismas no afectaron el resultado de la elección, por lo que se declara su validez. Tal desenlace sería un golpe de muerte a la incipiente y maltratada democracia electoral en México.

La defensa del voto

Soledad Loaeza

      En la confusión poselectoral tirios y troyanos nos exhortan a defender el voto. Tanto los grupos reunidos en Atenco como quienes propugnan la validez de los resultados de la votación del pasado primero de julio, entonan el mismo tema: hay que defender el voto. Pero mientras unos hablan de sufragios que imaginan, otros se refieren a las boletas que fueron efectivamente cruzadas por los ciudadanos, depositadas en las urnas y contadas por otros ciudadanos. Es probable que muchas de ellas hayan sido compradas, como denuncian los lopezobradoristas y los panistas, pero es difícil demostrarlo. Además habría que recordar cómo durante la campaña tanto Josefina Vázquez como Andrés Manuel López Obrador aconsejaron a los votantes que recibieran las despensas que se les ofrecían, o lo que se les diera a cambio de un presunto compromiso con el candidato dadivoso, al fin y al cabo en la soledad de la mampara uno podía votar como uno quisiera.

La consigna de defender el voto que lanzaron el Yosoy132 y 299 organizaciones más que se reunieron en Atenco en la primera Convención Nacional contra la Imposición (Alma E. Muñoz, La Jornada, 17/7/12) resulta, por lo menos, ambigua.

En mi caso, como en el de muchísimos otros, la amenaza a mi sufragio tal como lo emití, independientemente de mi preferencia, proviene de quienes se proponen modificarlo o anularlo desde la calle, con movilizaciones y acciones colectivas de protesta. Los convencionistas han emprendido la batalla en defensa del voto que ellos creen que fue emitido, contra adversarios que son precisamente las instituciones que deben defender mi voto y los sufragios de cerca de 33 millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel López Obrador para presidente.

En realidad, la Convención Nacional contra la Imposición está luchando contra los votos que favorecieron a candidatos distintos de López Obrador, quien, en la muy autoritaria opinión de los convencionistas, tenía que haber ganado, porque así lo han decidido ellos. Es decir, estamos frente a una movilización antielectoral que impulsa la acendrada desconfianza de la izquierda revolucionaria frente al voto, al que siempre ha visto como un instrumento de la democracia burguesa para la explotación de los trabajadores.

Y aquí aparece la mayor contradicción del movimiento en contra de la elección pasada: tanto el PRD como el PT y el Movimiento Ciudadano han aceptado sin protestar los resultados de las elecciones legislativas que les fueron muy favorables. No cuestionan el número de diputados y senadores que alcanzaron en conjunto y que suman más de un centenar; en ese caso las izquierdas registraron una notable recuperación y mal harían en comprometer sus ganancias.

No obstante, poco les importa la inconsistencia que supone descalificar los resultados de la elección presidencial, y dar por buenos los de las legislativas y de las elecciones estatales de Morelos y Tabasco, donde conquistaron sendas gubernaturas, y, desde luego los del Distrito Federal, donde simplemente se afianzó la hegemonía que ejercen desde 1997. Ni siquiera se detienen a explicar cómo procesan intelectualmente la separación de los votos para presidente de los sufragios para los otros cargos que estaban en juego; pero al menos intuitivamente supongo que hacer una trampa así de sofisticada requería de una cantidad de recursos y esfuerzos que no estaban a disposición de nadie. (Debe ser muy duro para López Obrador ver a su viejo contrincante, Arturo Núñez, llegar a la gubernatura de su estado natal, Tabasco, a la que él también aspiró, de la mano del PRD que el mismo Núñez combatió desde el PRI y desde la subsecretaría de Gobernación.)

Muchas otras contradicciones minan la veracidad de las denuncias de la movilización antielectoral. Por ejemplo, el empeño inicial en presentarse como una iniciativa apartidista, cuyo principal objetivo era enjuiciar a las televisoras y poner un límite a su parcialidad a favor del candidato presidencial del PRI, y a la consecuente inequidad de la campaña presidencial. Sin embargo, ahora ha quedado bien establecido que el movimiento que lanzaron los estudiantes de la Iberoamericana se expandió a favor de López Obrador. Tan es así que los convencionistas se han comprometido a impedir la asunción al poder presidencial de Enrique Peña Nieto, digan lo que digan las autoridades electorales como el TEPJF; pero esta postura maximalista se acompaña de un exhorto a las bancadas de las izquierdas para que se mantengan unidas en torno a AMLO.

No obstante el apoyo expreso de los convencionistas a la causa lopezobradorista, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, ha negado los vínculos entre ellos y los partidos de las izquierdas. Ha dicho que el lopezobradorismo institucional –por llamarle de alguna manera– no le da línea a la convención, que tampoco tienen por qué frenar su radicalismo. Sin embargo, los convencionistas están trabajando para ellos; su pasión, a la que se refiere Zambrano como si se tratara de un rasgo simpático de la juventud, es una carta de negociación para los flamantes legisladores de las izquierdas que, como el senador Manuel Bartlett, habrán de trabajar por una agenda política que coincide con las propuestas de los convencionistas.

Yo me pregunto qué habría pensado, y, sobre todo, qué habría hecho para defender el voto el senador Bartlett en 1988, cuando era secretario de Gobernación, si la Convención Nacional contra la Imposición hubiera existido. Su presencia es sólo un dato más que se suma a las contradicciones del contexto actual, en las que ahora sí no sabemos quién defiende qué ni por qué.