Formaliza PRD invitación al PRI a debatir sobre gastos de campaña- ¿Hacia un interinato?- ¡Basta a las tragedias mineras de Coahuila!

Conflicto poselectoral

Se debe poner por delante el cumplimiento de la ley, considera Zambrano

Formaliza PRD invitación al PRI a debatir sobre gastos de campaña

Dejan perredistas a Joaquín Coldwell opción para elegir la fecha del encuentro

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Viernes 27 de julio de 2012, p. 5

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, formalizó ayer al dirigente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, la invitación a debatir sobre los gastos de campaña de sus respectivos candidatos presidenciales.

Mediante una misiva, Zambrano manifestó a Joaquín Coldwell que se encuentra convencido de que, ante el cruce de acusaciones sobre presuntas irregularidades cometidas en ambas campañas, deben poner por delante la verdad sobre el cumplimiento de la ley.
Dejó al priísta la opción para definir el día y la hora para el encuentro, pero ante el árbitro que acordemos, ya sean instancias del IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o medios de comunicación, para que presentemos cada quien las pruebas de las que disponemos.
Estableció que de esta manera fortalecerán la certidumbre de un proceso electoral que hoy enfrenta severos cuestionamientos y contribuiremos a la construcción de la próxima Presidencia de la República sobre bases legítimas y legales.

Edificio donde operan las empresas contratadas por el PRI para realizar supuestos actos ilegales en la campaña

Foto María Meléndrez Parada

 

Zambrano recordó a Joaquín Coldwell que durante y después de las elecciones “se han ventilado ante la opinión pública numerosos casos de violaciones legales relacionadas con la campaña de su candidato, Enrique Peña Nieto; ejemplo de ello son el caso Monex, el Sorianagate, el lavado de dinero y, como hemos señalado reiteradamente, el rebase de topes de campaña”.

Asimismo, tanto Andrés Manuel López Obrador como la coalición Movimiento Progresista seguiremos presentando las pruebas de estas faltas de extrema gravedad, advirtió.

También mencionó que así como varios dirigentes del PRI, incluido él, como presidente del mismo, han calificado como falsas estas acusaciones y han dicho que están dispuestos a demostrarlo públicamente, han hecho graves acusaciones en contra de López Obrador queriendo hacer parecer que nosotros también violamos la ley, lo cual rechazamos tajantemente.

¿Hacia un interinato?

      Conforme pasan las semanas tras la elección del pasado primero de julio, se consolidan los elementos de juicio para ponderar las gravísimas fallas en que incurrió la institucionalidad electoral, así como los factores de distorsión de la voluntad popular: el papel de los medios electrónicos y de las dudosas encuestas en la inducción indebida de tendencias, la flagrante inyección de recursos económicos para la compra de votos, el origen opaco de tales recursos, la sistemática negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) a frenar las anomalías durante las campañas y, para rematar, el desaseo tradicional en el manejo de la papelería y la documentación empleadas en los comicios.

 

Las pruebas de distorsión electoral presentadas hasta ahora por el Movimiento Progresista y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, han cimbrado a la opinión pública y hasta los medios que le son tradicionalmente adversos han debido hacerse eco de tales informaciones. Los componentes irregulares en la conformación de los resultados oficiales favorables al abanderado priísta, Enrique Peña Nieto, han terminado por generar la extendida certeza de que en el primer semestre de este año el Partido Revolucionario Institucional realizó una campaña inequitativa, opaca y posiblemente vinculada a la comisión de delitos que culminó en una elección ajena a lo planteado en el artículo 41 de la Constitución.

En los días transcurridos desde la elección, el IFE, por su parte, ha terminado por exhibir una pacialidad incompatible con su tarea constitucional y legal. Ejemplo de ello es la acendrada e improcedente defensa en la que se enzarzó ayer el presidente del organismo, Leonardo Valdés Zurita, del cuestionado papel de las casas encuestadoras y de su presumible función no como presentadoras de tendencias electorales, sino como inductoras de ellas para favorecer al ex gobernador mexiquense.

La validación de una elección manifiestamente irregular y turbia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como la toma de posesión de un político que, según se ve, genera rechazo en la mayor parte del electorado sería, en estas circunstancias, un duro golpe a la legalidad y la institucionalidad, a la ética republicana y a la armonía social. Ante esta perspectiva, la propuesta formulada ayer por el ex candidato de las izquierdas, en el sentido de que el TEPJF invalide el proceso y que el Legislativo conforme un gobierno interino, puede constituir una salida adecuada a la crisis política, una solución institucional y constitucional para resolver la crispación presente.

La designación de un presidente interino por el Congreso significaría aplicar el marco legal, no interrumpirlo ni alterarlo, toda vez que esa vía está prevista con toda claridad en el artículo 84 de la Constitución.

En la hora presente es necesario que los integrantes del TEPJF se ciñan a la letra y al espíritu de la Carta Magna y de las leyes electorales, para actuar con altura de miras y sentido histórico y nacional; que no se limiten a despachar un trámite, sino que operen para evitarle al país una nueva administración carente de legitimidad –como la que está por terminar– y una fractura social de consecuencias impredecibles.

Cabe esperar que ese mismo espíritu florezca entre los legisladores y el conjunto de la clase política, independientemente de su signo partidario.

¡Basta a las tragedias mineras de Coahuila!

Jaime Martínez Veloz

 

      De nueva cuenta Coahuila está de luto: en el municipio de Múzquiz una explosión de gas metano provoca una nueva tragedia donde mueren siete mineros en un pocito de carbón.

 

Desde que tengo uso de razón, recuerdo las recurrentes tragedias relacionadas con las minas de carbón en mi estado natal. Barroterán, Pasta de Conchos, son nombres grabados en la memoria colectiva, de tragedias que han impactado la conciencia nacional.

La búsqueda de culpables y el reparto de responsabilidades se queda en lo inmediato. Las condiciones de trabajo son deplorables, la vida de los mineros es un auténtico infierno; sin embargo, el Estado mexicano sigue sosteniendo un modelo económico que impacta directamente en la aparición de estas recurrentes tragedias.
El componente principal del gas grisú es el metano y se forma a la par del carbón. Dicho gas en un 95 por ciento se encuentra absorbido por el carbón y el otro 5 por ciento se encuentra libre entre grietas y fisuras del propio carbón. Dependiendo de la densidad y concentración del gas metano dentro de las minas, se incrementa o disminuye el riesgo de explosión.

Las normas internacionales en materia de minería recomiendan primero la extracción del gas grisú de las minas de carbón para evitar intoxicaciones, asfixia, accidentes o explosiones. Con este procedimiento, de llevarse a cabo industrialmente, se aprovecharían las ventajas de este hidrocarburo para efectos de garantizar una parte del consumo nacional.

Actualmente, ante las enormes restricciones hacendarias, que hacen prácticamente imposible la explotación comercial de los depósitos de gas por productores nacionales, debido a las altas tasas tributarias que hacen prácticamente imposible la producción nacional de gas, se opta por ventear el gas grisú, es decir, dejarlo escapar al medio ambiente, para reducir los riesgos de explosiones, situación que impacta en el efecto invernadero, dado que dicho gas es 21 veces más contaminante que el bióxido de carbono.

Esta situación se produce debido a la existencia de una clara orientación de la política energética a favor del capital extranjero, ya que mientras que por un lado se grava considerablemente la producción nacional de gas, lo que impide el desarrollo de la industria y la protección de la vida de los trabajadores mineros, por otro lado se exenta en el pago de impuestos de importación de gas a las compañías extranjeras. No existe ningún argumento que justifique esta situación

Para el gobierno federal, más importante que el interés nacional, las empresas mexicanas, o el costo en vidas de los mineros, es sobreproteger a las empresas extranjeras y contribuir a que éstas obtengan jugosas ganancias en México. Esta contradicción no se trata de un asunto medible sólo en términos de pesos y centavos, se trata, sí, de un gran saqueo al país, pero sobre todo de una enorme desgracia nacional, de algo dramático, porque ha causado la pérdida de muchos cientos de vidas humanas.

La preferencia del gobierno federal por las empresas extranjeras se aprecia mejor cuando se tienen estimaciones de que el volumen de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral es de 2 mil 384 billones de pies cúbicos en el subsuelo, y que podrían recuperarse y aprovecharse más de 3 mil millones de pies cúbicos por día, que actualmente se desaprovechan y dañan la capa de ozono.

Explotar este enorme potencial energético del gas proveniente del carbón mineral contribuiría a reducir la demanda de gas natural y constituiría una formidable competencia para las empresas trasnacionales que están importando gas –sin pagar impuestos– para su distribución en el país o para producir electricidad que posteriormente transmiten a Estados Unidos”.

El actual esquema impositivo sobre Petróleos Mexicanos es abrumador. “Tiene que aportar a la Tesorería de la Federación y al fisco cientos de millones de pesos diariamente por concepto de pago de derechos e impuestos. Es una situación plena en injusticia que Pemex cargue con el país mientras que, en una actitud entreguista, se brindan todas las facilidades, exenciones, prebendas y canonjías a las empresas extranjeras. El que no se cobren impuestos a la importación de gas natural implica una pérdida recaudatoria de muchos millones de pesos, lujo que México, país con decenas de millones de pobres, no puede darse.

Desgravar la recuperación y el aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral beneficiaría a las tres principales regiones carboníferas que existen en México, ubicadas en los estados de Oaxaca, Sonora y Coahuila, con los consecuentes beneficios económicos, para la protección de la vida de los trabajadores mineros y para la atmósfera de nuestro planeta. El que se fomente y proteja la producción nacional de gas sentaría las bases para una sana exploración y explotación de las enormes cantidades de gas metano, ya confirmadas, que existen en el lecho marino del Golfo de California y los nuevos descubrimientos de gas metano en la zona norte de nuestro país.

No es posible que se siga permitiendo la exención de derechos al gas de importación proveniente del extranjero, mientras a la producción nacional se le impongan tasas que hagan incosteable la explotación del gas que existe en el subsuelo y los lechos marinos de nuestro país. La reducción de los accidentes en las minas mexicanas pasa por la modificación de este inequitativo modelo.