La mafia de los casinos, al amparo de funcionarios judiciales
El casino Royale después del ataque.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
Detrás del funcionamiento de muchos casinos se ocultan corruptelas que
únicamente salen a la luz cuando ocurren tragedias como el incendio provocado
del casino Royale, en la ciudad de Monterrey. El Consejo de la Judicatura
Federal suspendió e investiga a funcionarios judiciales que supuestamente
favorecieron la operación irregular de estos establecimientos mediante la
concesión de amparos y suspensiones de clausuras. Peor aún, de acuerdo con una
denuncia de hechos, uno de los jueces suspendidos, Armando Jerezano Treviño,
forma parte de una banda que se dedica a extorsionar a empresarios del
juego.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Luego de la tragedia ocurrida en agosto del año
pasado en el casino Royale de Monterrey, Nuevo León, donde murieron más de 50
personas, afloraron presuntos contubernios de funcionarios del Poder Judicial
federal con políticos, empresarios del juego y narcotraficantes.
A 10 meses del ataque perpetrado por sicarios de Los Zetas, jueces,
magistrados, secretarios y abogados aparecen vinculados a una amplia red de
corrupción. Muchos de ellos han sido suspendidos de sus funciones o son
investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que
otorgaron amparos para favorecer la operación de casinos irregulares. En el
ámbito de las investigaciones del caso persiste la sospecha de que estos
funcionarios judiciales tienen nexos con el narcotráfico.
En esta red de complicidades figuran políticos panistas, como el alcalde de
Monterrey, Nuevo León, Fernando Larrazábal, cuyo hermano Jonás fue videograbado
cuando presuntamente recibía un soborno para brindar protección al casino Red,
por lo cual fue encarcelado.
En septiembre último fue suspendido y sometido a investigación Álvaro Tovilla
León, juez noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal,
tras el encarcelamiento de Esiquio Martínez Hernández, secretario de acuerdos en
ese juzgado, a quien se le descubrió una cuenta bancaria y propiedades por 50
millones de pesos.
Tovilla estaba en la mira de las autoridades federales no sólo a raíz de la
detención de Martínez Hernández, sino porque en 2007 dejó sin efecto una
clausura que el municipio de Monterrey, Nuevo León, le impuso al casino
Paradise, que operaba con protección policiaca y sin permiso de la Secretaría de
Gobernación.
Según investigaciones de la PGR, al día siguiente de que Tovilla levantó la
clausura al casino, en la cuenta de su secretario de acuerdos fueron registrados
varios depósitos por 400 mil pesos.
Las entregas de dinero también alcanzaron a José Alfonso Solís Navarro,
magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien “renunció” a su
cargo tras el ataque al casino Royale, en agosto de 2011. En realidad fue
obligado a renunciar, pues desde hacía tiempo se le investigaba por favorecer a
diversos centros de apuestas mediante una serie de resoluciones legales que
están siendo revisadas por altos funcionarios del Poder Judicial.
En mayo de 2011, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández,
ordenó la clausura de una casa de apuestas instalada junto al casino Royale, por
considerar que se estaba ampliando sin contar con los permisos correspondientes.
La suspensión de actividades fue frenada por Solís Navarro, quien argumentó que
los trabajos obedecían a una simple remodelación del sitio.
Con estos antecedentes, al ocurrir el atentado contra el Casino Royale,
Fernández exigió el encarcelamiento del juez al considerarlo moralmente
responsable de la tragedia, ya que desde su alta posición propiciaba la
instalación de casinos en ese municipio.
Caso inaudito
A la lista de jueces suspendidos e investigados tras descubrirse las redes de
corrupción operadas por los empresarios del juego también se sumó Ricardo Hiram
Barbosa Alanís, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito en Nuevo León, quien entre sus antecedentes registra amparos y
resoluciones judiciales que favorecieron a casinos de Monterrey, como el
Sport-Zone, Poker City Live y Revolución.
El caso más sorprendente –y que abre nuevas líneas de investigación para
conocer los presuntos vínculos de jueces, empresarios del juego y el
narcotráfico– es el de Armando Jerezano Treviño, quien hasta septiembre de 2011
se desempeñaba como juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima
Región del estado de Coahuila.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a este juez y lo
investiga por emitir resoluciones favorables, aparentemente en forma indebida, a
establecimientos de juegos y sorteos de la empresa Atracciones y Emociones
Vallarta, que operó asimismo el casino Royale y otros centros de apuestas en el
país.
Junto con Jerezano Treviño también fue suspendido y está siendo investigado
Gerardo Tiscareño Mercado, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en La
Laguna y a quien se identifica como subordinado del juez.
En 2008 Jerezano Treviño fue titular de un juzgado en la Comarca Lagunera,
región donde existe una intensa actividad de narcotráfico y lavado de dinero. En
ese año concedió un amparo que lo colocó bajo sospecha, pues provocó que la
Secretaría de Gobernación le ampliara un permiso a la empresa Atracciones y
Emociones Vallarta para operar y explotar 41 centros de apuestas remotas y salas
de sorteos y números en todo el país.
Tras la suspensión de este juez, el CJF informó: “El Pleno del consejo
resolvió suspenderlos temporalmente –a Jerezano Treviño y a Tiscareño Mercado– a
fin de facilitar las indagatorias que se llevan a cabo en torno a distintos
señalamientos relacionados con acciones que habrían beneficiado, de manera
indebida, la operación de establecimientos de juegos y sorteos.
“Las investigaciones del juez Jerezano y del secretario Tiscareño se
encuentran vinculadas con el caso que, desde mayo pasado –de 2011–, también
propició la suspensión del juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en
el estado de Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís.”
Eso no es todo: A pesar de estar suspendido y bajo investigación por
presuntos actos de corrupción, al juez Jerezano Treviño se le vincula con un
intento de despojo en contra de Arturo Ignacio Cardona Calderón, socio de la
empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, que opera el casino La Fortuna, en
Monterrey, Nuevo León.
De acuerdo con la denuncia 1742/2012, interpuesta por Cardona Calderón ante
la Procuraduría General de Justicia estatal y el CJF, el 14 de mayo último,
cerca de las dos de la tarde, él se encontraba en sus oficinas de la avenida
Frida Kahlo 195, en la suite 906 del edificio Torre Vértice.
Declaró que a esa hora llegó a su oficina un grupo de cinco personas
encabezado por Manuel Balderas Martínez, quien dijo formar parte de un grupo
criminal y estar al servicio de Luis Armando Jerezano Treviño, el juez
suspendido.
En los videos de las cámaras de seguridad del edificio Vértice aparece
Balderas Martínez. De pelo canoso, bigote espeso y camisa blanca, iba acompañado
por Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel, Antonio Orlando Balderas Martínez y
Manuel Balderas Ramírez.
Según el denunciante los visitantes se anunciaron en la recepción del
edificio Vértice:
–Buscamos a Arturo Ignacio Cardona. Es urgente –dijeron.
–¿Quiénes son ustedes? –preguntó la recepcionista.
–Llámele, rápido –dijo uno de los integrantes del grupo.
La recepcionista los anunció. Como Cardona Calderón conocía a Antonio
Cuauhtémoc Ramírez Voguel, accedió a que subiera a la suite, pero aclaró: “que
venga solo”.
En la sala de juntas, Ramírez Voguel expuso que iba de parte de Luis Armando
Jerezano Treviño (el juez suspendido) y que las personas que lo acompañaban
trabajaban para él. Le dijo a Cardona Calderón que debía acompañarlos a una
notaría para que cediera sus acciones de la empresa Recreaciones de Habilidad y
Destreza, S.A. de C.V., operadora del casino La Fortuna, ubicado en la avenida
Fidel Velázquez 1513, local 11, colonia Central, en Monterrey.
Al principio, Cardona pensó que su interlocutor bromeaba y soltó una
carcajada. Sin embargo, Ramírez Voguel dio un manotazo en la mesa y le
soltó:
“¡Mira, pendejo, te va a cargar la chingada a ti y a tus hijos si no cumples
con lo que te estoy diciendo! Armando (el juez) está bien relacionado y te va a
mandar a matar; van a levantar a tus hijos si no me haces caso. ¿O crees que los
de afuera (la gente que aguardaba en la recepción) vienen a pasear?”
Aún no terminaba su perorata cuando irrumpieron en la suite los hombres que
lo acompañaban. Manuel Balderas, quien se identificó como miembro de un grupo
criminal, se dirigió a Cardona Calderón y le dijo: “Vas a venir conmigo, cabrón,
quieras o no, y vas hacer lo que yo te diga o se mueren tus hijos. Nomás dime si
no, para llamar al otro grupo que está ahí abajo”.
En su denuncia, Cardona detalla las amenazas recibidas:
“En ese momento sentí que corría peligro mi vida y la de mi familia, pues una
de las personas que iba con ellos y que tenía la cabeza rapada (…) y con la
barba de candado se tocaba la cintura como si trajera un arma escondida bajo su
ropa y se ponía siempre detrás de mí, como procurando que yo no me pudiera
defender. Además, ellos eran cinco personas, por lo que no me quedó otra
alternativa que acompañarlos, saliendo por la parte interior de la oficina y
diciéndole en ese momento a mi hermano Pedro, que se encontraba presente, que no
se preocupara, que tenía que acompañar a esas personas y que después me
comunicaba con él.”
Bajo amenaza de muerte, Cardona salió de sus oficinas con el grupo que lo
intimidó. En el video grabado por las cámaras de seguridad del edificio Vértice
se observa cómo suben al elevador y, adentro, Manuel Balderas le apunta con el
dedo índice y lo vuelve a amenazar. Según el denunciante, le dijo: “Si no
cumples, te mueres, hijo de puta”.
Cuando llegaron a la notaría 35, a cargo de Ricardo Efraín Vargas Goeves,
Manuel Balderas le ordenó a Cardona que llamara a sus dos socios, Jesús González
y Francisco Sergio Jiménez Escobar, para que firmaran la venta de sus
acciones.
Expone Cardona en su denuncia:
“Cumpliendo con lo que me indicaba esa persona, quien se identificaba como
don Manuel, utilicé mi radio Nextel y le marqué a Jesús González, a quien le
dije: ‘Chuy, te tengo en altavoz; estoy en una notaría con unas personas que van
a ser tus nuevos socios. Me dicen que te diga que no tengas miedo, que te van a
respetar tu parte, pero que vas a tener que venir a firmar’. Me preguntó si yo
estaba bien, y como me encontraba amenazado le dije que sí, que tenía que venir
a la notaría a firmar unos papeles cuando regresara de su viaje fuera de
Monterrey.
“… Siguiendo las instrucciones de don Manuel le llamé a Francisco Sergio
Jiménez Escobar, dirigiéndome a él como me instruyeron: ‘Sergio, por favor
necesito que vengas a la notaría pública 35 a firmar unos papeles donde estás
vendiendo las acciones de la empresa; no me preguntes más, corre peligro mi vida
y la de mis hijos. Te suplico que vengas a la notaría 35 que está enfrente del
Caliente’. Y me respondió: ‘Está bien, tranquilo, sí voy, pero estoy fuera de la
ciudad, en Torreón’.”
Quince minutos después de la llamada, don Manuel le telefoneó a Jesús
González a su casa. El mensaje fue directo: “Mañana a primera hora quiero que te
presentes a firmar aquí en la notaría; si no, se van a morir este cabrón y sus
pinches hijos”.
Después de estas llamadas, asienta Cardona en su denuncia de hechos, los
hombres que lo amenazaban le hicieron preguntas relacionadas con el
funcionamiento de la empresa que opera el casino La Fortuna.
“Me preguntaron –afirma– qué función tenían algunas personas, qué estrategias
comerciales se tenían consideradas, hacia qué lugares se expandiría el casino,
cuáles eran los ingresos que se obtenían y qué funciones desarrollaban en
específico Joel, Alberto y Alfonso, empleados de la empresa.
“… Entró a la sala del notario una persona de traje a la que llamaban
licenciado Jacobo y le entregó a Balderas un documento, quien lo puso frente a
mí y me ordenó: ‘Fírmalo, pendejo’. Lo empecé a leer y me volvió a ordenar: ‘No
te dije que lo leyeras; fírmalo, pendejo, si quieres volver a ver a tus hijos’.
Y lo firmé.”
Luego de la firma, Cardona fue sacado de la notaría y lo llevaron a La
Fortuna, en la avenida Fidel Velásquez 1513. Ahí lo obligaron a decirles a los
empleados que las personas que lo acompañaban eran los nuevos dueños del
negocio.
“En contra de mi voluntad, con motivo de las amenazas que estuve recibiendo,
llamé a la sala de juntas y anuncié que había nuevos dueños de la empresa. Les
dije: ‘Señores, les presento a los nuevos dueños de la empresa’, a lo que siguió
un silencio.”
La noche del 14 de mayo último, el mismo grupo que supuestamente seguía
instrucciones de Jerezano Treviño y secuestró a Cardona acudió a las oficinas
administrativas del casino. De acuerdo con la denuncia de hechos, exigieron las
combinaciones de la caja fuerte y sustrajeron más de 600 mil pesos en
efectivo.
En los videos grabados por las cámaras del edificio Vértice se observan
entradas y salidas de los plagiarios de Cardona acompañados por Jerezano
Treviño.
Después de la firma ante la notaría, Cardona dice que pensó que había perdido
su empresa; no obstante, su socio Francisco Sergio Jiménez no acudió a firmar la
cesión de acciones. Cuando lo llamaron les dijo que iba acompañado de elementos
del Ejército y de la Marina y que delante de ellos le exigieran la firma.
De inmediato los delincuentes abandonaron las oficinas administrativas de La
Fortuna. Al mismo tiempo, los abogados de Cardona interpusieron un recurso para
impedir que los documentos firmados fueran ingresados en el Registro Público de
la Propiedad y el Comercio.
Sin embargo, Cardona dice: “Temo por mi vida. No puedo entender que un juez
suspendido también forme parte de la delincuencia organizada y no se le
castigue”.
–¿Usted cree que hay impunidad en este caso? –se le pregunta.
–No sólo creo. Estoy seguro de que hay protección y viene del más alto nivel
del poder político en México.
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