Peña-Calderón y anexas- Excellon: atrapados en mentiras- Lavado electoral, con documentos

Peña-Calderón y anexas

Adolfo Sánchez Rebolledo

 

       Apenas se estaban depositando en el TEPJF los expedientes de la impugnación cuando el presidente Calderón recibía en la residencia oficial a Enrique Peña Nieto, en su calidad de candidato que, conforme al conteo distrital del IFE, obtuvo la mayoría de los votos. Si en verdad Felipe Calderón fuera un jefe de Estado preocupado por la dignidad de su investidura y no un político más en la arena defendiendo sus propios intereses, estaría obligado a respetar los aberrantes plazos y procedimientos que la ley impone para declarar al presidente electo.

 

Se dirá que el realismo y las circunstancias del mundo actual obligan a que la presidencia actúe rápido, pues en un mundo tan interdependiente e inestable no es posible que la sucesión presidencial se produzca mediante pasos sujetos por su lentitud al ritmo medieval de las monarquías. Pero esa es la ley en México: no hay presidente electo mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no declare la validez de las elecciones y haga la declaratoria correspondiente.

Es verdad que este procedimiento con sus lapsos fue pensado para otras épocas a fin de asegurar la transición sin turbulencias entre el gobierno saliente y el nuevo, pero inédito presidente. Pero ha sido la voluntad de los partidos mantenerla inalterada como una más de las herencias envenenadas del viejo régimen presidencialista que la transición democrática se ha negado a reformar mirando al futuro. Sin embargo, la hipocresía de quienes se dicen guardianes del estado de derecho es en este punto delirante pues no conformes con reconocer al ganador antes de que concluya el procedimiento se exige a los perdedores que acepten con alegría la derrota como si ésta fuera condición para la legalidad del proceso. Actúan, por conveniencia, como si los conflictos, la irritación o el malestar fueran artificiales o males pasajeros sin causas objetivas o atendibles. Son muy formalistas, pero se desesperan si López Obrador decide recorrer todo el camino que la ley le permite para impugnar los resultados. Y es que si no se le puede atribuir la comisión de actos ilícitos y menos la promoción de protestas violentas, entonces se acude al trillado expediente de la responsabilidad política o al sentido común que adopta por imitación cierta normalidad democrática que, empero, por oscuras razones (la existencia de oponentes insumisos) no florece en nuestras leyes.

Se critica que López Obrador use al tribunal para mantener viva su oferta política, como se le criticaba hace seis años por impulsar la resistencia en la calles. A sus adversarios les da igual. Pero ese es su derecho y a menos que cambien las leyes y la Constitución no tiene por qué desistir de tales iniciativas. En suma, se pide respeto a la ley, pero no tanta si con ella se cuestiona la legitimidad del proceso.

Ya veremos el alcance de las pruebas presentadas y la valoración que de ellas hagan los magistrados, pero anticipar en los hechos el veredicto es un lujo que el Presidente no puede darse sin mandar un mensaje parcial, a menos que ése sea el propósito del encuentro: decir a la ciudadanía y al mundo que este arroz ya se coció y lo que haga o deje de hacer el tribunal no cambiará en ningún sentido importante lo ya anunciado la noche del primero de julio. Siguen jugando con fuego. Si Peña y el Presidente querían tranquilizar los ánimos de sus mutuos interlocutores de referencia tal vez se sientan satisfechos, pero la foto y el comunicado avivará con razón la desconfianza entre amplios sectores de ciudadanos a los que se les dice que las vías legales no son para todos.

Para las fuerzas progresistas, lo más que se puede esperar sin falsas ilusiones es que el Tribunal asuma el fondo de la cuestión y busque limpiar lo más posible el proceso en varios capítulos importantes: el papel de los grandes medios de masas; el rebase de los topes de campaña, de tal modo que esos temas se inscriban en la agenda nacional como problemas que exigen reformas sin las cuales la democracia seguirá puesta en tela de juicio. Las elecciones probaron pública y fehacientemente la connivencia entre la tv y la construcción de una candidatura, así como la obscena participación de autoridades locales en la compra y coacción del voto, acaso el peor lastre de la tradición autoritaria, la cual, por increíble que parezca, no está entre las causales de nulidad de la elección.

En la denuncia de estas lacras está de acuerdo el PAN, aunque el juego palaciego del panismo le aconseja tener la carta en la mano para soltarla cuando haga falta en el futuro: coalición o alianzas en el Congreso. Para la izquierda, en cambio, el tema de la inequidad es indisoluble de la cuestión decisiva de la desigualdad y trasciende el ámbito político-electoral. La inequidad es posible a partir de la situación objetiva de miseria y debilidad en la que se hallan millones de ciudadanos, a los que se le conceden ayudas sociales en vez de derechos ejercibles, al autoritarismo que, pese a las formas, aún rige las relaciones entre la autoridad y la sociedad, a la discriminación social y cultural existentes entre los que están en la cúspide y los de abajo.

Desconozco lo que habrá dicho Andrés Manuel, pero el camino para la izquierda será largo y complicado. Ahora debe concentrase en el futuro, en recoger los grandes problemas nacionales, justo los que afectan sin medias tintas a la mayoría para dar un paso adelante. La mayoría se forma a lo largo del tiempo, no es un acto de un día. Ya no se trata sólo de ganar elecciones obteniendo la mayor proporción de votos, sino de disputar la hegemonía a las fuerzas que hoy dominan, y se disputan, la hegemonía. De hacerse fuerte en la sociedad para delinear otra política.

P.D. Peña Nieto y Calderón avanzan hacia un acuerdo que, sin disolver las identidades partidistas (o lo que quede de ellas) haga posible el programa que sostienen los grandes poderes fácticos que no se reducen a Televisa. Basta recordar la estela de obispos y empresarios que acompañaron a Peña, el licenciado del Opus Dei a Roma, justo cuando (en una escena propia de la mejor telenovela) éste comunica al Papa su próximo matrimonio con La gaviota. ¿Hace falta un discurso político para influir en las audiencias cautivas del gran monopolio? ¿Esa es la democracia a la mexicana?

 

Lavado electoral, con documentos

       El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista en la pasada elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la opinión pública información documentada sobre operaciones con recursos de procedencia presumiblemente ilícita para distribuir decenas de millones de pesos en el marco de la campaña de su rival priísta, Enrique Peña Nieto. Tal información se suma a la denuncia que ya había presentado el Partido Acción Nacional contra el tricolor por la dispersión de dinero, por medio de tarjetas de la empresa Monex, en una contabilidad paralela a la declarada al Instituto Federal Electoral. Lo anterior se agrega a la petición de invalidez de la elección del primero de julio por las masivas operaciones de compra de votos de que se acusa al PRI y por las condiciones de inequidad mediática en que se desarrollaron las campañas políticas.

De acuerdo con los documentos difundidos por López Obrador, Monex fue retribuida con más de 100 millones de pesos por las empresas Inizzio y Efra, las que a su vez recibieron ese dinero de una pesona física y tres personas morales: el particular Rodrigo Fernández Noriega y las empresas Atama, Koleos y Tiguan. Destaca el hecho de que Koleos y Tiguan fueron constituidas el mismo día –8 de septiembre de 2001–, ante el mismo notario público, situación que se repite con Inizzio y Atama. Significativamente, los domicilios fiscales de las firmas en cuestión resultaron ser inexistentes.

La información referida constituye, de entrada, una contundente descalificación de los propósitos enunciados por la administración calderonista –mencionados cuando se nombró secretario de Gobernación a Alejandro Poiré– de impedir que recursos ilícitos fluyeran a las campañas políticas, así como de la capacidad fiscalizadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y de la Procuraduría General de la República (PGR) en su conjunto. Asimismo, las revelaciones ponen en evidencia una gravísima falla del IFE, en la medida en que fue incapaz de supervisar financiamientos irregulares que habrían debido ser detectados desde un inicio.

Las revelaciones comentadas colocan a la administración calderonista en la obligación perentoria de investigar y consignar a quien corresponda por la planeación y ejecución de las turbias triangulaciones por medio de las cuales Monex y el resto de las empresas involucradas habrían operado como canales de distribución de dinero en la campaña de Peña Nieto y en la elección –por ejemplo, más de 9 mil tarjetas de Monex fueron distribuidas entre operadores priístas, representantes de casilla y sus coordinadores, con saldos de entre 15 mil y 20 mil pesos en cada tarjeta–, y a determinar el origen de los fondos.

Por otra parte, la documentación del caso pone al TEPJF ante la disyuntiva de declarar válida la elección presidencial del primero de julio a sabiendas de que en ella pudieron cometerse delitos graves o de invalidarla no sólo por las irregularidades propiamente electorales denunciadas con anterioridad, sino también porque los resultados oficiales pudieron haberse configurado, en alguna medida, por medio de prácticas que podrían ser descritas como lavado de dinero.

La institucionalidad en su conjunto se encuentra, pues, en una circunstancia delicadísima, que sólo puede decantarse por el esclarecimiento pleno de los hechos denunciados, con todo lo que ello implique, o por una maniobra de encubrimiento que minaría en forma irreparable la de por sí erosionada base de credibilidad de los organismos públicos involucrados.

Excellon: atrapados en mentiras

Napoleón Gómez Urrutia

 

      Las sociedades democráticas y modernas y los gobiernos eficientes que procuran la equidad, tienen la obligación política, social y moral de garanizar el bienestar y la felicidad de las grandes mayorías.

 

El conflicto de la mina La Platosa y el ejido La Sierrita, ambos del municipio de Bermejillo, Durango, es indicativo de una actitud empresarial que no debe ser tolerada en México a ninguna compañía minera de capital nacional o extranjero que se dedique a extraer recursos naturales no renovables de nuestro territorio, como son los metales y los minerales. Para estos negocios, los gobiernos conservadores de Vicente Fox y de Felipe Calderón han otorgado concesiones a manos llenas, hipotecando con ello el uso de la tierra en México, cuyo territorio total ya está 26 por ciento en manos de las empresas mineras que, salvo excepciones notables, no las explotan racionalmente, sino que las depredan y abusan de la mano de obra minera. De estos conflictos está lleno el panorama nacional, como el caso de los indígenas wixárikas en sus tierras sagradas y como el de Minera San Xavier, en San Luis Potosí, entre otros.

La empresa de capital canadiense Excellon Resources de México firmó en 2008 un contrato de corresponsabilidad y colaboración con los ejidatarios de La Sierrita y con los trabajadores de la mina La Platosa, en el cual se establecían acciones de beneficio para la población del ejido, como la instalación de una planta de tratamiento de agua para que los campesinos puedan reutilizar el líquido residual para las labores agrícolas, toda vez que cualquier explotación minera utiliza esa agua para lavar los minerales que extrae y por ello la deja contaminada, volviéndola inservible para el consumo humano y para la agricultura.

Excellon Resources nunca cumplió el contrato, sino que lo ha violado persistente y arrogantemente, realizando acciones de exploración en tierras no incluidas en el documento firmado, causando con ello significativos daños ambientales. Y, por añadidura, se ha negado en forma brutal a dialogar y negociar con los campesinos y con los trabajadores, a los cuales engañó al incluirlos como socios de la empresa.

Estas violaciones al contrato se han ido a instancias extranjeras, concretamente a Canadá, ya que los tribunales en México no atienden debidamente los asuntos que se refieren a las compañías mineras. El Congreso Canadiense del Trabajo, la organización Alerta Minera Canadá, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) y el Sindicato Nacional de Mineros de México, han actuado en solidaridad con los campesinos y mineros de Bermejillo, y la queja que llevaron en 2011 al Consejo Canadiense para la Responsabilidad Social Empresarial del Sector Extractivo, contra estas violaciones de Excellon, fue ignorada por la empresa, sin siquiera iniciar el diálogo de buena fe que se le indicaba.

La misma empresa Excellon Resources es la que, con amenazas de despido de trabajadores y sus dirigentes, terrorismo empresarial y violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la jurisprudencia 150/2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que establece que los recuentos de trabajadores para fines de titularidad deben ser secretos, libres y con garantías de seguridad–, impidió el jueves 5 de julio la libre decisión de los trabajadores de la sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros, cuando se realizó el recuento donde tres agrupaciones se disputaban su afiliación, de las cuales dos eran inventadas por la empresa. Con amenazas de violencia, uso de bandas de golpeadores armados con garrotes y piedras, llevados a la mina La Platosa, de Bermejillo, y con actos de compra del sufragio y corrupción, la votación fue totalmente amañada. Tanto la empresa como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Durango se hicieron de la vista gorda ante el padrón de trabajadores sindicalizados presentado al recuento, donde había seis empleados de confianza de Excellon Resources que nunca debieron estar allí, ni menos votar en un asunto que compete única y exclusivamente a los trabajadores miembros de la organización sindical.

Ante este resultado y ante las violaciones al contrato entre Excellon y ejidatarios y trabajadores, estos dos grupos tomaron pacíficamente las instalaciones de la mina, en exigencia de que no se atente más contra los intereses de los ejidatarios ni de los mineros. La empecinada cerrazón de esta empresa contra unos y otros es la que dio origen a este movimiento minero-campesino, que no cejará hasta alcanzar la justicia. La empresa ha mencionado que en unos días podría quedarse sin material para abastecer sus molinos, pero esto es el resultado de su irresponsabilidad, como lo es también que el viernes 13 se hayan desplomado 10 por ciento sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto.

Como consecuencia de lo anterior, queda claro que no se puede aceptar el cinismo y la explotación como forma de gobierno o como estrategia de negocios permanente, porque un día vamos a despertar con un país al borde de una profunda crisis social. Lo dijo bien John F. Kennedy: Los que hacen imposible una evolución pacífica, harán inevitable una revolución violenta. La ambición, la avaricia y la corrupción deben terminar y sólo penalizando violaciones a la ley, como las de Excellon contra ejidatarios y trabajadores mineros, con castigos ejemplares y con el retiro de las concesiones, es como se podrá lograr el ambiente de paz necesario para el trabajo y el desarrollo del país. Debe investigarse si detrás de esta empresa existen políticos o funcionarios públicos de México que estén promoviendo las violaciones a la ley por parte de Excellon, pues de otra manera no pueden entenderse esta provocación y este conflicto innecesarios.

Ya basta: o cambia México con el nuevo gobierno, o éste se convertirá en el verdadero responsable de las crisis futuras, que serán peores que las provocadas por el PAN durante los recientes 12 años, ya que la inconformidad popular está a punto de reventar. Los mexicanos no debemos tolerar más mediocridad ni explotación de unos cuantos sobre las grandes mayorías. Es preciso terminar con la pasividad y el conformismo que, de continuar, seguirán hundiendo a toda la nación mexicana.