De sangre y plata, los activos del narcotráfico entre México y EU
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el crimen organizado produce 870 mil millones de dólares al año. Cómo llegan los eruditos que laboran para la ONUDC (Oficina sobre Crimen y Drogas de las Naciones Unidas por sus siglas en inglés) a determinar tal cantidad, es a partir de una fórmula científica basada en las cifras oficiales entre aseguramientos, costos de producción, cargamentos y estimaciones de transacciones mundiales relacionadas con dinero producto de operaciones de acciones ilícitas.
La cifra fue dada a conocer a mediados de julio cuando esa oficina de las Naciones Unidos emprendió una campaña contra las transacciones mundiales con dinero ilícito, a partir de dramatizaciones para explicar la suciedad de papeles billetes que son la ganancia por la venta de drogas, de personas, de armas y otras formas de criminalidad cada vez más adentradas en la globalización de la economía, en este caso, de la economía del crimen.
De los 870 mil millones de dólares al año producidos por el crimen organizado, la mayor parte de ellos –320 mil millones–, es capital ubicado en el narcotráfico mundial. De esa cantidad, 2 mil 700 millones de dólares dicen que son producto de los cárteles mexicanos, y además, contante que se queda en la República Mexicana; si consideramos esa cifra como valedera y además damos crédito a la ofrecida por la revista norteamericana Forbes, que estima en mil millones de dólares la fortuna de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, significaría que él sólo posee el 37 por ciento de las ganancias del narcotráfico en México, lo cual corroboraría la idea popular de que el de Sinaloa es uno de los narcotraficantes protegidos por el sistema mexicano de administración y procuración de justicia, este último bajo la tutela –en relación al narcotráfico– del gobierno federal, todavía encabezado por Felipe Calderón Hinojosa.
Pero realmente no son los 2 mil 700 millones de dólares que producen los cárteles mexicanos en este territorio lo que llama la atención del reporte de la UNODC, sino la cifra que le sigue. De los 320 mil millones de dólares que produce el narcotráfico, 29 mil 500 millones se quedan en los Estados Unidos, y son generados por los distribuidores de droga que venden el ilícito producto en ciudades norteamericanas pero producido en Latinoamérica, Centro América, América del norte, Asia y Europa por generalizar los sitios de cultivo y producción de drogas.
La suma de dinero producto del narcotráfico entre los dos países vecinos, Estados Unidos y México, es de 31 mil 200 millones de dólares, de los cuales apenas el 8.65 son producto y ganancia de los cárteles en territorio mexicano. El resto, la inmensa mayoría está en la Unión Americana, 29 mil 500 millones de dólares es muchísimo, muchísimo dinero para un país que no tiene cárteles identificados, establecidos ni redes de crimen organizado, sólo viles y miserables distribuidores.
Las cifras de la UNODC revelan lo que todos sabemos, vivimos y pensamos, pero que pocas autoridades persiguen en la justa medida: México es el laboratorio de drogas de los Estados Unidos –entre otros países, porque el documento de las Naciones Unidos establece ese monto como producto de transacciones globales, otros cárteles, otras mafias de otros países también contribuyen a la riqueza criminal de los Estados Unidos–.
Y fue sólo hasta el gobierno de Barack Obama que aquella entidad reconoció al narcotráfico como un problema compartido. Así lo dijo de hecho la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una de sus primeras visitas como parte de esa administración a nuestro país México. Si bien es cierto que los esfuerzos “conjuntos” –y resalto las comillas porque eso está en veremos– entre los dos países tienen varios años y varios presidentes de éste y de aquel lado, y esfuerzos como la Iniciativa Mérida emprendida (pírricos casi 400 millones de dólares inyectados por el gobierno de Estados Unidos a México, contra los 2 mil 700 que ahora se sabe producen los cárteles locales) por otro gobierno, pero mantenida por el de Barack, la realidad es que a México toca la peor parte del narcotráfico: la corrupción enraizada, las ejecuciones, la violencia cruenta, los ataques a los periodistas, y la participación de los criminales en los gobiernos.
Mientras en los Estados Unidos no se identifican organizaciones criminales encargadas de las líneas de distribución de drogas, los esfuerzos de las autoridades norteamericanas están concentradas –de acuerdo a los resultados– en la detección de bandas en ocasiones de cientos de personas que sirven de receptores y distribuidores para cárteles extranjeros, la erradicación de cultivos y laboratorios en pequeña escala, y la captura de agentes deshonestos de migración y aduanas a lo largo de su frontera sur y la norte de México.
En la guerra contra el narcotráfico que el gobierno mexicano emprendió a partir de la llegada del presidente Felipe Calderón, la parte de la persecución sin lógica ni estrategia integral correspondió exclusivamente al territorio mexicano, los estadounidenses colaboran con información que poseen sobre la estructura, los miembros y los modos de operar en las calles de México por parte de los criminales mexicanos. Una vez capturados los mafiosos, por supuesto con datos que proveyeron los norteamericanos, éstos comúnmente son extraditados si se trata de pezzonovantes, y con varios y visibles objetivos: primero para confiscarles la mayor cantidad de dinero posible, por ejemplo, a Osiel Cárdenas Guillen, otrora líder del cártel del Golfo que fue preso en México, al iniciar su juicio en la Unión Americana le impusieron una multa de 30 millones de dólares, mientras que a Benjamín Arellano Félix, dirigente que fue del cártel que hasta la fecha se identifica con sus apellidos, le hicieron firmar un documento donde se comprometió a trasladar sus bienes al gobierno de los Estados Unidos, y pagar una multa de cien millones de dólares. Otro objetivo es obtener de estos capos información que les permita identificar la forma en que trabajan las mafias tanto en México para conocer el procedimiento, los niveles de corrupción, el nombre de los integrantes y la forma en que logran burlar o comprar la autoridad de aquel país para introducir toneladas de droga por aire, mar y tierra.
A cambio del dinero y de la información, la mayoría de estos criminales recibe beneficios en la Unión Americana que van desde la eliminación de la pena de muerte, la rebaja en años sobre la sentencia, hasta la liberación pronta. De esta manera, narcotraficantes que delinquieron en las décadas de los ochenta y los noventa en México, que fueron capturados aquí y extraditados al vecino país, hoy viven sus días en prisiones desconocidas para los mexicanos y algunos incuso están en libertad de nueva cuenta.
La peor parte pues de la guerra contra el narcotráfico se vive en México, mientras las ganancias, 29 mil 500 millones de dólares al año se mantienen en los Estados Unidos. Hay que seguir el dinero para develar la trama, reza la conseja popular para la solución de un crimen, pero en este caso, todos sabemos dónde está el dinero y dónde la muerte; la situación no ha cambiado en los últimos años de guerra y muerte, como diría mi maestro y gran periodista don Jesús Blancornelas, México es sólo el trampolín para la alberca de las drogas que representa Estados Unidos. Y todo sigue igual.
Seguir el dinero sería un buen principio para ambos gobiernos ahora que la ONU dio a conocer las cantidades por países y por aristas criminales, ya saben dónde están los billetes, de dónde provienen y su destino final, seguirlos para eliminar la fuente y no para agenciárselos le haría mucho bien tanto a Estados Unidos como a México, acabar con las adicciones y con la producción a partir de eliminar los recursos económicos que les dan vida debería ser la ideología de la guerra, y no sólo la captura por adorno y por dinero
Sexenio de FCH concluirá como el más violento para el periodismo; con el PRI se mantendría tendencia: ONG
Por: Mariana Rosales Morales - julio 31 de 2012 - 7:30
Causas, Destacadas, ELECCION 2012, TIEMPO REAL, Último minuto - 6 comentarios
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Con 72 asesinatos, 13 desapariciones y 40 ataques a medios de comunicación, el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en uno de los más violentos para el periodismo mexicano, según organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras.
Aun cuando hubo tentativas para proteger a los comunicadores, las agresiones persistieron e incluso se incrementaron en la administración que está por concluir el 1 de diciembre. En estos momentos, no sólo los periodistas son amenazados, secuestrados o acosados en lo individual; los atentados alcanzaron los edificios de las empresas periodísticas con bombas e intimidaciones escritas.
Darío Ramírez, director para México de la organización Artículo 19, aclara que si bien el asesinato y la desaparición son los sucesos más recurrentes y graves, no hay que olvidar que los hostigamientos, amenazas, detenciones arbitrarias y violencia física han ido en aumento, lo que ha inhibido el ejercicio independiente y crítico del periodismo.
El domingo 29 de julio ocurrió un ataque contra el diario El Norte -el tercero en menos de 20 días- durante el cual, un grupo de encapuchados roció con gasolina las oficinas, lo que provocó un incendio. Este atentado se suma a la lista de ataques contra los medios y periodistas, de los que más del 80 por ciento no han sido aclarado por las autoridades.
“Los ataques que ha sufrido Grupo Reforma en su periódico El Norte en los últimos 19 días muestran a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno como espectadores; es decir, ya podrían haber tomado o implementado las medidas que le dieran la seguridad al diario para seguir haciendo su labor, pero sin duda ese papel de espectadores que tienen los diferentes autoridades ante los ataques son señales de aliento a los perpetradores, porque al final, en 19 días, ninguno de los responsables de atacar un medio de comunicación ha sido traído a la justicia”, expuso Darío Ramírez.
Abundó en que se trata de una señal de aliento para quienes perpetran este tipo de acciones. “La señal de seguridad que mejor podrían dar, no es poner un convoy de militares en la puerta del periódico El Norte, sino sería agarrar a los causantes que están cometiendo estos actos y dando una sentencia y castigo ejemplar”.
MAYOR INCIDENCIA BAJO EL GOBIERNO DEL PRI
El saldo de muertes y desapariciones de profesionales de la información que deja la administración de Calderón es más grave en Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como en Michoacán, donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cuestionado por si la violencia para los periodistas y medios se agudizará en caso de que el candidato del tricolor, virtual ganador de las elecciones del 1 de julio, Enrique Peña Nieto, tome posesión como Presidente de México, Darío Ramírez hizo hincapié que los estados más peligrosos para la prensa son gobernados por el PRI. “Si tomamos como hipótesis que esos contextos estatales de un alto grado de violencia contra la prensa se van a replicar en la Presidencia de la República todos esperaríamos a que los niveles de violencia se mantengan o se agraven. La verdad es que habrá que esperar también para ver cuáles son las políticas y qué tipo de respuestas da el nuevo gobierno hacia este fenómeno que sinceramente no es nuevo”.
LA CONTRADICCIÓN
Desde que Calderón declaró un “embate” contra el crimen organizado en diciembre del 2006, la agresión contra periodistas fue en aumento. Los ataques a las instalaciones de los medios informativos se hicieron más evidentes y en menos de un año, ocho periodistas murieron asesinados en Veracruz.
Se volvió lugar común responsabilizar al “crimen organizado”, si el móvil de las acciones en contra de reporteros. “Desde el sexenio de Calderón, la respuesta que han dado varios funcionarios en relación a la violencia contra la prensa es que el principal perpetrador es el narcotráfico o el crimen organizado. Cuando dicen esto, lo dicen en un tono como si eso justificara su inacción y éste no es el principal responsable, pero si sí lo fuese, pues lo que se estaría esperando es que evidentemente hagan algo contra el que sea y en este sentido me parece que la incapacidad de los diferentes mandatos se debe a una comodidad de no tener una prensa crítica contra las autoridades de la diferentes ordenes de gobierno”, puntualizó Darío Ramírez.
Una vez crispada la violencia en contra de los profesionales de la información, así como de sus medios, dos diarios mexicanos expusieron en sus editoriales su posición. “El Mañana” de Nuevo Laredo informó que dejaría de publicar “hechos violentos” después de ser atacado con un artefacto explosivo:
“Ante la lealtad que debemos a nuestros lectores, declaramos ante ellos que El Mañana es un instrumento para libertad y la democracia, por tanto no está hecho para la mezquindad de ningún grupo de poder fáctico o delictivo que así lo pretenda. Por ello, este periódico apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país”, publicó la mañana del 10 de julio de 2012.
A su vez, El Diario de Juárez publicó una carta dirigida a los grupos criminales que se disputaban la plaza de Cuidad Juárez y que la convirtieron en una de las ciudades más violentas del país. La carta titulada “¿Qué quieren de nosotros?” daba a conocer la impotencia por los asesinatos a colaboradores de ese diario. La dirección del periódico pedía claridad en lo que debía publicarse o no, y reconocía a los cárteles como gobernantes de facto:
“Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias. Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”, publicó El Diario de Juárez el 19 de septiembre de 2010.
¿QUÉ PASARÁ?
Darío Ramírez concluyó que “para generar un cambio profundo tienen que suceder dos cosas. Primero que el gremio periodístico tenga acercamientos solidarios fuertes y que la competencia editorial y productiva no se antepongan ante la capacidad de los medios de exigir cuentas a las autoridades.
El gran ausente en todo este desarrollo o degradación del ejercicio de la libertad de expresión en México, son los mismos medios; es decir, ellos sí podrían elevar la presión a las autoridades de Veracruz que llevan nueve asesinatos en un año o las tres agresiones a El Norte en 19 días; es decir, la prensa debería ejercer ese nivel de presión a las autoridades para buscar soluciones, según Ramírez.
“No sucede y mientras no suceda hay voces como Articulo 19 y otras organizaciones pero que no tenemos la suficiente presencia pública para buscar esta reacción y al mismo tiempo ese refundar el periodismo con una visión independiente, una visión crítica y que a lo largo de esa nueva perspectiva la sociedad se vaya sintiendo más cercana a la prensa, que reproduce sus intereses, que le ayuda a tomar decisiones y conceptos más profundos en un desarrollo de la misma democracia mexicana”.
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