ASTILLERO- La farsa detrás de la guerra contra el narco- Esclarecer el lavado electoral

Astillero

Follow the Monex

PRI destemplado

PAN-PRD, precariedad

Candidato maniquí

Julio Hernández López

EXPOSICIÓN MILITAR EN NUEVO LEÓN. Un niño manipula una metralleta montada en un vehículo del Ejército que forma parte de la exposición militar La gran fuerza de México, en el municipio de Escobedo, en Nuevo León

Foto Reuters

 

      Como en las novelas policiacas: Follow the money, que en este caso sería Monex.

La modernidad alcanzó a los tradicionales mapaches del jurásico de tres colores y, esta vez, en lugar de quedarse solamente en la clásica utilización de las maletas en efectivo (al jarocho estilo aéreo detectado en Toluca, por ejemplo) o del reparto físico entre miembros de la élite que a la hora de bajar los recursos a las bases bien podrían quedarse con tajadas importantes (poniendo incluso en riesgo la eficacia del inverificable proceso individual de compra de voluntades), el nuevo PRI experimentó con redes de distribución de dinero que acabaron dejando huella, no solamente en las ya famosas tarjetas de plástico para adquisición de mercancías en almacenes como Soriana, sino también en los registros contables de empresas como Monex, acusada de haber servido para lavar dinero y permitir así la magna operación mercantil que lentamente va conociéndose y que podría llegar a convertirse en la gota de abuso que llegue a derramar el vaso de la acumulación de pruebas de fraude electoral extracasillas.

Pero los operadores políticos de Peña Nieto tampoco saben leer. Dos de los principales personajes de la corte de tres colores, Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam, han comparecido ante medios de comunicación para hacer denuncias y amenazas que muestran que, a pesar de su larga carrera política, y de las enseñanzas que les debería haber dejado el episodio de la Ibero, no han sabido leer los tiempos y las circunstancias políticas y, por tanto, han optado por un discurso torpe, punitivo y opaco ante las acusaciones de que hubo lavado de dinero en su comportamiento electoral.

El ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Coldwell, demandó que haya castigo penal para quienes han hecho de la mentira un instrumento de campaña, sin darse cuenta de que si la historia nacional fuera bien leída, la exigencia podría aplicarse como bumerán a los propios priístas. El ex gobernador de Hidalgo, Murillo Karam, por su parte, dijo y no dijo: aceptó que algo hay relacionado con Monex pero negó que hubiera distinguidos priístas involucrados en el asunto. También reconoció que hay tarjetas, pero según eso serían para la distribución de recursos a sus comités estatales. Eso sí, JMK no recordó si en alguna parte de esos contratos venía la denominación satanizada, Monex.

Muy sonrientes y seguros, en cambio, los dirigentes del PAN y el PRD habían comparecido ante los medios para anunciar una insólita convergencia en el propósito de denunciar y exigir castigo por los presuntos delitos relacionados con lavado de dinero que el priísmo hubiera cometido. Ni remotamente podría encontrarse similitud con lo que en 1988 hicieron Manuel J. Clouthier, Cuauthémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra al unirse para combatir el fraude electoral salinista, pero la imagen de ayer tiene mérito, aunque probablemente vaya a ser efímero y condicionado por apetitos y maniobras nada heroicas.

Zambrano y una parte de la cúpula del PRD, sobre todo quienes ganaron posiciones legislativas o garantías de continuidad política, necesitan demostrar con la mayor contundencia política y, sobre todo, gráfica, que pelean ardorosamente en defensa de Andrés Manuel López Obrador y en contra de un fraude electoral favorable a Enrique Peña Nieto. Tal beligerancia tendrá como límite los tiempos legales y habrá de apagarse en cuanto las instituciones correspondientes, es decir, el tribunal electoral federal, confirme la victoria oficial del mexiquense. En ese momento los rifles de salva utilizados hoy se convertirán en banderas de paz y puentes de negociación con el antes presuntamente combatido.

Gustavo Madero juega a contracorriente de Felipe y Margarita porque nunca ha gozado del aprecio ni el apoyo de ellos y sabe que es hombre políticamente muerto si no genera lances de independencia como el de ayer. El presidente del comité nacional panista denuncia delitos graves en la campaña de quien fue candidato priísta, y con ello permite la ilusión óptica de que parezca que el PAN está combatiendo contra Peña Nieto, mientras la secretaria general de ese mismo comité, Cecilia Romero, dice que el mexiquense será presidente porque lo será.

Así llega Andrés Manuel López Obrador a la lectura de su plan de lucha por la democracia y la dignidad, que originalmente se había programado para el miércoles. Hay ahora más documentación probatoria de las andanzas delictivas que sustentaron la presunta victoria priísta, y el segmento duro de apoyo al lopezobradorismo podrá argumentar con más peso a la hora de hablar de fraude. Pero también hay más constancia de que los poderes unidos están decididos a cerrar el paso a como dé lugar a cualquier posibilidad de dar marcha atrás en la imposición convenida. La reacción de Joaquín y Murillo demuestra que el caso Monex está provocando más ruido del que habrían previsto quienes montaron esa fórmula de modernismo defraudador que deja huellas más allá de las digitales.

Astillas

La idea quedó documentada en 2003: postular a un candidato joven, guapo y absolutamente manipulable para que llegue al poder y desde allí sirva a los intereses empresariales que lo concibieron e impulsaron. Ése sería el candidato maniquí, promovido particularmente a través de la televisión, que le diseña una campaña intensa y apabullante, y sustituido en la vida cotidiana por un especialista que habla a nombre de él y explica lo que la armazón movible ni siquiera puede pensar. Frente a la conjunción de poderes que impone al candidato maniquí, la opositora Isabel Rodríguez casi nada puede hacer. Tal es la historia contada en un profético cortometraje que nueve años atrás produjeron la Universidad de Guadalajara y Cine Reborujo bajo el título Más por tu dinero, que contó con guión y dirección de Yordi Capó, con Azucena Evans, Jesús Hernández y Mario Rosillo en los papeles principales.

Candidato maniquí (Hyperlink bit.ly/Nl3KYW), ¿política ficción?

Y, mientras el movimiento de Sicilia alcanza en Washington el reconocimiento que no logra en México, ¡feliz fin de semana!

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La farsa detrás de la guerra contra el narco

Gilberto López y Rivas

 

      El libro de Nancy Flores Nández La farsa detrás de la guerra contra el narco (México, Editorial Océano, 2012) es de dolorosa actualidad. Su título presenta una hipótesis que ha venido comprobándose en estos años de una cruenta guerra que la autora sostiene que algún día será juzgada como un holocausto de pobres. La farsa consiste en encubrir la verdadera finalidad de una estrategia que en realidad ha incrementado el tráfico y el consumo de drogas y que, como señala en el prólogo José Luis Sierra: las organizaciones criminales mexicanas se han fortalecido en número, capacidad de fuego, poder corruptor, extensión territorial y dominio social.

 

Periodista de investigación de la prestigiada revista Contralínea, Nancy Flores demuestra en su valiente texto, escrito con base en información obtenida de fuentes oficiales, que detrás de las triunfalistas declaraciones de Felipe Calderón siempre se ocultó un gobierno represivo, basado en la utilización de las fuerzas armadas. Se evidencia también el carácter contrainsurgente de una guerra social cuya estrategia ha sido impuesta por Estados Unidos, a partir de la cual ha profundizado su injerencia en las fuerzas armadas, en los organismos de seguridad y de inteligencia mexicanos, a la par que se beneficia de la venta de armas y del lavado de dinero de los cárteles en los circuitos financieros internacionales.

En la primera parte de la obra se contrastan los discursos oficiales con los datos en materia de los enemigos públicos, esto es, capos buscados, capturados, encarcelados y liberados, frente a la realidad de los consignados; se pasa revista a los cárteles que operan en el país y más allá de sus fronteras; se tipifican los delitos y se denuncia la impunidad reinante debido a la extendida corrupción; se estudia el papel del crimen organizado mexicano en el negocio global, una de las tres más poderosas mafias internacionales, y se culmina destacando la industria del lavado y las complicidades del sistema financiero. En la segunda parte se presentan los costos humanos y económicos de esta nueva versión de guerra sucia, con sus crímenes de Estado, paramilitares, caravanas de la muerte, ejecuciones a cargo de las fuerzas armadas; se exhiben los gastos destinados a la nueva carrera armamentista, la importación y difusión de las armas, los civiles y el mercado negro, para culminar en lo que Flores denomina el ejército de pobres para el crimen, los jóvenes y su calvario, las formas de intoxicación, el papel de las drogas en la despolitización y, por último, la tragedia de los niños y el narco. En la tercera parte se identifica al promotor de la guerra, esto es, nuestro buen vecino, y se analizan los delitos cometidos por Estados Unidos con sus operativos como Rápido y furioso, la cooperación con el cártel de Sinaloa, la agenda estadunidense y la complicidad de las autoridades mexicanas. El epílogo trata sobre los sucesores de Colombia y el experimento del miedo que es México, mientras los anexos despliegan un listado de los defensores, activistas, luchadores y líderes sociales asesinados, de los periodistas ejecutados, así como de los asesinatos políticos. Los datos brindados desde la introducción son irrefutables: “de los más de 120 mil detenidos por delincuencia organizada en el marco de la estrategia, sólo a mil 306 consignados por delitos contra la salud y lavado de dinero en el periodo de enero de 2007 a febrero de 2010 se les acreditaron vínculos con los siete cárteles de las drogas vigentes. De estos, únicamente 114 son integrantes del poderoso cártel de Sinaloa... En los años de la guerra, ninguna red de protección en el sector empresarial, en el circuito financiero y en el gobierno ha sido investigada o desmantelada… Consultoras de seguridad estiman que al menos unos 500 mil mexicanos están vinculados a los cárteles. Los mil 306 consignados representan 0.26 por ciento de esa cifra”.

La protección de uno de los cárteles, el de Sinaloa, con respecto al resto, se acredita con la información proporcionada por Nancy Flores: “… el cártel del Pacífico ha consolidado su poder en el país y en el mundo, mafias como el cártel del Golfo –hasta hace poco tiempo la empresa más boyante y principal enemiga de El Chapo Guzmán– se han visto reducidas casi al punto de la extinción”.

Son muy significativas las tesis que se exponen sobre la impunidad, la cual llega hasta 90 por ciento en delitos como el secuestro. Se cita al jurista Liugi Ferrajoli, quien vincula el fracaso de las democracias en todo el mundo con el triunfo de la ilegalidad, la quiebra del estado de derecho y la violación sistemática de las constituciones nacionales, a partir de un análisis de lo que él llama criminalidad del poder, la cual se expresa de tres maneras: la primera es la criminalidad de la delincuencia organizada en todos los niveles. La segunda es la criminalidad que se da en los grandes enclaves económicos y que se presenta con tres rasgos: la complicidad con la delincuencia organizada y con los centros de poder político, la apropiación de los recursos naturales y la devastación del ambiente. La tercera es la criminalidad del poder, que actúa desde las estructuras del Estado que entran en el terreno de la llamada guerra sucia: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios, crímenes contra periodistas y comunicadores. Es la colusión de estas tres formas de criminalidad del poder la que explica la extensión de la ilegalidad y que hace posible la impunidad.

Ante el rumbo más sombrío que está tomando el país con la imposición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, a contracorriente de una sociedad indignada por los procesos electorales marcados por el fraude estructural, un libro de esta profundidad investigativa se torna imprescindible.

Esclarecer el lavado electoral

       Un día después de que el aspirante presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, presentó evidencia documental sobre operaciones financieras irregulares por conducto del grupo financiero Monex –presumiblemente realizadas en favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto–, los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y el PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que interpondrán una denuncia conjunta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero durante la pasada contienda electoral, y exigieron a la dependencia encabezada por Marisela Morales que resuelva el caso a la brevedad, antes de que concluya el proceso de validación de los comicios presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

 

Adicionalmente, en horas recientes han salido a la luz pública elementos de información que despejan dudas sobre los vínculos entre las turbias operaciones financieras de Monex y la candidatura presidencial del PRI, como el hallazgo de que el domicilio fiscal de una de las empresas que fondearon al grupo financiero –Comercializadora Efra– corresponde a la dirección de un despacho de abogados cercanos al tricolor y al propio Peña Nieto. Dicho elemento consolida los indicios de que el supuesto triunfo electoral del candidato priísta pudo fabricarse –al menos en parte– sobre la base de delitos graves, como el lavado de dinero, y hace que la petición de los dirigentes del sol azteca y el blanquiazul adquiera mayor pertinencia y necesidad: sin un pleno esclarecimiento del caso de las autoridades judiciales correspondientes, el fallo del TEPJF sobre la validez de los comicios quedaría obligadamente incompleto, y se corre el riesgo de que ese órgano jurisdiccional termine por avalar prácticas que no sólo vulneran los preceptos democráticos más elementales, sino el marco legal del país en su conjunto.

Por otra parte, la petición de los dirigentes partidistas es imprescindible ante el desempeño errático, complaciente y omiso de las autoridades formalmente encargadas de supervisar los presuntos financiamientos irregulares en las campañas electorales y fuera de ellas. Ayer mismo, el Instituto Federal Electoral (IFE) sostuvo que hasta el momento no se ha acreditado ningún delito por partido alguno durante la elección presidencial, señalamiento que resulta improcedente, porque contradice lo expresado por el propio titular del organismo, Leonardo Valdés –en el sentido de que el PRI no ha sido exonerado por el caso Monex y que sigue abierta esa investigación–, porque soslaya la masiva documentación sobre delitos propiamente electorales que ha sido ampliamente difundida y conocida por la opinión pública, y porque pasa por alto una consideración elemental: para que una elección sea legal y válida no basta con que cumpla los criterios de la normativa electoral: también debe apegarse a lo estipulado en los códigos civiles y penales vigentes y al marco constitucional. Ese requerimiento incluye, desde luego, la ausencia de sospechas sobre el uso de recursos de procedencia ilícita por alguno de los contendientes.

En ese sentido, los reclamos formulados por los consejeros Lorenzo Córdova y Marco Baños a los presidentes nacionales de PAN y PRD de que deben ser responsables y no pedir al IFE violentar la legalidad tendrían que ir dirigidos antes al propio órgano electoral que a los partidos.

En lo que toca al gobierno federal, la manifiesta incapacidad de éste para impedir el flujo de dinero presumiblemente ilícito a la campañas presidenciales se agrava con actos como la reunión sostenida entre su titular, Felipe Calderón, y el propio Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, el pasado miércoles: ese hecho, improcedente y apresurado por donde se le mire, por cuanto el político mexiquense no es aún presidente electo, podría además colocar al jefe del Ejecutivo federal como anfitrión de un candidato beneficiado por lavado de dinero en caso de que se confirmen las acusaciones del Movimiento Progresista, y ello daría un nuevo duro golpe a la investidura presidencial y socavaría aun más el pretendido afán legalista de la administración que está por terminar.

En suma, el esclarecimiento no sólo es necesario para transparentar una elección presidencial que ha distado mucho de ser limpia y ejemplar, como sostuvo el IFE desde la noche del primero de julio, sino también para restañar en alguna medida el daño que las autoridades se han provocado a sí mismas por su actitud omisa, parcial y poco responsable. Si el IFE, el TEPJF y la propia PGR no actúan en ese sentido, podrían llevar el descrédito del conjunto de la institucionalidad política a un punto de no retorno.