Violará el TEPJF la Carta Magna si valida elección presidencial: Bartlett- El informe circunstanciado del IFE es un exceso y defiende al PRI: Jaime Cárdenas-Desde NL aportarán 6 mil tarjetas del PRI al plan en defensa de la democracia

Rebasó su competencia al descalificar argumentos y pruebas del Movimiento Progresista

El informe circunstanciado del IFE es un exceso y defiende al PRI: Jaime Cárdenas

Los consejeros electorales sólo están interesados en demostrar que todo lo hicieron bien, dice

Andrés Manuel López Obrador con los dirigentes del Movimiento Progresista: Jesús Zambrano, PRD; Luis Walton, Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, PT, escuchan al diputado Jaime Cárdenas en el anuncio del plan nacional para la defensa de la democracia

Foto José Carlo González

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Domingo 22 de julio de 2012, p. 7

El informe circunstanciado elaborado por el Instituto Federal Electoral (IFE) y que remitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo tiene la finalidad, en el terreno legal, de describir hechos; pero, ahora, con ese documento el Consejo General del instituto se excedió, y se colocó como abogado defensor del PRI.

Jaime Cárdenas Gracia, jurista y ex consejero electoral, refiere en entrevista que el artículo 18 párrafo 2 inciso C de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena a la autoridad rendir el citado informe con fundamentos jurídicos, para sostener la constitucionalidad o ilegalidad del acto impugnado.

Pero –repuso– los consejeros sólo están interesados en demostrar que todo lo hicieron bien; están preocupados por su imagen pública en este momento, y calificó el contenido del informe circunstanciado como acto que margina al Movimiento Progresista y a Andrés Manuel López Obrador.

“Nos sentimos marginados por los consejeros, no atendidos debidamente por ellos. Te voy a poner dos ejemplos, que no son simplemente mi subjetividad. Andrés Manuel López Obrador propuso el 8 de febrero 12 medidas. Les dijo: consejeros, yo les propongo estas medidas para prevenir la compra y coacción del voto, y esa solicitud fue contestada por el IFE tres meses y medio después.

“Por supuesto, la contestación no fue favorable al señalar que la compra y coacción de voto corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Nos bateó. Ese es un ejemplo de como nos trataron.

Otro ejemplo es con el asunto de los debates. Andrés Manuel propuso por escrito a los consejeros 12 debates y nunca quisieron hacer una interpretación de ese tema tomando en cuenta el derecho a la información, previsto en el artículo 6 de la Constitución; es decir, nunca quisieron hacer una lectura de la ley desde la Constitución, a lo que estaban obligados porque en México desde 2011 todas las autoridades están obligadas a realizar información para interpretar la ley tomando en cuenta la Constitución. No leyeron la ley.

–Tales respuestas del órgano electoral no son halagüeñas para la tambaleante democracia –se le comentó.

–No es una buena noticia para la democracia del país. Yo creo que después de esta elección, independientemente de lo que ocurra, tiene que haber una reforma electoral profunda, amplia. Que dote al IFE de más independencia y de más instrumentos para sancionar prácticas como la compra de votos, el uso de las encuestas con fines electorales, así como el desvío de recursos públicos para fines electorales.

El artículo citado de la ley de medios advierte que la autoridad debe rendir su informe con los fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Es decir, la autoridad solamente debe decir por qué lo que se hizo es constitucional y legal. Esa es su obligación, pero no tiene como deber contestar los agravios que recurre la decisión de la autoridad.

–¿Qué error cometió el IFE?

–Debió haberse concretado a decir que se instalaron las casillas, se integraron los funcionarios, que se contaron los votos, que el PREP funcionó, en fin, describir los hechos y que todo eso lo hizo con apego a la Constitución y a la ley.

Eso era lo que correspondía, pero se dedicó (en buena parte del mismo) a descalificar los argumentos y las pruebas de la coalición Movimiento Progresista, y a mí me parece que ahí hay un exceso por parte del IFE, pues implica hacerle el trabajo al PRI; la está haciendo de abogado defensor del PRI. No hizo un informe circunstanciado, sino una suerte de contestación a los agravios de la coalición y está cometiendo un exceso que implica una actuación ilegal, porque va más allá de su competencia prevista en la misma ley de medios.

–¿A qué circunstancia obedece la postura de los consejeros?

–Yo creo que los consejeros están interesados en demostrar que lo hicieron todo bien. Están preocupados por su imagen pública en este momento y también hacia la historia. Ellos lo que quieren decir es que nosotros actuamos correctamente, bien, y estos señalamientos que hace la coalición Movimiento Progresista no son atendibles. No les gustó que hubiera impugnación porque eso pone en duda el trabajo que han realizado, ya sea por acción u omisión. Entonces esto en buena medida depende de esta cuestión institucional, de cuerpo, de decir hay que proteger al cuerpo, nuestro trabajo.

–¿El IFE puede rectificar aún o es cosa juzgada desde su ámbito de competencia?

–El IFE ya no puede rectificar. Ellos legalmente ya concluyeron. Lo único que pueden hacer es el avance en las investigaciones de las quejas de fiscalización. No tienen remedio, no quieren rectificar; ellos van a seguir su guión de hacer su investigación en los plazos legales y no quieren dar marcha atrás. Esa es la única manera en la que podrían rectificar: acelerando las investigaciones de las quejas que están planteadas en la unidad de fiscalización. Vamos a ver qué pasa, porque en estos días puede haber mucha presión social. El tribunal podría hasta ordenar que concluyan las investigaciones.

–Lo sucedido es producto de la partidización evidente de las entrañas del IFE –se le dijo.

–Mucho tiene que ver con la manera en que son designados los consejeros. Estoy convencido de que deben ser elegidos por voto ciudadano. Entonces, el hecho de que los partidos los designen a través de la Cámara de Diputados, constituye de alguna manera una suerte de pecado original.

Hay suficientes pruebas de que Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña, reitera

Violará el TEPJF la Carta Magna si valida elección presidencial: Bartlett

Apremia a la PGR a investigar si dinero utilizado por el candidato priísta procede del narco

Imperdonable, declaración de Luna Ramos, presidente del tribunal electoral, de que lo que no se gana en las urnas no se gana en la mesa, acusa

Un juez no puede prejuzgar, sostiene

Manuel Bartlett Díaz deploró la intensa campaña de desprestigio en la gran mayoría de medios de comunicación contra Andrés Manuel López Obrador, con el fin de manipular a la opinión públicaFoto Marco Peláez

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 22 de julio de 2012, p. 5

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no puede declarar válida la elección del pasado primero de julio, ya que estaría violando la Constitución, toda vez que hay pruebas suficientes de que el candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, rebasó con mucho el tope de campaña, debido a que hubo dinero a raudales para la compra del voto, del que no se sabe su origen, y bien pudo provenir de recursos públicos de los estados o del narcotráfico, advirtió el senador electo Manuel Bartlett Díaz, quien fue postulado por el Partido del Trabajo (PT).

En entrevista con La Jornada, el ex secretario de Gobernación y ex legislador priísta consideró que Andrés Manuel López Obrador está absolutamente apegado a la legalidad al lanzar su Plan Nacional de Defensa de la Democracia y la Dignidad de México, toda vez que como candidato tiene no sólo el derecho, sino la obligación de regresar con su electorado a informar de los recursos jurídicos que ha interpuesto en busca de anular la elección del primero de julio.

Sobre todo, recalcó, frente a una intensa campaña de desprestigio en la gran mayoría de los medios de comunicación, que buscan manipular a la opinión pública y presentar a López Obrador como un mal perdedor.

Resaltó que cada paso del candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista –integrado por PRD, PT y Movimiento Ciudadano– es motivo de una lluvia de descalificaciones.

Las evidencias que ha presentado la coalición sobre el lavado de dinero en la campaña de Peña Nieto, así como la grotesca triangulación de recursos, pasan inadvertidas o son desvirtuadas en estaciones de radio y televisión, dedicadas de lleno a proteger los intereses del grupo dominante, agregó.

Ante esa manipulación evidente, recalcó, es necesario que López Obrador recorra el país e informe a sus simpatizantes las acciones que realiza, sobre todo porque gran número de mexicanos están indignados, pero sus voces no se escuchan.

Las descalificaciones y la campaña negra contra el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal se van a incrementar, porque los poderes fácticos, que a toda costa quieren llevar a Peña Nieto a la Presidencia, lo que quisieran es que se aislara y les dejara el camino libre para continuar con la manipulación, advirtió.

Bartlett, quien se prepara para integrarse por segunda vez al Senado –la primera fue en 2000, durante el sexenio de Vicente Fox–, recalcó que la vinculación entre López Obrador y sus votantes sigue siendo muy sólida.

Son electores que están exigiendo información, justicia electoral y democracia verdadera, por lo cual, reiteró, es indispensable el nuevo plan presentado por el tabasqueño.

Durante la entrevista insistió en que el TEPJF debe apegarse a la Carta Magna, respetarla y hacer respetarla, en el caso del proceso electoral recién concluido. A su juicio, los magistrados que integran ese tribunal no pueden declarar válidos unos comicios que fueron ilegales.

El tribunal está obligado a llevar a cabo una investigación a fondo y no repetir los legalismos y omisiones en que incurrió el Instituto Federal Electoral (IFE), señaló. Recalcó que no se pueden ocultar las evidencias de que Peña Nieto rebasó, desde el mismo primer día de su campaña, el tope de 360 millones de pesos.

A diario surgen evidencias

Tampoco es posible encubrir operaciones poco claras por medio de las tarjetas Soriana y los monederos electrónicos de Monex, apuntó.

A diario siguen surgiendo pruebas de que la campaña de Peña Nieto fue financiada con dinero ilegal, cuyo origen no se conoce y que podría provenir no sólo de fuentes privadas, sino ocultas, y debiera motivar la inmediata intervención de la Procuraduría General de la República para detectar si se trata de lavado de recursos del narcotráfico. ¿Por qué no? Es una hipótesis que no debe descartarse, si no sabemos de donde provino ese caudal millonario con que se financió al candidato priísta.

Puede haber también recursos públicos de los gobiernos de las entidades federativas, ya que ha quedado al descubierto la participación de mandatarios estatales priístas en la compra de votos.

Bartlett resaltó que cabe preguntarse qué porcentaje de los 75 mil millones de pesos que se condonaron en impuestos a grandes empresarios y consorcios fueron a parar también a la campaña de Peña Nieto.

Lo que ha ocurrido en este proceso habría motivado en cualquier otro país un escándalo, la anulación de la elección y sanciones hasta penales para quienes lavaron dinero, pero aquí lo que hacen es atacar a quien presenta las denuncias, da evidencias y pide que se investiguen las irregularidades, expresó.

Deploró la actitud mostrada hasta el momento por las autoridades electorales. Un IFE que cuenta con una estructura que cuesta miles de millones de pesos y nada hizo por impedir que el dinero definiera los comicios y dejó pasar los gastos exorbitantes del candidato priísta, desde el inicio hasta el final de la campaña.

Criticó también las declaraciones que formuló el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, quien sostuvo que “lo que no se gana en las urnas no se gana en la mesa.

Es imperdonable. Un juez no puede prejuzgar, sobre todo cuando la discusión no es lo que pasó en las urnas, sino fuera de ellas, abundó.

Días después otro magistrado salió a decir que se necesita probar todo y no hay pruebas, y claro que las hay, pero no la quieren ver.

Se instauraría plutocracia

Insistió en que el tribunal no puede evadir que dos de las principales fuerzas que contendieron, los partidos del Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional, han presentado denuncias concretas, con elementos probatorios sobre presunto lavado de dinero en Monex.

Tanto el PAN como el PRD y el propio presidente Felipe Calderón han declarado que hubo irregularidades, dijo. Hoy por hoy, y a pesar de la campaña de manipulación mediática, es un hecho que la elección no fue limpia, que está vulnerada.

Si el TEPJF no toma en cuenta eso, estaría pasando por encima de la Constitución y colaborando a la instauración de la plutocracia en México, reiteró.

Recordó que en la elección de 2000 se responsabilizó al IFE de dejar pasar el financiamiento ilegal en la campaña de Vicente Fox, y a las actuales autoridades electorales se les puede hacer el mismo reclamo, sobre todo cuando el presidente del instituto, Leonardo Valdés, asegura que no vieron nada.

Son muestra del fraude: PT; líder sindical buscó vender votos por $1,500 pesos cada uno

Desde NL aportarán 6 mil tarjetas del PRI al plan en defensa de la democracia

Parte del lote de tarjetas telefónicas recibidas por el coordinador de la campaña petista por la alcaldía del municipio de Zuazua

Foto Sanjuana Martínez

 

 

    Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 22 de julio de 2012, p. 8

Tres días antes de las elecciones del primero de julio, Reynold Valdez Ruiz recibió dos cajas de cartón que contenían 6 mil tarjetas de teléfono con propaganda del candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto. Era la anticipación de una serie de irregularidades que vivirían en Zuazua, Nuevo León, pequeño pueblo convertido en feudo priísta desde hace décadas, donde el Partido del Trabajo (PT) impugnó el proceso con el argumento de compra masiva de votos y otras ilegalidades.

Las tarjetas de teléfono forman parte de un lote de millones de éstas repartidas en la República por las llamadas brigadas de Peña Nieto y se presentarán en el plan de defensa de la democracia que Andrés Manuel López Obrador propuso para mostrar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pruebas de anomalías, con el fin de anular la elección.

Estas tarjetas son una prueba del fraude electoral que se cometió no sólo aquí, sino en todo el país. Mientras haya hambre, el PRI seguirá lucrando con la gente, afirma Valdez Ruiz, coordinador de la campaña de Hernán Chapa Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Zuazua por el PT.

Está convencido de que las tarjetas de teléfono fueron abandonadas en el porche de la sede del PT por un priísta arrepentido por el triunfo con triquiñuelas del candidato priísta a la alcaldía, José Luis Martínez, por una diferencia de 82 votos.

En el frente de las tarjetas aparecen varias fotos de Enrique Peña Nieto con el dedo pulgar en alto en señal de éxito y la leyenda Presidente 2012-2018, mientras por el reverso vienen las instrucciones para realizar llamadas nacionales e internacionales, con montos que van desde 100 pesos de prepago. La empresa responsable: MarkCom.Tech Solutions

Compra de votos

Las elecciones municipales en Zuazua fueron impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León. Con ese tipo de tarjetas se compraron miles de votos. Ya hemos reunido pruebas de decenas de irregularidades. Tenemos actas notariales de cómo en las casillas sacaban boletas en blanco y se ponían a ofrecerlas por dinero en efectivo. Tenemos gente a la que le quitaban su credencial, se la sellaban y no la dejaban votar. Hay fotos y videos de cómo el candidato priísta entraba y salía a la Comisión Electoral, algo que está prohibido. Tenemos mucha evidencia, y si en el estado no nos dan la razón nos vamos a ir a la TEPJF. No vamos a permitir un nuevo fraude.

Cuando a Cristina Sada Salinas, candidata a senadora del Movimiento Progresista, le llamó el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Agustín Serna Servín, para ofrecerle 60 mil votos, no daba crédito.

Dos días antes de la elección me llama para decirme que me va a apoyar. Me sorprendió porque yo sabía que eran priístas. Le digo que la única forma que aceptaría su apoyo es que le diga a sus trabajadores que son libres para votar.

El líder sindical le dijo que sí, pero que necesitaba un operador, es decir, alguien de su campaña para hablar al respecto. Firme en sus convicciones de limpieza electoral, la candidata envió un emisario con la advertencia de que no compraría un solo voto.

Querían mil 500 pesos por cada uno de los 60 mil votos. Por supuesto, mis emisarios le dieron un rotundo no. Luego querían hacer un descuento, es increíble, pero les quedó claro que yo jamás hubiera aceptado que nadie estuviera obligado a votar por mí. Jamás iba a soltar un centavo para comprar votos.

Sada Salinas vivió su primera experiencia en política como candidata a senadora de manera enriquecedora a nivel humano, pero conoció la podredumbre de los entresijos del sistema político, como cuando la gente le decía que el PRI les estaba ofreciendo hasta mil 500 pesos por su credencial de elector y la de sus muertos. Soy nueva en política y jamás me imaginé el grado de suciedad. Es denigrante. Se compraron millones de votos y lo peor es que se compraron con dinero que pertenece al pueblo. Lucran con la miseria que ellos mismos producen.

Está convencida de que hay que seguir luchando por la invalidez de la elección y forma parte en Nuevo León del plan de defensa de la democracia. Fueron unas elecciones de ignomina, tal vez más sucias que las de 2006. El fraude es evidente. Para cualquier persona que esté dispuesta a ver la realidad hubo fraude, sólo hay que ver cómo admitió su derrota de manera anticipada Josefina Vázquez Mota, cómo Felipe Calderón avaló rápidamente la elección dando un supuesto triunfador. Esto estaba orquestado desde antes. Atrás del PAN y el PRI finalmente están los mismos intereses hegemónicos. Con esta impugnación estamos aspirando a que México sea un país que se gobierne por leyes, un país equitativo y con transparencia.

Fraude histórico

En las zonas rurales, la compra de votos por el Partido Revolucionario Institucional fue más evidente por tratarse de pueblos pequeños con pocos habitantes. Es el caso de Mina, municipio ubicado en el noroeste de Nuevo León con apenas 4 mil electores, donde Lizeth Lozano Cantú, esposa del alcalde priísta Dámaso Avelino Cárdenas Gutiérrez, se erigió como ganadora con base en decenas de irregularidades debidamente documentadas.

El PRI cometió el fraude más grande de la historia de Mina, señala con tono de indignación María Celia Suárez Galván, candidata a la alcaldía de ese municipio, quien supuestamente perdió por 300 votos, resultado que ya impugnó ante las autoridades electorales.

Explica que en este municipio se vivieron todas las irregularidades, desde la policía deteniendo a mis seguidores para que no votaran. Compraron votos con despensas. Aquí no hubo tarjetas, aquí se compró con dinero en efectivo afuera de las casillas. Les pagaban hasta mil 500 pesos por voto. Hubo boletas dobles de ayuntamiento en las urnas. Tenemos fotos, videos, todas las pruebas de la cochinada.

Durante el conteo de votos, la candidata a la alcaldía pudo encontrar actas donde había diferencia hasta de mil sufragios en los folios. De las 10 casillas, ocho tienen irregularidades.

El problema principal fue impugnar ante la comisión electoral del pueblo, organismo controlado por el alcalde priísta y su esposa, la candidata supuestamente virtual ganadora.

La esposa utilizó todo el aparato del gobierno para la campaña. Llenaba las camionetas con vales de gasolina del ayuntamiento para ir a repartir despensas. Pero yo siempre tuve más seguidores y tuve 2 mil personas en el cierre de campaña, y ella sólo 500, y la mayoría eran de otro pueblo. ¿Cómo es posible que ahora me salgan con que ganó por una diferencia de 300 votos?, cuestiona.

De manipulación de votos sabe la ingeniera Teresa del Carmen Hernández del Castillo, voluntaria de Morena para vigilar la elección, quien observó cómo en la casilla 1211 la presidenta tenía copias de credenciales de elector y boletas en blanco listas para cruzar e introducir en las urnas. Me queda claro que hubo fraude, dice mostrando los videos que comprueban las anomalías. Manipularon los votos. Solicité la presencia de la Fepade, y cuando llegaron cuál fue mi sorpresa: que querían romper las pruebas del fraude. No lo permití. Estuve como siete horas y vino un notario a levantar una acta. Fue terrible. Los de la casilla me querían linchar, pero no me dejé.