ASTILLERO- Posmanifiestos (estratégicos)- Relevo sexenal

Astillero

Prisas expiatorias

2006 igual a 2012

Impedir revisiones

(Otro) golpe electoral

Julio Hernández López

VACUNA. En Los Pinos, Felipe Calderón anunció el inicio de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano

Foto Francisco Olvera

 

El consejo general del IFE ha dado un paso más en favor de Enrique Peña Nieto, al ordenar la destrucción del material electoral correspondiente no solamente a 2006 sino, sobre todo, a 2012, en una abierta y vergonzosa chicana que pretende impedir que cortes o tribunales internacionales cuenten en el futuro con sustento documental para analizar lo sucedido este año con el impugnado triunfo formal del candidato priísta.

 

 

En medio del escándalo de Soriana, Mónex y otras formas de compra de votos y de financiamiento ilegal de la campaña y la operación electoral del mexiquense, y a sabiendas de que el Movimiento Progresista había anunciado la decisión de acudir legítimamente a instancias externas para solicitar la revisión del proceso electoral (recurso que incluso podría ser presentado por otras instancias, como hizo la revista Proceso respecto de 2006), los consejeros del IFE dan un golpe de mano para ordenar la desaparición del material del calderonismo ya feneciente pero, sobre todo, del peñanietismo aún susceptible de impugnaciones jurídicas de largo tracto.

 

Cierto es que, en estricto sentido, la papelería electoral correspondiente a 2006 ya no está en condiciones de probar nada. Los mismos actores que en aquella ocasión habrían cometido fraude en las urnas y en el conteo manual y cibernético de los votos tuvieron mejorada oportunidad de hacer acomodos documentales a lo largo del sexenio en que ejercieron un poder abusivo. Por desgracia, el proceso de desgaste al que fueron sometidas las fuerzas armadas durante la actual administración hace que sea imposible confiar en que el resguardo verde olivo hubiese podido impedir que los beneficiarios de aquel fraude, ya instalados en la comandancia suprema, adulteraran las constancias electorales.

 

 

Por esas mismas condiciones (una especie de carencia inmanente de confiabilidad), los papeles de 2006 tampoco tienen importancia académica de largo plazo o política en lo inmediato. Nada sustancial y atendible saldría del eventual trabajo de investigadores sobre ese material en entredicho, y nada se podría hacer ya para deponer o impedir el ejercicio ilegítimo del poder que se derivó de aquellos episodios. La nueva concurrencia electoral, en 2012, llevó incluso al líder de los ciudadanos convencidos de que hubo un fraude seis años atrás a otorgar un perdón al gran infractor, Felipe Calderón, a mirar hacia un futuro electoral rediseñado (con un partido propio, Morena) y a no estancarse en el pasado.

 

 

Queda, desde luego, el plano histórico: el de la memoria y el del juicio que sobre esos comicios habrá de escribirse. Calderón no ha podido librarse a lo largo de su funeraria administración de las acusaciones públicas de ejercer un poder ilegítimo y de ser un espurio. Desde esa perspectiva, el nuevo depositario de similares impugnaciones es bien servido por el consejo general del Instituto Federal Electoral, al ser aprobada la destrucción de la mencionada papelería de 2006 y, con premura delatora, la del presente año.

 

Destruir boletas, actas y demás material escrito es un acto político contra las últimas referencias palpables del desorden inducido que permitió seis años atrás el despojo a un candidato reformista y la imposición de un personaje sombrío pero siempre servicial para con los poderes reales que le inventaron una hazaña de última hora y un muy reducido margen de diferencia, aun en esos mismos números oficiales adulterados. Mas, en su significativa premura, los amables consejeros del IFE han colocado en el mismo cesto los casos de Calderón en 2006 y de Peña Nieto en 2012.

 

No es solamente la pretensión de remachar mediante destrucciones documentales que lo del licenciado Calderón es cosa juzgada, sino hacer la misma limpieza en los archivos de 2012. No es, desde luego, que en esta ocasión el fraude se cometiera al estilo usado seis años atrás, pues ahora se practicó el método extracasillas, comprando abiertamente el voto, usando ríos de dinero oscuro para la operación de ejércitos de mapaches y movilizadores electorales y dejando en las actas oficiales tan frías constancias numéricas que a pesar de su apabullante resultado no produjeron entusiasmo ni jolgorio más que en la élite peñanietista.

 

Es muy probable que en los documentos condenados a la desaparición no se pudiesen encontrar las evidencias integrales de los fraudes disímbolos cometidos por expertos en la materia, pero los propios consejeros del IFE han colocado ahora en el mismo nicho los dos procesos impugnados. Les urge conjurar los fantasmas que se siguen moviendo en las calles y que perseguirán al segundo beneficiario de procesos electorales altamente irregulares. Y tratan, envalentonados por la impunidad con que hasta ahora se han movido, de aparentar que este proceso, el del presente año, fue un ejemplo de buen manejo y mejores resultados (los de este año, los comicios mejor organizados de la historia, se ha autoelogiado Leonardo Valdés Zurita).

 

En términos generales, el aparato institucional de gobierno y representación está mostrando un cinismo aceleradamente creciente, que pretende ajustar irregularidades e incluso criminalidad a los parámetros de una legalidad que mantienen bajo control extremo. Van amenazando a expresiones críticas y disidentes, advierten a legisladores de oposición de los castigos a que se harán merecedores si persisten en plantones o tomas de tribuna, mantienen bajo amago o bajo compra a una buena parte de los medios de comunicación y tratan de imponer una verdad oficial, en este caso, la inexistencia de fraudes electorales, ni en el distante 2006 ni en el reciente 2012 en el que, casi nada más por guardar las formas, bien habrían hecho los consejeros electorales en no equipararlos, y dejar esos papeles oscuros en un reposo sexenal a sabiendas de que, a fin de cuentas, las pillerías en esta materia comicial son difíciles de demostrar (aunque sucedan a los ojos de mucha gente), y que el ejercicio del poder comprado se irá cumpliendo, haiga de ser como haiga de ser. ¡Hasta mañana!

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Increíble-Hernández

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Posmanifiestos (estratégicos)

Maciek Wisniewski*

Después del Manifiesto comunista (1848), Marx profundiza sus estudios de la economía burguesa, pero no abandona la política: pensando en mejores estrategias para el triunfo del proletariado escribe La lucha de clases en Francia (1850) y El 18 brumario de Luis Bonaparte (1852). Sin embargo, como subrayan varios estudiosos, su teoría política (y de la izquierda en general) es un proyecto incompleto. Lo estratégico en él muchas veces se limita a lo que pretendía con el Manifiesto: educar al proletariado en el comunismo científico (que no era poco).

 

También Daniel Bensaïd (1946-2010) subraya que Marx tenía estas cuestiones poco desarrolladas y ambiguas y, escribiendo sobre la estrategia (la base en que nos juntamos, organizamos y educamos a nuestros miembros; un proyecto para abolir el poder de la burguesía), parte de otros autores –Lenin, Trotsky, Luxemburgo o Gramsci– que trataron de llenar el vacío (La politique comme art stratégique, París, 2011).


 
Para él –contrariamente a Hardt, Negri o Holloway– el poder y su toma son centrales, y la ola izquierdista en América Latina confirmó su relevancia (The return of the strategy, 2007). No sin problemas: según Raúl Zibechi los movimientos sociales fueron sobrepasados por los estados progresistas y carecen de estrategia. Lo peor es que (desde Marx) la izquierda no tiene cosas claras para dar un debate: ¿cuánta energía poner en el Estado o en lo electoral, y cómo usar estas herramientas para la transformación social? (Rebelión, 11/9/12).
 
Bensaïd evoca la visión de Lenin y subraya la necesidad de un partido como una herramienta para implementar la estrategia: la política sin partido acaba en una política sin política (Leaps! Leaps! Leaps! Lenin and politics, 2002).
La meta es el comunismo. Para él no es el nombre de un nuevo régimen o un sistema de producción, sino de un movimiento, que va más allá del orden establecido; es una hipótesis estratégica (The powers of communism, 2009).
 
Después de 1848 Marx subraya que la revolución y el paso al comunismo sólo serán el producto de una crisis. Trata de entender su naturaleza, pero no desarrolla su teoría definitiva.
 
Bensaïd anota que para Marx las crisis eran inevitables, pero no insalvables; jamás habló de una crisis final. La cuestión es saber a qué precio y a costa de quién pueden ser resueltas. La respuesta no pertenece a la crítica de la economía política, sino a la lucha de clases (Las crisis del capitalismo, Madrid, 2009).
 
En el Manifiesto, escrito en el contexto de la crisis comercial de 1847, Marx ubica su origen en la sobreproducción; luego, a partir de los Grundrisse (1857), privilegia la ley de la caída de la tasa de ganancia.

 

Frente a la crisis de hoy los marxistas están divididos entre las teorías subconsumistas (hay demasiada ganancia y el problema es su distribución) y aquella ley (el problema es la incapacidad de generar suficiente plusvalía).

 

No es lo de menos: de esto dependen las estrategias para la construcción de un mundo nuevo. No es lo mismo si la crisis es arreglable con la intervención del Estado (según algunos subconsumistas) o si la caída de la tasa de ganancia abre la posibilidad a un derrumbe sistémico (aunque por ejemplo Grossman nunca decía que era automático y lo vinculaba con la lucha de clases) o explica la aparición de crisis cíclicas donde el Estado no hace diferencia (véase la entrega pasada: La Jornada, 9/9/12).

 

La misma tasa de ganancia es una controversia: según Andrew Kliman (y otros), cae; según Michel Husson, amigo de Bensaïd, sube. Husson dice que incluso da igual, ya que la lógica del capitalismo simplemente va en contra de la humanidad. Y la división entre los subconsumistas y los teóricos de la caída de la tasa de ganancia (a los que –injustamente– tilda de marxistas vulgares) es inútil: son dos caras de la misma moneda. En cambio propone centrarse en la estrategia anticapitalista enfocada en las luchas concretas de los trabajadores, reparto de riqueza y demandas transitorias (Le capitalisme sans anesthésie. Études sur le capitalisme contemporain, la crise mondiale et la stratégie anticapitaliste, París, 2011).

 

Seguramente hay que ir debatiendo sumando y no restando, buscando plataformas comunes.

 

¿Qué tal la transición al otro sistema? Para muchos sonará demasiado general, pero Marx en el Manifiesto ya habló de un caso así: el paso del feudalismo al capitalismo, viéndolo igual como un sistema histórico y transitorio.

 

Lo recuerda Zibechi y añade que poco aprendimos de aquella historia, pero que sería útil ahora, entrando según Wallerstein en una época de transición, que en parte explicaría también la falta de la claridad en la izquierda (nota bene: es curioso como esta visión del ocaso capitalista coincide con algunos proponentes de la caída de la tasa de ganancia: Michael Roberts, Crisis or breakdown?).

Su resultado y la forma de una nueva sociedad poscapitalista dependerán sólo del balance de fuerzas y de la acción consciente del proletariado global heterogéneo que hoy está pagando por la crisis.

 

El manifiesto que pondría en el centro la hipótesis estratégica del comunismo y ofrecería una estrategia para esta transición queda aún por escribir.

* Periodista polaco

Casi el paraíso-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

 

Relevo sexenal

Miguel Marín Bosch

En la época dorada del PRI el último año de un sexenio solía provocar mucha inquietud entre los burócratas y la clase política del partido en el poder. Durante el año y pico que mediaba entre el destape y la toma de posesión del nuevo presidente surgía una tensión entre los integrantes de la administración saliente y quienes se perfilaban para sustituirlos. De ahí que se intensificara la especulación acerca de la composición del futuro gabinete.

 
En aquel entonces el presidente anunciaba el nombre de su sucesor y éste se apresuraba a nombrar a quienes lo acompañarían durante la campaña. Los comicios presidenciales eran una mera formalidad. Lo importante era el destape, y quienes buscaban un cargo en la siguiente administración se apresuraban a acercarse al candidato o, cuando menos, a sus colaboradores más allegados.

 
El mes pasado, tras ser declarado presidente electo por el TEPJF, Enrique Peña Nieto anunció su equipo de transición y aclaró que los integrantes del mismo no necesariamente figurarán en su gabinete a partir del próximo primero de diciembre. Bastó esa aclaración para que se desatara una tormenta de especulaciones.
 
El equipo de transición lo encabeza Luis Videgaray, quien se perfila como el brazo derecho del presidente entrante. Quizás tendríamos que remontarnos al sexenio de Carlos Salinas para encontrar un caso parecido, el de José Córdoba Montoya. Dado que Córdoba es mexicano por naturalización no podía ser miembro del gabinete. Le inventaron el cargo de coordinador del mismo.
 
A diferencia de Córdoba, Videgaray no aparece en escena como una especie de eminencia gris. Lleva tiempo en cargos públicos, incluyendo el Congreso federal y el gobierno mexiquense. Está al frente de un equipo de más de una 50 personas con una experiencia muy variada y que procede de distintos partidos políticos. Hay apellidos conocidos y otros no tanto.
 
Desde Lázaro Cárdenas, la edad promedio de los presidentes entrantes ha sido de casi 48 años. Peña Nieto y su equipo de transición se inscriben en esa tendencia. En términos generales, sus colaboradores tienen entre 35 y 55 años de edad. Esa ha sido la norma desde hace décadas.
 
Hubo, desde luego, las llamadas generaciones Gerber, los muy jóvenes funcionarios que han rodeado a algunos presidentes. Hubo también el violento cambio generacional que representó la designación de Salinas. Fue un golpe para un sector importante de la familia política del PRI. Los mayores de 50 años, a quienes posteriormente la prensa calificaría de dinosaurios, no daban crédito y no pudieron digerir el trauma.
 
El gabinete le sirve al presidente entrante para colocar a sus colaboradores más cercanos. Sirve también para tener gestos conciliatorios con los partidos de oposición o para pagar deudas con algunos políticos. En los casos de Gobernación y Hacienda los nombramientos mandan mensajes claros a las fuerzas políticas y mercados financieros, respectivamente. El gabinete sirve también para buscar acercarse a esa anhelada equidad de género.

 

En esa era dorada para el PRI el relevo sexenal constituía un momento de esperanza. Cual sucesión monárquica, los súbditos abrigaban la esperanza de que con el nuevo las cosas mejorarían. Piensen en la campaña de renovación moral de Miguel de la Madrid.

 

Quizás lo más significativo de estos meses de transición haya ocurrido en estas últimas semanas. Al acercarse el fin de su sexenio, hay presidentes que no han podido resistir un último intento por asegurar su lugar en la historia del país. En algunos casos fueron aún más lejos. Piensen en los intentos de Luis Echeverría primero por buscar la relección y luego por tratar de convertirse en el secretario general de la ONU.

 

El presidente Calderón también está enfrentando dificultades en la etapa final de su administración. Así lo demuestra la incesante propaganda en los medios de comunicación. En su discurso en la Asamblea General de la ONU, la semana pasada, repasó lo que considera los mayores logros de su administración.

 

Pero el Presidente hizo un planteamiento que sorprendió a algunos. Pidió que la ONU examinar a fondo el tema de la demanda de drogas que, insistió, constituye la principal causa del enriquecimiento de los narcotraficantes y de las decenas de miles de muertes en Latinoamérica y el Caribe. Y exigió que la ONU se abocara al tema de los alcances y límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas.

 

Al parecer, el Presidente saliente se está inclinando por las posiciones que ahora defienden, ya como ex presidentes, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México. ¿Por qué se les prende el foquito cuando ya han dejado el poder?

 

En el caso del presidente Calderón hay también otro ejemplo. Se trata de la reforma laboral que envió al Congreso con un sello de urgente. Pues bien, al cuarto para las 12 propone una reforma que fue muy anhelada por su partido. Sin embargo, su propio partido en el Congreso acepta los ajustes propuestos por la mayoría relativa del PRI para salvaguardar los mismos privilegios de los líderes sindicalistas que pretendía abolir.

 

Lo que está ocurriendo en el Congreso quizás también sea un indicio de la forma en que el presidente entrante piensa gobernar.

 

Hace 60 años Daniel Cosío Villegas vaticinó que si el PAN llegaba un día a Los Pinos tendría dificultades en gobernar porque no tenía los cuadros experimentados para hacerlo. Agregó que el PAN no contaba ni con principios ni con hombres y, en consecuencia, no podría improvisar ni los unos ni los otros. Señaló que el mayor sustento de Acción Nacional era el desprestigio de los regímenes revolucionarios. Los últimos dos sexenio parecen haber confirmado la certeza de la observación de don Daniel.

 

El regreso del PRI a Los Pinos ya no despierta el optimismo del cambio sexenal de antaño. Llega en gran medida como consecuencia del triste papel de los últimos dos inquilinos.