El trasfondo internacional de la Reforma Laboral
Cercan San Lázaro contra la Reforma Laboral.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma laboral cocinada entre el PAN y el PRI
pretende ser una concesión de México a los países miembros del Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en
inglés) –al que se incorporó apenas en junio pasado–, aunque podría contravenir
el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
El laboral es uno de los temas más críticos en las discusiones del TPP, que
ya suma 14 rondas. La más reciente se efectuó este mes en territorio
estadunidense, y en ninguna ha participado México.
Patricia Juan, abogada del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), comenta a este
semanario: “Desde el proceso de firma del TLCAN la idea era tener un mercado
abierto de mano de obra barata. Se ha estado buscando que, a partir de que en
México hay posibilidades de invertir, ahora la competencia es que fuera más
barato”.
Explica: “Ahora que se busca mayor flexibilidad y hacer más sencilla la
inversión (la reforma laboral) es la base para negociar el TPP. Para nosotros,
competir y mantenernos en ese nivel es lo que se requería para tener esa
flexibilidad y esa competitividad”.
El TPP se conformó en 2006 con cuatro socios: Chile, Brunei, Nueva Zelanda y
Singapur. Luego se sumaron Estados Unidos, Perú, Vietnam, Malasia, Australia, y
en junio último Canadá y México. Ahora, según la especialista, mientras China se
encareció, México se está convirtiendo en un atractivo foco para la
inversión.
En su informe enviado al Senado el lunes 17, la Secretaría de Economía
menciona 22 mesas de trabajo dentro de las pláticas del TPP, una de las cuales
incluye los rubros “comercio y trabajo”, pero elude el aspecto laboral.
Este aspecto se perfila como uno de los más complejos en las discusiones,
según el reporte Las negociaciones de la Alianza Trans-Pacífica y temas para el
Congreso, coordinado por Ian F. Fergusson, especialista en comercio
internacional y finanzas, y en el que colaboraron William H. Cooper, experto en
comercio internacional y finanzas; Remy Jurenas, especialista en políticas
agrícolas, y Brock R. Williams, analista en comercio internacional y
finanzas.
Difundido recientemente por el Servicio de Investigación Legislativa de la
Cámara Baja de Estados Unidos, el reporte apunta: “A los simpatizantes de
derechos laborales fuertes –como los sindicatos y algunas ONG– les preocupa un
posible fracaso en el respeto y promoción de esos derechos, incluyendo la
negociación colectiva, que podría llevar a la imposición de bajos salarios y
pobres condiciones en desventaja competitiva en la medida en que compitan contra
prácticas laborales de costos y estándares bajos”.
Según el marco negociador del TPP de noviembre de 2011, este acuerdo tendrá
un capítulo laboral separado. El convenio original –conocido como P-4, por sus
firmantes originales– no aborda específicamente los derechos laborales.
Sin embargo, el reporte estadunidense critica ese convenio por “su lenguaje
ambiguo”, sobre todo porque, apunta, “el capítulo ‘incluiría compromisos de
protección de los derechos laborales y mecanismos para garantizar la
cooperación, la coordinación y el diálogo sobre temas laborales de preocupación
mutua’”.
El TLCAN, vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, incluyó
un capítulo laboral fuera del cuerpo del acuerdo, en el que se pide a las partes
aplicar sus propios estándares laborales. Las estipulaciones son cumplidas
mediante un procedimiento especial de solución de disputas.
Mientras, el Tratado de Libre Comercio entre América Central, República
Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), en vigor desde
2006, contiene una figura similar, pues sus provisiones son ejecutables bajo el
mecanismo de solución de disputas y las violaciones son sujetas a potenciales
sanciones comerciales.
Nuevos principios laborales fueron incluidos en los TLC entre Estados Unidos
y Perú (2009), Panamá (a partir del próximo mes), Corea del Sur (desde marzo
pasado) y Colombia (desde mayo último), de modo que se pidiera a las partes
adoptar y mantener cinco derechos laborales internacionalmente aceptados que
aparecen en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998:
La libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo obligatorio
o forzado, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la
discriminación en el trabajo. Estos lineamientos son aplicables bajo los
procedimientos de solución de disputas de los TLC.
Basadas en el capítulo laboral del TLCAN, sindicatos y organizaciones
gremiales han presentado 35 denuncias contra México ante el panel laboral de
1994 a la fecha, pero sólo han concluido en recomendaciones a la Secretaría del
Trabajo.
Estándares mínimos
México se alista para participar por primera vez en la próxima ronda de
negociaciones del TPP, programada para diciembre próximo.
“Ahora es necesario hacer más vendible, más domesticable y más controlable la
mano de obra. La reforma (laboral) genera ese contexto”, enfatiza la abogada del
FAT.
A su vez el reporte estadunidense coordinado por Cooper asienta: “El tema del
tratamiento de los derechos citados en el TPP ha provocado un debate entre sus
socios y los actores estadunidenses”.
En diciembre de 2011, periódicos de Estados Unidos informaron que el gobierno
de ese país entregó una propuesta al respecto a los otros países, que
presuntamente se ceñía a los principios de la OIT.
De acuerdo con esas versiones –que la administración de Barack Obama aún no
admite de manera pública– se intenta que las naciones tengan leyes laborales
relacionadas con requerimientos de salario mínimo, horario de trabajo, seguridad
y salud ocupacional. Asimismo, sus socios deberían tomar medidas para reducir el
comercio en productos hechos con trabajo forzado o infantil y aplicar leyes
laborales en las zonas de procesamiento para la exportación o de libre
comercio.
El documento de Cooper, divulgado por el Servicio de Investigación
Legislativa estadunidense y que recoge la información periodística, indica: “Los
derechos de los trabajadores podrían ser controversiales entre los socios del
TPP. Vietnam y Brunei, por ejemplo, habrían expresado su rechazo a provisiones
laborales sujetas a procedimientos de solución de disputas vinculantes”.
A ello se debe también que los opositores a la reforma laboral calderonista
hayan llevado su reclamo a Washington y a otras instancias internacionales.
“En la medida en que tengamos reformas laborales que restrinjan la asociación
y la negociación colectiva, se rompe la posibilidad de mejores condiciones de
trabajo. En la medida en que eso ocurra, en Estados Unidos van a perder empleos,
porque las empresas se van a instalar en México, y va a haber migración”,
sostiene la abogada Patricia Juan.
Por esa misma razón, el viernes 21 los congresistas demócratas Jan
Schakowsky, James McGovern, Rosa DeLauro, Michael Michaud, Raúl Grijalva, Sam
Farr, John Tierney, Linda Sánchez, Michael Doyle y John Conyers enviaron una
carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la cual le piden que inste
al gobierno mexicano a proteger los derechos de los trabajadores, incluyendo el
de organización:
“Le escribimos para expresar nuestra gran preocupación respecto al voto que
está pendiente en el Congreso mexicano, el cual retrasaría las protecciones a
los derechos laborales y haría todavía más difícil que los trabajadores puedan
formar sindicatos independientes.
“En vez de abordar las debilidades de la ley laboral mexicana existentes, la
legislación propuesta debilitaría aún más la situación de los trabajadores. La
propuesta ampliaría el sistema de contratos de protección firmados entre los
empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores, crearía impedimentos
adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitaría las protecciones
laborales, promovería el trabajo precario y violaría la autonomía sindical.”
Debido al estado alicaído de la economía estadunidense, el empleo es uno de
los temas centrales de la campaña presidencial que culmina en noviembre próximo
y en la cual Obama busca la relección frente al republicano Mitt Romney.
Para los demócratas, los cambios a la legislación ampliarían el sistema de
contratos de protección, crearían impedimentos adicionales al ejercicio del
derecho a huelga, debilitarían las protecciones laborales y promoverían el
trabajo precario, además de quebrantar la autonomía sindical.
La carta de los legisladores estadunidenses recuerda que “el intento por
debilitar las protecciones a los derechos laborales en México ocurre justo
cuando el gobierno mexicano está por unirse oficialmente a las negociaciones”
del TPP y sugiere al gobierno de Estados Unidos “dejar claro que no es aceptable
debilitar la ley laboral justo antes de unirse a las negociaciones del
acuerdo”.
En tanto, los opositores a la reforma laboral calderonista preparan una
ofensiva internacional para denunciar lo que consideran violaciones a la reforma
constitucional en derechos humanos, a las convenciones 87 y 98 sobre libertad
sindical y negociación colectiva de la OIT y del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, vigente desde 1976.
Uno de sus propósitos es que una misión de la OIT visite México para
constatar el impacto que tendrá la reforma impulsada por el PRI y el PAN. El
Consejo de Administración de la OIT analizará la situación laboral de naciones
como México en su sesión de noviembre próximo en Ginebra.
Los opositores a la reforma laboral pretenden presentar el caso actual ante
el Comité DESC, conformado por 18 expertos independientes que supervisan el
cumplimiento del Pacto Internacional: “También queremos incidir para que la
relatora especial de la ONU sobre la Pobreza (la chilena Magdalena Sepúlveda
Carmona) asuma el asunto del trabajo, pues a trabajo precario, ingreso
precario”, sostiene la abogada Patricia Juan.
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