Los dogmas (y la gente) a la basura
El encuentro Calderón-Peña en Los Pinos.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- El camino está marcado: A la Reforma Laboral aprobada
en la Cámara de Diputados por las bancadas de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto, que condena a la servidumbre a millones de jóvenes, le seguirán la
energética, la fiscal y la que les dé la gana.
Sin discusión y sin razones, sólo con la cifra mayoritaria que cuadra el
contubernio, se aniquilan derechos mínimos de los trabajadores y se convalidan
las nuevas formas de contratación –sobre todo para los jóvenes– con sueldos de
hambre, sin prestaciones, seguridad social, vivienda, ni pensión para vejez.
Los patrones, en contraste, salen ganando: Se autorizan en los hechos los
despidos discrecionales para evitar el pago de pensiones y de séptimo día, y
gracias a la legalización del outsourcing sin restricciones se estimula
la evasión de impuestos y el pago de cuotas obrero-patronales, afectando
directamente las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Eso sí, el régimen corrupto y antidemocrático de los sindicatos –corporativos
y “democráticos”– quedó intocado, algo que también pactaron Calderón y Peña,
como lo demuestra el aval en la Cámara de Diputados de sus respectivas bancadas,
pese a la pantomima panista de culpar a sus pares priistas.
Calderón, y antes Vicente Fox, pudieron desmontar el poder de varios
sátrapas, pero se aliaron con ellos y los encubrieron, dos en especial: Elba
Esther Gordillo, cacique del magisterio, y Carlos Romero Deschamps, al frente
del también corrupto gremio petrolero.
En realidad, nadie –ni los partidos de izquierda– quiso genuinamente al menos
acotar el poder corrupto de los dirigentes sindicales que, en los hechos, son
todos blancos, es decir, coludidos con los empleadores y lesivos para los
trabajadores.
Así lo muestra la votación del artículo referido a la transparencia y
democracia sindicales: El bloque PRI-Verde-Panal reunió 248 votos (incluida la
panista poblana Blanca Jiménez Castillo) y el PAN aliado en este tema con PRD,
PT y Movimiento Ciudadano sólo acumuló 186 votos.
El asunto es que salieron del pleno 62 diputados que, sumados a los 186,
habrían empatado la votación y aun haberla ganado con el voto de la panista
Blanca Jiménez, allegada al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle,
incondicional de Elba Esther.
Cinco panistas, 48 perredistas, dos del Partido del Trabajo y siete del
Movimiento Ciudadano conspiraron para mantener los privilegios de la casta de
dirigentes sindicales corruptos.
Así, tras la ratificación en el Senado de la Reforma Laboral aprobada la
madrugada del sábado –¡que la patronal ve todavía limitada!–, sigue la
privatización del petróleo bajo cualquier eufemismo, y lo de menos es reformar
la Constitución.
Ya lo anticipó el diputado priista Manlio Fabio Beltrones, precandidato
presidencial para el 2018: “Hay que echar al bote de la basura los viejos tabúes
y dogmas (…) Es tiempo de buscar, sin ceder de ninguna manera una gota de
propiedad de petróleo, la forma como Pemex, el Estado mexicano y la iniciativa
privada puedan combinar su esfuerzo para que México crezca”.
Beltrones ha de creer que los mexicanos somos imbéciles: Si de lo que se
trata es, no de ceder “una gota propiedad del petróleo” –como demagógicamente
dice–, sino de entregar todos los yacimientos al sector privado nacional o
extranjero, que es lo que está en curso.
Tampoco en esta materia se puede anticipar que habrá un por lo menos tímido
combate a la corrupción, que es lo que –junto con la ineptitud– ha llevado a la
quiebra a la industria petrolera nacional.
Y es lógico: La corrupción es un dogma que el poder político-empresarial de
México no quiere mandar al bote de la basura. Que se jodan las personas…
Apuntes
¿Y Andrés Manuel López Obrador, el excandidato presidencial opuesto
verbalmente a reformas neoliberales como la laboral? Ausente y mudo, en la
construcción de su propio partido, el Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena). Mañana, 2 de octubre, aniversario 48 de la matanza de Tlatelolco,
acudirá a la Plaza de las Tres Culturas. ¿Llamará a evitar que la reforma se
apruebe en el Senado? No lo creo…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
Reforma proempresarial
Toma de la tribuna de San Lázaro.
Foto: Germán Canseco.
Foto: Germán Canseco.
Una reforma laboral en México debía revisar al menos cuatro aspectos: uno, la
llamada flexibilidad laboral, que es la que más interesa a los empresarios; dos,
la democracia sindical, vital para acabar con el nocivo corporativismo; tres,
las garantías mínimas para el cumplimiento de los convenios internacionales
aceptados por México, entre los que se encuentran los relacionados con la
Organización Internacional del Trabajo; y cuatro, el sistema de justicia
laboral.
La iniciativa de reforma enviada por el presidente Felipe Calderón se
concentraba en los primeros tres, pues el cuarto, aunque afirmaba hacerlo, en
realidad evadía el asunto principal, que sería trasladar la responsabilidad de
la justicia laboral al ámbito del Poder Judicial, con lo cual se acabaría con
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sometidas al Poder Ejecutivo y a las
cúpulas empresariales y sindicales.
Sobre el tercer punto, es decir, apegar las disposiciones legales mexicanas a
las acordadas en los convenios internacionales, Thomas Wissing, director de la
OIT para México y Cuba, manifestó que la iniciativa tenía bondades, pero que
eran limitadas y podrían ampliarse. Y este, el tercero, fue el aspecto menos
discutido entre los diputados.
Los partidos del Frente Legislativo Progresista (PRD, PT y MC), los
sindicatos democráticos (hoy prácticamente en extinción) y los abogados
laboralistas progresistas centraron sus objeciones principalmente en la
flexibilización de las condiciones laborales, pues la iniciativa calderonista
prácticamente atendía todas las demandas empresariales, a costa de desproteger a
los trabajadores.
Por su parte, el PRI y los sindicatos tradicionalmente ligados a dicho
partido no se proponían transformar la vida sindical, con el argumento de que
eso sería violentar la autonomía de dichas organizaciones.
De acuerdo con las discusiones y votaciones en la Cámara de Diputados, todo
parece indicar que los trabajadores son los grandes perdedores de esta reforma,
pues lo que finalmente se aprobó va en detrimento de sus condiciones laborales;
y lo que se rechazó o modificó es lo poco que podría beneficiarlos, como sería
garantizar su derecho a la información sobre el manejo de las cuentas de las
organizaciones sindicales y el voto libre y secreto para la elección de sus
dirigentes.
Así, la mezcla de omisiones, tibiezas, rechazos y concesiones opera
totalmente a favor de los empresarios y los dirigentes sindicales. Los pocos
avances son, como señaló la OIT, limitados e insuficientes, en virtud de que
nadie se preocupó por que al menos en lo relacionado con el trabajo infantil, la
igualdad de género, el trabajo doméstico, la maternidad y el denominado trabajo
decente la legislación mexicana se adecuara plenamente a lo establecido en los
convenios de la OIT.
Wissing precisó algunas de estas tibiezas, particularmente en relación con el
trabajo infantil. Apuntó que aunque se introduce el término de “trabajo infantil
peligroso”, se establecen diferencias entre menores de 16 y menores de 18 años,
pudiendo haber elevado todas las prohibiciones a los 18 años. Y en el caso del
trabajo doméstico, donde se dispone el descanso nocturno de nueve horas y diurno
de tres horas, señaló que implícitamente se plantean horarios laborales de 12
horas.
Pero lo más perjudicial para los trabajadores es la mezcla de concesiones,
rechazos y omisiones. Así, los matices priistas para supuestamente disminuir el
grado de discrecionalidad de los patrones en la aplicación de las nuevas normas
nada previeron ante la inoperancia de las autoridades laborales, la ausencia de
avances en materia de justicia laboral y la perpetuación de los cacicazgos
sindicales. De nada sirve involucrar a las Comisiones y a las Juntas para
decidir sobre las nuevas formas de contratación, pues éstas permanecen bajo el
control del Ejecutivo, las cúpulas empresariales y los viejos líderes
sindicales. De este modo, las enmiendas de los diputados tricolores fueron
simplemente decorativas.
Lo mismo sucede con el pago de salarios caídos de un año como máximo y con
los requisitos inalcanzables para disputar la titularidad de los contratos
colectivos, donde las nuevas disposiciones atentan contra los derechos de los
trabajadores y favorecen los intereses de los empresarios. En el segundo caso,
es evidente que el rechazo de los tricolores a todas las reformas relacionadas
con la vida interna de los sindicatos, la perpetuación de las Juntas bajo la
jurisdicción del Poder Ejecutivo y las prácticas patronales conducen a la
multiplicación de los contratos de protección.
En los hechos la reforma laboral simplemente legaliza todas las prácticas que
desde hace un buen tiempo se han aplicado en las relaciones obrero-patronales
con la complacencia de las autoridades, como la subcontratación y los diversos
tipos de contratos; e incorpora algunas de las disposiciones que ya eran
aplicables mediante una interpretación amplia de las últimas reformas
constitucionales y sentencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en
materia de derechos humanos.
Si gobierno y empresarios perciben la flexibilización laboral como
indispensable para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos,
los trabajadores tienen más urgencia de que se modifiquen totalmente el sistema
de justicia laboral y las normas que rigen la vida interna de los
sindicatos.
Es absolutamente injustificable mantener un sistema de justicia laboral
sustentado en órganos tripartitos (gobierno, empresarios y trabajadores)
construidos bajo la lógica de un régimen autoritario soportado por el
corporativismo. Hoy es indispensable construir un nuevo sistema basado en jueces
imparciales ubicados dentro del Poder Judicial.
También es absurdo que, para evitar la aprobación de nuevas normas que
regulen la vida sindical, se pretexte que el Estado no debe reglamentar las
relaciones entre particulares. Es absurdo por dos razones: primera, porque el
tema tiene que ver con dos derechos fundamentales (el derecho al trabajo y el
derecho a una vida digna) y, por lo tanto, el Estado debe tutelarlos; y,
segunda, porque una de las funciones del Estado es precisamente establecer las
reglas para la relación entre los distintos actores de la sociedad, como lo hace
al determinar un salario mínimo o al fijar los requisitos mínimos que debe
cumplir un contrato entre particulares para tener validez jurídica.
Pero la reforma laboral simplemente adecua la legislación a los
requerimientos del modelo neoliberal vigente en detrimento de los derechos de
los trabajadores. Nuevamente prevalecen los intereses de los grupos dominantes
(políticos, económicos y sindicales) sobre los de las mayorías trabajadoras.
Las lecciones de Lujambio
Alonso Lujambio. Sus últimos días.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sería una villanía hacer imputaciones a alguien que
ha muerto y que, en consecuencia, no puede responder. Estoy convencido de ello.
Pero lo estoy también de que el caso de Alonso Lujambio tiene implicaciones de
naturaleza pública que no deben ser colocadas en el umbral de la invisibilidad
bajo la coartada de que, por haber fallecido, sus acciones se han convertido en
“buenas”. No lo creo, y véase por qué afirmo lo anterior.
Primero. El tratamiento mediático de la lamentable muerte de Alonso Lujambio
consistió, en sus grandes trazos, en una operación que permitiera poner debajo
del tapete los ilícitos en los que probablemente se incurrió en el manejo del
tratamiento médico de su cáncer de médula ósea y su candidatura plurinominal al
Senado de la República por el PAN. Se prefirió, en gran medida, ponderar sus
virtudes (ninguna de las cuales, por cierto, regateo) sobre cualquier falta.
Esto pone de relieve la doble moral que practica con gran desparpajo buena parte
de la clase política mexicana.
No pongo en duda las credenciales de Lujambio. Reconozco que fue una persona
con una sólida formación académica y que tuvo iniciativas que favorecen a la
sociedad, como la adición del segundo párrafo al artículo 6º constitucional en
materia de transparencia, de cuya aprobación fue protagonista junto con Ricardo
Becerra. Lo anterior, empero, no es un salvoconducto histórico para que sus
errores se hayan redimido como si viviéramos en una sociedad religiosa.
Segundo. El tema de fondo no es ni ha sido la capacidad profesional de Alonso
Lujambio, sino el uso de recursos públicos para fines ajenos a los que están
destinados, lo cual lastima a grandes porciones de la población, como lo pone de
relieve la lectora de Proceso Verónica Escutia en la sección Palabra de Lector
de este semanario (edición número 1871, del 9 de septiembre), quien brinda un
doloroso testimonio de vida de quien no tiene el poder a su servicio, como
sucede también a miles de ciudadanos de a pie.
Además de Lujambio, el secretario de la Función Pública y el propio
presidente Calderón son corresponsables de desvío de recursos del erario y de
daño patrimonial al Estado. No es, por supuesto, sólo una conjetura u ocurrencia
mía. El gasto público utilizado para mantener con vida a Alonso Lujambio rebasa
con creces las posibilidades de un servidor público, incluso de un secretario de
despacho, como lo fue en vida Lujambio.
Así, por ejemplo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade, además de los servicios del ISSSTE a los que tiene derecho, cuenta como
prestación adicional con un seguro de gastos médicos. Conforme a su póliza con
Metlife, por evento tiene una cobertura máxima de 622 mil 710 pesos. Es posible
lo que se denomina la potenciación del citado seguro hasta por un tope
equivalente a tres veces la cantidad citada, con cargo al servidor público.
Si aceptáramos que Lujambio hubiera tenido la máxima potenciación, es decir,
casi 2 millones de pesos (artículo 29, fracción IV del acuerdo mediante el cual
se expide el Manual de percepciones de los servidores públicos de las
dependencias y entidades de la administración pública federal), no le habrían
alcanzado para estar ocho meses en Estados Unidos en cualesquiera de los
hospitales de mayor reconocimiento en cáncer de médula ósea, pues eso habría
significado al menos 20 veces más la cifra de cobertura del seguro médico de
Lujambio, sin contar hotel, alimentos y viáticos para su familia, y suponiendo,
además, que tuviera cobertura total en el extranjero.
Un seguro para atender padecimientos como el cáncer de médula ósea implica el
pago de una prima anual entre 45 mil y 55 mil dólares estadunidenses. En otras
palabras, Lujambio tendría que haber dedicado gran parte de su sueldo a pagar
una prima de esa cantidad. Este seguro, además, no incluye avión privado ni
hospedaje ni alimentos para familiares y ayudantes, sólo los gastos médicos. ¿De
dónde salió el dinero para pagar el tratamiento médico infructuoso de Alonso
Lujambio? ¿No hubiera sido bueno que el gobierno aclarara estos datos para
evitar especulaciones?
Tercero. Otra vertiente del caso de Lujambio es la política de la que había
sido un gran practicante. Ese conocimiento pragmático se vino abajo en el último
año de su vida. El Partido Acción Nacional, a sabiendas de que Lujambio padecía
una enfermedad terminal, lo postuló como candidato plurinominal al Senado de la
República. Eso no es ilegal, pero sí inmoral. Un partido mínimamente democrático
debe tener un compromiso básico con sus electores, al menos para guardar las
formas. El PAN, con Lujambio, hizo gala de cinismo, y con la aquiescencia del
propio exsecretario de Educación hizo que renunciara voluntariamente a su
legítimo derecho a la propia imagen para mostrarse a propios y extraños como una
sombra gris de lo que fue.
Ni un mes Lujambio atendió su compromiso con los electores y su trabajo en el
Senado. Por sus limitaciones en su sistema nervioso central, Lujambio fue
nombrado secretario de un instituto senatorial que cumple funciones
testimoniales. Salvo una, en todas las sesiones ordinarias del Senado fue
exonerado de su obligación de asistir debido a su delicado estado de salud.
¿Por qué Lujambio, sabiendo con precisión que no podría cumplir la función de
senador, aceptó ser postulado? ¿Por qué el PAN, que en sus líneas de doctrina
prioriza la ética como una forma de actuar, postuló a Lujambio? ¿Nunca se le
ocurrió al PAN que los electores requieren de candidatos sanos para que puedan
ejercer cargos públicos? Es necesario que de esta trágica experiencia se
extraigan lecciones que permitan regular estas situaciones haciendo las reformas
necesarias al Cofipe y adicionando el artículo 41 constitucional. Bien decía
Santayana que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. El sentido
común y las prácticas de ética mínimas se han perdido en México. Hay que
encontrarlos.
evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
Estudiantes rechazan contratación de Calderón en Universidad de Texas
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un grupo de estudiantes de la Universidad de
Texas se pronunció en contra de que el presidente Felipe Calderón se incorpore
como profesor de esa casa de estudios.
En una petición publicada en la página web change.org y dirigida a William
Powers Jr, presidente de la Universidad de Texas, se lee: “Calderón es
responsable de la muerte de miles de niños, no dejemos que sea profesor en
Estados Unidos”.
Y agrega: “La violencia por la guerra contra las drogas estalló durante la
administración de Calderón. La estrategia fue un fracaso provocando más de 80
mil muertes, que irrespetuosamente el gobierno llama daños colaterales”.
Hasta las 14:00 horas de este lunes 1 de octubre, la carta había sido firmada
por 360 personas.
En agosto pasado, el diario estadunidense The Dallas Morning News publicó que
el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, tenía planes de enseñanza con las
universidades de Georgetown, Harvard, Standford y Texas.
La publicación, firmada por Alfredo Corchado, destaca que la Universidad de
Texas era la más interesada hasta ese momento.
“En un año, Calderón se ha reunido al menos en dos ocasiones con el
presidente de la Universidad de Texas, William Powers Jr. La oficina de Calderón
está buscando un hogar para el titular del Ejecutivo y su esposa, Margarita
Zavala, además de escuelas para sus tres hijos, según dos fuentes cercanas a la
negociación”, dice el texto.
Por otra parte, el viernes 21 de septiembre, un grupo de veinte estudiantes
de la Universidad de Texas manifestaron su rechazó a que Calderón pase a formar
parte de la plantilla de profesores en esa institución.
El diario Texas Tribune reprodujo algunos testimonios de los estudiantes que
protestaron durante una conferencia de “altos funcionarios mexicanos”, entre
ellos el titular de la Segob, Alejandro Poiré:
“Calderón debe quedarse en México para resolver los problemas que ha causado
antes de que llegue a los Estados Unidos”, dijo Giulianna Zambrano al diario
texano.
Según el periódico a los estudiantes les preocupa que Calderón llegue a
Estados Unidos bajo la sombra de la impunidad durante su régimen.
Apenas la semana pasada, a la salida de un acto en Nueva York, un grupo de
mexicanos que lo esperaba a las afueras del edificio de Nasdaq le gritó a
Calderón “¡asesino!” y “¡borracho!” ante lo que el mandatario apuró el paso y
abordó el vehículo que lo esperaba.
Se puede acceder al contenido de la carta en el siguiente link: http://www.change.org/petitions/calder%C3%B3n-is-responsible-for-the-deaths-of-thousands-of-children-don-t-let-him-teach-in-the-u-s?utm_campaign=friend_inviter_modal&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=7147657
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