Reforma laboral, suma de contradicciones
Arturo Alcalde Justiniani
El proceso de reforma laboral ha exhibido las contradicciones entre el discurso y los verdaderos intereses de buena parte de sus impulsores, entre ellos los empresarios y el gobierno federal. Ha prevalecido el peso de la simulación y la resistencia a un verdadero cambio, como lo requiere nuestro modelo laboral y productivo.
Además de no ser estructural la reforma, tampoco será creadora de empleos. Día a día se acumulan los análisis especializados que demuestran que no existe relación necesaria entre los cambios a la ley y el crecimiento de nuevas plazas de trabajo. Quizá el único funcionario que ha sido sincero en sus declaraciones es el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, al señalar que la verdadera motivación de la reforma era la contratación y el despido libre y barato.
Afirmar que la reforma es en favor de los trabajadores es un chiste de mal gusto, su producto más significativo ha sido limitar los salarios vencidos en caso de despido injustificado hasta por el término de un año, alegando la extrema lentitud de las juntas de Conciliación y Arbitraje. En lugar de proponer cambios, como se ha hecho en otras ramas del derecho tendientes a impartir justicia pronta y expedita, se optó por hincarle el diente a los trabajadores, incrementando su agobio e indefensión, especialmente en la pequeña y mediana empresa.
El capítulo de transparencia, rendición de cuentas y voto secreto también puso en evidencia los dobles discursos. El Ejecutivo federal había formulado un planteamiento contradictorio: por un lado sustentaba estas propuestas y por el otro las cancelaba, al impedir que esos trabajadores supuestamente democratizados pudieran participar en la contratación colectiva. De nada sirve contar con un sindicato democrático si se le bloquea el acceso a la negociación de las condiciones de trabajo. En el renglón de la transparencia, la iniciativa presidencial planteaba, siguiendo los criterios del Ifai, que debería existir el acceso público a los registros que obran en las oficinas gubernamentales, juntas de Conciliación y Arbitraje y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que contienen los contratos colectivos y documentos que los sindicatos están obligados a exhibir por ley; sin embargo, el PAN votó en contra de esta propuesta en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, junto con la aplanadora PRI, PVEM y Partido Nueva Alianza; con esa votación, que contradice sus pronunciamientos públicos, quedó claro que el PAN no estaba interesado en ningún cambio que incomodara al sector empresarial, al que ha representado en todos los temas de manera disciplinada. Los patrones no quieren que se den a conocer esos registros gubernamentales porque echan luz sobre los contratos de protección patronal, práctica viciosa que defienden a toda costa y que les permite imponer al sindicato de su preferencia en las fuentes de trabajo, pervirtiendo todo el modelo de relaciones laborales. En otras palabras, aceptan el voto secreto y la rendición de cuentas a cargo del sindicato, pero nada en el ámbito contractual, buscan evitar que la corrupción y el control sean exhibidos; ahora en el Senado, el PAN pretende desviar la atención hacia el renglón del descuento de cuotas sindicales, aspecto que ni siquiera formó parte de la iniciativa presidencial ni del dictamen.
En cuanto a la cláusula de exclusión que se refiere a la separación de quienes renuncian o sean expulsados de un sindicato, fue derogado de la ley; el cambio es correcto y atiende a los criterios de nuestro máximo tribunal de justicia; sin embargo, como en otras partes del mundo, debió compensarse estableciendo prohibiciones y sanciones a los patrones que intervienen en la vida de los gremios, obligando a los trabajadores a renunciar a los sindicatos.
Algunas de las intenciones de la iniciativa presidencial no han logrado sus efectos perniciosos. Los obstáculos al derecho de huelga y otros requisitos insalvables para cambios de sindicato quedaron fuera. Los contratos temporales, a prueba y de capacitación fueron condicionados a la participación de la Comisión Mixta de Productividad en una redacción confusa y contradictoria; los contratos por hora fueron matizados de manera incompleta con el señalamiento de que debe cubrirse el jornal completo y respetar los derechos de la plaza. A futuro estos aspectos generarán numerosas controversias legales.
En relación con el tema del régimen de subcontratación que la iniciativa había planteado sin límites, encubriendo la responsabilidad de los auténticos patrones, fue al menos regulada por tres condiciones contenidas en el artículo 15 A: no podrán abarcar la totalidad de las actividades de la empresa, deberá justificarse por su carácter especializado y no podrán comprender las tareas que realizan el resto de los trabajadores al servicio del verdadero patrón. De no cumplirse con estas condiciones el beneficiario o contratante, será reconocido como verdadero patrón. Estos requisitos, si bien insuficientes, provocaron la preocupación de aquellas empresas que se han ido hasta la cocina en materia de subcontratación, convertida en deporte nacional, sin contrapeso ni árbitro, sobre todo a través de las llamadas empresas de servicios, creadas para no pagar utilidades, reducir pago de impuestos y costos de seguridad social y precarizar los derechos individuales y colectivos. El sector empresarial más rudo ha confesado que pretende ir al Senado para suprimir cualquier vestigio de protección. Lo quieren todo. Sienten que los trabajadores están en barata.
Dinero
¿Te afecta personalmente el reformón?
Pueden correrte y con poco contratarán a otro
Champaña, Rolex, Armani, para el líder sindical
Enrique Galván Ochoa
El reformón laboral fue aprobado por la Cámara de Diputados, mayoriteado por PRI, PAN, Verde, y traidores de la izquierda. Ahora se
cocinaen el Senado. Les preguntamos a nuestros foristas esta semana: ¿Piensas que te afectará personalmente? 1) Sí, respondió 63 por ciento. 2) No tengo empleo, manifestó 20 por ciento. 3) No lo sé, dijo 10 por ciento. 4 ) No me afecta, opinó 7 por ciento.
Metodología
Cada semana enviamos nuestro sondeo a 3 mil miembros del Foro México con direcciones electrónicas tomadas al azar de las más de 6 mil que lo integran. Esta ocasión tuvimos la participación de mil 838 personas. En las líneas siguientes reproducimos fragmentos de algunos de sus comentarios.
Opiniones
Claro que sí me afectará, trabajo por horas, y ya empezaron desde este año a bajar el sueldo 30 por ciento.
Patricia Razo Cruz / Monterrey
Muchos tenemos un empleo estable y bien remunerado; yo, por ejemplo, trabajo en la UNAM. Pero no se trata de que nos afecte directamente, se trata de que tendremos que ingeniárnoslas para que podamos ayudar a quienes sí les pegará directamente (sobre todo, a nuestr@s hij@s), quienes habrán perdido todo aquello por lo que la gente consciente en la UNAM fue tantas veces a huelga, marchas, etcétera, empezando por la democracia y la justicia.
Antonio Sarmiento Galán / Cuernavaca
Estoy desempleado desde hace año y medio; no creo que me ayude este retroceso laboral.
Miguel Córdova Sánchez / Distrito Federal
Claro que me afecta. Propongo que si es tan buena, como afirman los legisladores y el Consejo Coordinador Empresarial, que se lo apliquen primero ellos y a todos los directivos convencidos de sus bondades: que sean contratados por outsourcing, que les paguen por horas trabajadas (efectivas). Tal vez así se eleve su productividad.
Armando Islas Torres / Distrito Federal
Temo que sólo sea el principio. Pertenezco al SNTSA, charreado por Joel Ayala y sus huestes. No tardan en quitarnos prestaciones. Les dejo un epigrama de mi autoría que refleja mi opinión: Champaña, Rolex, Armani, / para el líder sindical, / que vive de la ancestral / veneración al Tlatoani.
José Estrada García / Distrito Federal
Me beneficiará porque estoy subcontratada y el que regularicen a los outsourcing es magnífico. No nos dejemos engañar, lo que de verdad nos perjudica es que los líderes sindicales manipulen la información para defender sus beneficios, ya que si no alborotan al pueblo, no habrá quién los defienda. La reforma no es retroactiva, si tienes un trabajo actualmente, debes cuidarlo, capacitarte y hacerlo bien.
Tania Mojica García / Distrito Federal
(Respuesta de forista) Querida Tania: Se ve que no sabe cómo le pueden hacer retroactiva la ley. Ahí le va una posibilidad. ¿Qué hay que su patrón contacte un empleado joven que realice la actividad que usted desempeña en esa empresa? Si a usted la despide, le pagará lo que por ley le corresponda, quizá una buena lana. Al chavo que contrate le dará un contrato
a prueba, con sueldo mucho menor al de usted. Al término del contrato
a pruebale expide otro, y cuando ya no pueda renovarle el contrato a prueba, lo despide y trae otro chavo y le hace el mismo numerito; así hasta el infinito. Usted se llevará
quizá una buena lana, pero ya nunca más tendrá un empleo igual al perdido, porque siempre le ofrecerán contratos
a pruebauno y otro y otro y nunca volverá a tener un empleo digno. Siento bajarla de su nube. Perdóneme.
Carlos Jiménez Pérez / Aguascalientes
¡Claro que me afectará! Aunque tengo negocio propio (soy patrón), la precarización del salario y del empleo nos afecta a todos, ricos y pobres, ya que si el mercado no se activa esto no camina. Hay que aumentar los salarios de los obreros, ya que ellos son quienes reactivan el consumo.
Fernando Rodríguez Piña / Distrito Federal
No tengo empleo, pero me perjudica, porque las personas de quienes dependo, ahora estarán en peligro de quedar desempleadas, y, si tienen la suerte de volverse a contratar, será con un sueldo de hambre.
Ma. de los Ángeles Hernández C. / Querétaro
Claro que sí, con esta reforma ya no se generará antigüedad, por tanto, ya no habrá seguro de retiro. Pero, no tontos, protegieron como siempre a los líderes de los sindicatos. Y al pueblo que se lo lleve la ching…
Teódulo Ocejo Cabrera / Villahermosa
Los que votaron por el PRI ahí tienen las consecuencias. A ver qué les parece. Adiós a la estabilidad en el empleo, al salario digno, al derecho a vacaciones, al aguinaldo, a la seguridad social. O qué, ¿esperaban que los defendieran sus líderes: Romero Deschamps, Víctor Flores, Gamboa Pascoe, la señora Gordillo? ¡Bah! Ya puede advertirse el futuro laboral que estamos heredando a nuestros hijos.
Hugo Carbajal Aguilar / Cuernavaca
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
El Manda es el que Manda-Ahumada
Protección internacional de los derechos sociales
Miguel Concha Malo
El 10 de diciembre de 2008 fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF PIDESC). Es un tratado adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, del cual México es Estado parte desde el 23 de marzo de 1981. Posteriormente, el 24 de septiembre de 2009, se abrió el proceso para que los estados, mediante su firma, ratificación o aprobación garanticen lo establecido en él, para proteger el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
Con ello, tanto personas como grupos podrían presentar casos de violaciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, y se podrían realizar las investigaciones correspondientes ante situaciones graves y sistemáticas de violación a los derechos consagrados en ese instrumento. El Comité DESC, como órgano independiente, podrá determinar si un Estado incumplió o no con alguna de las obligaciones derivadas del pacto.
Desde la fecha de apertura, únicamente 40 estados han firmado el mencionado protocolo, de los cuales 15 son de Europa, 10 de América Latina, 10 de África, cuatro de Asia y uno de Oceanía. Preocupa no obstante que sólo ocho países lo hayan ratificado: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Bosnia y Hersegovina, Eslovaquia, España y Mongolia. Y llama además mucho la atención que a pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, y de la permanencia de este tema en la política exterior del régimen, México –activo promotor del protocolo en la fase de su elaboración y discusión– no lo haya todavía firmado ni ratificado.
Por el contrario, si no tarda más el proceso administrativo para firmarlo y turnarlo al Senado, el Estado mexicano podría contribuir mucho para que pueda entrar en vigor. La Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta que lo que demora la firma es la consulta interna y la aprobación que antes debe recabarse de todas las secretarías de Estado involucradas en su contenido. Cabría preguntarse entonces si el letargo no se debe más bien a que no se están tomando debidamente en cuenta las obligaciones a las que se ha comprometido el Estado mexicano en materia de derechos sociales.
Para estimular una mejor voluntad política, que haga a México reconocer la competencia del Comité DESC, un grupo de organizaciones sociales, de organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos, así como de redes, organismos públicos autónomos, académicos y comunicadores de diversas entidades federativas del país, impulsan la campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC en México, cuyo propósito es precisamente
impulsar acciones de difusión, formación e incidencia desde la sociedad civil, para avanzar en la justiciabilidad de los DESC y urgir al Estado mexicano a que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del PIDESC en el menor plazo posible.
Con el fin de contribuir a su promoción, pero también, y más importante, al reconocimiento de este instrumento, todos estos actores han articulado esfuerzos y acciones, lo que iría en una dirección positiva, acorde con las últimas reformas en materia de derechos humanos. En un comunicado reciente, la campaña señala que entre las acciones que ha emprendido están las solicitudes periódicas de información a la cancillería sobre la evolución del proceso de firma del PF PIDESC, con las que ha podido darle seguimiento. Entre las respuestas obtenidas, por medio del consultor jurídico adjunto B, tuvo conocimiento en junio pasado de un nuevo periodo de consultas a otras dependencias federales, pero que aún no se cuenta con un dictamen favorable para gestionar su firma.
Esta acción resulta preocupante, pues las consultas habían concluido favorablemente a finales de 2011, luego de un proceso de tres años. Ahora se corre el riesgo de que el proceso no se concrete antes de que concluya la actual administración federal. Para variar, dichas acciones resultan además contradictorias con los señalamientos de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en el sentido de que la firma del PF PIDESC se realizaría pronto. Por ello la campaña mexicana solicitó una reunión informativa, cuya fecha aún sigue pendiente, para conocer los avances y el resultado de dichas consultas.
En dos ocasiones la campaña ha entregado un escrito para solicitar la pronta adhesión de México a tan importante instrumento. El primero, a la cancillería, responsable de coordinar las consultas dentro de la administración pública, antes de definir la firma de un instrumento de derechos humanos, el 7 de diciembre de 2011, con 18 mil firmas. Y el segundo, a su titular, la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, el 21 de septiembre de 2012, suscrito por 179 organizaciones y redes mexicanas, y acompañado con mil 121 firmas ciudadanas, en el que se exhorta una vez más al gobierno a avanzar en el desarrollo y aplicación de recursos internos apropiados para atender y reparar violaciones a los DESC, poniendo como prioridad el respeto de la dignidad de las personas y las comunidades. (http://ratificapfpidescmex.org)
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