El cerco del miedo- La transición traicionada-Agenda para democratizar los medios

Agenda para democratizar los medios

Jenaro Villamil
27 de noviembre de 2012 · Sin comentarios
Análisis

#YoSoy132 contra Televisa y EPN.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El domingo 25 de noviembre se realizó el primer foro ciudadano organizado por el movimiento #YoSoy132, denominado “Diálogo por la Democratización de los Medios”.
A lo largo de cuatro mesas, con especialistas, legisladores, activistas y periodistas especializados en estos temas se ventilaron distintas propuestas y enfoques para analizar la agenda en torno a la democratización del régimen de medios de comunicación en México.
Estuvieron presentes el presidente comisionado de Cofetel, Mony de Swaan, quien insistió en que el futuro está en la banda ancha; los legisladores Javier Corral, senador del PAN con amplia experiencia en esta agenda, y Purificación Carpinteyro, diputada federal del PRD y exsubsecretaria de Comunicaciones. Los periodistas y especialistas Virgilio Caballero, Alma Rosa Alva, Florence Toussaint, Aleida Calleja, dirigente de la AMEDI, entre muchos otros.
Me correspondió compartir la última de las cuatro mesas con el colega Jorge Meléndez, la especialista Irene Levy, dirigente de Observatel, el periodista Gerardo Albarrán, actual ombudsman de MVS, y el joven Antonio Marvel, especializado en redes sociales.
En la mesa, tras escuchas distintas posiciones y propuestas, les propuse a los integrantes del movimiento una lista mínima de temas que abarcan la agenda de democratización de los medios en México.
Aquí comparto esta enunciación de temas.
1.-La defensa de una tercera cadena de televisión abierta, ya sea analógica o digital. En 12 años, el duopolio bloqueó esta posibilidad. Y el sexenio terminará sin concretarlo. Será uno de los desafíos del próximo gobierno.
2.-Para evitar que se vuelva a repetir el fenómeno del gran montaje de Peña Nieto a través de Televisa y medios que lo acompañan, demandar la suspensión de la venta de información en medios electrónicos. Crear un Observatorio Ciudadano que denuncie y documente estos mecanismos que violan la ley federal de radio y televisión.
3.-Emprender la reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un elemento central de esta reforma es la creación de un órgano autónomo constitucionalmente regulador. Fijar límites a la concentración del espectro (no más de 30%) y modernizar los capítulos de contenidos (incorporar el must carry y el must offer).
4.-Continuar con la vigilancia y crítica a la actuación de la “telebancada” en el Congreso de la Unión.
5.-Impulsar una reforma reglamentaria al artículo 6º. Constitucional sobre el derecho a la información. Incorporando múltiples temas de la agenda ciudadana, como el libre acceso a las plataformas digitales, el derecho de réplica, la prohibición de venta de espacios informativos como propaganda gubernamental, el impulso a los medios independientes, etcétera.
6.-Establecer en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la Ley Federal de Radio y Televisión políticas promotoras de triple y cuádruple play para todos los jugadores y empresas involucradas en el sector. Al mismo tiempo, plantear la máxima conectividad en telefonía móvil y los mínimos precios.
7.-En el marco de la reglamentación del derecho a la información, defender los derechos mínimos para los trabajadores de la información y los periodistas (secreto profesional, salario digno, medidas de emergencia a periodistas amenazados, etcétera).
8.-Acceso universal de los ciudadanos mexicanos a la banda ancha, establecer metas específicas para eliminar la “brecha digital” e impulsar el máximo uso de esta plataforma tecnológica.
9.-Vigilar y conocer la disponibilidad del espectro radioeléctrico, sobre todo, en las próximas licitaciones. En especial, qué sucederá con la banda 700 Mhz y con el litigio en la banda 2.5Ghz.
10.-No a legislaciones que impliquen control y censura en las redes sociales y otros medios digitales. No al ACTA ni a la ley SOPA o a los intentos de criminalizar a los usuarios de redes sociales, como ha ocurrido en Veracruz.
11.-Estatuto jurídico claro para los medios públicos, tanto para las estaciones de televisión existentes (Canal 11, Canal 22), como el IMER, el Imcine, Radio Educación y otras estaciones, administradas por los gobiernos de los estados. Acabar con la idea de que los medios públicos son “medios gubernamentales”.
12.-Incorporar en la Ley Federal de Radio y Televisión derechos como el de la salud, el del sano esparcimiento, el respeto a los derechos humanos, como la no discriminación a mujeres, indígenas, gays-lesbianas, personas de la tercera edad, etcétera. En especial, frenar la intensa mercantilización de los “productos milagro”.
13.-Reforma integral a la anticuada Ley de Imprenta para actualizarla y promoción de los medios impresos.
14.-Una Ley de Equidad Publicitaria para evitar la concentración del gasto público en televisión, impulsar la máxima transparencia en los contratos entre entidades gubernamentales y medios impresos, electrónicos y digitales. Hoy el 70% de estos recursos públicos se destinan a dos televisoras.
15.-Denunciar y documentar fenómenos de censura y autocensura en los medios electrónicos, privados y públicos, en los medios impresos y en los digitales, en alianzas con organizaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información.
www.homozapping.com.mx

El cerco del miedo

Álvaro Delgado
26 de noviembre de 2012 · 23 Comentarios
Análisis

Cercan San Lázaro para toma de posesión de EPN.
Foto: Hugo Cruz

MÉXICO, D.F. (apro).- A la vieja liturgia priista para la toma del poder de Enrique Peña Nieto, que imita especialmente a Carlos Salinas, se ha sumado un hecho oprobioso: El levantamiento de una muralla de acero, custodiada por las tropas, en torno del Congreso de la Unión que se supone soberano.

La arbitraria clausura de 11 estaciones del Metro y del Metrobús durante una semana, además de ser una impudicia, conculca el derecho constitucional de tránsito de miles de mexicanos que viven y laboran en esa zona, que desde el sábado está en virtual estado de sitio.

La reapertura este lunes de dos estaciones del Metro, concedidas por el Estado Mayor Presidencial (EMP) ante el repudio popular, no remedia la insolencia de levantar un cerco en torno del reciento donde Felipe Calderón entregará la banda presidencial a Peña.

Ni siquiera en la toma de posesión del propio Calderón, el 1 de diciembre de 2006, se amuralló un kilómetro a la redonda el palacio legislativo de San Lázaro.

Y entonces había una efervescencia política mayor a la actual, pero ahora hasta Andrés Manuel López Obrador cedió el Zócalo a Peña y replegó a sus huestes a la Columna de la Independencia, el viejo emblema panista.

No se entiende tan gigantesco dispositivo de seguridad en torno a la Cámara de Diputados –que tampoco con Salinas lo hubo– sin la lógica del miedo de Peña, no a no tomar posesión –porque lo puede hacer casi en el baño como en la Ibero–, sino a perder otra vez el control de su entorno.

Naturalmente el cerco metálico es también un mensaje a la sociedad: Si la operación política no funciona, por incompetencia o por lo que sea, queda el recurso de la fuerza policiaco-militar.

También es un mensaje la reactivación de la liturgia priista para la asunción al poder de Peña: Luego de la toma de protesta ante el Congreso, se trasladará al Palacio Nacional para pronunciar un discurso y proceder al besamanos mientras es resguardado por miles de militares en el Zócalo.

Hace 24 años, en 1988, Salinas abrió ese camino: De San Lázaro se trasladó al Palacio Nacional en un vehículo descubierto –a cuyo paso le arrojaban toneladas de confeti desde las azoteas– y en el Zócalo se dispuso una parada militar, la primera en la historia contemporánea de México, una decisión derivada de la sucia elección.

Semejantes en las prácticas de fraude, hay dos diferencias: Peña no tiene previsto trasladarse a Palacio Nacional en un auto descapotado y ahora –como se describió arriba– se ha cercado a San Lázaro, con altos bloques de acero custodiados por militares y policías, a más de un kilómetro a la redonda y con una semana de anticipación.

La duda es si Peña Nieto ordenará capturar a los opositores sólo por serlo, trasladarlos con los ojos vendados al Campo Militar Número Uno y someterlos a tortura, tal como lo hizo Salinas en su toma de posesión. Lo sé porque, reportero entonces de la sección cultural de “El Financiero”, fui uno de ellos.

Y está en duda también si, pese a los contrapesos políticos y partidarios, Peña no procede de manera análoga a Salinas en un embate que costó la vida a más de 500 opositores perredistas.

Nada puede descartarse. Ni siquiera que Peña no lo haga.

Apuntes

Es imagen es de Milenio-TV: Los helicópteros que aterrizaron en el Zócalo, como parte del desfile militar del 20 de noviembre, dispersan el estiércol de los caballos que llega hasta el balcón principal de Palacio Nacional, donde Calderón y su familia observan el despliegue militar. Los niños se tapan la nariz y hacen gestos de desagrado por el olor. Calderón, malencarado, se sacude el saco y el cabello, pero es evidente que quedó literalmente manchado de estiércol.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado

 

La transición traicionada

Héctor Tajonar*
27 de noviembre de 2012 · 1 Comentario
Análisis

Felipe Calderón. Después del fracaso.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Llegan a su fin los dos gobiernos presididos por el PAN, acompañados de un evidente rechazo del electorado, una decepción creciente ante las expectativas frustradas de la alternancia de 2000, así como por una mezcla de abatimiento e indignación frente a la brutalidad sin límite de una violencia interminable. Deplorable final, surgido de una triple traición: a los valores fundacionales de ese partido, a la esperanza de los ciudadanos que los llevaron al poder y a la transición democrática. No es hipérbole, ni tampoco es necesario ser trotskista para argumentar que, en efecto, se trató de una traición, es decir, de una “falta que se comete quebrando la fidelidad o lealtad que se debe tener o guardar” (DRAE), en este caso, hacia una democracia digna de ese nombre.
El cambio democrático ocurrido en el 2000 trajo consigo un mayor pluralismo político, equilibrio de poderes; nuevas instituciones electorales, transparencia y rendición de cuentas, así como ampliación de libertades sociales. Sin embargo, el legado del priismo hegemónico compuesto por estructuras de poder y elementos de cultura política autoritarios fue asimilado, no enfrentado, por los mandatarios panistas. Pasamos de un presidencialismo autoritario a una Presidencia sin autoridad, que no sólo erosionó a la institución sino provocó el debilitamiento del Estado frente a los poderes de facto. La complacencia ante dichas perversiones y disfunciones no favorecen la consolidación de la democracia.
Ayuno de ideas y principios, Vicente Fox personificó la rusticidad unida a la frivolidad, dos de las características más deleznables que pueda poseer un gobernante. Inducido por las cúpulas empresariales y con el apoyo de las televisoras concesionadas, el Presidente de la alternancia cometió una intolerable falta contra la democracia: haber tratado de eliminar de la contienda presidencial de 2006 a Andrés Manuel López Obrador. Por temor a que las airadas protestas contra ese atraco desembocaran en un conflicto social de dimensiones mayores, el mandatario se vio obligado a recular y el procurador a dimitir. Pero el mal estaba hecho. La maniobra antidemocrática tuvo efectos opuestos a los planeados por el presidente panista y sus secuaces en su propósito de “chingarse al Peje”. La popularidad de López Obrador aumentó, el electorado se polarizó y se abonó la ruta hacia un conflicto poselectoral, cuyos efectos marcaron todo el sexenio.
Ante el exiguo y dudoso margen de su victoria, Felipe Calderón convirtió al “Haiga sido como haiga sido” en principio axiológico de su gobierno. En la búsqueda de una legitimidad que no logró en las urnas, inició la “guerra contra el narcotráfico” sin un diagnóstico certero del enemigo ni una estrategia sólida, a la que se aferró con las trágicas consecuencias que padecemos. A partir del primero de diciembre, Felipe Calderón enfrentará el juicio de la Historia. Logros como el equilibrio macroeconómico, la inversión en infraestructura o la cobertura universal en salud, serán eclipsados por el estigma que lo identifica desde ahora como el Presidente de los más de 80 mil muertos.
El mimetismo autoritario adoptó varias formas. Ambos presidentes panistas acariciaron la posibilidad de revivir una versión disminuida del dedazo, máxima expresión del poder presidencial priista. ¿Cómo olvidar el amoroso anhelo de Fox por impulsar la candidatura de la señora Marta para sucederlo en el averiado trono de Los Pinos? Ante la imposibilidad que cristalizara su deseo, el delfín sustituto fue derrotado en la elección interna del PAN por quien, por unos días más, ocupa la silla presidencial.
Calderón gobernó con sus cuates. Tras la trágica muerte de su más cercano amigo, Juan Camilo Mouriño, el mandatario promovió la candidatura de Ernesto Cordero, quien fue vencido por Josefina Vázquez Mota en la interna de su partido, a pesar de haber contado con el apoyo presidencial (¿o como consecuencia de ello?). Ante el dilema de apoyar la Alianza para la Calidad de la Educación o a la alianza con quien le dio los votos para llegar a la Presidencia, Calderón no vaciló en ratificar su pacto con la dueña del sindicato más numeroso y rico de Latinoamérica, devolviéndole su mando indisputado sobre la educación pública del país. Ello representa un caso paradigmático de la vigencia del corporativismo sindical, derivado de la organización sectorizada del PRI.
Frente al perenne conflicto entre ethos y cratos, Fox y Calderón optaron por un pragmatismo oportunista y pedestre, como lo muestra otro de los grandes fiascos de sus administraciones: el combate a la corrupción. Por falta de voluntad política y fragilidad de las instituciones de justicia, el imperio de la impunidad siguió prevaleciendo sobre el imperio de la ley. En materia de libertad de expresión, ambos panistas se comportaron igual que López Portillo ante Proceso, lo cual mereció la condena de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El acecho contra Carmen Aristegui es otra prueba de la intolerancia calderonista.
La falta de legitimidad electoral hermanó a los gobiernos de Salinas y Calderón. Uno empezó con el Quinazo, y el otro con la guerra contra el narco; los dos sexenios tuvieron un sangriento final. Asimismo, ambos promovieron la quema de las boletas electorales de los respectivos comicios presidenciales (1988 y 2006). Salinas utilizó como portavoz a Diego Fernández de Cevallos. La táctica presumiblemente ordenada por el gobierno de Calderón fue más sutil y silenciosa, y quien la promueve es el IFE. Hasta ahora, la destrucción de dichos documentos no ha ocurrido debido a la demanda interpuesta ante la ONU por Rafael Rodríguez Castañeda, director de este semanario.
Un dato del Latinobarómetro 2011 resume lo aquí esbozado: México es el país de la región más insatisfecho con el funcionamiento de su democracia. Obviamente, la responsabilidad no es sólo de los presidentes panistas sino de todos los actores políticos. Aun así, pese a la decepción y el agravio, el impulso y la exigencia democráticos persisten, fortalecidos.