Aún no arranca formalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto pero su equipo de transición ya nos dio una idea clara de lo que será su gestión: se continuará por el camino del neoliberalismo marcado desde la administración de Miguel de la Madrid Hurtado. El cambio de estafeta en Los Pinos no es más que la consolidación del mismo sistema político y económico. Ahí están los acuerdos entre Calderón y Peña Nieto para sacar adelante la reforma laboral; ahí estuvo el férreo control de las fracciones parlamentarias del PRI y PAN para que los cambios a la Ley Federal del Trabajo propuestos por el michoacano y avalados por el mexiquense salieran adelante, a pesar de la oposición de los partidos de izquierda quienes inútilmente intentaron defender las conquistas de los trabajadores que fueron arrojadas al basurero de la historia, legalizándose lo ilegal: la subcontratación o outsourcing, el pago por horas, la flexibilidad de los despidos, la prácticamente ilegalidad de las huelgas, el no pago de salarios caídos, entre otros puntos que abaratan la mano de obra y precarizan el empleo, vías por las que se intenta mejorar la competitividad de las empresa que operan en México.
Ahí están también las reformas en materia energética, que tiende a privatizar la principal riqueza del país, la petrolera, y poner en manos de trasnacionales el futuro energético de la Nación, historia ya conocida en los dos siglos pasados que fueron resueltas a través de conflictos armados. En la puerta esta la reforma hacendaria y fiscal, que no es más que buscar los modos adecuados para seguir sangrando a los contribuyentes y a los consumidores, pero sin tocar a los grandes empresarios, nacionales y trasnacionales, con cuyo apoyo el ex gobernador del Estado de México llegará finalmente a Los Pinos, tras una larga campaña mediática, implementada con ese único fin y sin importar los costos, pues las facturas a pagar son mucho más cuantiosas.
La reestructura del gobierno federal que en primer termino se deshará de una inútil, pesada y parasitaria burocracia panista, también tiene como finalidad la reconstitución del Estado autoritario de corte priísta que imperó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. En el Pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores de izquierda denominaron a las reformas a la Administración Pública Federal, que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación asume la responsabilidad de la seguridad interna, creación de un “Estado gendarme”. Durante la sesión de ayer, los diputados de los partidos de izquierda desplegaron mantas donde se ubica la presidencia de la Mesa Directiva con la frase “No al Estado gendarme”, y con una foto editada con un rostro formado por la imagen de Enrique Peña Nieto y Gustavo Díaz Ordaz.
Los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano presentaron dos mociones suspensivas en las que establecen que no están de acuerdo con la serie de reformas que dan más atribuciones a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Desarrollo Social. Por fortuna, en comisiones lograron evitar que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI) fueran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se mantuvieran como organismos autónomos.
No obstante, finalmente con 333 votos a favor del PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal; 50 en contra del PT y Movimiento ciudadano; y 44 abstenciones del PRD, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la reforma a la Administración Pública Federal, que también modifica algunas de las funciones de la Sedesol y amplia la Secretaría de la Reforma Agraria al añadir nuevas responsabilidades en las áreas de vivienda y desarrollo rural. Al cierre de estas líneas, no se habían desahogado las reservas presentadas por diversos partidos para aprobar en lo particular la iniciativa que también incluye el fortalecimiento de la figura del jefe de la Presidencia.
Lilia Arellano - Revista EMET
Imponen Calderón y Peña a sus incondicionales en la SCJN
Los acuerdos cupulares entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto lograron también completar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con magistrados que se espera les sean incondicionales. Peña Nieto propuso e impuso a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien carece de carrera judicial y cuya actuación al frente del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el brazo fiscal del Poder Ejecutivo, ha sido objeto de objeciones y señalamientos por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Ese abogado egresado de la UNAM y con maestría en Harvard litigó en cortes de Estados Unidos y en despachos como el que asesoró a Banamex para evadir el pago de 3 mil 500 millones de dólares al erario mexicano. Al frente del SAT fue un defensor a ultranza de los grandes contribuyentes y reiteradamente se negó a transparentar los nombres de corporaciones y grandes empresas que se vieron beneficiadas durante el sexenio con la disminución de impuestos. Por eso no extraña que la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresara su beneplácito por la llegada de su “aliado estratégico” a la SCJN -quien fue electo con 104 votos a favor de los 112 senadores presentes en la sesión- en sustitución de Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Por su parte, Calderón por fin pudo imponer a Alberto Gelacio Pérez Dayán en la SCJN, en sustitución de Guillermo Ortiz Mayagoitia, luego de dos intentos fallidos, la primera en 2010 y la segunda el 8 de noviembre pasado. Pérez Dayán, quien alcanzó 104 votos de 112 que emitieron los senadores de la República, es magistrado de circuito en el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Lo más destacado que se tiene registrado de este integrante del poder judicial es que fue quien concedió un amparo en 2003 a los propietarios del predio El Encino, en la zona de Santa Fe, para evitar la construcción de una autopista ordenada por el Gobierno del Distrito Federal, caso que derivó en el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe del gobierno capitalino. Muchos ven la elección de este magistrado como un pago de factura por servicios prestados al panismo.
Lilia Arellano - Revista EMET
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