Repudio al espurio en las giras de cierre de sexenio-Corrupción, el principal motor que hará caminar al grupo que encabezará Peña Nieto

Repudio al espurio en las giras de cierre de sexenio

 

Las giras de cierre de sexenio de Felipe Calderón se han convertido en escenarios de repudio, de rechazo, de reprobación, de critica, de repulsión a su gestión, de desprecio a su gobierno. En cada entidad que toca, el michoacano más impopular recibe recriminaciones abiertas, públicas, inocultables por el Estado Mayor Presidencial. Lo mismo en San Luis Potosí que Tamaulipas o Chihuahua o cualquier entidad que pisa, los reclamos son a grito abierto o con pancartas en las que se lee: “Felipe Calderón, ¿qué fue lo mejor que hiciste? Muertos, viudas, ¿y la educación?; “Qué lastima Felipe, no pudiste poner orden en Reynosa”; “Vamos a descansar de tantos atropellos y abusos”; “Al fin descansaremos de ti, asesino”, entre otras. El inquilino de Los Pinos entró por la puerta trasera, con una gran ilegitimidad, se va por arrojado por la ventana al cesto de basura, como un apestado.

La situación en la que deja al país, entre lo que más destaca es el regadero de sangre y de cadáveres y la incesante producción de pobres, y metas y promesas incumplidas, pero con las alforjas llenas para sus forajidos blanquiazules, como consecuencia de que la corrupción y el crimen organizado permearon a la administración federal -como ahora se demuestra con el despido de Cuitláhuac Salinas, titular de la Suprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), porque se investiga a su personal por sus relaciones con el crimen organizado, según la orden de la propia procuradora general de la República, Marisela Morales- debe poner a pensar al presidente electo Enrique Peña Nieto que tipo de despedida quiere el priísta que recuperó la Presidencia de la República, no por los aciertos de los dirigentes de sus partidos, sino por los errores del calderonismo infiltrado hasta la medula por la corrupción y el crimen organizado, y la compra de sufragios.

Desde ahora, el nuevo equipo gobernante debe tener altura de miras y visión de futuro para, desde este momento, determinar cuál va a ser su despedida al concluir el próximo sexenio. Las opciones son simples, pero definitivas: realizar un gobierno que atienda realmente las necesidades de la población y el desarrollo no sólo económico y humano de las familias, que deje la Presidencia de la República con un amplio reconocimiento de la población, lo que les garantizaría un nuevo mandato; o formar parte de un régimen que concluya la destrucción que imperó a lo largo del calderonato, cuyo signo representativo fue, sin duda alguna, la muerte, y hundido en una apabullante corrupción.

Las manifestaciones de rechazo a Felipe Calderón y las protestas públicas por los abusos de las fuerzas armadas contra la población mexicana, así como la muerte de inocentes en el estúpido combate al crimen organizado, son sólo uno de los amargos frutos que el michoacano cosechó a lo largo de seis años, que fueron de autoritarismo, de abusos, de delitos de cuello blanco, pero cargados de impunidad. No es extraño que ahora, precisamente en la Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, una entidad dominada por la violencia generada por la disputa de la plaza entre bandas delincuenciales rivales y acrecentada por un uso sin inteligencia de las fuerzas armadas, colonos de colonias populares como Lampacitos, Juárez, Unidad Obrera, Cumbres, Arco Iris, mostraran las mantas de repudio al aún titular del Ejecutivo federal.

Los inconformes fueron frenados por un cerco de seguridad montado por el Estado Mayor Presidencial, que impidió que llegarán hasta Calderón con la instalación de vallas. No obstante, los militares no lograron impedir que los fotógrafos captaran las mantas de repudio, de rechazo, de reprobación, a pesar de que impidieron que los reporteros se desplazaran al lugar de las protestas. Esta muestra pública de desprecio al autodenominado “hijo desobediente”, se da a menos de 24 horas de los reclamos que recibió en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde la señora Edith Pérez, le recriminó que no ha recibido ayuda de su administración para localizar a cuatro familiares que fueron “levantados” desde hace varios meses en Ciudad Mante, Tamaulipas. A don Felipe no le quedó más que admitir que el gobierno federal “no puede solo” contra la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, el reconocimiento de su fracaso llega tarde, muy tarde, cuando debió de atender el reclamo de las organizaciones sociales que le exigieron que “si no pueden, que renuncien”.

Estos actos que se han ido multiplicando conforme se le acaba el tiempo a la gestión calderonista no son nuevos, tienen muchos meses, años, por la situación de inseguridad y el abandono de las autoridades de todos los niveles de gobierno en este “calvario” de localizar familiares. Ya Calderón no es bienvenido en ninguna entidad de la República, sobre todo en las asoladas y arruinadas por el crimen organizado. Al menos desde hace tres años se tienen registros de estas reprobaciones populares a su fallida estrategia contra los cárteles de las drogas en el país. Fresca en su memoria debe estar el 11 de febrero de 2010, cuando la señora Luz María Dávila, quien perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero de ese año y fue quien empezó el foro “Todos somos Juárez”, marcó la pauta de las protestas que cercaron al inquilino de Los Pinos, a los secretarios de Estado y a las autoridades.

Frente a esos horrendos hechos de sangre, sin ningún rubor y cinismo, don Felipe mintió y calumnió al señalar que los homicidios fueron resultados de pleitos entre pandillas. Calderón careció de autoridad a lo largo de su administración para enfrentar a las víctimas, a sus lastimados familiares, como Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que buscan afanosamente a cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas, no sólo en la ciudad de la maquila, sino en todo el territorio nacional. No hubo respuesta para ellas, sólo ocultamiento de la información “por decisión institucional”, que traducido es “porque nos dio la gana”, “porque nos perjudicaban esos datos”, “porque no convenía para la imagen del señor presidente”.

Ni los feminicidios, ni los “juvenicidios”, ni la muerte de más de 150 mil víctimas de la guerra de la violencia, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, ni los más de 10 mil desaparecidos han tenido respuesta de la autoridad, ni la tendrán… Ahora sólo informan, porque así lo decidieron y “háganle como quieran”, de los homicidios dolosos. Pero ni esas cifras los favorecen, mucho menos los encubren. De acuerdo con el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano, organización no gubernamental (ONG), el homicidio doloso es el delito de alto impacto que no dejó de crecer durante el presente sexenio. Tan sólo en el segundo cuatrimestre de este año aumentó en un 6.43 por ciento con respecto a los primeros cuatro meses del 2012, y en un 84.58 por ciento con respecto al mismo periodo de 2006. También subieron entre mayo y agosto del presente año la extorsión en un 22.44 por ciento, el homicidio culposo en un 8.9 por ciento, y en general la lista de homicidios 7.46 por ciento.

Las entidades federativas que presentaron un mayor incremento de homicidios dolosos denunciados entre el primer y segundo trimestre de 2012 fueron Guanajuato, con 80.3 por ciento; San Luis Potosí, con 79.1%; Coahuila, con 53.55%; Morelos, con 51.98 por ciento; y Zacatecas, con 51.28%.

Todos estos datos hablan de la inaplazable necesidad de realizar un replanteamiento de la política de seguridad, pues es inocultable que no se logró reducir los índices de delincuencia común, a pesar de los enormes recursos presupuestales consumidos por las autoridades federales.

Lilia Arellano - Opinión EMET

 

Corrupción, el principal motor que hará caminar al grupo que encabezará Peña Nieto

Las reformas a la administración pública que impulsará Enrique Peña Nieto no serán la panacea esperada por unos pocos ingenuos. Los problemas actuales seguirán su curso inercial, porque la raíz de los mismos no está en la forma, sino en el fondo. El gobierno federal obedece a directrices de un grupo de interés colocado por encima y de espaldas a la sociedad, de ahí que sea una tomadura de pelo la restructuración del aparato gubernamental, sin antes realizar una profunda reforma del Estado, de carácter democrático, que permita el fortalecimiento del Estado de derecho.

Afirma Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, que los cambios que propuso Peña Nieto en la estructura del gobierno federal, “no son cosméticos”, sino una “reorganización indispensable” para lograr un gobierno eficaz, “con énfasis en la rendición de cuentas, pero también como vía para cumplir las promesas de campaña”. Por su parte, el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, puntualiza que llegó la hora de “transformar el paradigma de la opacidad en la función pública, al de la transparencia y la honestidad”. Lástima que no sean más que palabras, porque la verdad no se les puede creer que tengan un real interés en meterse en broncas.

Estas se presentarían de inmediato si acaso pretendieran cambiar un ápice las costumbres de hacer política a las que están acostumbrados. No sacaron al PAN de Los Pinos para enmendar entuertos, sino para continuar el proyecto salinista que quedó inconcluso en el año 2000, no porque los tecnócratas del partido tricolor fueran sustituidos por los del partido ultraconservador, sino porque Vicente Fox no estaba preparado para la responsabilidad que se echó a cuestas. Ahora llegan al poder nuevamente, con la convicción de hacer todo lo posible para mantenerse en la casa presidencial otros setenta años, al costo que haya que pagar.

Uno de tales costos será el de valerse de la corrupción como el principal motor que haga caminar al grupo que encabezará Peña Nieto, mediante complicidades muy firmes imposibles de romper fácilmente. Sería una locura esperar que actuara en contra de su propio grupo político, al tomar en serio la lucha contra la corrupción. ¿No fue en el sexenio de Miguel de la Madrid que se tomó como una de sus principales líneas políticas el combate a la corrupción? Desde su campaña prometió la renovación moral de México y ya vimos como finalizó su administración, que prohijó el salinismo que sigue vigente y fortalecido.

No, la corrupción de la clase política mexicana no será extirpada con nuevas leyes ni con nuevos instrumentos institucionales. El fenómeno tiene raíces muy profundas que sólo podrán eliminarse en la medida que la sociedad tenga mayor peso en las decisiones del Estado, y su participación obedezca a directrices muy claras de moralización del tejido social. Mientras el sistema político del país esté regido por grupos de interés que no tienen un mínimo compromiso con la sociedad mayoritaria, no será posible erradicar un fenómeno que es consustancial a un ejercicio del poder sólo encauzado al enriquecimiento fácil.

Según Peña Nieto, con su propuesta se quiere “darle al Estado mexicano un órgano con mayor capacidad para combatir la corrupción, y además una reorganización administrativa para atender con mayor eficacia las demandas y necesidades de la población”. Mientras no haya democracia real en el país, de nada servirán todos los órganos que se crearan con la finalidad de abatir un flagelo tan enraizado en el tejido social. La solución pasa por la democratización del Estado, no por nuevas leyes ni mecanismos institucionales, por muy eficaces que pudieran ser. Sin democracia, un país está condenado a sobrellevar y obedecer los caprichos de las clases dominantes.

Está demostrado que el modelo neoliberal vigente, el capitalismo salvaje que rige las relaciones económicas en el país, se nutre de un clima de corrupción que favorece la realización de negocios redituables, no del todo legítimos. Se podrá argumentar que son legales las negociaciones entre los banqueros y sus clientes, aunque se acerquen mucho al agio en muchos sentidos. Sin embargo, desde un punto de vista ético se trata de una depredación injusta, que cuenta con el amparo del Estado, como es del dominio público. ¿Acaso ya se olvidó que en 1987, miles de familias mexicanas quedaron en el desamparo cuando perdieron sus ahorros por la ilegal especulación de las casas de bolsa, que prohijó en contrapartida una importante camada de nuevos ricos?

Con demagogia, por muy imaginativa que sea, Peña Nieto no va a superar los terribles problemas acumulados en tres décadas de injusta depredación. Al contrario, los va a complicar aún más, si no actúa con una verdadera voluntad política encaminada a fortalecer el Estado de derecho, cosa imposible de realizar.

Guillermo Fabela - Opinión EMET