El precipicio fiscal- A 10 años del derrame del Prestige

El precipicio fiscal

Arturo Balderas Rodríguez

El presidente Barack Obama y los líderes del Congreso han iniciado las primeras escaramuzas para encontrar una solución al crecimiento exponencial de la deuda fiscal, cuyo monto en el año fiscal de 2011 ascendió a 1.3 trillón de dólares. En su primera reunión con los líderes del Congreso después de las elecciones, parece que en principio hay la voluntad de todas las partes para discutir una salida al problema. Todos los actores están conscientes que de no llegar a un acuerdo, habría una crisis cuyo alcance nadie sabe a ciencia cierta cuál será. Por lo pronto, en el diario Washington Post una nota advierte que sería el umbral de una nueva recesión económica que afectaría gravemente a Estados Unidos. Las calificadoras de crédito, continúa la nota, han dicho que de no haber un acuerdo en las próximas semanas rebajarían el nivel crediticio del gobierno, como ya sucedió hace un año, cuando la mayoría republicana en la Asamblea de Representantes se negó a ampliar el techo de la deuda. Sería una pésima señal para el mercado de valores, cuya desconfianza en la capacidad del gobierno para negociar un acuerdo afectaría sensiblemente la economía del país, concluye la nota.

 

Hay quienes no comparten ese catastrófico escenario. Consideran que el asunto de la crisis fiscal es un pretexto para presionar al presidente a encontrar una solución a costa de restringir el gasto y congelar los impuestos. La contracción en el gasto afectaría al presupuesto destinado a la salud y a la seguridad social principalmente; la congelación de impuestos favorecería al sector de más altos ingresos. Restringir el gasto, han asegurado varios economistas, entre ellos Paul Krugman, tendría graves consecuencias para la recuperación económica en estos momentos en los que la economía está más débil; lo que se requiere es precisamente gastar más para crear empleo y ampliar la demanda. Pareciera, dice Krugman, que no se ha entendido la lección de lo que sucede en algunos países europeos, Grecia entre ellos, donde el banco central de la comunidad europea, como condición para apoyarlos, ha exigido una política de contracción en el gasto. El resultado es que ha metido en una espiral recesiva a más de una nación en ese continente con nefastas consecuencias para la mayoría de la población.
 

Obama prometió defender el ingreso de clases medias y de los pobres. En las reuniones que celebró la semana pasada con líderes del Congreso y representantes de organizaciones empresariales, fue firme al advertir que lo único que no es negociable como solución para reducir el déficit es la contracción en el gasto en aquellas partidas que benefician a las clases medias, y tampoco ceder en el aumento de la tasa impositiva a quienes más ganan. ¿Será posible?

 

En otro terreno, una buena noticia para la población migrante. En el marco de su derrota, algunos líderes republicanos han entendido la importancia del voto hispano y han llamado a revisar reformar el disfuncional sistema migratorio. Ya se verá si esta vez va en serio.

 

A 10 años del derrame del Prestige

Iván Restrepo

Hoy hace 10 años que el petrolero Prestige se partió en dos y se hundió a 250 kilómetros de la costa española. Una semana antes había sufrido una avería cerca del cabo Finisterre, en La Coruña, en medio de un fuerte temporal. Durante seis días el buque fue paseado frente a Galicia derramando 77 mil toneladas de combustible que afectaron más de mil 500 kilómetros de litoral, desde la frontera de Portugal con España hasta la de Francia. Es la mayor catástrofe natural registrada en la península ibérica. También, muestra por excelencia de irresponsabilidad e insensibilidad de un gobierno.

 

Apenas en octubre pasado comenzó en La Coruña el juicio contra el capitán del Prestige, el marino griego Apostolos Mangouras; contra el jefe de máquinas y contra el entonces director general de la Marina Mercante españañola, José Luis López-Sors, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Este es el único funcionario-político que llega ante la justicia por la tragedia. Se le acusa de dictar la orden de llevar el buque mar adentro, sin contar con avales técnicos sobre las consecuencias de tal medida, la cual propició la extensión de la marea negra.

Otro acusado, el primer oficial del barco, está prófugo. Para el capitán se piden 12 años de cárcel. En estos días los acusados declaran ante la justicia en medio de muchas críticas de los grupos ciudadanos por la tardanza en hacer justicia y las penas que pueden imponerse a los culpables. Y porque, aunque los últimos años se han tomado medidas para prevenir derrames, son insuficientes.

El largo proceso legal contra los responsables involucra a cientos de personas e instituciones y será hasta septiembre próximo cuando se conozca la sentencia. Más de 2 mil personas de decenas de municipios españoles y ocho franceses resultaron directamente perjudicados por el derrame. Mil 500 de ellas todavía no reciben indemnización. Es el juicio más largo y complejo en la historia de Galicia. Otro dato que muestra cómo funcionan las trasnacionales: el Prestige navegaba con bandera de Bahamas; el dueño era de Liberia (Mare Shipping); la aseguradora, inglesa; el armador, griego; el certificado, estadunidense y estaba fletado por una sociedad suiza.
 

El derrame movilizó a cientos de miles de ciudadanos que durante semanas recogieron el chapopote y marcharon indignados en Santiago de Compostela y Madrid en protesta por la actuación del gobierno, entonces encabezado por el señor Aznar. El vicepresidente era Mariano Rajoy, que hoy manda en España. A otro más, Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, y quien nombró a su amigo López-Sors como director de la Marina Mercante, hasta lo premiaron con la Medalla de Oro de Galicia. El que era ministro de Defensa, Federico Trillo, dijo que las playas de Galicia estaban esplendorosas y sugirió bombardear el buque para terminar el problema. Hoy es embajador en Inglaterra. Jaume Mata, ministro del Medio Ambiente, dijo que el gobierno estaba actuando con diligencia.

 

Otros funcionarios implicados en el mal manejo de la situación negaron los efectos negativos del derrame. Algunos se fueron de cacería. Hoy son funcionarios del gobierno español. El señor Aznar calificó la indignación ciudadana exagerada, una torpeza y un grave error, un complot de sus enemigos políticos, interesados en aprovecharse del dolor ajeno. Manuel Fraga, que gobernaba Galicia, aseguró que Dios y el apóstol Santiago lo ayudaban a detener el derrame. En el festín de estupideces, Rajoy negó que el buque estuviera regando combustible. Sólo aceptó que echaba hilillos de plastilina que ascienden verticalmente.

 

Dos caras del juicio: por un lado, el Estado español exige que se le paguen más de 5 mil millones de dólares por los daños causados por la marea negra y por lo que erogó en detenerla y recogerla durante semanas. Por el otro, podría ser condenado por la irresponsabilidad de quien presidía la Marina Mercante y la actuación de otros funcionarios que no actuaron acorde a las dimensiones de la tragedia.

 

Quienes mostraron su ineptitud hace 10 años hoy la refrendan al manejar la debacle económica, social y política que lleva a cuestas la mayoría de los españoles.