Chile: El robo de litio
Una de las zonas de producción de litio en Chile.
Foto: Especial
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SANTIAGO (apro).- Una fallida licitación de gran parte de las reservas de litio de Chile, orquestada por autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, terminó en escándalo. Esto, luego que se revelara lo irregular de la adjudicación que favorecía a Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet, y principal dueño de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).
La importancia del tema no es menor si se considera que Chile posee el 22% de las reservas mundiales del mineral. En 2010 produjo 49 mil toneladas de carbonato de litio, lo que representó 37% de la producción mundial. En Chile, que también encabeza la producción mundial de cobre, al litio se le denomina “el mineral del siglo XXI”.
El litio es indispensable para la moderna producción de baterías de automóviles, celulares, relojes, computadores; cerámicas resistentes a altas temperaturas; insumos médicos y energía nuclear. De acuerdo con lo señalado por el Centro de Innovación del Litio, de la Universidad de Chile, podrían generarse anualmente ingresos por 20 mil millones de dólares si Chile produjera y exportara baterías de este mineral. Dada la creciente demanda, el litio ha duplicado su valor en los últimos tres años, alcanzando actualmente un precio de 7 mil dólares por tonelada.
Según se sostiene en un informe de la Comisión de Minería y Energía del Senado relativo a la industria del litio de marzo de 2012, existen autorizaciones otorgadas a favor de la estadunidense Sociedad Chilena del Litio (SCL) por 200 mil toneladas; a SQM el Estado, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), le adjudicó 180 mil toneladas de litio en un plazo de 30 años, a partir de 1996. Las concesiones de ambas empresas se ubican en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta.
La periodista María Olivia Mönckeberg, da cuenta en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno (Ediciones B, 2001) de cómo el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou –casado con Verónica Pinochet–, pasó de ser gerente de la entonces estatal SQM a ser el principal propietario de la misma en un irregular proceso que se desarrolló entre 1983 y 1988. En lo sustancial, consistió en el uso de información privilegiada que le permitió hacerse, a “precio de huevo” y a través de sociedades relacionadas, de más de la mitad de las acciones de la compañía que en la actualidad genera 500 millones de dólares anuales en ganancias.
Mönckeberg afirma que Ponce Lerou se adueñó de SQM haciéndose multimillonario, gracias a su suegro Pinochet y al apoyo de exministros, como el otrora titular de Hacienda, Hernán Büchi (1985-1989).
Piñera figuró hasta 2008 como accionista de Pampa Calichera, sociedad de inversiones de Ponce Lerou. En el directorio de SQM está el grupo Von Appen, que facilitó barcos a Pinochet para hacer desaparecer prisioneros políticos. Pampa Calichera fue el segundo mayor activo bursátil de Piñera después de su exaerolínea LAN.
En 2010 el actual presidente de Chile se deshizo del 10.18% de la propiedad de la sociedad –a través de un remate en bolsa–, que representaba 11.54% del total de su patrimonio bursátil… y quien compró fue el propio Ponce Lerou, en 160.5 millones de dólares. Lo hizo a través de la sociedad de inversiones Oro Blanco.
Así, el exyerno de Pinochet, elevó su participación y control en Pampa Calichera y SQM. Hoy la joya de Ponce Lerou es la mayor productora de carbonato de litio en el mundo.
La concesión del litio no sólo vulneraba las propias bases de licitación, sino que también el carácter no concesible del litio, establecido en el inciso cuarto de la Ley N 18097 Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (1982):
“No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional ni los yacimientos de cualquier especie situados, en todo o en parte, en zonas que conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional.”
Según señaló el economista especialista en temas mineros, Julián Alcayaga, en su columna Ahora le toca al litio, publicada en el diario electrónico Fortín Mapocho, los militares intentaron proteger el litio de la explotación de compañías extranjeras “puesto que en esa época -principios de los ochenta- ya se conocía que este mineral adquiriría en el futuro una importancia estratégica para la seguridad nacional, en razón que el litio es un elemento fundamental en la fusión termonuclear”.
Alcayaga aclara que este tipo de centrales atómicas aún no está en funcionamiento, “pero se estima que ello podría suceder en algunos años más, especialmente en la Unión Europea, donde destaca el Proyecto ITER en Francia”.
Asimismo, da cuenta del resquicio histórico que permitió a Piñera firmar –el 19 de mayo de 2012– el Decreto Supremo 16 que abrió la concesión de extracción de litio a capitales privados nacionales e internacionales. El economista informa que esto se relaciona con la promulgación, en octubre de 1983, del Código de Minería, redactado bajo supervisión de José Piñera –hermano del presidente. Este texto legal en su artículo octavo reafirma que sólo el Estado o sus empresas pueden explotar directamente el litio. Sin embargo, enseguida establece que el Estado “podrá concesionar por medio de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.
Fraude fallido
El lunes 24 de septiembre el ahora defenestrado subsecretario de Minería, Pablo Wagner, dio a conocer en rueda de prensa realizada en el Ministerio de Minería, que SQM se había adjudicado el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que le permitía acceder a la exploración y explotación de 530 mil toneladas métricas de carbonato de litio chileno.
Wagner definió el proceso de licitación como “ejemplar, puesto que permitirá recaudar 19 mil 301 millones (40 millones de dólares) sólo por el pago del derecho de poder explorar y explotar, eso es ocho veces más que el precio mínimo establecido”, recalcó.
Perdieron la licitación el conglomerado coreano-japonés Posco Consortium -integrado por las empresas Posco, Mitsui, Daewoo International y Minera Li Energy Spa- y la Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, propiedad del chileno grupo Errázuriz.
Sin embargo, fundándose en las irregularidades detectadas, Li Energy Spa impugnó el proceso acusando el incumplimiento de las bases. Acogiendo este planteamiento el Comité Especial de Licitación (CEL), invalidaba, una semana después, la adjudicación a SQM.
La decisión se tomó en una reunión sostenida el 1 de octubre en las oficinas del Ministerio de Minería, ubicado a un costado de La Moneda. Participaron en ésta: Wagner, que presidía el citado comité; la jefa de la División Jurídica del Ministerio, Jimena Bronfman; el vicepresidente ejecutivo del Comité Chileno del Cobre (Cochilco), Andrés Mac-Lean; la jefa de Asuntos Internacionales de Minería, Alicia Undurraga; y el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Julio Poblete.
Tras un ríspido debate, el CEL decidió declarar desierta la licitación, arguyendo que SQM incumplió las bases de licitación, puesto que éstas impedían participar del proceso a empresas que mantuvieran juicios vigentes con el Estado, como se estipula en el anexo A8. SQM mantiene medio centenar de litigios relacionados básicamente con solicitudes de agua y pedimentos mineros negados.
Un día después de fracasar la licitación y en medio de un vendaval de críticas, Wagner presentó su renuncia.
Wagner había liderado la fallida licitación, aunque por ley tal responsabilidad le correspondía al ministro de Minería, Hernán de Solminihac, quien se inhabilitó debido a que su hermano Patricio es subgerente general de SQM.
Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, afirmó en su columna del 2 de octubre publicada en su página web, que “todo el proceso ha sido un tongo (una farsa): desde la inhabilidad del ministro de Solminihac, hasta los viajes del subsecretario Wagner por Estados Unidos, Australia y Asia buscando inversionistas, pasando por la compra de bases por parte de Codelco. Ni siquiera la dictadura, neoliberal a ultranza, tocó el litio”.
Navarro disparó fuerte: “La decisión del Ejecutivo de utilizar la vía administrativa nada tenía que ver con un mejor o más eficiente proceso de concesión, sino solamente garantizar que al final del camino SQM fuera favorecida.”
Wagner y el ministro de Economía Pablo Longueira, habían promovido la licitación del litio con el argumento de que ésta dinamizaría el mercado; y advirtieron que de no implementar medidas urgentes, Chile perdería su posición en el mercado internacional.
Tras declararse desierta la licitación no acabaron los problemas del gobierno. De hecho, recién comenzaron. El 2 de octubre, la minera NX Uno presentó querella por perjurio contra SQM. La acción busca que se castigue a sus altos ejecutivos por haber dado una declaración falsa al Estado, al afirmar que no tenían litigios pendientes contra el fisco.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella, y nombró como fiscal del caso a Víctor Vidal. Éste ordenó –el 26 de octubre– una serie de diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones con las que busca determinar “si se presentó una declaración jurada falsa ante la autoridad” por parte de los gerentes de SQM. Vidal solicitó también que Patricio de Solminihac declare en calidad de imputado, al igual que el gerente de finanzas y desarrollo de SQM, Ricardo Ramos. Ambos firmaron la citada declaración. Por su parte, la Minera NX Uno presentó una querella por perjurio en contra de los directivos de SQM.
De acuerdo con la senadora y presidenta de la Comisión de Minería, Isabel Allende, la comentada licitación “fue hecha a espaldas a la sociedad”. La parlamentaria sostiene que la demanda mundial de litio presenta “una oportunidad histórica para implementar una política de Estado” en esta materia que no sólo debe incluir la extracción, “sino también promover el desarrollo de una industria ligada a la explotación de este mineral, transformando al país en un líder en tecnología y no sólo de materias primas”.
Allende afirmó que “ni la propuesta del gobierno ni el marco regulador actual de la industria minera es adecuada o suficiente para enfrentar este desafío”.
Desde principios de año, tras conocerse públicamente el interés del gobierno de licitar el litio, un conjunto de organizaciones sociales y políticas venían movilizándose con el fin de impedir la enajenación del mencionado mineral.
El 12 de junio, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), hizo un llamado para que el gobierno permitiera a la estatal cuprífera Codelco hacerse cargo de la explotación. “Convendría que baterías de litio se fabricaran en el país. Argentina ya ha comenzando a producirlas y Bolivia produce carbonato de litio, proyectando -en alianza con empresas internacionales- producir baterías”., argumentó la FTC. Para la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, la empresa “debe y puede liderar la explotación del litio, de forma que esos recursos queden en manos de todos los chilenos y no en manos de empresas privadas”.
Todo indica que el boom del litio se producirá durante el gobierno de la derecha chilena. “El nuevo Código Minero, diseñado por José Piñera –hermano del actual presidente– desde el ministerio del ramo, estableció, en 1983, que los nitratos y sales análogas, el yodo y los compuestos químicos derivados, ya no estaban reservados exclusivamente al Estado”, dice a Proceso el periodista Manuel Salazar. Según el renunciado Wagner –militante de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI)–, “la nacionalización del cobre fue un error histórico”. Así lo dijo en la cena anual de la Asociación de Industriales de Antofagasta.
Para Cristian Cuevas, dirigente de los trabajadores subcontratistas de Codelco y de la multisindical CUT, “la licitación del litio es un tongo vergonzoso. La sociedad civil exige la nacionalización del litio y del cobre. Piñera quiere prácticamente regalar el litio”.
Según el Observatorio Ciudadano, el proceso de licitación infringió trámites ambientales que debieron realizarse con anticipación, tales como una evaluación ambiental y la consulta previa a los pueblos originarios que impone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nuevo fraude
Pero lo conocido, por gigantesco que es el fraude, es nada en relación con lo que ahora estallará: SQM se apropió en forma indebida de las concesiones del Estado transformándose en poseedora -o dueña- de grandes porciones de las reservas de litio.
A través de numerosos contratos, SQM es la arrendataria de pertenencias mineras de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), denominadas OMA, en el Salar de Atacama. Contrato que tiene duración desde diciembre de 1993 hasta el año 2030. En virtud de contratos suscritos entre Corfo y Sociedad Minera Salar de Atacama -a la cual pertenece SQM-, vencidos los contratos, la Sociedad debe restituir a Corfo las pertenencias OMA arrendadas.
Proceso tuvo acceso exclusivo al borrador de una carta que, al cierre de esta edición, está por ser enviada por los senadores de oposición Alejandro Navarro (MAS), José Antonio Gómez (PRSD) y Ximena Rincón (DC), a Hernán Cheyre, vicepresidente de Corfo, y que expone gravísimos antecedentes que demostrarían el robo por parte de SQM de pertenencias mineras que le habían sido entregadas en arrendamientos.
“La Sociedad se obliga a proteger, y resguardar judicial y extrajudicialmente la ‘subsistencia, integridad y dominio exclusivo y excluyente de cada una’ de las 28 mil 054 pertenencias OMA arrendadas. No obstante ello, SQM sobremensuró en 1.150 hectáreas las pertenencias señaladas, el año 1999, quedando su superficie finalmente en 21.5 kms. De largo por entre 1000 a 500 metros, sobre el Salar de Atacama. Luego, constituyó tales terrenos como propiedad minera a su nombre, en abierta y flagrante violación de las cláusulas esenciales del contrato”, denuncian los senadores.
Agregan: “Existen superposiciones de propiedades mineras sobre las pertenencias de Corfo, posteriores a éstas y que perjudican el patrimonio fiscal. Evidentemente, SQM realizó estas superposiciones en absoluto silencio, pues no le informó a la Corfo que se constituía en dueño de la sobremensura. Hoy, el dueño de 1150 hectáreas estratégicas del Salar de Atacama, que están en medio del lago, es SQM. En estos momentos, en virtud de su riqueza minera, el Salar completo se encuentra avaluado en alrededor de 8 mil millones de dólares. La sobremensura que SQM inscribió ilegalmente se encuentra mensurada entre 350 y 1000 millones de dólares, por lo que la pérdida fiscal es brutal. Asimismo, SQM gana 360 millones de dólares de utilidades al año, que es lo que recibiría el Estado de recuperar las pertenencias. La conducta señalada involucra el delito criminal del artículo 73 del Código de Minería”.
Los senadores exigen que se ejerzan todas las acciones legales que correspondan para dar término al contrato de arrendamiento; exigir la responsabilidad patrimonial por la flagrante infracción del deber esencial de resguardar jurídicamente la propiedad minera perteneciente al Fisco; y ejercer acciones legales para exigir la restitución de la propiedad minera usurpada, más las indemnizaciones que correspondan por el perjuicio fiscal provocado por la pérdida de tal propiedad y las utilidades ilegalmente obtenidas de las mismas.
Corfo deberá responder. Hernán Cheyre estaría obligado a demandar a SQM con el objetivo de poner fin al contrato de arrendamiento dadas las evidentes ilegalidades.
La importancia del tema no es menor si se considera que Chile posee el 22% de las reservas mundiales del mineral. En 2010 produjo 49 mil toneladas de carbonato de litio, lo que representó 37% de la producción mundial. En Chile, que también encabeza la producción mundial de cobre, al litio se le denomina “el mineral del siglo XXI”.
El litio es indispensable para la moderna producción de baterías de automóviles, celulares, relojes, computadores; cerámicas resistentes a altas temperaturas; insumos médicos y energía nuclear. De acuerdo con lo señalado por el Centro de Innovación del Litio, de la Universidad de Chile, podrían generarse anualmente ingresos por 20 mil millones de dólares si Chile produjera y exportara baterías de este mineral. Dada la creciente demanda, el litio ha duplicado su valor en los últimos tres años, alcanzando actualmente un precio de 7 mil dólares por tonelada.
Según se sostiene en un informe de la Comisión de Minería y Energía del Senado relativo a la industria del litio de marzo de 2012, existen autorizaciones otorgadas a favor de la estadunidense Sociedad Chilena del Litio (SCL) por 200 mil toneladas; a SQM el Estado, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), le adjudicó 180 mil toneladas de litio en un plazo de 30 años, a partir de 1996. Las concesiones de ambas empresas se ubican en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta.
La periodista María Olivia Mönckeberg, da cuenta en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno (Ediciones B, 2001) de cómo el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou –casado con Verónica Pinochet–, pasó de ser gerente de la entonces estatal SQM a ser el principal propietario de la misma en un irregular proceso que se desarrolló entre 1983 y 1988. En lo sustancial, consistió en el uso de información privilegiada que le permitió hacerse, a “precio de huevo” y a través de sociedades relacionadas, de más de la mitad de las acciones de la compañía que en la actualidad genera 500 millones de dólares anuales en ganancias.
Mönckeberg afirma que Ponce Lerou se adueñó de SQM haciéndose multimillonario, gracias a su suegro Pinochet y al apoyo de exministros, como el otrora titular de Hacienda, Hernán Büchi (1985-1989).
Piñera figuró hasta 2008 como accionista de Pampa Calichera, sociedad de inversiones de Ponce Lerou. En el directorio de SQM está el grupo Von Appen, que facilitó barcos a Pinochet para hacer desaparecer prisioneros políticos. Pampa Calichera fue el segundo mayor activo bursátil de Piñera después de su exaerolínea LAN.
En 2010 el actual presidente de Chile se deshizo del 10.18% de la propiedad de la sociedad –a través de un remate en bolsa–, que representaba 11.54% del total de su patrimonio bursátil… y quien compró fue el propio Ponce Lerou, en 160.5 millones de dólares. Lo hizo a través de la sociedad de inversiones Oro Blanco.
Así, el exyerno de Pinochet, elevó su participación y control en Pampa Calichera y SQM. Hoy la joya de Ponce Lerou es la mayor productora de carbonato de litio en el mundo.
La concesión del litio no sólo vulneraba las propias bases de licitación, sino que también el carácter no concesible del litio, establecido en el inciso cuarto de la Ley N 18097 Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (1982):
“No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional ni los yacimientos de cualquier especie situados, en todo o en parte, en zonas que conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional.”
Según señaló el economista especialista en temas mineros, Julián Alcayaga, en su columna Ahora le toca al litio, publicada en el diario electrónico Fortín Mapocho, los militares intentaron proteger el litio de la explotación de compañías extranjeras “puesto que en esa época -principios de los ochenta- ya se conocía que este mineral adquiriría en el futuro una importancia estratégica para la seguridad nacional, en razón que el litio es un elemento fundamental en la fusión termonuclear”.
Alcayaga aclara que este tipo de centrales atómicas aún no está en funcionamiento, “pero se estima que ello podría suceder en algunos años más, especialmente en la Unión Europea, donde destaca el Proyecto ITER en Francia”.
Asimismo, da cuenta del resquicio histórico que permitió a Piñera firmar –el 19 de mayo de 2012– el Decreto Supremo 16 que abrió la concesión de extracción de litio a capitales privados nacionales e internacionales. El economista informa que esto se relaciona con la promulgación, en octubre de 1983, del Código de Minería, redactado bajo supervisión de José Piñera –hermano del presidente. Este texto legal en su artículo octavo reafirma que sólo el Estado o sus empresas pueden explotar directamente el litio. Sin embargo, enseguida establece que el Estado “podrá concesionar por medio de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.
Fraude fallido
El lunes 24 de septiembre el ahora defenestrado subsecretario de Minería, Pablo Wagner, dio a conocer en rueda de prensa realizada en el Ministerio de Minería, que SQM se había adjudicado el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que le permitía acceder a la exploración y explotación de 530 mil toneladas métricas de carbonato de litio chileno.
Wagner definió el proceso de licitación como “ejemplar, puesto que permitirá recaudar 19 mil 301 millones (40 millones de dólares) sólo por el pago del derecho de poder explorar y explotar, eso es ocho veces más que el precio mínimo establecido”, recalcó.
Perdieron la licitación el conglomerado coreano-japonés Posco Consortium -integrado por las empresas Posco, Mitsui, Daewoo International y Minera Li Energy Spa- y la Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine, propiedad del chileno grupo Errázuriz.
Sin embargo, fundándose en las irregularidades detectadas, Li Energy Spa impugnó el proceso acusando el incumplimiento de las bases. Acogiendo este planteamiento el Comité Especial de Licitación (CEL), invalidaba, una semana después, la adjudicación a SQM.
La decisión se tomó en una reunión sostenida el 1 de octubre en las oficinas del Ministerio de Minería, ubicado a un costado de La Moneda. Participaron en ésta: Wagner, que presidía el citado comité; la jefa de la División Jurídica del Ministerio, Jimena Bronfman; el vicepresidente ejecutivo del Comité Chileno del Cobre (Cochilco), Andrés Mac-Lean; la jefa de Asuntos Internacionales de Minería, Alicia Undurraga; y el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Julio Poblete.
Tras un ríspido debate, el CEL decidió declarar desierta la licitación, arguyendo que SQM incumplió las bases de licitación, puesto que éstas impedían participar del proceso a empresas que mantuvieran juicios vigentes con el Estado, como se estipula en el anexo A8. SQM mantiene medio centenar de litigios relacionados básicamente con solicitudes de agua y pedimentos mineros negados.
Un día después de fracasar la licitación y en medio de un vendaval de críticas, Wagner presentó su renuncia.
Wagner había liderado la fallida licitación, aunque por ley tal responsabilidad le correspondía al ministro de Minería, Hernán de Solminihac, quien se inhabilitó debido a que su hermano Patricio es subgerente general de SQM.
Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, afirmó en su columna del 2 de octubre publicada en su página web, que “todo el proceso ha sido un tongo (una farsa): desde la inhabilidad del ministro de Solminihac, hasta los viajes del subsecretario Wagner por Estados Unidos, Australia y Asia buscando inversionistas, pasando por la compra de bases por parte de Codelco. Ni siquiera la dictadura, neoliberal a ultranza, tocó el litio”.
Navarro disparó fuerte: “La decisión del Ejecutivo de utilizar la vía administrativa nada tenía que ver con un mejor o más eficiente proceso de concesión, sino solamente garantizar que al final del camino SQM fuera favorecida.”
Wagner y el ministro de Economía Pablo Longueira, habían promovido la licitación del litio con el argumento de que ésta dinamizaría el mercado; y advirtieron que de no implementar medidas urgentes, Chile perdería su posición en el mercado internacional.
Tras declararse desierta la licitación no acabaron los problemas del gobierno. De hecho, recién comenzaron. El 2 de octubre, la minera NX Uno presentó querella por perjurio contra SQM. La acción busca que se castigue a sus altos ejecutivos por haber dado una declaración falsa al Estado, al afirmar que no tenían litigios pendientes contra el fisco.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella, y nombró como fiscal del caso a Víctor Vidal. Éste ordenó –el 26 de octubre– una serie de diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones con las que busca determinar “si se presentó una declaración jurada falsa ante la autoridad” por parte de los gerentes de SQM. Vidal solicitó también que Patricio de Solminihac declare en calidad de imputado, al igual que el gerente de finanzas y desarrollo de SQM, Ricardo Ramos. Ambos firmaron la citada declaración. Por su parte, la Minera NX Uno presentó una querella por perjurio en contra de los directivos de SQM.
De acuerdo con la senadora y presidenta de la Comisión de Minería, Isabel Allende, la comentada licitación “fue hecha a espaldas a la sociedad”. La parlamentaria sostiene que la demanda mundial de litio presenta “una oportunidad histórica para implementar una política de Estado” en esta materia que no sólo debe incluir la extracción, “sino también promover el desarrollo de una industria ligada a la explotación de este mineral, transformando al país en un líder en tecnología y no sólo de materias primas”.
Allende afirmó que “ni la propuesta del gobierno ni el marco regulador actual de la industria minera es adecuada o suficiente para enfrentar este desafío”.
Desde principios de año, tras conocerse públicamente el interés del gobierno de licitar el litio, un conjunto de organizaciones sociales y políticas venían movilizándose con el fin de impedir la enajenación del mencionado mineral.
El 12 de junio, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), hizo un llamado para que el gobierno permitiera a la estatal cuprífera Codelco hacerse cargo de la explotación. “Convendría que baterías de litio se fabricaran en el país. Argentina ya ha comenzando a producirlas y Bolivia produce carbonato de litio, proyectando -en alianza con empresas internacionales- producir baterías”., argumentó la FTC. Para la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco, la empresa “debe y puede liderar la explotación del litio, de forma que esos recursos queden en manos de todos los chilenos y no en manos de empresas privadas”.
Todo indica que el boom del litio se producirá durante el gobierno de la derecha chilena. “El nuevo Código Minero, diseñado por José Piñera –hermano del actual presidente– desde el ministerio del ramo, estableció, en 1983, que los nitratos y sales análogas, el yodo y los compuestos químicos derivados, ya no estaban reservados exclusivamente al Estado”, dice a Proceso el periodista Manuel Salazar. Según el renunciado Wagner –militante de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI)–, “la nacionalización del cobre fue un error histórico”. Así lo dijo en la cena anual de la Asociación de Industriales de Antofagasta.
Para Cristian Cuevas, dirigente de los trabajadores subcontratistas de Codelco y de la multisindical CUT, “la licitación del litio es un tongo vergonzoso. La sociedad civil exige la nacionalización del litio y del cobre. Piñera quiere prácticamente regalar el litio”.
Según el Observatorio Ciudadano, el proceso de licitación infringió trámites ambientales que debieron realizarse con anticipación, tales como una evaluación ambiental y la consulta previa a los pueblos originarios que impone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nuevo fraude
Pero lo conocido, por gigantesco que es el fraude, es nada en relación con lo que ahora estallará: SQM se apropió en forma indebida de las concesiones del Estado transformándose en poseedora -o dueña- de grandes porciones de las reservas de litio.
A través de numerosos contratos, SQM es la arrendataria de pertenencias mineras de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), denominadas OMA, en el Salar de Atacama. Contrato que tiene duración desde diciembre de 1993 hasta el año 2030. En virtud de contratos suscritos entre Corfo y Sociedad Minera Salar de Atacama -a la cual pertenece SQM-, vencidos los contratos, la Sociedad debe restituir a Corfo las pertenencias OMA arrendadas.
Proceso tuvo acceso exclusivo al borrador de una carta que, al cierre de esta edición, está por ser enviada por los senadores de oposición Alejandro Navarro (MAS), José Antonio Gómez (PRSD) y Ximena Rincón (DC), a Hernán Cheyre, vicepresidente de Corfo, y que expone gravísimos antecedentes que demostrarían el robo por parte de SQM de pertenencias mineras que le habían sido entregadas en arrendamientos.
“La Sociedad se obliga a proteger, y resguardar judicial y extrajudicialmente la ‘subsistencia, integridad y dominio exclusivo y excluyente de cada una’ de las 28 mil 054 pertenencias OMA arrendadas. No obstante ello, SQM sobremensuró en 1.150 hectáreas las pertenencias señaladas, el año 1999, quedando su superficie finalmente en 21.5 kms. De largo por entre 1000 a 500 metros, sobre el Salar de Atacama. Luego, constituyó tales terrenos como propiedad minera a su nombre, en abierta y flagrante violación de las cláusulas esenciales del contrato”, denuncian los senadores.
Agregan: “Existen superposiciones de propiedades mineras sobre las pertenencias de Corfo, posteriores a éstas y que perjudican el patrimonio fiscal. Evidentemente, SQM realizó estas superposiciones en absoluto silencio, pues no le informó a la Corfo que se constituía en dueño de la sobremensura. Hoy, el dueño de 1150 hectáreas estratégicas del Salar de Atacama, que están en medio del lago, es SQM. En estos momentos, en virtud de su riqueza minera, el Salar completo se encuentra avaluado en alrededor de 8 mil millones de dólares. La sobremensura que SQM inscribió ilegalmente se encuentra mensurada entre 350 y 1000 millones de dólares, por lo que la pérdida fiscal es brutal. Asimismo, SQM gana 360 millones de dólares de utilidades al año, que es lo que recibiría el Estado de recuperar las pertenencias. La conducta señalada involucra el delito criminal del artículo 73 del Código de Minería”.
Los senadores exigen que se ejerzan todas las acciones legales que correspondan para dar término al contrato de arrendamiento; exigir la responsabilidad patrimonial por la flagrante infracción del deber esencial de resguardar jurídicamente la propiedad minera perteneciente al Fisco; y ejercer acciones legales para exigir la restitución de la propiedad minera usurpada, más las indemnizaciones que correspondan por el perjuicio fiscal provocado por la pérdida de tal propiedad y las utilidades ilegalmente obtenidas de las mismas.
Corfo deberá responder. Hernán Cheyre estaría obligado a demandar a SQM con el objetivo de poner fin al contrato de arrendamiento dadas las evidentes ilegalidades.
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