Duarte: el informe de la hipocresía
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Foto: Yahir Ceballos
Foto: Yahir Ceballos
XALAPA, VER. (Proceso).- Con una deuda pública superior a los 30 mil millones
de pesos que hipoteca a la Tesorería estatal más de 20 años e inmerso en un
clima de inseguridad, secuestros y ejecuciones, Javier Duarte de Ochoa presentó
su segundo informe de gobierno con el eslogan acuñado desde el primer día de su
gestión: “Veracruz va para adelante”.
En su primer bienio han sido asesinados nueve periodistas, entre ellos Regina
Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, el pasado 28 de abril; y hay tres más
desaparecidos.
A Regina la asfixiaron en su domicilio; los otros fueron decapitados y
cercenados, sello distintivo de la delincuencia organizada.
El gobierno de Duarte tuvo su parteaguas en septiembre de 2011 cuando, el día
21, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “tiraron”
35 cuerpos a un costado de Plaza las Américas en la Plaza del Volador. Todos
tenían huellas de tortura y quemaduras. Estaban maniatados y con una Z rotulada
en el cuerpo. Ese día estaban reunidos en la entidad los procuradores de
justicia de todo el país.
A partir de ahí se desataron los enfrentamientos y ejecuciones en toda la
entidad. Duarte optó por adecuar su agenda pública y restringió sus apariciones
en público. Dos meses después solicitó apoyo federal para que la Secretaría de
Marina (Semar) se hiciera cargo de la seguridad en el estado.
El reguero de cadáveres le costó el cargo al entonces procurador Reynaldo
Escobar Pérez y poco después motivó el desmantelamiento de las policías
intermunicipales Veracruz-Boca del Río y Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan.
Las fuerzas federales, en particular la Semar, tomaron el control de la
seguridad en el estado mientras la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a
cargo de Arturo Bermúdez Zurita, se dedicó a observar cómo Los Zetas y el CJNG
se disputaban la plaza en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en
Xalapa.
En este año también fue asesinada la presidenta municipal de Tlacojalpan, la
panista Marisol Mora Cuevas, mientras que a sus correligionarios Martín Padua
Zúñiga y Mauricio Herrera Fernández, de Chinameca y Las Minas, respectivamente,
el Congreso les revocó el mandato y fueron aprehendidos por sus presuntos
vínculos con el crimen organizado.
Tras la ejecución de reporteros de la fuente policiaca, varios periódicos de
Veracruz decidieron suprimir su sección de nota roja; otros optaron por
reproducir únicamente los comunicados de las dependencias federales. Algunos
periodistas tuvieron que salir del estado ante la falta de garantías para
ejercer su profesión.
Veracruz se convirtió en tema para los medios internacionales, sobre todo por
la incredulidad que generó el supuesto “esclarecimiento” del asesinato de Regina
Martínez (Proceso 1879).
Las cifras oficiales tampoco satisfacen a los veracruzanos. El gobernador
presumió al periodista Joaquín López Dóriga durante la visita a la entidad que
durante el primer año del “exitoso” operativo Veracruz Seguro fueron abatidos
mil 351 presuntos delincuentes. El dato ya lo había proporcionado el comandante
de la Tercera Zona Naval, Víctor Manuel Gamboa Carvallo.
En lo concerniente a las desapariciones, la procuraduría estatal contabilizó
133 denuncias entre enero y la primera semana de octubre de este año. De ese
total, 29 personas aparecieron vivas y dos muertas. La cifra no incluye los
levantones, pues por temor los familiares de los afectados prefieren no
denunciar.
La mayoría de las desapariciones son de menores y de mujeres; en este último
caso el subprocurador Marco Antonio Lezama Moo asegura que “no son tales”, sino
que ellas “se van con el novio”.
La procuraduría asegura que están abiertas 55 investigaciones ministeriales
por secuestro, pero la Sexta Región Militar reporta más de 90 a lo largo de
2012. En las estadísticas oficiales no se incluye a los hijos de ganaderos,
empresarios, políticos y servidores públicos municipales plagiados. Temen que
una intervención del gobierno de Duarte o de la Semar entorpezca las
negociaciones.
El oficio PGJ/UAI/270/2012, obtenido con base en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado, señala que al cierre de octubre
último la procuraduría registró 438 homicidios dolosos. En 2011, según “cifras
preliminares”, la dependencia contabilizó 890.
En medio de esta espiral de violencia y cifras contradictorias, el
descubrimiento de narcofosas ha detonado la inseguridad. El 8 de febrero último
en el rancho La Poma Rosa, en Acayucan, fueron localizadas dos de ellas con 15
cuerpos, presuntamente ejecutados por Los Zetas.
Al mes siguiente aparecieron ocho cadáveres más, esta vez en la comunidad de
Frijol Colorado, municipio de Perote. Según el sacerdote Alejandro Solalinde, en
Veracruz hay más cementerios clandestinos que aún no se descubren.
Los enfrentamientos entre sicarios de bandas que se disputan el territorio y
de éstas con las Fuerzas Armadas son cada vez más comunes. En Pánuco y La
Huasteca veracruzana fallecieron 21 personas en los últimos meses.
El artífice de la deuda
El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso estatal, Danilo
Alvízar Guerrero, asegura que la deuda pública es de 30 mil millones de pesos,
pagadera a 28 o 34 años.
Su colega Armando Méndez de la Luz, del Movimiento Ciudadano, dice que el
estado se encuentra en un “hoyo negro” a causa de la reestructuración, el
acomodo de los pasivos en la Bolsa Mexicana de Valores y por el plazo en que
deberá liquidarse el adeudo.
Según el anteproyecto de Presupuesto Estatal 2013, a los 90 mil 42 millones
600 mil pesos que presentó el gobierno al Congreso del estado, deberán
descontarse 3 mil 695.5 millones para el pago de la deuda, incluida la
bursatilización de los recursos federales futuros.
Ese monto supera el presupuesto de los poderes Judicial y Legislativo, así
como el presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
El artífice del esquema de bursatilización, que data de la administración de
Fidel Herrera Beltrán, fue el propio Duarte, pues fue subsecretario de Finanzas
y Planeación (Sefiplan) y luego titular de esa dependencia.
Hoy esa figura bursátil tiene al borde de la quiebra a varios ayuntamientos,
mientras que varias secretarías apenas pueden cumplir las metas de sus programas
operativos anuales. Los reportes de la calificadora Fitch Ratings, por ejemplo,
colocan a Veracruz entre los ocho estados más endeudados del país.
En los últimos 14 años, que incluyen los sexenios de Miguel Alemán y de Fidel
Herrera, así como el primer bienio de Duarte, la deuda no ha dejado de crecer. Y
aun cuando los pasivos han sido reestructurados, la bursatilización está
devastando a los ayuntamientos, se quejan los alcaldes.
El coordinador de los alcaldes panistas, Tito Delfín Cano, asegura que en sus
dos años de gestión en el municipio de Tierra Blanca ha pagado 6 millones de
pesos de pasivos bursátiles por obras que él no ejecutó. “Esto te limita en
operatividad”, dice.
La presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso local, Rocío
Guzmán de Paz, asegura que alrededor de 40 ayuntamientos ya solicitaron un
adelanto de participaciones federales, así como autorización de créditos para
concluir el año. Las tesorerías municipales van al colapso, en algunas la
quiebra es inminente.
A Duarte lo cuestionan incluso sus correligionarios, entre ellos los
diputados locales Tomás Montoya Pereyra y Raymundo Eligio Saldaña. Ambos le han
exigido la salida de los titulares de las secretarías de Comunicaciones, de
Finanzas y de Agricultura, Raúl Zarrabal Ferat, Tomás Ruiz González y Manuel
Martínez de Leo, respectivamente, “porque no funcionan”.
Apenas presentó su informe, la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares, el Comité de Defensa Ciudadana y Antorcha Campesina se lanzaron
contra Duarte. Las tres organizaciones priistas le echaron en cara el
incumplimiento de sus promesas: la entrega de concesiones, placas de autos,
terrenos y la falta de proyectos para el campo.
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