Gaza: violencia asimétrica
Tras el asesinato del líder militar de Hamas, Ahmed Jaabari, perpetrado el miércoles pasado en Gaza por la aviación israelí, y luego del lanzamiento continuo de explosivos caseros desde ese cercado territorio palestino, las fuerzas de Tel Aviv efectuaron una primera oleada de bombardeos masivos que, según un primer recuento, dejó cerca de 20 muertos y centenas de heridos en Gaza, en tanto que tres israelíes murieron y otro resultó herido en la localidad de Kyryat Malaji. Esta nueva escalada hace temer que se repita algo similar a la operación Plomo endurecido lanzada por Israel sobre Gaza a finales de 2008 y principios de 2009, que costó la vida a centenares de hombres, mujeres y niños.
defensiva, postura que ha recibido el respaldo del gobierno estadunidense. En la versión de ambos, los bombardeos son una respuesta justa a los ataques con misiles improvisados lanzados desde Gaza sobre territorio isrsaelí. Tal discurso omite, sin embargo, el contexto y los antecedentes de los enfrentamientos actuales. Pretende ignorar el hecho de que Israel se ha negado durante casi medio siglo a devolver a los palestinos los territorios que ocupó de manera ilegal en 1967, a pesar de que se lo ordenan dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU –la 242 y la 338–; por el contrario, el régimen de Tel Aviv ha practicado desde entonces en Cisjordania y Jerusalén oriental una política de arrasamiento de la población y colonización. Ha despojado a los palestinos de sus derechos humanos y políticos básicos, de sus recursos hídricos y de extensos territorios, y ha controlado esas zonas, además de Gaza, mediante el terror militar y los asesinatos selectivos o colectivos. Desde hace años, y con la complicidad o al menos con la complacencia de la comunidad internacional, el régimen israelí mantiene sobre Gaza un bloqueo implacable y no ha dudado en ordenar el asesinato de activistas extranjeros que han buscado romper ese cerco de manera pacífica para llevar víveres y medicinas a los habitantes de la franja.
Hoy día, mientras las fuerzas israelíes lanzan decenas de misiles aire-tierra sobre Gaza, el régimen de Tel Aviv pretende impedir a toda costa que el gobernante cisjordano Mahmud Abbas acuda a la ONU para lograr el reconocimiento de Palestina como Estado observador, hasta el punto de que el canciller israelí, Avigdor Lieberman, amenazó al titular de la Autoridad Nacional Palestina con
una respuesta extrema de nuestra parte. A la vista de lo que ocurre en Gaza no es difícil imaginar a qué clase de respuesta se refiere el funcionario.
En tal circunstancia, los lanzamientos de cohetes artesanales desde Gaza hacia territorio israelí constituyen la respuesta de un pueblo despojado, masacrado, sometido al terror permanente y confinado en lo que ha sido descrito como la mayor cárcel al aire libre en el mundo. El que esa respuesta sea ineficaz y hasta contraproducente no justifica que se le convierta en argumento para la consumación de nuevas masacres. La pretensión de aplicar criterios simétricos para la violencia de los oprimidos y la de los opresores conlleva una inmoralidad mayúscula, por cuanto pretende ignorar la condición de víctimas de los primeros y la de victimarios de los segundos. Es tan grotesca como lo habría sido la condena a los habitantes del gueto de Varsovia que en enero de 1943 se alzaron en armas contra los nazis.
En el momento presente, cuando se perfila el peligro de una nueva lluvia de plomo endurecido sobre la población inerme de Gaza, resulta impostergable que las sociedades de Estados Unidos y Europa occidental se movilicen y presionen a sus respectivos gobiernos para que éstos, a su vez, impongan al régimen de Tel Aviv una mínima contención antes de que el planeta asista a otra masacre de palestinos.
Colombia: paz, tierra y derechos
Raúl Zibechi
El clima social ha cambiado. Lo que antes se decía a media voz, ahora se pronuncia abiertamente en calles, plazas y mercados. Los miedos históricos, que crecieron exponencialmente durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, van cediendo lentamente, aunque están lejos de haber desaparecido. En las ciudades se vive una situación bien diferente que en las áreas rurales, donde se hace sentir el poder armado de narcos y terratenientes.
El proceso de paz es sentido como algo irreversible por buena parte de la población. La esperanza es un signo de este tiempo en el que casi 80 por ciento apoya las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos. Existen luces esperanzadoras y sombras que pueden abortar una vez más el camino de la paz. En todo caso, el escenario actual es bien diferente del que conocimos décadas atrás.
La primera diferencia es que la guerrilla llega muy golpeada a las negociaciones. Las últimas conversaciones, iniciadas en 1999, fueron consecuencia de los duros golpes tácticos infligidos por las FARC a las fuerzas armadas, que aprovecharon la distensión para recomponerse y dotarse de capacidad aérea y nuevas tecnologías aportadas por el Plan Colombia. Los militares colombianos, como buena parte de la clase dominante, siguen aspirando a aniquilar a la insurgencia, un viejo sueño que ahora se sienten en condiciones de hacer realidad.
En el país se especula con que uno de los objetivos del mando militar es provocar una división en la guerrilla entre quienes se sumarían a la desmovilización y un sector que podría continuar el conflicto. También es posible que descarguen un potente ataque para dar muerte a varios comandantes en medio de las negociaciones, como forma de presionar por concesiones.
La segunda cuestión que diferencia estas negociaciones de las anteriores es que los llamados cacaos, la élite del poder económico, acuerdan con Santos en la necesidad de llegar a un fin negociado con la guerrilla. Este sector, integrado por una burguesía urbana vinculada a las finanzas y la industria, apuesta a los negocios internacionales y a la modernización como forma de consolidar poder y ganancias. La imagen de un país en conflicto no suele seducir a los capitalistas.
Sin embargo, la arcaica clase terrateniente ganadera, cuyos intereses aparecen entrelazados con el narcotráfico y los paramilitares, no parece feliz con las negociaciones. La reciente masacre de 10 campesinos en un municipio del norte de Antioquia puede ser el comienzo de una escalada impulsada por este sector, que perdería poder con el fin del conflicto.
La clave de la paz es la tierra para los campesinos. La guerra de clases que comenzó hacia finales de la década de 1940 giró en torno de la tierra: terratenientes que se la arrebataban a campesinos que se armaron para defenderla. Lo que comenzó como una lucha por la sobrevivencia, para lo que crearon las autodefensas campesinas, se alargó en una guerra de cuatro décadas que se consuma en una verdadera contrarreforma agraria narco-terrateniente. Álvaro Uribe encarna a este sector.
La tercera diferencia es la realidad internacional y regional. El triunfo de Barack Obama beneficia los planes de paz de Santos y perjudica el obstruccionismo de Uribe. De todos modos, la Casa Blanca no tiene una política definida hacia América Latina, salvo la persistencia de la presión militar a través del Comando Sur. Pero los cambios que se siguen produciendo en la región empujan hacia el fin de la guerra colombiana.
La consolidación del proceso bolivariano luego del triunfo de Hugo Chávez implica que durante un largo periodo la diplomacia colombiana deberá elegir entre el conflicto o la cooperación con su vecino. Es claro que Santos optó por lo segundo. En Ecuador, luego de cuatro años Brasil vuelve a tener un peso decisivo. Estos días el BNDES firma el primero de una serie de préstamos para grandes obras de infraestructura que fue ganado por Odebrecht, la misma empresa que había sido expulsada en 2008.
El gobierno de Rafael Correa se había acercado a China en busca de préstamos para obras, pero los intereses son más altos y el país asiático exige petróleo como garantía de los préstamos. El gobierno ecuatoriano ofreció a empresas brasileñas que cuentan con créditos del BNDES un paquete de obras por 2 mil 500 millones de dólares (Valor, 12 de noviembre). El reposicionamiento de Brasil en Ecuador representa otra inflexión a favor de la integración regional, de la Unasur y del Consejo Suramericano de Defensa.
El cuarto aspecto es la difícil situación que atraviesan los movimientos sociales. Son ellos lo que podrían pesar en la mesa de negociaciones en temas decisivos como la tierra, mesa de trabajo que comenzó este 15 de noviembre en La Habana. Sin embargo, luego de algunos avances viven una situación de estancamiento y retroceso, sobre todo en las ciudades, donde la hegemonía cultural y política de las derechas es abrumadora.
El 12 de octubre los tres principales agrupamientos, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, convocaron una jornada de lucha recogiendo las principales demandas de la sociedad. La respuesta fue escasa y se movilizaron básicamente los universitarios. Una cultura política de corte patriarcal, jerárquica y masculina, anclada en las disputas por espacios de poder, sigue dominando dentro de los movimientos y bloquea la apertura hacia las diferencias.
Se abren tiempos nuevos en Colombia. El fin del conflicto es una posibilidad entre otras. Todos los actores tienen un
plan Bante la eventualidad de un recrudecimiento de la confrontación armada. Todos menos los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los sectores populares urbanos y rurales. Como les viene sucediendo a los nasa del Cauca, ellos sólo ganan con la paz, al contrario que las multinacionales mineras y los combatientes armados.
España: no está el mañana ni el ayer escrito
Joan Martínez Alier
Lo que no pensábamos ver nunca está sucediendo. Es posible que España se convierta en un Estado confederado, si el Partido Socialista (PSOE) fuera por esta vía con nuevos dirigentes y si regiones grandes como Andalucía y Valencia la apoyaran. Pero parece más probable que Euskadi y Cataluña se separen para ser nuevos estados de la Unión Europea.
España está, tras la transición del franquismo en 1975-1978, en vísperas de una segunda transición impulsada por la crisis económica y por otros asuntos mal resueltos. Entre ellos, la historia de un pasado que algunos querían olvidar. Hay novedades en la revisión histórica, hay muchos muertos o desaparecidos que recién están siendo contados por historiadores como Francisco Espinosa. Hubo desaparecidos, asesinados sin juicio, enterrados en fosas sin identificar, unas 150 mil personas en las zonas donde de entrada triunfó el golpe militar y el fascismo en 1936. Hay también los asesinados judicialmente durante o después de la guerra de 1936-1939, como el presidente Lluís Companys en Barcelona en 1940. Son otras decenas de millares. Hay los asesinados en la zona republicana. Hay los muchos muertos de la propia guerra, por operaciones bélicas y bombardeos. Nunca hubo una comisión de la verdad. No hay cifras oficiales. Peor, permanece cerca de Madrid un enorme y ofensivo monumento funerario a Franco, allí está enterrado. Tengo amigos madrileños que están por manifestarse pidiendo:
catalanes, por favor, no nos dejen solos con los españoles.
Hubo una falsa
reconciliación nacionalen 1975-1978. Los post franquistas se dieron una autoamnistía en el Congreso de Diputados, una ley de punto final. El juez Garzón quiso reabrir esto. Él había perseguido a Pinochet y a militares argentinos, pero nadie se atrevía con los residuos del franquismo. Garzón fracasó. Hace falta abrir las ventanas a la verdad histórica en una segunda transición. Pronto el PSOE debería anunciar que la transición de 1975-1978 no fue tan maravillosa como se dijo.
En 1978, cuando se consensuó la Constitución entre amenazas militares y con el miedo de 40 años de franquismo todavía metido en el cuerpo, se rechazó el derecho a la autodeterminación. Presentaron enmiendas el diputado vasco Francisco Letamendía y Heribert Barrera, de Esquerra Republicana de Cataluña. Quienes ahora se proclaman independentistas, como Jordi Pujol, de Convergencia Democrática de Cataluña, en 1978 no defendieron el derecho a la autodeterminación para incluirlo en la nueva Constitución. Incluso votaron en favor de su artículo 8, que atribuye al ejército garantizar la unidad de España. Los nacionalistas catalanes seguidores de Jordi Pujol decían en voz baja: “Avui paciència. Demà independència”, es decir, prudencia, ganemos espacios, con el tiempo tal vez la independencia. Son bienvenidos a la segunda transición, pero que no den muchas lecciones. El impulso en Cataluña ha llegado de la asamblea de municipios independentistas y de jóvenes activistas de una asamblea de Cataluña de la sociedad civil, como Carme Forcadell (ex concejal de Esquerra Republicana en Sabadell).
La percepción de que parte de los impuestos pagados en Cataluña no regresan (a diferencia de Euskadi, que goza del llamado
concierto económico) está ayudando a crear una situación nueva y emocionante: que Cataluña pueda votar a favor de ser un nuevo estado de la Unión Europea, dentro del euro y con la normativa europea como ley interna. El reforzamiento de las regiones europeas era algo previsto por politólogos como Josep M. Colomer, a medida que los estados ceden competencias.
La crisis económica –en parte causada por la inacción ante la burbuja inmobiliaria de economistas incompetentes como Pedro Solbes, ministro socialista del gobierno de Zapatero, quien entre 2003 y 2008 nada hizo por desinflar la burbuja, y como Rodrigo Rato, del PP, que tampoco nada dijo desde el Fondo Monetario Internacional– está siendo aprovechada por el PP para pedir una más fuerte centralización. Dicen que los déficit presupuestarios de las regiones se han desmandado y que hay que poner orden. Esa amenaza, que para Euskadi casi no opera todavía, es real en Cataluña, donde causa alarma y rabia, produciendo una reacción inversa. Pero hay que entender que los movimientos independentistas de Cataluña y Euskadi tienen historia y vida propia aparte de la crisis económica.
Sería excelente una Unión Europea de regiones o pequeños estados, donde los grandes estados como Francia y Alemania perdieran fuerza, donde los Laender alemanes se aliaran por separado en las discusiones de políticas europeas con distintas regiones o pequeños estados europeos. Una Europa de regiones o de estados pequeños y con un Parlamento Europeo más poderoso es una vacuna contra el posible renacimiento del nacionalismo alemán en un futuro distante.
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