La sierra de Guerrero, el reino de talamontes, narcos, paramilitares…*
Ejecutados en la sierra de Guerrero. El pan de cada día
Foto: Claudio Vargas
Foto: Claudio Vargas
Las comunidades serranas de Guerrero se están quedando desiertas. Sus habitantes huyen en masa para librarse de los ataques de paramilitares al servicio de talamontes y narcos, que asesinan a los líderes campesinos… pero también escapan del Ejército y de las corporaciones policiacas, que acosan a los defensores del medio ambiente. Los desplazados señalan que las agresiones tienen como objeto expulsarlos para que los caciques y capos sobreexploten los recursos naturales de la zona y cuenten con rutas libres para traficar drogas.
PUERTO LAS OLLAS, SIERRA DE GUERRERO (Proceso).- Como parte de la disputa por las rutas de tráfico de drogas y de recursos madereros, paramilitares vinculados al crimen organizado amenazaron de muerte y ahuyentaron a campesinos de la comunidad La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán.
La noche del 21 de abril, 30 adultos, la mayoría mujeres y ancianos, con 77 niños, 34 de ellos menores de cinco años, atravesaron en siete camionetas y durante cinco horas el filo mayor de la Sierra Madre del Sur para llegar a Puerto Las Ollas, una comunidad encabezada por Álvaro García Ávila.
No es el único caso. El pasado miércoles 8, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja, informó a medios de comunicación de Chilpancingo que se han registrado otros desplazamientos en el mismo municipio de Coyuca de Catalán, así como en los de Coahuayutla, La Unión, José Azueta, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Pungarabato.
Ramón Almonte es hermano del que fuera primer secretario del consulado de México en Chicago, Jaime Almonte Borja, asesinado de cuatro balazos el pasado 1 de enero en El Naranjo, también en Coyuca de Catalán, de donde es originaria su familia.
Tras un acto oficial, Almonte Borja reconoció que la sierra guerrerense “está siendo devastada económicamente por grupos criminales; (y además) tenemos un gravísimo problema de robo de vehículos, extorsión, secuestro y de pago de piso”.
Para el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, la situación es más grave, puesto que la violencia la atizan grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico.
“A mí también ya me han amenazado –señala en entrevista–; quieren invadir la sierra con sus porquerías. Han llegado a decirme que, si les dejo poner sus famosas tienditas, ellos me van a dar una parte de sus ganancias. No podemos permitir eso: de por sí somos pobres, y luego gastar lo poco que tenemos en drogas, como que no está bien, por eso estamos dispuestos a todo para que no entre esa gente.”
Sin embargo, se enfrentaron a un poder armado que no tiene contrapeso gubernamental. Sin dinero, sin comida ni ropa, los campesinos de La Laguna no soportaron más la situación. Su líder, Rubén Santana Alonso, fue asesinado el 16 de febrero pasado, en tanto que su hijo, Sergio Santana Villa, y otras dos personas corrieron la misma suerte el 17 de abril. Todos ellos fueron emboscados por paramilitares que, a decir de los campesinos, viven en las comunidades de Hacienda de Dolores y Los Ciruelos.
El 18 de abril, el líder de la comunidad La Morena, Javier Torres Cruz, también murió emboscado. Ya en diciembre de 2009 había sido detenido por militares y entregado a presuntos pistoleros de Rogaciano Alba Álvarez, el exalcalde de Petatlán ahora procesado por narcotráfico y a quien Torres denunció como asesino intelectual de la abogada Digna Ochoa.
En 1998, Santana Alonso, Torres Cruz y García Ávila participaron en la fundación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos integrantes han sido constantemente hostigados por talamontes, soldados y policías.
Apenas este viernes 10, Felipe Torres Cruz, hermano de Javier y quien también resultó herido en la emboscada, informó por teléfono que a finales de mayo se comunicó con el procurador de justicia estatal, Alberto López Rosas, para conocer los avances en la investigación del esclarecimiento del crimen.
“La única demanda que hemos hecho al gobierno es que haga justicia –enfatiza Felipe Torres–, tan es así que cuando vino a La Morena gente de la procuraduría (estatal), yo le di nombres de algunos de los que mataron a mi hermano, que era un grupo de unos 60 hombres, pero cuando llamé al procurador me contestó que la cosa estaba muy difícil, y que si no sería más fácil que nos saliéramos de la sierra… Como si nosotros fuéramos los culpables. Y luego, ¿a dónde quiere que nos vayamos a morir de hambre?”
La indiferencia es la actitud que los tres órdenes de gobierno adoptan hacia los actos delictivos contra las comunidades. Felipe Torres agrega que el pasado lunes 6 se comunicó a las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) para informar que paramilitares se reunirían el viernes 10 para recibir armas “de parte de Sergio Barragán, que está en la Ciudad de México y es con quien están aliados, pero en la Sedena me dijeron que tenían mucho trabajo y en la Marina que estaba muy lejos el lugar que les indiqué”.
En el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo de 2007 a 2009, las comunidades serranas defensoras de los bosques han denunciado incursiones violentas de militares y policías que llegan disparando sin motivo.
A la OCESP pertenecían Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados por militares en mayo 1999, caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano.
Como prosiguió su labor de defender los bosques, García Ávila también fue detenido por militares en febrero de 1999 y estuvo encarcelado en el penal de Acapulco por supuesta portación de armas.
Agresiones desde el gobierno
La noche del 21 de abril, 30 adultos, la mayoría mujeres y ancianos, con 77 niños, 34 de ellos menores de cinco años, atravesaron en siete camionetas y durante cinco horas el filo mayor de la Sierra Madre del Sur para llegar a Puerto Las Ollas, una comunidad encabezada por Álvaro García Ávila.
No es el único caso. El pasado miércoles 8, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja, informó a medios de comunicación de Chilpancingo que se han registrado otros desplazamientos en el mismo municipio de Coyuca de Catalán, así como en los de Coahuayutla, La Unión, José Azueta, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Pungarabato.
Ramón Almonte es hermano del que fuera primer secretario del consulado de México en Chicago, Jaime Almonte Borja, asesinado de cuatro balazos el pasado 1 de enero en El Naranjo, también en Coyuca de Catalán, de donde es originaria su familia.
Tras un acto oficial, Almonte Borja reconoció que la sierra guerrerense “está siendo devastada económicamente por grupos criminales; (y además) tenemos un gravísimo problema de robo de vehículos, extorsión, secuestro y de pago de piso”.
Para el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, la situación es más grave, puesto que la violencia la atizan grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico.
“A mí también ya me han amenazado –señala en entrevista–; quieren invadir la sierra con sus porquerías. Han llegado a decirme que, si les dejo poner sus famosas tienditas, ellos me van a dar una parte de sus ganancias. No podemos permitir eso: de por sí somos pobres, y luego gastar lo poco que tenemos en drogas, como que no está bien, por eso estamos dispuestos a todo para que no entre esa gente.”
Sin embargo, se enfrentaron a un poder armado que no tiene contrapeso gubernamental. Sin dinero, sin comida ni ropa, los campesinos de La Laguna no soportaron más la situación. Su líder, Rubén Santana Alonso, fue asesinado el 16 de febrero pasado, en tanto que su hijo, Sergio Santana Villa, y otras dos personas corrieron la misma suerte el 17 de abril. Todos ellos fueron emboscados por paramilitares que, a decir de los campesinos, viven en las comunidades de Hacienda de Dolores y Los Ciruelos.
El 18 de abril, el líder de la comunidad La Morena, Javier Torres Cruz, también murió emboscado. Ya en diciembre de 2009 había sido detenido por militares y entregado a presuntos pistoleros de Rogaciano Alba Álvarez, el exalcalde de Petatlán ahora procesado por narcotráfico y a quien Torres denunció como asesino intelectual de la abogada Digna Ochoa.
En 1998, Santana Alonso, Torres Cruz y García Ávila participaron en la fundación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos integrantes han sido constantemente hostigados por talamontes, soldados y policías.
Apenas este viernes 10, Felipe Torres Cruz, hermano de Javier y quien también resultó herido en la emboscada, informó por teléfono que a finales de mayo se comunicó con el procurador de justicia estatal, Alberto López Rosas, para conocer los avances en la investigación del esclarecimiento del crimen.
“La única demanda que hemos hecho al gobierno es que haga justicia –enfatiza Felipe Torres–, tan es así que cuando vino a La Morena gente de la procuraduría (estatal), yo le di nombres de algunos de los que mataron a mi hermano, que era un grupo de unos 60 hombres, pero cuando llamé al procurador me contestó que la cosa estaba muy difícil, y que si no sería más fácil que nos saliéramos de la sierra… Como si nosotros fuéramos los culpables. Y luego, ¿a dónde quiere que nos vayamos a morir de hambre?”
La indiferencia es la actitud que los tres órdenes de gobierno adoptan hacia los actos delictivos contra las comunidades. Felipe Torres agrega que el pasado lunes 6 se comunicó a las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) para informar que paramilitares se reunirían el viernes 10 para recibir armas “de parte de Sergio Barragán, que está en la Ciudad de México y es con quien están aliados, pero en la Sedena me dijeron que tenían mucho trabajo y en la Marina que estaba muy lejos el lugar que les indiqué”.
En el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo de 2007 a 2009, las comunidades serranas defensoras de los bosques han denunciado incursiones violentas de militares y policías que llegan disparando sin motivo.
A la OCESP pertenecían Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados por militares en mayo 1999, caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano.
Como prosiguió su labor de defender los bosques, García Ávila también fue detenido por militares en febrero de 1999 y estuvo encarcelado en el penal de Acapulco por supuesta portación de armas.
Agresiones desde el gobierno
El pasado 12 de mayo, Proceso acompañó hasta Puerto Las Ollas a una misión humanitaria coordinada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y a la que se sumaron visitadores de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum-Gro).
Esta comunidad está a nueve horas del puerto de Acapulco. En el trayecto se cruzan Las Humedades y Rancho Nuevo, poblaciones abandonadas a causa de los ataques y las amenazas de los grupos paramilitares del narco.
El dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, informa que por lo menos 32 personas han sido asesinadas en ese tramo. “Todos esos crímenes tienen que ver con la ambición por los recursos naturales y por querer apropiarse de las rutas que usan los narcotraficantes. Es la ruta que siempre ha querido Rogaciano Alba”, puntualiza.
Los habitantes de Puerto Las Ollas sólo tienen cultivos de autoconsumo y carecen de los servicios básicos. A la pequeña escuela llega de vez en cuando una maestra para atender a decenas de niños de distintas edades. Pese a su pobreza, los habitantes de esta comunidad pusieron a disposición de los refugiados terrenos en los que se improvisaron viviendas con carpas y estructuras de madera.
Al frente del grupo de desplazados, Juventina Villa, viuda de Rubén Santana, revela entre sollozos que días antes de su asesinato, el líder recibió fuertes presiones de los talamontes para que les permitiera cortar madera. “Cuando mataron a mi esposo pensamos que todo era por las maderas, por eso decidimos quedarnos; pero cuando mataron a mi hijo y a otros dos más, nos mandaron decir que no levantáramos ninguna denuncia y que nos saliéramos de ahí”.
Ella y varios campesinos que huyeron de su comunidad dicen que el día que emboscaron a Santana Alonso había un contingente militar a unos dos kilómetros del lugar del ataque, pero no persiguió a los asesinos. Días después Juventina lloraba en la tumba de su marido, cuando unos soldados llegaron en tres vehículos del 40 Batallón de Infantería y fotografiaron el sepulcro.
“Toda la gente estaba asustada, pero los soldados dijeron que habían ido por una recomendación de derechos humanos, y yo les dije que para qué venían a sacar fotos si mi marido ya estaba muerto”, añade la señora Villa.
Los campesinos afirman que por la misma violencia quedaron abandonadas otras dos comunidades de la sierra, Los Órganos y Los Pescados. “Algunos se van al pueblo (la cabecera municipal de Coyuca de Catalán), unos más a otras comunidades o de plano a Estados Unidos; nosotros no podemos irnos a otro lado que no sea el campo, porque nadie tiene estudios, apenas y sabemos escribir nuestro nombre”, comenta José, de 22 años, quien se escapó de Los Ciruelos junto con su familia y se refugió en Puerto Las Ollas con los desplazados de La Laguna.
Éstos señalan como instigadores de la violencia a familiares del exdirector de la Policía Ministerial del estado, Erit Montúfar Mendoza, sobre todo su hermano Gilberto Montúfar, a quien identifican como líder de Los Pelones, el brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva en la región.
Según ellos, en la zona se han cometido varios crímenes contra pobladores que se negaban a dejar sus propiedades para permitir la tala indiscriminada y dejar el paso libre al tráfico de drogas.
Como funcionario de la administración de Zeferino Torreblanca, Montúfar fue señalado en 2007 por encabezar un operativo de 100 policías estatales y ministeriales que provocaron destrozos y maltrataron a habitantes de La Laguna en 2007, lo que motivó la recomendación 38/2008 de la Coddehum. Sin embargo, en ésta sólo se consideró como responsables a los policías estatales.
El mismo 12 de mayo, los desplazados de La Laguna exigieron el esclarecimiento de los homicidios y que se castigue a los culpables, pero también le pidieron al visitador de la Coddehum Adelaido Memije que interviniera para atender las necesidades de vivienda, salud y alimentación, sobre todo para los ancianos, los niños y las embarazadas.
Justicia, la mejor ayuda
Esta comunidad está a nueve horas del puerto de Acapulco. En el trayecto se cruzan Las Humedades y Rancho Nuevo, poblaciones abandonadas a causa de los ataques y las amenazas de los grupos paramilitares del narco.
El dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, informa que por lo menos 32 personas han sido asesinadas en ese tramo. “Todos esos crímenes tienen que ver con la ambición por los recursos naturales y por querer apropiarse de las rutas que usan los narcotraficantes. Es la ruta que siempre ha querido Rogaciano Alba”, puntualiza.
Los habitantes de Puerto Las Ollas sólo tienen cultivos de autoconsumo y carecen de los servicios básicos. A la pequeña escuela llega de vez en cuando una maestra para atender a decenas de niños de distintas edades. Pese a su pobreza, los habitantes de esta comunidad pusieron a disposición de los refugiados terrenos en los que se improvisaron viviendas con carpas y estructuras de madera.
Al frente del grupo de desplazados, Juventina Villa, viuda de Rubén Santana, revela entre sollozos que días antes de su asesinato, el líder recibió fuertes presiones de los talamontes para que les permitiera cortar madera. “Cuando mataron a mi esposo pensamos que todo era por las maderas, por eso decidimos quedarnos; pero cuando mataron a mi hijo y a otros dos más, nos mandaron decir que no levantáramos ninguna denuncia y que nos saliéramos de ahí”.
Ella y varios campesinos que huyeron de su comunidad dicen que el día que emboscaron a Santana Alonso había un contingente militar a unos dos kilómetros del lugar del ataque, pero no persiguió a los asesinos. Días después Juventina lloraba en la tumba de su marido, cuando unos soldados llegaron en tres vehículos del 40 Batallón de Infantería y fotografiaron el sepulcro.
“Toda la gente estaba asustada, pero los soldados dijeron que habían ido por una recomendación de derechos humanos, y yo les dije que para qué venían a sacar fotos si mi marido ya estaba muerto”, añade la señora Villa.
Los campesinos afirman que por la misma violencia quedaron abandonadas otras dos comunidades de la sierra, Los Órganos y Los Pescados. “Algunos se van al pueblo (la cabecera municipal de Coyuca de Catalán), unos más a otras comunidades o de plano a Estados Unidos; nosotros no podemos irnos a otro lado que no sea el campo, porque nadie tiene estudios, apenas y sabemos escribir nuestro nombre”, comenta José, de 22 años, quien se escapó de Los Ciruelos junto con su familia y se refugió en Puerto Las Ollas con los desplazados de La Laguna.
Éstos señalan como instigadores de la violencia a familiares del exdirector de la Policía Ministerial del estado, Erit Montúfar Mendoza, sobre todo su hermano Gilberto Montúfar, a quien identifican como líder de Los Pelones, el brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva en la región.
Según ellos, en la zona se han cometido varios crímenes contra pobladores que se negaban a dejar sus propiedades para permitir la tala indiscriminada y dejar el paso libre al tráfico de drogas.
Como funcionario de la administración de Zeferino Torreblanca, Montúfar fue señalado en 2007 por encabezar un operativo de 100 policías estatales y ministeriales que provocaron destrozos y maltrataron a habitantes de La Laguna en 2007, lo que motivó la recomendación 38/2008 de la Coddehum. Sin embargo, en ésta sólo se consideró como responsables a los policías estatales.
El mismo 12 de mayo, los desplazados de La Laguna exigieron el esclarecimiento de los homicidios y que se castigue a los culpables, pero también le pidieron al visitador de la Coddehum Adelaido Memije que interviniera para atender las necesidades de vivienda, salud y alimentación, sobre todo para los ancianos, los niños y las embarazadas.
Justicia, la mejor ayuda
Las peticiones de justicia por los crímenes que obligaron a los campesinos a refugiarse en Las Ollas, así como protección para recuperar sus propiedades y reincorporarse a la vida productiva, fueron medianamente escuchadas por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ocho días después de que organizaciones sociales, la Coddehum y representantes de medios de comunicación acudieran a la región.
Enviados del gobierno estatal “llegaron el viernes 20 con cobertores, despensas, techos de lámina de cartón, herramientas para construir las casitas y trabajar la tierra. Vino una brigada de doctores… (Las autoridades) se echaron el compromiso de meter las manos para agarrar a esa gente que anda matando a los campesinos en la sierra y que iban a subir más policías para acompañar a la gente a La Laguna a recuperar algo de lo que dejaron en su comunidad”, dice por teléfono el líder campesino de esa comunidad, Álvaro García Ávila.
De todas formas, en conferencia de prensa, el 23 de mayo en Chilpancingo, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, pidió la intervención federal para combatir la violencia en la sierra guerrerense, que atribuye al crimen organizado.
En el mismo encuentro con los medios de comunicación, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del estado, Almonte Borja, reconoció que tan sólo en La Laguna se han cometido 15 asesinatos recientemente.
Ahí mismo, el gobierno del estado informó que proporcionó material y equipo para la construcción de 54 casas para los desplazados de La Laguna en Las Ollas, en un operativo encabezado por Almonte Borja y Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno.
No obstante, y aun cuando expresó su reconocimiento al gobierno de Aguirre Rivero por este primer paso, el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, manifestó que los habitantes de la sierra guerrerense necesitan más que despensas y techos de cartón:
“Hasta ahora lo que hay son tres camionetas de policías estatales que están patrullando Las Ollas, y aún no se ponen de acuerdo cuándo van a llevar a la gente a recuperar sus animalitos o lo poco que dejaron en sus casas.
“Aunque ya tienen espacio aquí para instalarse, lo que esa gente quiere es regresar a sus casitas, a sus tierras, pero sobre todo quieren justicia, que agarren a los asesinos de los defensores de los bosques, que, como sabemos, nomás quieren llevarse nuestros recursos naturales y vendernos su porquería de droga.”
Enviados del gobierno estatal “llegaron el viernes 20 con cobertores, despensas, techos de lámina de cartón, herramientas para construir las casitas y trabajar la tierra. Vino una brigada de doctores… (Las autoridades) se echaron el compromiso de meter las manos para agarrar a esa gente que anda matando a los campesinos en la sierra y que iban a subir más policías para acompañar a la gente a La Laguna a recuperar algo de lo que dejaron en su comunidad”, dice por teléfono el líder campesino de esa comunidad, Álvaro García Ávila.
De todas formas, en conferencia de prensa, el 23 de mayo en Chilpancingo, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, pidió la intervención federal para combatir la violencia en la sierra guerrerense, que atribuye al crimen organizado.
En el mismo encuentro con los medios de comunicación, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del estado, Almonte Borja, reconoció que tan sólo en La Laguna se han cometido 15 asesinatos recientemente.
Ahí mismo, el gobierno del estado informó que proporcionó material y equipo para la construcción de 54 casas para los desplazados de La Laguna en Las Ollas, en un operativo encabezado por Almonte Borja y Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno.
No obstante, y aun cuando expresó su reconocimiento al gobierno de Aguirre Rivero por este primer paso, el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, manifestó que los habitantes de la sierra guerrerense necesitan más que despensas y techos de cartón:
“Hasta ahora lo que hay son tres camionetas de policías estatales que están patrullando Las Ollas, y aún no se ponen de acuerdo cuándo van a llevar a la gente a recuperar sus animalitos o lo poco que dejaron en sus casas.
“Aunque ya tienen espacio aquí para instalarse, lo que esa gente quiere es regresar a sus casitas, a sus tierras, pero sobre todo quieren justicia, que agarren a los asesinos de los defensores de los bosques, que, como sabemos, nomás quieren llevarse nuestros recursos naturales y vendernos su porquería de droga.”
Este reportaje se publicó originalmente el 19 de junio de 2011 en la edición 1807 de la revista Proceso bajo el título: Guerrero: las comunidades se quedan solas. Y Juventina Villa, asesinada ayer miércoles junto con su hijo, fue una de las entrevistadas por Gloria Leticia Díaz.
TV Azteca se apodera de Chiapas
Sabines y Salinas Pliego
Foto: Gobierno de Chiapas
Foto: Gobierno de Chiapas
TV Azteca supo explotar muy bien su relación con el saliente gobierno chiapaneco. Comenzó con la propaganda disfrazada de información que se cobra como anuncio comercial: la “publicidad integrada”, una forma que halló la televisora para darle vuelta a la ley que prohíbe la promoción de los funcionarios públicos con cargo al erario. Pero no se detuvo ahí. El dueño de la empresa del Ajusco aprovechó esa relación perversa para ir plantando banderas en el estado sureño: ahora ya posee al equipo local de futbol, promovió la creación de las “ciudades rurales sustentables”, colocó a algunos de sus exempleados en la administración pública estatal y hasta tiene un par de pisos reservados en la emblemática Torre Chiapas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el noticiario estelar de Canal 13, Hechos, aparece el gobernador saliente de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y anuncia un proyecto de inversión para producir biodiésel en esa entidad. Es el jueves 1, un mes antes de que el mandatario le deje el poder a su sucesor Manuel Velasco, del Partido Verde.
El segmento dura más de un minuto. En él aparece la imagen de Sabines y una voz en off da la información como si se tratara de un anuncio promocional del gobierno. Pero no es parte formal del segmento de publicidad sino del noticiario estelar de TV Azteca. Y sin embargo tiene costo: 1 millón de pesos, según los documentos obtenidos por Proceso que documentan la existencia de una estructura paralela para “vender noticias”.
A lo largo de su sexenio Sabines se convirtió en el “cliente” consentido de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
Tanto la televisora como el gobernador han presumido ampliamente su buena relación: Fundación Azteca creó el proyecto de las Ciudades Rurales Sustentables, dos pisos de la Torre Chiapas son ocupados por las compañías de Ricardo Salinas Pliego (Elektra, Iusacell, Canal 40, Banco Azteca, Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca), el equipo Jaguares de futbol fue adquirido por el principal accionista de la televisora y hasta su exdirector de Proyecto 40, Luis Armando Melgar, y su hija Ninfa Salinas fueron candidatos a legisladores federales por ese estado.
Nada es casual en esa relación de privilegio. Sabines se convirtió en el mandatario estatal que más dinero público destinó a la llamada “publicidad integrada” (publicidad disfrazada de información) en la pantalla de los tres canales de TV Azteca: 7, 13 y Proyecto 40.
Sólo entre 2008 y 2010 la inversión de Chiapas en este rubro creció 182%; pasó de 74.2 millones a 209.5 millones de pesos, según un reporte interno de clientes publicitarios de la televisora, al cual este semanario tuvo acceso.
Después de Chiapas el estado que más invirtió en este tipo de publicidad fue Veracruz, que entre 2008 y 2010 pasó de 32 a 80 millones de pesos (150% de crecimiento); Nuevo León pagó 85 millones de pesos en 2010. Pemex invirtió el mismo año 25 millones de pesos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasó de 28.8 a 48.2 millones de pesos, un crecimiento de 67%.
En agosto de 2011 un reporte interno de TV Azteca –que Proceso pudo consultar– también destacaba la enorme inversión del gobierno de Chiapas en publicidad televisiva: 97 millones como cifra “externa” y 174.3 millones como cifra “interna”, seguida por el Consejo de Promoción Turística, entidad federal que invirtió 79.2 millones como cifra “externa” y 79.8 millones como monto “interno”.
En la misma lista aparecen la Lotería Nacional con 22.4 millones de pesos, el Gobierno del Distrito Federal con 8.6 millones de saldo “externo” y 20.8 millones de saldo “interno”, el gobierno de Yucatán con 27.2 millones, el de Puebla con 19.8 millones y el de Guanajuato con 6.9 millones de pesos.
La doble contabilidad
En todos estos casos las cifras se dividen en “saldos externos” y “saldos internos”. Se trata de una doble contabilidad que ordenan a los vendedores del área de la Dirección General de Ventas Gobierno de TV Azteca, para enganchar a potenciales clientes y dejar un “guardadito” que le permita a la televisora tener más dinero de la publicidad gubernamental.
Según dos extrabajadores de esta área, que hablaron con Proceso a condición del anonimato, el “cliente” –generalmente gobernadores o alcaldes– no sabe que existe esa doble contabilidad. Se le presentan, incluso, monitoreos de notas “positivas” y “negativas” para incentivarlo a comprar más espacio noticioso.
La clave de esta operación radica en la existencia de dos compañías que funcionan como brókers o intermediarios que le permiten a la televisora de Salinas Pliego y a sus clientes gubernamentales darle la vuelta a la prohibición constitucional de compra de tiempo-aire para promoción personal de gobernadores y funcionarios públicos.
La primera de estas compañías es Mercadotecnia y Servicios Avanzados (MAZ), registrada el 16 de octubre de 2007. La otra es Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, registrada el 2 de junio de 2009. Legalmente están separadas de la estructura del Grupo Salinas, pero operan a las órdenes de Benjamín Mendoza, director general de Ventas Gobierno de TV Azteca y sobrino de Jorge Mendoza, exsenador y actual diputado federal priista. Mendoza fue quien encabezó la “toma” de las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, en diciembre de 2002.
De Benjamín Mendoza depende Jesús Adrián Frías de la Parra, quien sí aparece como uno de los dos accionistas en el registro de Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, junto con Homero Cárdenas Garza, según el folio 397819 del Registro Público de la Propiedad.
El vínculo entre MAZ, Jeshom y TV Azteca es claro, aunque no se especifica en ninguno de los contratos firmados entre la televisora y algunas entidades públicas –como Chiapas o Pemex–, cuyas copias obtuvo Proceso.
Por ejemplo, Jeshom Publicidad y Mercadotecnia aparece como uno de los proveedores en el portal público del gobierno de Jalisco (www.jalisco.gob.mx). Su responsable tiene el siguiente correo electrónico cgarcia@mazmexico.com.
En la licitación pública del 31 de enero de 2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la contratación de servicios publicitarios del primer informe anual de actividades de 2010, uno de los cinco proveedores aparece como “Jeshom Mercado en Línea S.A., Agencia MAZ (TV Azteca)”.
Son los dos únicos registros en los que públicamente se observa un vínculo. Sin embargo, en los documentos internos de estas dos compañías, obtenidos por Proceso, se ve claramente que los gerentes que trabajan para MAZ y Jeshom se dedican a cobrarle a los gobernadores, alcaldes y dependencias federales las notas informativas que se transmiten en los programas Hechos Noche, Hechos AM, Hechos Meridiano, Info 7 Tarde, Buenas Noches con Edith, entre otros.
Por ejemplo, el reporte interno de MAZ del 1 de enero al 15 de noviembre de 2009 contabilizó lo siguiente: El gobierno de Chiapas tenía 88 notas con un costo de 39.1 millones de pesos; el Estado de México, 74 notas con un costo de 37.6 millones de pesos; Veracruz registró nueve notas con un costo de 5.6 millones de pesos; el IMSS, 15 notas con 5.7 millones de pesos; el gobierno de Morelos, cinco notas a 2.8 millones de pesos; Pronósticos Deportivos, seis notas con 1.2 millones de pesos, y el Consejo de Promoción Turística de México, cinco notas a 1.6 millones de pesos.
Más específico es otro reporte del 1 de enero al 30 de junio de 2010, sólo del gobierno de Chiapas. Por la nota del conejobús en Hechos Noche, del 4 de enero, le cobraron 1 millón de pesos; la misma cantidad por cada una de las notas de la visita de Sabines a Washington el 25 y 26 de marzo; y hasta 1 millón de pesos por una nota que dice “Detención de exdiputado”, transmitida en Hechos Noche el 29 de enero de 2010.
Los brókers de Salinas Pliego
La reforma electoral de 2007-2008, aprobada en el Congreso de la Unión, puso furiosos a los dueños de Televisa y TV Azteca por la prohibición expresa de compra de tiempo-aire para la promoción personal de los gobernadores y funcionarios públicos en general, salvo en sus informes de gobierno.
Televisa ya tenía operando a varias empresas pantalla o brókers, como TV Promo y Radar Servicios Especializados, con quienes Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, contrató desde octubre de 2005 un millonario convenio anual no sólo para promoverlo en los espacios informativos, sino en entrevistas y hasta en programas de espectáculos o deportivos.
TV Azteca decidió crear sus propios brókers para darle la vuelta a la prohibición electoral y encontrar una mina de oro en los gobernadores, alcaldes y titulares de varias dependencias federales como Pronósticos Deportivos, Lotería Nacional, Consejo de Promoción Turística de México, Pemex, entre otros.
El 16 de octubre de 2007, según el folio 371366 del Registro Público de la Propiedad, se creó la empresa Mercadotecnia y Servicios Avanzados, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el siguiente objetivo:
“El diseño, la distribución y producción de cualquier tipo de publicidad. La realización y organización de toda clase de eventos, seminarios, conferencias, estudios de mercado, así como convenciones que realicen con las artes gráficas, publicidad y diseño de novedades de cualquier tipo. La realización y diseño de catálogos, diseño editorial, displays y fotografía, así como la renta de espacios publicitarios y el diseño de campañas publicitarias.”
El registro de la compañía se realizó ante el notario Carlos Antonio Montes de Oca a solicitud de Javier Mendoza García y Roberto Camarillo Rivera, quienes aparecen como los dos únicos socios. Mendoza García, el “administrador único”, está emparentado con Jorge Mendoza Garza, quien fungió como vicepresidente de Asuntos Públicos e Informativos del Grupo Salinas. Actualmente es diputado federal y aspirante al gobierno de Nuevo León.
Jorge Mendoza nombró a su sobrino Bernardo Mendoza director general de Ventas Gobierno de TV Azteca. De él dependen los directivos de MAZ y de Jeshom, especialmente Adrián Frías y Edith Pacheco, según confirmaron a Proceso tres exgerentes que trabajaron a las órdenes de Mendoza.
Jeshom se creó dos años después, el 2 de junio de 2009, teniendo como accionistas a Jesús Adrián Frías de la Parra y a Homero Cárdenas Garza, según el folio 397819 del Registro Público de la Propiedad.
El objeto social de esta compañía es más amplio que el de MAZ, ya que prácticamente abarca todas las actividades de servicios publicitarios:
“a) El diseño, la producción y la comercialización de cualquier tipo de publicidad; b) el desarrollo de proyectos de rodaje, posproducción de todo tipo de producciones audiovisuales, señalándose en forma enunciativa los relativos a comerciales, videoclips, videos corporativos, videos inductivos, eventos, conferencias, convenciones, programas de televisión y radio e infomerciales; c) organización y producción de todo tipo de eventos como conciertos, cursos, reuniones, convenciones, media training de carácter corporativo, gobierno, comerciales, deportivos, culturales, especiales y, en general, de cualquier tipo; d) producción y comercialización de todo tipo de materiales gráficos simples y de avanzada, animaciones, súper imposiciones estáticas y animadas, plecas, cortinillas, logos, etcétera; e) la realización, creación, estrategia y desarrollo de imagen de marca de posicionamiento, publicitarias, de activación de promociones, fusión de conceptos creativos, compra de medios, página web o portal de internet, así como la compra de cualquier medio y/o canal de publicidad alternativa; f) la creación y realización de estrategias publicitarias, análisis y compra de medios, desarrollo de concepto creativo, desarrollo de identidad de marca/producto y en general de cualquier índole; g) la realización de toda clase de estudios de mercado, así como de convenciones que realicen con las artes gráficas, publicidad y diseño de novedades de cualquier tipo; h) la realización y diseño de catálogos, diseño editorial, displays y fotografía, así como la renta de espacios publicitarios y el diseño de campañas publicitarias de cualquier tipo.”
El caso Sabines
La relación más fructífera es entre TV Azteca y el gobernador saliente de Chiapas, Juan Sabines. El mandatario de una de las entidades más pobres del país invirtió más en “publicidad integrada” y en proyectos con Ricardo Salinas Pliego que el propio Enrique Peña Nieto cuando gobernó el Estado de México, o que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino.
Una copia del contrato de 62 millones de pesos firmado por ambas partes, para cubrir del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2009, establece que el gobierno de Chiapas pagará en dos partes este monto (32 millones de pesos el 30 de noviembre de 2009 y el resto el 15 de diciembre del mismo año).
A cambio “TV Azteca se obliga a prestar al gobierno los servicios televisivos consistentes en la difusión de información y transmisión de anuncios publicitarios a través de la red nacional 7 y 13, para espoteo, pauta nacional, producto integrado, publirreportajes de destinos turísticos y actividades culturales”.
Por TV Azteca firmaron Othón Frías Calderón, apoderado legal de la empresa, y Miguel Ángel Osio Trejo, director de Comunicación Social e Información y Opinión Pública del gobierno de Sabines. Osio fue coordinador de noticias de TV Azteca antes de ser funcionario estatal. Sólo estuvo seis meses en el cargo, pero abrió el camino para estos contratos millonarios.
En 2010 firmaron otro contrato, éste por 168.5 millones de pesos más 16% de IVA, con vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre del mismo año. En el contrato, cuya copia también tiene este semanario, ya no se menciona que TV Azteca dará servicios de “producto integrado”.
El convenio es “para espoteo, promoción de obras y acciones de gobierno, destinos turísticos, actividades culturales y eventos de organismos gubernamentales”.
La cifra de 168.5 millones de pesos del contrato de 2010 contrasta con la de 209.5 millones de pesos que tiene el reporte interno del área de ventas de TV Azteca. En 2011 las cifras de esta misma área son contradictorias: como “saldo externo” mencionan 97 millones de pesos y como “saldo interno”, 174.3 millones de pesos, el más elevado de todos sus clientes públicos.
El gobierno de Sabines nunca dio acceso público a estos contratos. La organización Fundar, dedicada a la investigación y la transparencia en los gastos publicitarios de los gobiernos y entidades públicas federales, considera que en Chiapas no se cumple ninguna obligación de rendición de cuentas en esta materia.
Fundar interpuso una demanda civil ante la Sala Primera del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Chiapas para acceder a los contratos y a la información del gasto en publicidad. El argumento oficial para negar este acceso es que “la información está en un proceso deliberativo”, debido a la auditoría interna.
Fundar también solicitó la intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal de Chiapas. Este organismo, controlado por el propio Sabines, determinó que era procedente el argumento de reserva del Instituto de Comunicación Social para negar información sobre el gasto publicitario.
En contraste con la opacidad en este gasto, la relación entre TV Azteca y Sabines ha sido presumida públicamente. La empresa de Salinas Pliego participó en el proyecto de Ciudades Rurales Sustentables de la que, según Sabines, el artífice fue Esteban Moctezuma, entonces presidente de Fundación Azteca. En febrero de 2008 Moctezuma fue nombrado por Sabines presidente del Consejo Consultivo de Ciudades Rurales Sustentables.
Chiapas se convirtió en un set para las grabaciones de los programas y telenovelas de TV Azteca. En 2008 durante cinco días se grabó ahí el programa Ventaneando; desde 2007 la final del reality La academia se hace en Chiapas y la telenovela Pasión morena se grabó en la entidad en 2009, en la que el gobierno de Sabines cubrió los gastos de estancia y producción de ésta.
En mayo de 2010 Salinas Pliego concretó la polémica compra de 51% de las acciones del equipo de futbol Jaguares. Apenas dos años antes el gobierno de Sabines inyectó 60 millones de pesos para convertir en acciones la deuda del equipo. El estadio Víctor Manuel Reyna se le entregó en comodato a la oncena chiapaneca, propiedad ya de Grupo Salinas.
El 30 de marzo de 2011 Sabines inauguró junto con Salinas Pliego la Torre Chiapas, donde se invirtieron mil 142 millones de pesos. Dos pisos de esta torre (el 18 y el 19) fueron destinados a las empresas de Grupo Salinas, incluyendo Iusacell y hasta la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca.
Generoso, el gobierno de Sabines también le entregó a Salinas terrenos para instalar torres de producción de energía eólica en el municipio de Arriaga y muchas otras facilidades para que sus principales colaboradores convirtieran a Chiapas en “territorio TV Azteca”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el noticiario estelar de Canal 13, Hechos, aparece el gobernador saliente de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y anuncia un proyecto de inversión para producir biodiésel en esa entidad. Es el jueves 1, un mes antes de que el mandatario le deje el poder a su sucesor Manuel Velasco, del Partido Verde.
El segmento dura más de un minuto. En él aparece la imagen de Sabines y una voz en off da la información como si se tratara de un anuncio promocional del gobierno. Pero no es parte formal del segmento de publicidad sino del noticiario estelar de TV Azteca. Y sin embargo tiene costo: 1 millón de pesos, según los documentos obtenidos por Proceso que documentan la existencia de una estructura paralela para “vender noticias”.
A lo largo de su sexenio Sabines se convirtió en el “cliente” consentido de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
Tanto la televisora como el gobernador han presumido ampliamente su buena relación: Fundación Azteca creó el proyecto de las Ciudades Rurales Sustentables, dos pisos de la Torre Chiapas son ocupados por las compañías de Ricardo Salinas Pliego (Elektra, Iusacell, Canal 40, Banco Azteca, Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca), el equipo Jaguares de futbol fue adquirido por el principal accionista de la televisora y hasta su exdirector de Proyecto 40, Luis Armando Melgar, y su hija Ninfa Salinas fueron candidatos a legisladores federales por ese estado.
Nada es casual en esa relación de privilegio. Sabines se convirtió en el mandatario estatal que más dinero público destinó a la llamada “publicidad integrada” (publicidad disfrazada de información) en la pantalla de los tres canales de TV Azteca: 7, 13 y Proyecto 40.
Sólo entre 2008 y 2010 la inversión de Chiapas en este rubro creció 182%; pasó de 74.2 millones a 209.5 millones de pesos, según un reporte interno de clientes publicitarios de la televisora, al cual este semanario tuvo acceso.
Después de Chiapas el estado que más invirtió en este tipo de publicidad fue Veracruz, que entre 2008 y 2010 pasó de 32 a 80 millones de pesos (150% de crecimiento); Nuevo León pagó 85 millones de pesos en 2010. Pemex invirtió el mismo año 25 millones de pesos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pasó de 28.8 a 48.2 millones de pesos, un crecimiento de 67%.
En agosto de 2011 un reporte interno de TV Azteca –que Proceso pudo consultar– también destacaba la enorme inversión del gobierno de Chiapas en publicidad televisiva: 97 millones como cifra “externa” y 174.3 millones como cifra “interna”, seguida por el Consejo de Promoción Turística, entidad federal que invirtió 79.2 millones como cifra “externa” y 79.8 millones como monto “interno”.
En la misma lista aparecen la Lotería Nacional con 22.4 millones de pesos, el Gobierno del Distrito Federal con 8.6 millones de saldo “externo” y 20.8 millones de saldo “interno”, el gobierno de Yucatán con 27.2 millones, el de Puebla con 19.8 millones y el de Guanajuato con 6.9 millones de pesos.
La doble contabilidad
En todos estos casos las cifras se dividen en “saldos externos” y “saldos internos”. Se trata de una doble contabilidad que ordenan a los vendedores del área de la Dirección General de Ventas Gobierno de TV Azteca, para enganchar a potenciales clientes y dejar un “guardadito” que le permita a la televisora tener más dinero de la publicidad gubernamental.
Según dos extrabajadores de esta área, que hablaron con Proceso a condición del anonimato, el “cliente” –generalmente gobernadores o alcaldes– no sabe que existe esa doble contabilidad. Se le presentan, incluso, monitoreos de notas “positivas” y “negativas” para incentivarlo a comprar más espacio noticioso.
La clave de esta operación radica en la existencia de dos compañías que funcionan como brókers o intermediarios que le permiten a la televisora de Salinas Pliego y a sus clientes gubernamentales darle la vuelta a la prohibición constitucional de compra de tiempo-aire para promoción personal de gobernadores y funcionarios públicos.
La primera de estas compañías es Mercadotecnia y Servicios Avanzados (MAZ), registrada el 16 de octubre de 2007. La otra es Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, registrada el 2 de junio de 2009. Legalmente están separadas de la estructura del Grupo Salinas, pero operan a las órdenes de Benjamín Mendoza, director general de Ventas Gobierno de TV Azteca y sobrino de Jorge Mendoza, exsenador y actual diputado federal priista. Mendoza fue quien encabezó la “toma” de las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, en diciembre de 2002.
De Benjamín Mendoza depende Jesús Adrián Frías de la Parra, quien sí aparece como uno de los dos accionistas en el registro de Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, junto con Homero Cárdenas Garza, según el folio 397819 del Registro Público de la Propiedad.
El vínculo entre MAZ, Jeshom y TV Azteca es claro, aunque no se especifica en ninguno de los contratos firmados entre la televisora y algunas entidades públicas –como Chiapas o Pemex–, cuyas copias obtuvo Proceso.
Por ejemplo, Jeshom Publicidad y Mercadotecnia aparece como uno de los proveedores en el portal público del gobierno de Jalisco (www.jalisco.gob.mx). Su responsable tiene el siguiente correo electrónico cgarcia@mazmexico.com.
En la licitación pública del 31 de enero de 2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la contratación de servicios publicitarios del primer informe anual de actividades de 2010, uno de los cinco proveedores aparece como “Jeshom Mercado en Línea S.A., Agencia MAZ (TV Azteca)”.
Son los dos únicos registros en los que públicamente se observa un vínculo. Sin embargo, en los documentos internos de estas dos compañías, obtenidos por Proceso, se ve claramente que los gerentes que trabajan para MAZ y Jeshom se dedican a cobrarle a los gobernadores, alcaldes y dependencias federales las notas informativas que se transmiten en los programas Hechos Noche, Hechos AM, Hechos Meridiano, Info 7 Tarde, Buenas Noches con Edith, entre otros.
Por ejemplo, el reporte interno de MAZ del 1 de enero al 15 de noviembre de 2009 contabilizó lo siguiente: El gobierno de Chiapas tenía 88 notas con un costo de 39.1 millones de pesos; el Estado de México, 74 notas con un costo de 37.6 millones de pesos; Veracruz registró nueve notas con un costo de 5.6 millones de pesos; el IMSS, 15 notas con 5.7 millones de pesos; el gobierno de Morelos, cinco notas a 2.8 millones de pesos; Pronósticos Deportivos, seis notas con 1.2 millones de pesos, y el Consejo de Promoción Turística de México, cinco notas a 1.6 millones de pesos.
Más específico es otro reporte del 1 de enero al 30 de junio de 2010, sólo del gobierno de Chiapas. Por la nota del conejobús en Hechos Noche, del 4 de enero, le cobraron 1 millón de pesos; la misma cantidad por cada una de las notas de la visita de Sabines a Washington el 25 y 26 de marzo; y hasta 1 millón de pesos por una nota que dice “Detención de exdiputado”, transmitida en Hechos Noche el 29 de enero de 2010.
Los brókers de Salinas Pliego
La reforma electoral de 2007-2008, aprobada en el Congreso de la Unión, puso furiosos a los dueños de Televisa y TV Azteca por la prohibición expresa de compra de tiempo-aire para la promoción personal de los gobernadores y funcionarios públicos en general, salvo en sus informes de gobierno.
Televisa ya tenía operando a varias empresas pantalla o brókers, como TV Promo y Radar Servicios Especializados, con quienes Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, contrató desde octubre de 2005 un millonario convenio anual no sólo para promoverlo en los espacios informativos, sino en entrevistas y hasta en programas de espectáculos o deportivos.
TV Azteca decidió crear sus propios brókers para darle la vuelta a la prohibición electoral y encontrar una mina de oro en los gobernadores, alcaldes y titulares de varias dependencias federales como Pronósticos Deportivos, Lotería Nacional, Consejo de Promoción Turística de México, Pemex, entre otros.
El 16 de octubre de 2007, según el folio 371366 del Registro Público de la Propiedad, se creó la empresa Mercadotecnia y Servicios Avanzados, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el siguiente objetivo:
“El diseño, la distribución y producción de cualquier tipo de publicidad. La realización y organización de toda clase de eventos, seminarios, conferencias, estudios de mercado, así como convenciones que realicen con las artes gráficas, publicidad y diseño de novedades de cualquier tipo. La realización y diseño de catálogos, diseño editorial, displays y fotografía, así como la renta de espacios publicitarios y el diseño de campañas publicitarias.”
El registro de la compañía se realizó ante el notario Carlos Antonio Montes de Oca a solicitud de Javier Mendoza García y Roberto Camarillo Rivera, quienes aparecen como los dos únicos socios. Mendoza García, el “administrador único”, está emparentado con Jorge Mendoza Garza, quien fungió como vicepresidente de Asuntos Públicos e Informativos del Grupo Salinas. Actualmente es diputado federal y aspirante al gobierno de Nuevo León.
Jorge Mendoza nombró a su sobrino Bernardo Mendoza director general de Ventas Gobierno de TV Azteca. De él dependen los directivos de MAZ y de Jeshom, especialmente Adrián Frías y Edith Pacheco, según confirmaron a Proceso tres exgerentes que trabajaron a las órdenes de Mendoza.
Jeshom se creó dos años después, el 2 de junio de 2009, teniendo como accionistas a Jesús Adrián Frías de la Parra y a Homero Cárdenas Garza, según el folio 397819 del Registro Público de la Propiedad.
El objeto social de esta compañía es más amplio que el de MAZ, ya que prácticamente abarca todas las actividades de servicios publicitarios:
“a) El diseño, la producción y la comercialización de cualquier tipo de publicidad; b) el desarrollo de proyectos de rodaje, posproducción de todo tipo de producciones audiovisuales, señalándose en forma enunciativa los relativos a comerciales, videoclips, videos corporativos, videos inductivos, eventos, conferencias, convenciones, programas de televisión y radio e infomerciales; c) organización y producción de todo tipo de eventos como conciertos, cursos, reuniones, convenciones, media training de carácter corporativo, gobierno, comerciales, deportivos, culturales, especiales y, en general, de cualquier tipo; d) producción y comercialización de todo tipo de materiales gráficos simples y de avanzada, animaciones, súper imposiciones estáticas y animadas, plecas, cortinillas, logos, etcétera; e) la realización, creación, estrategia y desarrollo de imagen de marca de posicionamiento, publicitarias, de activación de promociones, fusión de conceptos creativos, compra de medios, página web o portal de internet, así como la compra de cualquier medio y/o canal de publicidad alternativa; f) la creación y realización de estrategias publicitarias, análisis y compra de medios, desarrollo de concepto creativo, desarrollo de identidad de marca/producto y en general de cualquier índole; g) la realización de toda clase de estudios de mercado, así como de convenciones que realicen con las artes gráficas, publicidad y diseño de novedades de cualquier tipo; h) la realización y diseño de catálogos, diseño editorial, displays y fotografía, así como la renta de espacios publicitarios y el diseño de campañas publicitarias de cualquier tipo.”
El caso Sabines
La relación más fructífera es entre TV Azteca y el gobernador saliente de Chiapas, Juan Sabines. El mandatario de una de las entidades más pobres del país invirtió más en “publicidad integrada” y en proyectos con Ricardo Salinas Pliego que el propio Enrique Peña Nieto cuando gobernó el Estado de México, o que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino.
Una copia del contrato de 62 millones de pesos firmado por ambas partes, para cubrir del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2009, establece que el gobierno de Chiapas pagará en dos partes este monto (32 millones de pesos el 30 de noviembre de 2009 y el resto el 15 de diciembre del mismo año).
A cambio “TV Azteca se obliga a prestar al gobierno los servicios televisivos consistentes en la difusión de información y transmisión de anuncios publicitarios a través de la red nacional 7 y 13, para espoteo, pauta nacional, producto integrado, publirreportajes de destinos turísticos y actividades culturales”.
Por TV Azteca firmaron Othón Frías Calderón, apoderado legal de la empresa, y Miguel Ángel Osio Trejo, director de Comunicación Social e Información y Opinión Pública del gobierno de Sabines. Osio fue coordinador de noticias de TV Azteca antes de ser funcionario estatal. Sólo estuvo seis meses en el cargo, pero abrió el camino para estos contratos millonarios.
En 2010 firmaron otro contrato, éste por 168.5 millones de pesos más 16% de IVA, con vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre del mismo año. En el contrato, cuya copia también tiene este semanario, ya no se menciona que TV Azteca dará servicios de “producto integrado”.
El convenio es “para espoteo, promoción de obras y acciones de gobierno, destinos turísticos, actividades culturales y eventos de organismos gubernamentales”.
La cifra de 168.5 millones de pesos del contrato de 2010 contrasta con la de 209.5 millones de pesos que tiene el reporte interno del área de ventas de TV Azteca. En 2011 las cifras de esta misma área son contradictorias: como “saldo externo” mencionan 97 millones de pesos y como “saldo interno”, 174.3 millones de pesos, el más elevado de todos sus clientes públicos.
El gobierno de Sabines nunca dio acceso público a estos contratos. La organización Fundar, dedicada a la investigación y la transparencia en los gastos publicitarios de los gobiernos y entidades públicas federales, considera que en Chiapas no se cumple ninguna obligación de rendición de cuentas en esta materia.
Fundar interpuso una demanda civil ante la Sala Primera del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Chiapas para acceder a los contratos y a la información del gasto en publicidad. El argumento oficial para negar este acceso es que “la información está en un proceso deliberativo”, debido a la auditoría interna.
Fundar también solicitó la intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal de Chiapas. Este organismo, controlado por el propio Sabines, determinó que era procedente el argumento de reserva del Instituto de Comunicación Social para negar información sobre el gasto publicitario.
En contraste con la opacidad en este gasto, la relación entre TV Azteca y Sabines ha sido presumida públicamente. La empresa de Salinas Pliego participó en el proyecto de Ciudades Rurales Sustentables de la que, según Sabines, el artífice fue Esteban Moctezuma, entonces presidente de Fundación Azteca. En febrero de 2008 Moctezuma fue nombrado por Sabines presidente del Consejo Consultivo de Ciudades Rurales Sustentables.
Chiapas se convirtió en un set para las grabaciones de los programas y telenovelas de TV Azteca. En 2008 durante cinco días se grabó ahí el programa Ventaneando; desde 2007 la final del reality La academia se hace en Chiapas y la telenovela Pasión morena se grabó en la entidad en 2009, en la que el gobierno de Sabines cubrió los gastos de estancia y producción de ésta.
En mayo de 2010 Salinas Pliego concretó la polémica compra de 51% de las acciones del equipo de futbol Jaguares. Apenas dos años antes el gobierno de Sabines inyectó 60 millones de pesos para convertir en acciones la deuda del equipo. El estadio Víctor Manuel Reyna se le entregó en comodato a la oncena chiapaneca, propiedad ya de Grupo Salinas.
El 30 de marzo de 2011 Sabines inauguró junto con Salinas Pliego la Torre Chiapas, donde se invirtieron mil 142 millones de pesos. Dos pisos de esta torre (el 18 y el 19) fueron destinados a las empresas de Grupo Salinas, incluyendo Iusacell y hasta la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca.
Generoso, el gobierno de Sabines también le entregó a Salinas terrenos para instalar torres de producción de energía eólica en el municipio de Arriaga y muchas otras facilidades para que sus principales colaboradores convirtieran a Chiapas en “territorio TV Azteca”.
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