Si murmurar la verdad aún puede ser la justicia de los débiles, la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes.
Jacinto Benavente
El pasado 20 de agosto en el puesto aduanal “Las Manos”, en la frontera de Nicaragua con Honduras, fueron detenidos 18 mexicanos por elementos de la Policía Nacional de Nicaragua. Viajaban en una caravana de seis camionetas tipo “van”, provistas con modernos equipos de telecomunicaciones y con los emblemas de la empresa mexicana Televisa. En ellas encontraron poco más de 9 millones de dólares en efectivo y rastros de cocaína.
Los arrestados, bajo el mando de quien dijo llamarse Raquel Alatorre Correa, aseguraron trabajar al servicio de la monopólica televisora y que su misión era realizar documentales sobre las bellezas naturales de la región.
Por informaciones posteriores se supo que el grupo venía operando desde 2008 en los países centroamericanos y que la susodicha Alatorre Correa, a quien sus subordinados llaman “licenciada”, de acuerdo con los registros migratorios de Costa Rica, había entrado y salido de ese país 34 veces.
Estos hechos constituyen, sin lugar a dudas, un suculento manjar periodístico digno de cualquier medio informativo, dada la magnitud de la operación y el alto impacto de lo que está y podría estar detrás de la misma. Así lo entendió la titular del noticiero matutino de MVS y comentarista de la cadena CNN, Carmen Aristegui, quien ha dado puntual seguimiento desde los primeros capítulos a la telenovela La Caravana del Narco.
Al conocerse la noticia Televisa guardó silencio. Fue hasta que Aristegui dio pelos y señales de que las camionetas detenidas estaban registradas a nombre de la empresa y habían sido dadas de alta en el DF, que salió a negar cualquier relación con los hechos, suponiendo que al tronido de su voz todos quedarían satisfechos y olvidarían el asunto, como (casi) siempre.
No fue así, Aristegui entró en contacto con medios nicaragüenses y otros periodistas mexicanos para dar seguimiento conjunto al caso. Así, se ha dado a conocer que los detenidos insisten en ser empleados de Televisa y que en el celular de “la licenciada” se encontraron más de veinte números telefónicos, uno de ellos bajo el nombre de Amador Narcia, vicepresidente de información de Televisa y otro del cónsul mexicano en Managua. Además, un oficio pidiendo facilidades para que los “periodistas” pudieran realizar su trabajo, supuestamente firmado por el mismo funcionario de Televisa.
La investigación correspondiente está en curso y, ante la falta de información oficial respecto a la gran cantidad de dudas e interrogantes surgidas en México y Centroamérica, la imaginación y la especulación se han desplegado con singular alegría. A ello han contribuido, además, la intempestiva posposición del juicio para el 10 de diciembre, sin que mediara explicación alguna; y la beligerante conducta de Televisa frente a quienes no quitan el dedo del renglón informativo, en particular contra Carmen Aristegui.
Lo que ha expuesto Aristegui en su espacio informativo, me consta porque la escucho todos los días, se basa en declaraciones y documentos oficiales y en investigaciones de su equipo y otros periodistas que siguen el caso, cuyos resultados provienen invariablemente de fuentes oficiales, como el caso de la documentación relativa a las camionetas involucradas, por ejemplo.
Lo que molesta a Televisa es estar involucrada en un engorroso asunto y que no basten sus dichos para zafarse del lío. Cierto que la mayoría de los medios, por conveniencia u obediencia, han nadado de a muertito y poco o nada hablan del tema. Los empleados de Calderón, faltaba más, han salido presurosos a deslindar a la televisora de cualquier responsabilidad, pero no proporcionan la información que sustente su apasionada defensa y así pos no. Porque si algo está en duda en este país es la credibilidad de Televisa y Calderón.
Si Televisa quiere salir limpia de la Caravana del Narco, debiera ser la más interesada en que las investigaciones lleguen al fondo y la operación se desmonte públicamente con toda claridad, caiga quien caiga, como dicen las “autoridades” cada vez que se les enreda la pita y luego no cae nadie.
En lugar de eso, han emprendido una de sus conocidas campañas en contra de Carmen Aristegui. Con calumnias y despropósitos pretenden desprestigiar a la periodista y restarle credibilidad. Para su desgracia, de Televisa, se acaba de conocer una encuesta del diario Reforma en el DF, donde resulta que el noticiero de Aristegui (MVS) es el más escuchado de la radio, duplicando en audiencia a su más cercano competidor, Jacobo Zabludovsky (Grupo Radio Centro).
La preferencia y credibilidad no se ganan con desplegados ni campañitas difamatorias. Se conquistan con trabajo diario realizado con seriedad y respeto hacia las audiencias, proporcionándoles información completa, veraz y oportuna. Con un ejercicio profesional basado en un código de ética que el respetable conoce y refrenda cada día. Cualidades que no figuran en el mapa genético de Televisa.
Juvenal González González - Opinión EMET
PRI quiere borrón y cuenta nueva a deudas millonarias de Estados y Municipios
En un abrir y cerrar de ojos el tema de la deuda de Estados y Municipios se convirtió en el rubro político y económico del día. Son demasiadas las voces que señalan que es el momento de respaldar a todo ese conglomerado, de liberarlo de las cargas, de amparar en algunos casos la reestructuración y en otros que se busquen salidas basados en una “situación del país en materia fiscal muy sana”. A partir del endeudamiento multiseñalado en Coahuila, y de todo lo que al respecto se ha dicho, tal parece que la fórmula, el remedio, para disminuir la carga sobre un solo punto que además ha dañado brutalmente ante la opinión popular al partido que el primero de diciembre próximo estará en el poder, consistió en hablar de todas y de lo que llevó a los mandatarios a ejecutarlas.
Y esta, si ponemos la memoria a trabajar, ha sido la fórmula de los últimos tiempos, una que involucra a todos los ciudadanos, que los hace partícipes de manera directa y hasta responsables porque nos corresponde liquidarlas de empréstitos que nos resultaron en su momento desconocidos, pero que siguen bajo el mismo tenor porque no coincide su volumen con las mínimas obras ejecutadas a lo largo y ancho del país y en esto aparece, encabezando las acciones, el gobierno de Felipe Calderón y los 5.5 billones de pesos de deuda. Recordemos que los malos manejos en las empresas privadas, en las paraestatales e incluso en los bancos, dieron origen a Fobaproa, transportado al IPAB, con lo cual el endeudamiento en el que habían caído se trasladó de golpe y porrazo a los ciudadanos.
Otro ejemplo lo encontramos en las acciones emprendidas por los hijos de Martha Sahagún en Infonavit, en donde “compraron” una cartera vencida que les permitió adquirir casas que habían sido embargadas a precios de risa. Para quitarles el calificativo de defraudadores, ladrones y abusivos, y de paso también evitar que su señora madre y su padrastro cargaran con otros calificativos peores, simplemente legalizaron las operaciones de tal naturaleza, bursatilizaron a ese Instituto y con ello abrieron en apariencia una cartera que tuvo como destinatarios a los “juniors” del poder. Con los mismos protagonistas habitando Los Pinos, dieron inicio sin freno las autorizaciones para la entrada de empresas privadas a Pemex, lo que dio origen a los hoy ya debidamente legalizados contratos múltiples y a la incursión permitida de tales capitales en todos los órdenes de manejo de la paraestatal.
En el presente llega de nuevo este tipo de legalizaciones en la presencia de las outsourcing, ilegales hasta decir basta en su operación que ya tiene varios años y que incluso permeó en las propias oficinas gubernamentales, ahí en donde la obligación primaria es el respeto por la Ley. También el ingrediente de los cachorros del poder se ve muy claramente ya que son los hijos de los Gamboa, tanto del líder sindical como del coordinador priísta de senadores, de los Creel, de los que cuentan con los conductos suficientes y necesarios para el establecimiento de este tipo de empresas a las que las autoridades protegen en sus operaciones al margen de la Ley, los que dieron inicio a estas empresas que ya quedaron dentro del orden con la aprobación de la Reforma Laboral.
Toca el turno al endeudamiento y con el aval del gobierno federal puede ser debidamente trasladado a una cuenta global de la que tendremos que rendir cuentas todos los mexicanos y así será que liquidemos las mansiones de los Moreira, de los Herrera, de Eugenio Hernández, que se pueda pagar todo el derroche en el Estado de México, en Sonora, en Sinaloa, porque no habrá bandera partidista ni colores, sino un todo que incluya también las fortunas de los alcaldes como los Gregorios Sánchez, porque no es uno solo el que ha sido señalado por actividades ilícitas relacionadas con la mafia sino que son muchos y tantos más los que se han valido de su posición para seguir amasando fortunas.
Ya podrá Ulises Ruiz y los miles de millones acumulados, dormir mucho más tranquilo, otros más podrán seguir viajando y disfrutando de un dinero que, inexplicablemente, consideran producto de su trabajo y no de una serie de acciones fraudulentas, de robos, de saqueo, en el mejor de los casos de pago de coyotaje. Siendo más las Entidades gobernadas por priístas, resulta muy lógico que sean los de este partido quienes propongan un “perdón” de deudas, lo cual es sólo una forma de expresión porque al tenerse éstas con bancos que ni siquiera son mexicanos el único lenguaje entendible es el de pagar. Ahora que, si el gobierno federal avala, traslada y hace un solo paquete, no habrá uno que diga no, sino todo lo contrario y con ello veremos las próximas cuentas, de las que logran salir a la luz pública, multiplicar la partida de pago de intereses no sólo hacia los bancos y fondos internacionales, sino también a los que operan en el país.
Seguramente que en fechas próximas veremos algunas, sólo algunas posiciones encontradas sobre este tema. El apoyo vendrá en cascada hasta por parte de las grandes empresas, de los santones de la economía ya que, finalmente, ellos son de los principales acreedores de los gobiernos, tanto estatales como municipales, y lo que quieren es que les paguen y si es a tiempo o por adelantado poco o nada les importa de donde salga el dinero. Una liberación de pago de intereses de deudas bancarias aceleraría los pagos y hasta dejarían, por un tiempo y solo por un tiempo, de temblar para el pago de nóminas, de aguinaldos, de prestaciones. En fin que hasta el señor que señaló a Carlos Salinas de Gortari de quedarse con la partida secreta de la presidencia para su uso patrimonial, Luis Téllez, actualmente presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, dice que estando las finanzas nacionales muy sanas gracias a la consistencia de los últimos 25 años, este “perdón” solicitado por el PRI es posible y sin consecuencias.
Habrá que ver quienes van a ser los operadores, porque también hay que tener muy presente que han sido de tal proporción las ganancias obtenidas por esos intermediarios entre acreedores y deudores en las reestructuraciones de las deudas, tanto la federal como las estatales y las municipales, que sin duda estarán ya en el punto final de un planteamiento que permita que esta operación de centralización de deuda tenga efecto y de que bancos y otro tipo de acreedores queden satisfechos. Lo que cobrarán por este servicio se mide en porcentajes sobre el volumen que se negocia, tal y como lo marca la escuela de Pedro Aspe y que lo llevó a ser propietario, incluso, de una línea aérea que está a punto de gastar miles de millones de dólares en decenas de aviones nuevecitos.
Todo esto bien puede reclasificarse o sintetizarse en un simple “borrón y cuenta nueva”. Ninguna cuenta por rendir ni en los Estados –con Coahuila, Veracruz, el Estado de México y 28 Entidades más- ni en los municipios ni a nivel federal. Lo que “cayó, cayó”. Y a partir de ese esquema es que llega la Comisión Anticorrupción que seguramente tendrá como objetivo vigilar más de cerca que los “juniors” lleven a cabo su labor empresarial sin crear la necesidad de seguir adecuándoles leyes para que dejen de ser, al igual que sus padres, delincuentes de cuello blanco, de los que hacen palidecer a la que sin tanto haber en su contra llamamos delincuencia organizada.
Esto sí que se constituye en un “buen fin” solo para algunos y en el cual se reservaron muy estrictamente el derecho de admisión, ¿o no?
MAS PRESTAMOS A ESTADOS
Por eso preocupa en grado extremo –aunque no extraña- que los congresos de los estados, controlados por los gobernadores, aprueben nuevos endeudamientos para cubrir las deudas anteriores, o al menos los intereses, sin importar que a los mandatarios les queden sólo unos cuantos días en la silla del poder estatal. Ahí está el caso de Tabasco, que próximamente gobernará Arturo Núñez Jiménez, en el cual gracias a la mayoría priísta en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se aprobó el préstamo de 4 mil 130 millones de pesos solicitado por la administración estatal priísta que encabeza Andrés Granier, el cual nunca se ha destacado por un manejo transparente de los recursos patrimoniales de los tabasqueños, sino todo lo contrario. Cabe destacar que según la administración estatal la deuda de Tabasco es de 6 mil millones de pesos, es decir que casi se duplica a 44 días del cambio de gobierno.
También sobresale el caso de Chiapas. Apenas el mes pasado, con el voto a favor del PRI y PVEM, la LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó al gobierno estatal la adquisición de un nuevo préstamo por 3 mil 870 para “inversiones públicas productivas”, las cuales en ningún momento fueron aclaradas a los legisladores de la oposición que rechazaron ese nuevo endeudamiento. El colmo en esa entidad lo representó el hecho de que un Tribunal Federal otorgara la libertad absolutoria del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Dicho tribunal ratificó esta semana el amparo que dejó improcedente los procesos en su contra por la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital General de Comitán, entre 2002 y 2003, cuando era gobernador. A principios de este mes, Salazar Mendiguchía ya había sido exonerado del delito de peculado por la compra de un seguro de vida por 104 millones de pesos. La procuraduría chiapaneca se desistió de otros cargos como enriquecimiento ilícito contra Salazar, con lo que se le revista de una gran impunidad, con cargo, por supuesto, a los contribuyentes.
Lilia Arellano - Opinión EMET
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