Cosas de la vida: evidencia de un falso testimonio
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“Hay mujeres que por temor a la soledad se aferran a un mal amor y prefieren romper lazos familiares antes que terminar con ese hombre que sólo las está utilizando”: Rocío Sánchez Azuara.
Alfredo llevaba cuatro horas ensayando lo mismo: él es un buen hombre enamorado de una mujer que lo engaña con otros dos. No repasaba el guión de una telenovela o una obra de teatro, sino de una aparición en el programa Cosas de la Vida, transmitido por Televisión Azteca.
Una semana antes del ensayo, Alfredo leyó en la sección de avisos clasificados del periódico El Universal: “Vacantes para extra de televisión”. Presa del desempleo, este joven de 32 años no dudó en tomar la oportunidad.
Llegó a una pequeña oficina ubicada cerca de las instalaciones del Museo del Chopo, por la estación Buenavista. Las paredes estaban tapizadas de carteles de estrellas de la televisión. Los empleados de la agencia le tomaron sus datos generales, le pidieron un par de fotografías y le avisaron que la oferta consistía en aparecer en el programa conducido por Rocío Sánchez Azuara a cambio de mil 200 pesos.
Alfredo no era la única persona en esa oficina, había cuando menos unas treinta más haciendo fila para dejar sus datos. Los aspirantes provenían de una amplia variedad de niveles sociodemográficos: amas de casa, cuarentones, estudiantes de preparatoria… Todos con una característica en común: urgidos de dinero.
“Dejé mis datos y me dijeron: nosotros te marcamos, yo pensé que no me iban a marcar”, me cuenta Alfredo Esparza. Contrario a sus expectativas, días después recibió una llamada. Un empleado de la agencia le avisó que debía presentarse al día siguiente nuevamente en las mismas oficinas.
Llegó a las nueve de la mañana, como le pidieron. Junto con él, un hombre trajeado de aproximadamente cincuenta años y un joven de no más de veinte fueron convocados para competir por el papel. Les entregaron dos páginas a manera de guión. Venía una síntesis muy escueta del caso: una mujer se fue a vivir con su pareja a Cancún durante seis meses, pero el hombre la dejó botada y en venganza la chica anduvo con su mejor amigo; al regresar a México, sin un quinto, ella se aprovechó de un tercero, un trabajador bien intencionado que la llenaba de atenciones. Alfredo rivalizaba por representar este último papel.
Ninguno de los tres aspirantes era siquiera algo parecido a un buen actor. Es más, ni siquiera uno promedio, pero Alfredo fue el que menos errores cometió, así que resultó elegido. Después lo trasladaron a las instalaciones de Televisión Azteca, junto con el resto de los protagonistas de esa historia. Ensayaron por horas hasta que después de la comida llegó Rocío Sánchez Azuara con una advertencia: “La vamos a pasar muy bien, nada más no se salgan del guión”.
Mientras iniciaba el programa, Alfredo platicó con sus compañeros. Descubrió que muchos se dedican a ser protagonistas y extras de talk shows con regularidad. Hay varias tarifas, por aparecer en las “crestomatías” e historias programadas la paga es de 600 pesos y por un principal mil 200. Algunos están fascinados con sus participaciones, al grado
tal que después las ven de nuevo en las reuniones familiares.
Mientras se sorprendía con este mundo, este joven egresado de Comercio Exterior escuchó el llamado de uno de los miembros de la producción. Le avisó que se preparara, pues pronto saldría al escenario.
Alfredo no se tomó en serio su papel. Disfrutaba más la experiencia de ventilar en público su falsa privada que mantener la esperanza de recibir los mil 200 pesos que le prometieron. Cumplió con rigor el guión. Durante los cortes comerciales, la conductora se acercaba a los panelistas para tranquilizarlos y recordarles que era indispensable que se apegaran al papel, pues de lo contrario no recibirían su paga.
El show continuó: en pleno programa la falsa infiel fue descubierta por los tres hombres a los que supuestamente engañaba. Incluso la psicóloga que regularmente habla en el programa les dio consejos a los simulados afectados de cómo superar la crisis.
Sólo que, al final, Alfredo cometió un error: se salió del guión. Como ocurrencia, mencionó al aire que si bien se sentía despechado, encontró una nueva oportunidad en la vida e invitó a salir a uno de sus compañeros del panel, sugiriendo que finalmente había aceptado su hasta entonces oculta homosexualidad. La conductora fijó sus dos inmensos ojos iracundos en él. Cuando concluyó su participación, le dijo al oído: al final tú y yo tenemos que hablar.
De regreso a los camerinos, los compañeros de Alfredo le lanzaron miradas desaprobatorias, como indicándole que había truncado su carrera como actor de talk shows. Finalmente, Sánchez Azuara habló cara a cara con él. Le reiteró que rompió el contrato que antes del show firmaron, en el que se comprometía a respetar el guión y después le notificó que no recibiría su paga.
Cerca de las once de la noche la camioneta que llevó a Alfredo hasta Televisión Azteca lo regresó a las oficinas de Buenavista. En el camino se enteró que no ha sido el único panelista que no recibió su paga, pues lo mismo ocurre con los imprevistos actores que sucumben ante el pánico escénico.
¿Quién es tu suegra para impedirte a ti que te salgas de tu casa?, ¿cómo te van a tener ahí como verdugo?: Rocío Sánchez Azuara.
Cosas de la vida es uno de los programas con más audiencia en la televisión mexicana. De acuerdo con el portal especializado “Raitings México”, es el más visto del canal 13, con 11.3 puntos de raiting (indicador del 20 de noviembre de 2012).
La conductora del programa, Rocío Sánchez Azuara, se presenta ante el público como un ejemplo de mujer: trabajadora, buena esposa, profesional, impecable. Juega el papel de consejera moral de la vida privada de los panelistas, a quienes juzga severa y superficialmente.
En lugar de proponer un debate plural sobre los fenómenos sociales, se insta a los participantes a confrontarse. La presentadora da consejos morales a los hogares mexicanos, sugiriendo qué está bien y qué no.
Tal vez sea evidente que el programa es una farsa. Los panelistas generalmente son pésimos actores: ríen cuando tienen que llorar, toman con ligereza reveladoras noticias de su vida y no esconden su nerviosismo. Sin embargo, los testimonios que transmite este show se presentan ante el auditorio como verídicos, sin aclarar que en realidad se trata de pura ficción.
Los más atentos espectadores de este programa han subido a la red social Youtube ejemplos de testimonios falsos: actores que han participado en programas con diferentes casos o incluso en la competencia, con Laura Bozzo. Esta última locutora ha sido acusada en numerosas ocasiones de comprar testimonios y de montar regularmente farsas en su programa.
Cosas de la vida apareció por primera vez en la televisión mexicana en 1999. Desde esa fecha, los talk shows ocupan lugares privilegiados en el raiting. Tanto en Televisión Azteca como en Televisa han pasado ofertas de similar estampa: Martha Susana, Ella es Niurka, Laura en América y Hasta en las Mejores Familias.
Lejos de ser un asunto frívolo, el papel de “consejeras morales” de Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo, las conductoras de los talk shows más vistos en México, plantea reflexiones que no deberían tomarse a al ligera: es reprobable que las televisoras lucren con la miseria y necesidad de los desempleados mexicanos, exhibiéndolos, ridiculizándolos y juzgándolos ante millones de hogares a cambio de una paga mísera.
Es alarmante que conductoras que claramente carecen de la preparación académica apropiada para estos casos se erijan como consejeras y psicólogas de la sociedad mexicana. Y peor todavía que se les permita presentarse como programas con testimonios reales cuando sobra evidencia de que se basan primordialmente en el timo y el montaje.
Contacto: www.juanpabloproal.com
Twitter: @juanpabloproal
P.D. Esta noche los músicos rupestres Rafael Catana, Roberto González y Leticia Servin, entre otros, se presentarán en el Salón Bombay, ubicado en el número 99 del Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México.
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tal que después las ven de nuevo en las reuniones familiares.
Ilegítimo hasta el último minuto
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo, en su penúltimo día en Los Pinos.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Como hace seis años, Felipe Calderón recurre a una peculiar ceremonia militar de entrega del poder.
Ante su incapacidad para asistir al Congreso de la Unión, formal representante nacional, acordó con Enrique Peña Nieto repetir el acto castrense de entrega simbólica del poder en la residencia oficial de Los Pinos.
Hace seis años, en el primer minuto del 1 de diciembre, Vicente Fox le entregó una bandera nacional en una inédita y breve ceremonia de sucesión presidencial, ante la incertidumbre que existía sobre su presencia frente al pleno del Congreso para jurar como presidente.
El artículo 87 de la Constitución ordena que el presidente, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso de la Unión o, si es el caso, ante la Comisión Permanente. Calderón tuvo que entrar a escondidas para cumplir con ese mandato constitucional. Fue sacado en vilo porque no podía permanecer frente a un Congreso donde se resumía la confrontación nacional que representó su designación, en el tribunal electoral, como presidente de México.
Nunca más se paró ante la representación nacional. Nunca pudo dar la cara a la nación. En la lógica democrática y de división plena de poderes, el titular del Ejecutivo acude cada año a rendir cuentas ante el Legislativo. Calderón no lo hizo, sencillamente no pudo. Pesada, la sombra de la ilegitimidad se lo impidió.
Aunque cumplía con la obligación de informar al Congreso mediante la entrega por escrito de su respectivo informe de Gobierno, cada septiembre se le tenían que preparar escenarios ad hoc para dar un mensaje.
La pretendida ocupación, esta semana, de una vasta zona alrededor del Congreso de la Unión por parte del Estado Mayor Presidencial, fue también signo de la ilegitimidad. Calderón quería asegurarse de que nada impidiera, por fin, su presencia en el Congreso como presidente de la República. Desde una semana antes ordenó un ofensivo cerco que afectó la vida cotidiana de miles, si no es que millones de personas.
Ni el presidente democrático más poderoso afecta de esa manera a la población. Sólo el abuso del poder lo permite.
Frustrada la ocupación del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, lo único que logró fue el enojo y el recuerdo indeleble de su ilegitimidad, sellada por él mismo con su afrenta del “haiga sido como haiga sido”.
Frustrada la ocupación del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, lo único que logró fue el enojo y el recuerdo indeleble de su ilegitimidad, sellada por él mismo con su afrenta del “haiga sido como haiga sido”.
Durante todo su gobierno, el Estado Mayor Presidencial –ese Ejército dentro del Ejército– lo mantuvo cercado. Así tenía que ser. No podía actuar más que ante la televisión y en auditorios cerrados, aunque muchas veces lograron colarse personas que a gritos o con letreros le recordaron su condición de presidente ilegítimo.
Con la anunciada ceremonia al primer minuto del sábado, Calderón no viola la Constitución. No se sabe si además de la bandera entregará la banda presidencial. Si es así, Peña Nieto podría llegar a San Lázaro con la banda presidencial y protestar como presidente.
La única certeza es que Felipe Calderón habrá de hacer de su último instante de poder una reafirmación de lo que siempre fue.
Nuestro regresivo IFE
Sesión en el IFE.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Es totalmente lógico, y por lo mismo comprensible, que antes de que finalice un proceso electoral se preserve la integridad de los paquetes electorales y que en ese lapso nadie pueda revisarlos ni acceder a la documentación que contienen, pues pueden requerirse para resolver las impugnaciones interpuestas por las distintas fuerzas políticas; pero una vez que se califica la elección y el resultado legalmente es inmodificable, no existe ninguna razón para no abrirlos al escrutinio público.
Esto lo recoge cabalmente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, que en su artículo 387 prescribe: “Durante el mes de enero del año siguiente a la elección, la Dirección General del Instituto Electoral expondrá al público la documentación a que se refiere el artículo 382 de esta ley, para proceder posteriormente a la elaboración de la estadística electoral y los estudios del proceso electoral”.
Dicha documentación son las copias de las actas y los documentos de los expedientes de cómputo distrital, así como los sobres que contienen: el original del acta de la jornada electoral; la relación de incidentes que se presentaron durante la misma; los escritos de protesta que se recibieron; los sobres de cada elección que contienen las boletas sobrantes inutilizadas; los votos válidos y los votos nulos, además de las listas nominales con fotografía.
Es decir, precisamente el mismo tipo de documentación electoral de las elecciones presidenciales de 2006 que las autoridades federales (IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación) e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se niegan a abrir a la ciudadanía.
Los legisladores de Baja California comprendieron que hay momentos en que lo más importante es la preservación de los paquetes electorales; pero posteriormente lo que debe prevalecer es la transparencia y la rendición de cuentas y, por lo mismo, su apertura al escrutinio público, entre otras cosas para perfeccionar los procedimientos electorales, por lo cual ordenan la realización de estudios. Finalmente, disponen que, una vez cumplidos todos los objetivos, se destruyan, de manera que también establecen en la última oración del artículo 387: “El Consejo General acordará la fecha y modo en que habrán de ser destruidos”. Es decir, regularon las etapas en función de las prioridades de cada una de ellas.
Lamentablemente esto no sucede a nivel federal ni ha sido replicado en otras legislaciones electorales de los estados, porque no logran deshacerse de atavismos que tanto daño han hecho a la vida política nacional. En el caso de los procesos electorales: el temor a que afloren irregularidades, errores o manipulaciones que dañen la legitimidad de los representantes elegidos o la confianza en las mismas autoridades electorales.
Esto ha sido particularmente evidente en relación con la documentación del proceso electoral de 2006, cuya secrecía mantienen a pesar de que el titular del Ejecutivo emanado del mismo concluirá su encargo el próximo 30 de noviembre y, por lo tanto, no habrá ningún tipo de impacto que pueda minar la efectividad de su gobierno.
Precisamente porque existen precedentes, incluso en la legislación mexicana, y ya no se puede alegar ningún daño a la gobernabilidad nacional, llama la atención que el tratamiento que el Consejo General del Instituto Federal Electoral otorga a los paquetes electorales de la elección presidencial de 2006 sea totalmente diferente al de las elecciones de 2003, 2009 y 2012, en las cuales ordenó la separación de una muestra representativa para la realización de estudios de diversa índole con la documentación contenida en los mismos.
En octubre de 2003, el Consejo General del IFE (Proceso 1876) aprobó un acuerdo que permitió, por primera ocasión en la historia de los procesos electorales, acceder a una muestra de los paquetes para realizar estudios con la documentación contenida en los mismos, con el objetivo fundamental de perfeccionar los procedimientos y procesos electorales, pero también con el fin de confrontar y verificar la información de las actas de escrutinio y cómputo.
Este acuerdo se replicó, prácticamente en esos términos, para los procesos electorales de 2009 y 2012, mas no para el de 2006. Es decir, el proceso electoral más competido y controvertido es el único para el que se pretende destruir toda la paquetería electoral, sin reservar ninguna muestra ni realizar ningún tipo de estudio.
Precisamente por sus características particulares, todo indica que los estudios que se efectúen sobre dicha elección y los paquetes correspondientes podrían ser los que más aporten elementos para el perfeccionamiento de los procedimientos electorales; pero en lugar de aprovecharlos al máximo, la autoridad prefiere ignorarlos.
Afortunadamente los esfuerzos de las autoridades del IFE por destruir todas las evidencias se topan, nuevamente, con las medidas cautelares dictadas por una autoridad internacional, pues el pasado miércoles 31 de octubre el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano detener, al menos por el momento, la destrucción de los paquetes electorales de dicha elección. Todavía no puede cantarse victoria, pues lo mismo hizo la CIDH en 2008, y tres años después, al resolver el fondo del asunto, le dio carpetazo, que es precisamente lo que permitió al IFE ordenar su destrucción. Pero al menos sí renace la esperanza de que se pueda acceder a la documentación electoral y realizar diferentes estudios y verificaciones.
Si la ONU resuelve favorablemente el recurso que interpuso el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, se accede a dicha documentación y las revisiones que se practiquen muestran que sí se alteró el resultado electoral, el efecto sobre la credibilidad del IFE será devastador y, en caso de que se convalide en lo fundamental el resultado y no existan evidencias contundentes de alteración alguna, los beneficios serán menores, pues sus resistencias pesarán tanto o más que el desenlace. El IFE ya desaprovechó la oportunidad de beneficiarse de una escrupulosa revisión pública y elevó exponencialmente los costos de un eventual resultado adverso.
Esto lo recoge cabalmente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, que en su artículo 387 prescribe: “Durante el mes de enero del año siguiente a la elección, la Dirección General del Instituto Electoral expondrá al público la documentación a que se refiere el artículo 382 de esta ley, para proceder posteriormente a la elaboración de la estadística electoral y los estudios del proceso electoral”.
Dicha documentación son las copias de las actas y los documentos de los expedientes de cómputo distrital, así como los sobres que contienen: el original del acta de la jornada electoral; la relación de incidentes que se presentaron durante la misma; los escritos de protesta que se recibieron; los sobres de cada elección que contienen las boletas sobrantes inutilizadas; los votos válidos y los votos nulos, además de las listas nominales con fotografía.
Es decir, precisamente el mismo tipo de documentación electoral de las elecciones presidenciales de 2006 que las autoridades federales (IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación) e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se niegan a abrir a la ciudadanía.
Los legisladores de Baja California comprendieron que hay momentos en que lo más importante es la preservación de los paquetes electorales; pero posteriormente lo que debe prevalecer es la transparencia y la rendición de cuentas y, por lo mismo, su apertura al escrutinio público, entre otras cosas para perfeccionar los procedimientos electorales, por lo cual ordenan la realización de estudios. Finalmente, disponen que, una vez cumplidos todos los objetivos, se destruyan, de manera que también establecen en la última oración del artículo 387: “El Consejo General acordará la fecha y modo en que habrán de ser destruidos”. Es decir, regularon las etapas en función de las prioridades de cada una de ellas.
Lamentablemente esto no sucede a nivel federal ni ha sido replicado en otras legislaciones electorales de los estados, porque no logran deshacerse de atavismos que tanto daño han hecho a la vida política nacional. En el caso de los procesos electorales: el temor a que afloren irregularidades, errores o manipulaciones que dañen la legitimidad de los representantes elegidos o la confianza en las mismas autoridades electorales.
Esto ha sido particularmente evidente en relación con la documentación del proceso electoral de 2006, cuya secrecía mantienen a pesar de que el titular del Ejecutivo emanado del mismo concluirá su encargo el próximo 30 de noviembre y, por lo tanto, no habrá ningún tipo de impacto que pueda minar la efectividad de su gobierno.
Precisamente porque existen precedentes, incluso en la legislación mexicana, y ya no se puede alegar ningún daño a la gobernabilidad nacional, llama la atención que el tratamiento que el Consejo General del Instituto Federal Electoral otorga a los paquetes electorales de la elección presidencial de 2006 sea totalmente diferente al de las elecciones de 2003, 2009 y 2012, en las cuales ordenó la separación de una muestra representativa para la realización de estudios de diversa índole con la documentación contenida en los mismos.
En octubre de 2003, el Consejo General del IFE (Proceso 1876) aprobó un acuerdo que permitió, por primera ocasión en la historia de los procesos electorales, acceder a una muestra de los paquetes para realizar estudios con la documentación contenida en los mismos, con el objetivo fundamental de perfeccionar los procedimientos y procesos electorales, pero también con el fin de confrontar y verificar la información de las actas de escrutinio y cómputo.
Este acuerdo se replicó, prácticamente en esos términos, para los procesos electorales de 2009 y 2012, mas no para el de 2006. Es decir, el proceso electoral más competido y controvertido es el único para el que se pretende destruir toda la paquetería electoral, sin reservar ninguna muestra ni realizar ningún tipo de estudio.
Precisamente por sus características particulares, todo indica que los estudios que se efectúen sobre dicha elección y los paquetes correspondientes podrían ser los que más aporten elementos para el perfeccionamiento de los procedimientos electorales; pero en lugar de aprovecharlos al máximo, la autoridad prefiere ignorarlos.
Afortunadamente los esfuerzos de las autoridades del IFE por destruir todas las evidencias se topan, nuevamente, con las medidas cautelares dictadas por una autoridad internacional, pues el pasado miércoles 31 de octubre el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano detener, al menos por el momento, la destrucción de los paquetes electorales de dicha elección. Todavía no puede cantarse victoria, pues lo mismo hizo la CIDH en 2008, y tres años después, al resolver el fondo del asunto, le dio carpetazo, que es precisamente lo que permitió al IFE ordenar su destrucción. Pero al menos sí renace la esperanza de que se pueda acceder a la documentación electoral y realizar diferentes estudios y verificaciones.
Si la ONU resuelve favorablemente el recurso que interpuso el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, se accede a dicha documentación y las revisiones que se practiquen muestran que sí se alteró el resultado electoral, el efecto sobre la credibilidad del IFE será devastador y, en caso de que se convalide en lo fundamental el resultado y no existan evidencias contundentes de alteración alguna, los beneficios serán menores, pues sus resistencias pesarán tanto o más que el desenlace. El IFE ya desaprovechó la oportunidad de beneficiarse de una escrupulosa revisión pública y elevó exponencialmente los costos de un eventual resultado adverso.
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