LAS MAS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE LA JORNADA EN INTERNET

Alza exponencial en la tortura y detenciones arbitrarias

CNDH: violación de derechos, la tónica de Calderón

El ombudsman Plascencia llama a erradicar de inmediato cateos ilegales

De 2005 a la fecha, 34 mil quejas contra servidores en áreas de seguridad

Toqué el tema con el Presidente, pero el titular de la SSP ni caso le hacía

Un sexenio de inseguridad

Aumentaron 500% los casos de tortura con Calderón: CNDH

Debe el Senado llamar a comparecer a García Luna para que explique también las desapariciones forzadas: Plascencia

De enero de 2005 a julio de 2012, el organismo recibió 5 mil 568 quejas contra autoridades por abusos durante cateos

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, durante la reunión de trabajo de ayer con senadores. Lo acompaña la legisladora perredista Angélica de la Peña GómezFoto Guillermo Sologuren

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Jueves 22 de noviembre de 2012, p. 2

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que la característica del gobierno de Felipe Calderón fue el incremento en la violación de las garantías individuales, ya que los casos de tortura crecieron 500 por ciento y aumentaron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias.

Ante senadores, destacó que del primero de enero de 2005 al 31 de julio del presente año, la CNDH recibió 5 mil 568 quejas en las que se imputó a la autoridad el incumplimiento de algunas de las formalidades para la emisión de órdenes de cateo o durante la ejecución de éstas, así como para las visitas domiciliarias.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ombudsman nacional consideró que deben erradicarse de inmediato los cateos ilegales y urgió a las autoridades responsables a que se sometan al imperio de la ley, sean garantes de la observancia del debido proceso y del respeto a los derechos de libertad, intimidad, privacidad e inviolabilidad del domicilio.

Informó a los legisladores que se investigan 2 mil 126 casos de desapariciones forzadas y se tiene registro de 24 mil 91 personas reportadas como extraviadas o no localizables. En los últimos cinco años –precisó– se emitieron 12 recomendaciones por estos hechos.

Otra práctica recurrente que realizan los diversos cuerpos de seguridad pública son las detenciones arbitrarias, resaltó Plascencia Villanueva. De 2005 a la fecha, la CNDH recibió más de 9 mil quejas en torno a dicha problemática, lo que significa un incrementó de 121 por ciento en dicho periodo, que nos da una idea clara de la dimensión del problema.

Precisó que “las víctimas son detenidas por servidores públicos, con argumentos como haber recibido denuncias anónimas y, en consecuencia, proceden a su detención, o ubican a las personas ‘en actitud sospechosa y/o marcado nerviosismo o en flagrancia’; generalmente los detenios son liberados previa reclusión de al menos 36 horas; por ello es importante propiciar que las capturas se realicen siempre de manera justificada”.

Dijo que “otra de las prácticas que más lastiman a la sociedad y a las instituciones del Estado mexicano es la privación de la vida de una persona de forma injustificada, particularmente cuando ésta queda en la impunidad. La CNDH cuenta con un registro de 46 mil 15 ejecutados; 15 mil 921 cuerpos no identificados y mil 421 inhumados en fosas clandestinas. Sólo de 2005 a la fecha se han emitido 45 recomendaciones” por este tipo de situaciones, expuso.

Resaltó que de 2005 a la fecha la CNDH recibió 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad en el ámbito federal. “Dicha tendencia significó un incremento de 84 por ciento sólo en los últimos tres años, concentrado principalmente en los rubros de cateos ilegales, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura”.

Detalló que en algún momento de la historia del país parecía que estas violaciones podrían ser erradicadas –tortura, desaparición forzada, tratos crueles o degradantes. Sin embargo, en los últimos años crecieron de forma exponencial, al grado de convertirse en uno de los principales retos de la justicia

Para dimensionar el problema –precisó– basta con mencionar que en 2005 la CNDH recibió sólo una queja por tortura, y para 2011 la cifra, conjuntamente con los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ascendió a 2 mil 40.

La seguridad pública es un tema que requiere ser atendido con la mayor urgencia, pues en los últimos seis años creció de manera considerable el número de víctimas de la violencia y de quienes han sufrido diversos agravios por actos y omisiones a cargo de diversos servidores públicos, añadió el titular de la CNDH.

Solicitó a los senadores que llamen a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que explique los casos de tortura y desapariciones forzadas.

Varias veces hablé con el Presidente y le hice saber la tendencia que se venía dando en materia de violaciones a derechos humanos, pero tal parece que los funcionarios no hacían caso; aquí vemos al secretario de Seguridad Pública que no le hace caso ni al Senado, dijo en entrevista al final de su exposición.

Aseveró que la única vía segura para combatir el delito es con elementos del orden que sean profesionales en el más amplio sentido, y regidos bajo estrictos estándares de honestidad, rectitud y ética. La policía, para ser efectiva, debe ser la primera en respetar la ley. “Una corporación policial o de seguridad que recurrentemente presenta grandes fallas es una corporación que no sólo no realiza el trabajo para el que fue diseñada, sino que alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelve, a final de cuentas, generadora de la violencia que debe combatir.

Caso Tres Marías

En entrevista, el ombudsman nacional dijo que, a petición del Senado, la CNDH investiga el caso Tres Marías. Ya nos remitió la PGR copia de la averiguación previa; es un tema donde la justicia debe aplicarse, independientemente de quien se trate, y si hubo irregularidades, como ya determinó la PGR, se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Fueron más de 150 disparos, y está pendiente que se determine si hubo ordenes de alguien y cuál es el móvil.

 

Ultimátum a la firma china JDC Minerals para sacar equipos

Bloquean comuneros minera en Puebla

Afirma la empresa que tiene los permisos para explotar oro, plata y cobre

Marcha de Tlamanca al cerro donde está la mina de la que se busca extraer oro, plata y cobre

Asamblea multitudinaria da 24 horas a JDC Minerals para salir de La Lupe

La empresa china asegura que cuenta con firmas de conformidad de 80% de los pobladores

La asamblea reunió a 5 mil personas en Tlamanca, municipio de Zautla, Puebla, para rechazar a la minera china ya que, dijeron, dañará la salud de la gente, los manantiales y los cultivosFoto Rosa Rojas

Rosa Rojas

Enviada

Periódico La Jornada
Jueves 22 de noviembre de 2012, p. 42

Tlamanca municipio de Zautla, Puebla., 21 de noviembre. La asamblea de las 32 comunidades que integran este municipio lanzó hoy un ultimátum de 24 horas a la empresa china JDC Minerals para sacar su maquinaria y abandonar la mina La Lupe, cuya explotación pretendía reiniciar para extraer oro, plata y cobre.

La asamblea multitudinaria, en la que participaron unas 5 mil personas, entre hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niñas, que iniciaron la jornada hoy a las ocho de la mañana con una marcha de unos tres kilómetros, desde Tlamanca hasta el cerro La Lupe, ratificó la decisión de la junta auxiliar de esta población de bloquear el camino de terracería que conduce a la mina, lo que ejecutó la policía municipal instalando dos postes metálicos con una cadena para impedir el paso del equipo de la empresa.

Además, la asamblea acordó en forma unánime, a mano alzada, que el presidente municipal, Víctor Manuel Iglesias Parra, de extracción perredista, niegue a la empresa el permiso que requiere para operar, de cambio de uso de suelo, y su conformidad para que la Secretaría de la Defensa Nacional le de permiso para el transporte y uso de explosivos.

El munícipe manifestó su voluntad de cumplir las decisiones de la asamblea, pese a que ha recibido, dijo, advertencias de que podría ocurrirle algo a su familia o a él, ya que han asesinado a varios presidentes municipales este tipo de empresas: mi respuesta fue que todos nos vamos a morir; la diferencia va a ser que unos más jóvenes y otros más viejitos.

Previamente, durante la marcha, los contingentes de cada comunidad del municipio subieron el cerro, hasta la entrada de las instalaciones de la empresa, para gritar su rechazo a la minería, porque, afirman, la contaminación que generan sus actividades dañará la salud de la gente y afectará los manantiales, la tierra y los cultivos de los que viven. No a la mina, sí a la vida, repetían.

En mantas y pancartas, habitantes de este municipio serrano plasmaron, asimismo, la exigencia a los gobiernos federal y estatal de que haya inversión productiva para la agricultura, ganadería y actividad forestal. Incluso un grupo de jóvenes portaba una manta escrita en chino y en español con la leyenda no queremos contaminación, no a las minas; al preguntarles quién les enseñó chino contestaron: traductor de Google.

A la entrada de la mina salió para hablar con la prensa el representante de la empresa, Martín Gómez, quien afirmó que las personas que por miles iban llegando hasta sus instalaciones –resguardadas por la policía municipal para evitar algún incidente– son acarreados, manipulados, malinformados.

Gómez aseveró que la empresa ya tiene las firmas de conformidad de 80 o 90 por ciento de los moradores de Tlamanca que se beneficiará de las actividades de la mina y que el resto de los marchistas provenían de otras comunidades del municipio. Afirmó que la empresa ya tiene todos los permisos federales, estatales y municipales para operar y para demostrarlo ofreció entregar un documento firmado por el munícipe Iglesias Parra.

Se le indicó que por ser ésta una comunidad indígena se requiere realizar una consulta previa, libre e informada con la gente, por conducto de sus propias autoridades, a lo que respondió que la consulta se realizó con el presidente municipal y autoridades auxiliares. Se le manifestó que el comisariado ejidal había hecho un acta de rechazo a la mina, la cual dijo desconocer. Agregó que la empresa ha comprado 78 hectáreas de las 100 que tiene en concesión para explotar la mina, que ya hace tiempo estuvo en operación y que ahora se encuentran en la fase de exploración. Negó, sin embargo, que fueran a utilizar explosivos.

Rechazó que hubiera ofrecido dinero al presidente municipal por su firma. Ofecimos apoyo, no dinero, para una clínica, no trabajamos así: trabajamos conforme a la ley y la Constitución.

Al filo del mediodía, al instalarse la asamblea general del municipio, se leyó el acta de la asamblea de la Junta Auxiliar de Tlamanca del 3 de noviembre en la que se decidió la destitución del presidente auxiliar y juez de paz suplentes por su falta de probidad y honestidad, porque andan apoyando a los chinos que representan la empresa cuando la población ha rechazado que opere la mina. Posteriormente se escucharon testimonios de personas afectadas por la invasión de su terreno por parte de empleados de la mina. A la asamblea llegó el representante de la empresa con varios funcionarios chinos de la misma, que dijeron no hablar español. Gómez presentó un documento de una reunión con el presidente municipal, pero no la firma de acuerdo con la empresa que había dicho que tenía.

El munícipe Iglesias Parra subrayó que el acta de esta asamblea es de carácter irrevocable (para) que ningun presidente municipal posterior pueda derribar la decisión hoy tomada.

Finalmente, el presidente de la asociación Tetela al futuro, Germán Gómez –dirigente de la resistencia de esa ciudad contra la mina Espejeras de la empresa Frisco, de Carlos Slim– destacó los calzonzotes del munícipe para cumplir las decisiones del pueblo y subrayó que ahora toca a la población hacer cumplir esas decisiones.

 

Llegan a un acuerdo tras la mediación del ombudsman del Distrito Federal

Enrique Cuacuas, padre del niño Hendrik, estuvo en la conferencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la que solicitó apoyo para que se concretara la ayuda económica de Cinépolis, tras la muerte de su vástago en una de las salas de la empresa en Iztapalapa 

Foto Carlos Ramos Mamahua

 

 

La empresa había ofrecido pagar gastos médicos, funerarios y sicológicos, señalan

Acuerdan apoyo económico de Cinépolis para la familia del niño Hendrik: CDHDF

El padre del menor respalda la teoría de la bala perdida; pide que sigan las investigaciones

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Jueves 22 de noviembre de 2012, p. 40

La familia del niño Hendrik, que perdió la vida a consecuencia de una bala perdida que traspasó el techo de la sala de cine en la que se encontraba el pasado 2 de noviembre en Plaza Ermita, y representantes de la empresa Cinépolis llegaron a un acuerdo en el que la segunda se compromete a dar apoyo económico por la muerte del menor.

Fuentes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señalaron que las partes se reunieron ayer con la intermediación del organismo y que el trato al que llegaron se mantendrá privado. De su lado, Enrique Cuacuas, padre del menor, se negó a hablar sobre el tema, aunque dijo que en su momento informaría a los medios de comunicación al respecto.
Ayer por la mañana, en conferencia de prensa, Cuacuas pidió la intervención de la CDHDF para que se concrete el apoyo económico ofrecido por el director Cinépolis, Alejandro Ramírez, y del que sólo tenía conocimiento por los medios de comunicación.

Al respecto, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que el organismo a su cargo llevaría a cabo las gestiones para concretar una reunión entre los familiares de Hendrik y representantes de la empresa con el propósito de que se firme un acuerdo en relación con los gastos médicos, funerarios y sicológicos para la familia Cuacuas.

En la conferencia, tanto González Placencia como el padre del niño respaldaron la conclusión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el sentido de que fue una bala perdida la que provocó la muerte del menor, pero hicieron un llamado a las autoridades para que se llegue hasta el fondo de la investigación y se encuentre al responsable de la muerte del niño.

Cuacuas dijo que su familia tienen derecho a saber qué sucedió en realidad, cómo, quién y por qué motivos murió su hijo y establecer los mecanismos necesarios para que hechos como ése no vuelvan a ocurrir.