Egipto: regreso a la plaza Tahrir- Chile: el agua, la minería y la energía- CATALONIA

Egipto: regreso a la plaza Tahrir

 

El jueves pasado el presidente egipcio, Mohamed Morsi, cesó al fiscal del Estado, Abdel Maguid Mahmud, a quien se responsabiliza de haber absuelto a funcionarios de seguridad del antiguo régimen imputados por asesinatos y atropellos; ordenó que se volviera a procesarlos; amplió en dos meses el plazo que tenía el comité constituyente para redactar una nueva carta magna y abolió la potestad del Poder Judicial para derogar cualquier disposición del Ejecutivo.

 

 
Tal conjunto de medidas, que a primera vista parecen orientadas a contrarrestar el poderío de que aún gozan representantes del viejo régimen en las instituciones públicas, ha sido visto desde los sectores laicos y progresistas como intento de crear condiciones propicias para la redacción de una constitución de tintes islamistas. Cabe recordar que el mandatario pertenece a la integrista Hermandad Musulmana, la cual tiene por objetivo la instauración de una república islámica en el país.
 
En la plaza Tahrir, escenario a comienzos del año pasado de las protestas multitudinarias que derribaron al régimen de Mubarak, han vuelto las protestas de quienes ven en las medidas de Morsi un ensayo de restauración del viejo autoritarismo despótico que caracterizó a sus antecesores, y se han suscitado otra vez choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

 

El hecho es que, en la manifiesta e intensa disputa por el poder que tiene lugar en las cúpulas institucionales entre los antiguos fieles al fallecido Hosni Mubarak y los fundamentalistas que ganaron las pasadas elecciones presidenciales, es notoria y desoladora la ausencia de una representación de esa ciudadanía que se movilizó hace casi dos años para poner fin a la dinastía de políticos y militares establecida hace seis décadas por Gamal Abdel Nasser.

 

Los acontecimientos referidos muestran en forma descarnada las formidables dificultades que enfrentan los nuevos gobernantes egipcios para socavar el poder de los representantes del viejo orden y exhiben, al mismo tiempo, la orfandad programática y organizativa del movimiento ciudadano que derrocó a Mubarak y que en lo sucesivo ha venido asistiendo, desde la marginalidad y la dispersión, al reparto del poder entre la cúpula militar, el integrismo musulmán y los remanentes de la vieja burocracia.

 

Morsi ha insistido en que su paquete de medidas autocráticas tiene vigencia temporal y que quedará sin efecto en cuanto el país cuente con una nueva constitución. Por desgracia, en la historia universal de las transformaciones sociales y de las revueltas contra el poder ocurre con frecuencia que, como reza el proverbio francés, sólo lo provisional dura.

 

 

Chile: el agua, la minería y la energía

 

Joan Martínez Alier

Dos grandes proyectos energéticos han sido desechados en Chile en 2012: Hidro Aysén, en el sur, y la termoeléctrica Castilla, en Copiapó. El proyecto Hidro Aysén fue suspendido en mayo de 2012; era una joint venture de 10 mil millones de dólares entre Colbún y Endesa para construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia, lugares bellísimos. Mientras, la Corte Suprema en agosto 2012 determinó que hacía falta evaluar de nuevo el proyecto termoeléctrico Castilla en Copiapó, propiedad del empresario brasilero Eike Batista y la alemana E.On, y también el puerto adjunto. Hubo en ambos casos oposición popular contra los proyectos.

 
En conjunto, entre Castilla e Hidro Aysén producirían casi 5 mil megavatios (MW). También está en duda la central de carbón de Punta Alcalde, de Endesa, de 740 MW y mil 400 millones de dólares.
 
¿Para qué tanta electricidad? Chile dispone ya de una potencia instalada de 16 mil MW, para 16 millones de pobladores. Es decir, un kilovatio de potencia por persona. ¿Más electricidad aumenta la felicidad? ¿Por qué esos planes del presidente Sebastián Piñera de tener nada menos que otros 8 mil MW? La respuesta es obvia: para dar electricidad a la minería de exportación. Esta tropieza con falta de agua y con falta de electricidad, o de ambas a la vez cuando pretende desalinizar agua del mar.
 
Las grandes firmas mineras son Codelco, empresa nacionalizada, pero también la Barrick, la Teck, que empujan y empujan. Eso llevó en los gobiernos anteriores a aprobar pestilentes termoeléctricas de coque de petróleo en Huasco, Las Ventanas, Tocopilla. Ahora las mineras siguen empujando para traer energía del sur por autopistas eléctricas y para construir más centrales de carbón.
 
A 120 kilómetros de Punta Arenas, en las islas Guafo y Riesco, donde hay una gran riqueza pesquera, donde las ballenas se pasean, quieren sacar el carbón. En Riesco avanzan los proyectos. Uno de sus propietarios, Dag von Appen, defiende tanto las hidroeléctricas como la minería de carbón, diciendo que Chile es pobre, no puede ser tan ambientalmente exigente como Estados Unidos o Alemania. Su socio en Riesco es la compañía Copec, de la que el presidente Piñera es uno de sus accionistas principales. Ese carbón se embarcaría para centrales termoeléctricas al norte para suministro de la minería.
 
Hay en Chile, como en Sudáfrica, un complejo minero-energético. En Sudáfrica se construye una enorme central de carbón, Medupi, con créditos del Banco Mundial (¡Viva el dióxido de carbono, viva!), para dar electricidad para las mineras. El exceso de energía eléctrica que se quiere producir en Chile no es para consumo de la población, sino para las mineras y eventualmente en beneficio de los importadores de cobre u oro, que no pagan los costos ambientales.

 

En Chile hay grandes batallas por el agua entre agricultores y compañías mineras, y también entre la agricultura comercial y la campesina, como en la región de Valparaíso, donde las empresas de producción de palta (aguacate) acaparan los derechos de agua, lo que motivó el surgimiento del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima).

 

En la minería, la compañía canadiense Teck, muy presente en Chile, contamina terriblemente en Andacollo y se apresta a atacar también las lagunas del valle de Elqui, bello refugio de resonancias místicas donde nació Gabriela Mistral. Traerá, si puede, agua de Argentina, agitando conflictos trasnacionales.

 

 

La ministra de Medio Ambiente es la ingeniera María Ignacia Benítez, ex consultora de GAC, empresa que asesora a compañías mineras. En noviembre de 2012, el presidente Piñera decía a los empresarios mineros que hacía falta avanzar más rápidamente en las inversiones eléctricas. Vamos a tener que duplicar nuestra capacidad de producción de energía en los próximos 10 años. Ha caído muy mal en los círculos mineros la paralización de los grandes proyectos de generación eléctrica, pero Piñera los anima, asegurando que no faltará electricidad ni tampoco agua barata: la inversión en materia de embalses nos va a permitir duplicar la capacidad de almacenamiento en nuestro país, en un periodo de 14 años.

 

 

Lo mismo en Chile que en Perú o en Sudáfrica, más electricidad y más agua para las mineras, para exportar más y más, a costa de la destrucción ambiental. ¿Hasta cuándo? ¿Hace falta todo esto para el buen vivir, para el sumak kawsay? ¿Qué piensan los estudiantes chilenos de esa ruta de la economía extractivista? ¿Qué piensa la ex presidenta Bachelet, que tal vez será candidata otra vez? ¿Será ella una más de esos presidentes latinoamericanos de izquierda que no ceden a los de derecha en fervor antiecologista?

 

 

 

Catalonia

 

 

José Blanco

Un número creciente de catalanes está en favor de la tesis según la cual Cataluña es una nación y, como tal, tiene derecho a ser un Estado-nación. Pero no ha llegado la hora aún de empezar el camino que lo conduciría a esa anhelada meta.

 

 
En la anticipada consulta electoral, que conllevaba el pronunciamiento de los catalanes, en favor o no, de empezar esa prolongada lucha, el partido en el gobierno, Convergencia i Unio (CiU), que encabeza esa demanda, no sólo no avanzó, sino que en el Congreso de los Diputados ha pasado de 62 diputados, que alcanzó en los comicios de 2010, a 50.
 
Frente a esos resultados la líder del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, dijo que Artur Mas y CiU son los grandes perdedores de estas elecciones. Según esta señora, Artur Mas buscaba mayorías excepcionales que no existen, por lo que el presidente de la Generalitat ha fracasado al haber anticipado los comicios. Pero, el principal perdedor político, Artur Mas, tras haber perdido 12 diputados aseguró: No me arrepiento de esta decisión, y anunció que la consulta soberanista que se proponía para esta legislatura sigue en pie.
 
La aparentemente enigmática afirmación de Mas, tiene que ver con la compleja situación interpartidaria e intrapartidaria de las formaciones políticas catalanas. CiU ha retrocedido, pero no es la única formación política soberanista. También Esquerra Republicana de Catalonia (ERC), así como Solidaridat Catalana per la Independència (SI), que en estos comicios marcharon juntos, obtuvieron 21 escaños, contra 14 que obtuvieron (separados) en 2010. Del mismo modo Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha estado en favor de la iniciativa soberanista, aunque a esta elección fue aliada con Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y, juntos, alcanzaron 13 escaños, de un total de 135.
 
Esto no significa, ni mucho menos, que los partidos favorables a la independencia catalana cuenten con los diputados de CiU, ERC, SI, ICV y EUiA, pues en ese caso la causa soberana tendría en su favor 84 escaños de los 135 espacios del Congreso de los Diputados.
 
Al votar la plataforma electoral con la que competiría el EUiA, el dirigente Joan Mena dijo enigmáticamente: Nuestras cuatro barras son la sanidad y la educación públicas, el trabajo digno y la lucha contra la pobreza, sin embargo no hay país ni bandera. Esta expresión parecería mostrar que en el seno de esta formación política existe alguna tendencia soberanista que aún no se manifiesta claramente.
 
Lo mismo puede decirse del ERC, del SI, y del ICV, dentro de los cuales existen corrientes favorables, pero a distintos proyectos soberanistas. En su idea general, el independentismo catalán propugna la secesión respecto a España y Francia. En general también propugna la libre y directa integración de Cataluña a la Unión Europea, excepto entre los sectores más radicales del independentismo.

 

Los proyectos de independencia más ambiciosos, de mayor alcance estratégico, pueden ser los que expresan el actual presidente Artur Mas, o el ex presidente Pujol de CiU. Su idea es la unión de los denominados Países Catalanes: Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Rosellón (en Francia), la franja del Poniente (de Aragón), el Carche (una comarca de Murcia), y Alguer (en Cerdeña, Italia) que, con la comunidad autónoma de Cataluña, una vez independizados, formarían un Estado confederado catalán.

 

No a todos los catalanes de Cataluña les es cercana esa idea que, más bien, ven como un sueño lejano y ajeno. Respecto de las comunidades que los catalanes agrupados en el CiU denominan Países Catalanes, poco sabemos.

 

No terminan aquí las dificultades que se advierten para crear ese gran Estado federado. Está de por medio la dura legislación española.

 

Quien convoca a un referendo como el que sería necesario para otorgar la independencia a Cataluña, es el rey, mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, según la Constitución de España. El censo de quienes participarían en ese referendo son todos los ciudadanos españoles. La vía legal consiste en que la Generalitat convenza a la Moncloa de la conveniencia o necesidad de la convocatoria, cuestión que por ahora se ve imposible, dadas las expresiones del gobierno de Rajoy sobre las pretensiones catalanas.

El gobierno de la Generalitat puede iniciar un proceso así, si 20 por ciento de los diputados autonómicos o 10 por ciento de los municipios que representen al menos medio millón de ciudadanos impulsan una consulta popular por vía de referendo, según la ley catalana. Pero para cumplir la legalidad catalana se debe honrar la española, y esto no ha ocurrido en el parlamento español.

 

La Constitución española actual establece el carácter indisoluble de la unidad española, afirmando que la soberanía reside en el pueblo español y no en sus distintos componentes (artículo 1), por lo que excluye la secesión, incluso la posibilidad de votarla. De modo que el referendo podría versar sobre si los votantes quieren una reforma de la Constitución que posibilite la independencia de Cataluña.

 

Hay un antecedente, lejano; es el caso de Canadá. El Tribunal Supremo de ese país estableció (sigo a la Wiki) que su Constitución no autorizaba la secesión unilateral de un Estado federado (Quebec). Pero asentó que merced al principio democrático subyacente al texto, el orden constitucional canadiense existente no podría quedarse indiferente ante la expresión clara, por parte de una mayoría clara (sic) de quebequeses, de no seguir formando parte de Canadá.

 

Sí, es malsonante, pero por los cojones de unos españoles los catalanes seguirán siendo españoles.